Fotorreportaje Relatos

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Amenazados por la sexualidad de la mujer

La mutilación genital femenina no es simplemente una cuestión de salud, es una cuestión de sexualidad.
Ilustración original de Naomi Vona; foto por cortesía de Hana Lopez en Unsplash.

Entre las motivaciones más citadas para practicar la mutilación genital femenina figuran la cultura, la tradición y la religión. Aun así, es de conocimiento público que esta práctica conlleva una reducción del deseo sexual, algo que de hecho también supone un factor esencial de motivación. Muchos partidarios de la mutilación genital femenina señalan que la sexualidad femenina desenfrenada constituye de algún modo una amenaza para la castidad, el honor y la virtud (Berg y Denison, 2013).

Según los expertos, las conversaciones francas sobre la sexualidad femenina, la integridad y la autonomía corporales tal vez ofrezcan un antídoto inesperado contra esta práctica.

Los esfuerzos para poner fin a la mutilación genital femenina han destacado históricamente los daños físicos causados, que pueden incluir hemorragias, septicemia, futuras complicaciones en el parto y hasta la muerte. Hacer énfasis en las consecuencias físicas tiene una mejor recepción en las comunidades conservadoras, donde hablar de la sexualidad femenina suele ser tabú. No obstante, centrarse exclusivamente en los daños físicos puede provocar de forma involuntaria una medicalización de la práctica, o que se lleven a cabo tipos alternativos de mutilación, en lugar de abandonarla por completo (Powell y Yussuf, 2021).

Ampliar estas charlas para que incluyan una explicación honesta de los daños sexuales causados por la mutilación genital femenina ha ayudado a Wafaa Benjamin Basta, obstetra y ginecóloga egipcia, a convencer a los progenitores para que la rechacen. Explicar claramente los efectos nocivos, como la incapacidad de experimentar el orgasmo, el dolor durante el coito y la aversión al sexo debido al trastorno por estrés postraumático, se ha revelado un elemento disuasorio eficaz, especialmente “si la madre vivió una experiencia muy mala al someterse a la mutilación genital femenina de joven o ha tenido problemas en su vida conyugal a causa de la ablación”, detalla la Dra. Basta.

Habla con naturalidad de las repercusiones sociales y psicológicas que pueden experimentar las mujeres. “Puede afectar a su salud mental, a su bienestar social y a la relación con su pareja, lo que a su vez tal vez influya profundamente en el concepto de la propia familia”.

Una de las razones por las que la Dra. Basta consigue mantener estas conversaciones directas es su papel de médica. “Entre la paciente y la doctora existe un vínculo”, afirma. Pero más importante, si cabe, es la aceptación cada vez más frecuente de los derechos de la mujer y su empoderamiento en Egipto. “Las mentalidades están cambiando, sobre todo en las nuevas generaciones”.

Conforme disminuye el miedo a la sexualidad femenina y el bienestar sexual tiene una consideración cada vez más relevante en el marco de la salud psicológica y social, resulta más fácil replantearse la práctica de la mutilación genital femenina.

La Dra. Basta dice que sus observaciones se limitan a las conversaciones confidenciales que puede mantener con sus pacientes, y que la comodidad a la hora de tratar estos temas varía según la comunidad y el médico. Aun así, ha constatado grandes progresos en los últimos años y tiene esperanzas de cara al futuro, tanto para acabar con la mutilación genital femenina como para promover el bienestar y la salud sexual de las mujeres. “No tiene que dar vergüenza hablar de esto”, apunta.

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La trampa de la masculinidad

Alexander Armando Morales Tecún educa a los jóvenes sobre la igualdad de género.
Ilustración original de Naomi Vona; fotografía © UNFPA/J. Serrano

La exuberante belleza del altiplano central de Guatemala esconde una oscura realidad para las mujeres y las niñas, explica Alexander Armando Morales Tecún, educador de jóvenes indígenas y defensor de la igualdad de género en el departamento rural de Quiché. “En muchos sitios, se culpa a las mujeres si son agredidas, y se las acusa de haber tentado o seducido a sus agresores o violadores, por su forma de vestir, por ejemplo, o por su forma de actuar”.

Según el índice de las mujeres, la paz y la seguridad de 2019 de la Universidad de Georgetown, estas actitudes no solo tienen lugar en Guatemala, que se encuentra en el tercio inferior de los países y territorios en lo que respecta a medidas de seguridad y bienestar de las mujeres. De hecho, en todo el mundo se culpa de forma sistemática a las víctimas de incitar a la violencia de género por estar en el lugar equivocado, llevar ropa inadecuada, comportarse de forma incorrecta o simplemente por desarrollarse físicamente a una edad temprana. Además, estos factores suelen considerarse elementos atenuantes o de descargo para los agresores.

En 1998, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Italia anuló la condena por violación de un hombre porque la acusadora llevaba unos vaqueros ajustados en el momento de la agresión. En 2010, cuando una niña de 11 años sufrió una violación colectiva por parte de más de una docena de jóvenes y hombres en los Estados Unidos, los medios de comunicación nacionales informaron de que era conocida por vestirse de forma inapropiada para su edad. En Afganistán, las supervivientes de violaciones pueden ser encarceladas por “delitos contra la moral”.

El hecho de culpar y señalar a las víctimas en lugar de a los agresores se remonta a las normas que alientan a los hombres a tomar el control, no solo de los cuerpos de las mujeres, sino también de sus familias. Tecún recuerda haber preguntado a un grupo de hombres jóvenes por qué querían casarse. Uno de ellos respondió: “Quiero dirigir mi familia. Quiero que alguien cocine para mí, que alguien me lave la ropa, que alguien me dé hijos y que alguien se ocupe de mi casa”.

Jay Silverman, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, en San Diego, estudia la coacción reproductiva y afirma que estas actitudes son universales. “El derecho que se adjudican los hombres para controlar a sus parejas femeninas suele extenderse también a los hijos. La percepción de este derecho se ve favorecida por todo tipo de estructuras y normas diferentes en comunidades y naciones de todo el mundo”.

No obstante, el resultado no es una simple dinámica de hombres contra mujeres, advierte Tecún. Estas normas de género —que él denomina “modelo hegemónico de masculinidad”— pueden hacer que los hombres también se sientan atrapados. “Si no estás casado, no eres un hombre. Si no tienes una relación, no eres un hombre”.

Añade que, a su vez, las mujeres también desempeñan un papel en la perpetuación de estas creencias. “Muchas mujeres también reafirman que es aceptable golpear a una mujer por no cumplir sus deberes, como no haber lavado la ropa de su marido o haber quemado la comida. Se dice que es adecuado ser golpeada por no cumplir la obligación de satisfacer a su marido”.

Estas ideas se inculcan a una edad temprana y se refuerzan “con la música, los juegos, la representación y la publicidad”, señala Tecún. “En la localidad de donde provengo, cuando nace un niño, se prepara un buen caldo de pollo criollo. Cuando nace una niña, hay un silencio total, como si se tratara de un velatorio”.

Según Romeo Alejandro Méndez Zúñiga, otro activista y educador de jóvenes indígenas de Quiché, cualquier elemento que socave estas normas —incluido el propio concepto de autonomía corporal— puede verse como una amenaza. “Las pocas personas que han oído hablar de la autonomía corporal la asocian a ideas negativas porque afecta al sistema patriarcal machista”, explica.

Zúñiga quiere que los hombres y los niños adopten nuevas normas que liberen tanto a los hombres como a las mujeres de los ideales masculinos tradicionales. “Lo que nuestra sociedad merece son nuevas masculinidades, nuevas maneras de ver la virilidad, formas de fortalecer y promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo que nos permitan a todos vivir con dignidad”.

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Sanar cuerpos, mentes y espíritus

Personal médico en un centro de salud de la región peruana de Ayacucho. El partero Víctor Cazorla es el quinto por la izquierda.
Ilustración original de Naomi Vona; fotografía © UNFPA/A. Castañeda.

Los proveedores de servicios de salud tienen una responsabilidad única a la hora de afirmar y salvaguardar la autonomía corporal de sus pacientes. “Mi consejo para cualquier trabajador sanitario sería tener empatía”, explica Víctor Cazorla, partero que trabaja en la cordillera de los Andes en el Perú. Lleva más de dos decenios trabajando con comunidades indígenas de la región de Ayacucho y conoce muy bien los problemas que amenazan el bienestar y la autonomía de sus pacientes más vulnerables.

“El sistema laboral de los trabajadores sanitarios suele girar en torno a la productividad, y esta es sinónimo de cantidad”, explica. “Nos olvidamos de la calidad de la atención que proporcionamos a nuestros pacientes”. Además, añade que existen barreras culturales. “Muchos compañeros y muchas personas van a zonas rurales sin conocer el quechua, la lengua materna de las comunidades que viven allí”, lo que provoca malentendidos e incluso discriminación.

Al mismo tiempo, muchas pacientes no están concienciadas sobre sus derechos sexuales y reproductivos. “Me atrevería a decir que quizá entre el 80% y el 90% de la población general no puede tomar sus propias decisiones sobre cuándo mantener relaciones sexuales con su pareja. El machismo prevalece”, describe. A menudo las pacientes se sienten incapaces de hablar con sinceridad sobre cuestiones relativas a su salud sexual, y pueden mostrarse tímidas a la hora de expresar su malestar con los procedimientos ginecológicos, en particular con proveedores de salud masculinos, señala.

La unión de estos factores constituye una combinación peligrosa: los médicos tienen dificultades para entender las necesidades y los límites de sus pacientes, y las pacientes no encuentran las palabras ni las herramientas para abogar por sí mismas.

Estas preocupaciones se agravan cuando los trabajadores sanitarios atienden a supervivientes de violencia sexual y de género. “En Siria, más de la mitad de las mujeres desconoce sus derechos sexuales, físicos y generales”, afirma Mouna Farhoud, ginecóloga especializada en la atención a supervivientes. “Incluso las mujeres con estudios están expuestas a la violencia y son incapaces de hacerle frente. Consideran que hablar sobre estas cuestiones perjudica su dignidad y su reputación”.

La Dra. Farhoud cuenta que incluso los profesionales de la salud tienen opiniones que socavan la salud y los derechos de sus pacientes. Recuerda haber impartido un curso a proveedores de salud sobre la atención a supervivientes de agresiones sexuales: “Los participantes plantearon muchas objeciones. Se negaba y no se reconocía la existencia de casos de agresión sexual”.

El personal médico debe comunicarse con sus pacientes sin juzgarlas, y reconocer cuándo estas se sienten incómodas o pueden haber sufrido abusos. En ocasiones, esto supone hacer de detective, explica la Dra. Farhoud. “Es posible que los síntomas de la paciente no reflejen su dolencia. Su forma de caminar, su mirada, sus palabras, su acompañante y el examen físico: todo se combina para señalar que hay un problema”.

Por su parte, los trabajadores sanitarios deben saber reconocer los límites. “Está en su derecho a negarse. Cuando examino a una paciente, por ejemplo, durante un examen ginecológico, le explico la importancia que tiene este, especialmente en el caso de las personas que han sufrido agresiones sexuales”, cuenta la Dra. Farhoud. “Aclaro que se trata de un procedimiento médico para averiguar si hay infecciones, heridas, hemorragias, magulladuras u otros elementos que ayuden a documentar el caso. ¿Dan su consentimiento? Aunque las personas entiendan que el objetivo es la documentación, si no están preparadas psicológicamente, debemos respetar su decisión. Quizá no podamos examinarlas en esta ocasión, pero la próxima vez podremos hacerlo si se sienten respetadas y valoradas”.

Cazorla añade que es fundamental mostrar respeto por la propia cultura. No obstante, según dice, lo más importante es empoderar a las pacientes para que se conviertan en defensoras de sus propios cuerpos y su autonomía. “Les enseñamos a esperar respeto, que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo: ni yo, ni sus tías, ni sus padres, ni sus madres, ni el personal, ni la policía, nadie”.

Él y sus compañeros dirigen sesiones educativas para la comunidad, en las que tratan temas como los derechos, la autoestima, la salud sexual y las relaciones sanas, que también se abordan durante sesiones de asesoramiento individual y familiar. Señala que estos esfuerzos están marcando la diferencia, especialmente entre las personas más jóvenes. Sin embargo, la carga de proporcionar esta información recae en gran parte en los proveedores de salud. “Soy el único partero, por ejemplo, que trabaja durante un turno en el centro de salud y tengo que quedarme allí para atender a las pacientes que llegan con urgencias”. Afirma que se necesitan más recursos sanitarios, especialmente personal, a fin de poder impartir más educación comunitaria, como programas dirigidos a hombres y niños.

La Dra. Farhoud se hace eco del llamamiento al apoyo. Su organización también lleva a cabo sesiones de sensibilización para la comunidad. No obstante, también quiere que haya más educación y rendición de cuentas entre el personal de salud. Como proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva, tienen la obligación especial de respetar y empoderar a sus pacientes. “Hemos prestado un juramento profesional”, señala.

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El vocabulario de la violación

Leidy Londoño ha trabajado en persona, por teléfono y a través de un chat en línea para proporcionar apoyo e información a las personas supervivientes de agresiones sexuales.
Ilustración original de Naomi Vona; fotografía © UNFPA/R. Zerzan.

En los años que lleva ayudando a las personas supervivientes en Estados Unidos, Leidy Londoño se ha acostumbrado a oír el lenguaje de la conmoción, el miedo y la vergüenza que utilizan cuando tienen que lidiar con las secuelas de una agresión sexual. Además, ha visto cómo les cuesta expresar con palabras una forma concreta de violación, un fenómeno extendido pero poco comprendido, incluso por quienes la experimentan o la perpetran: la coacción reproductiva.

“Implica comportamientos que la pareja u otra persona utiliza para mantener el poder y el control en una relación que están conectados con la salud reproductiva”, explica Londoño, quien ha acompañado a las supervivientes a los hospitales y ha proporcionado asesoramiento a través de una línea telefónica directa. Ahora trabaja como educadora y gestora de programas en Planned Parenthood, en Washington D. C. “Puede adoptar muchas formas diferentes. Hay intentos explícitos de dejar embarazada a una pareja en contra de sus propios deseos. Puede tratarse de controlar los resultados de un embarazo, de coaccionar a la pareja para que mantenga relaciones sexuales sin protección, de interferir explícita o implícitamente en los métodos anticonceptivos, o de mentir o engañar acerca de estos”.

Las supervivientes carecen de un vocabulario común para describir la violación específica que sienten cuando se les niega el dominio de su fecundidad o de su salud sexual, hayan consentido o no a un encuentro sexual. Sin las palabras para identificar esta experiencia, a menudo expresan confusión y autorrecriminación. Londoño recuerda a una joven que descubrió que su pareja se había quitado el preservativo sin decírselo durante una relación sexual consentida, una práctica conocida como stealthing. “Al principio se preguntaba si estaba exagerando”.

El concepto de coacción reproductiva es relativamente nuevo, ya que la mayoría de los estudios sobre este tema se han hecho en los últimos 20 años, la mayoría en Estados Unidos, donde se calcula que su prevalencia está entre el 15% y el 25% (Park et al., 2016). No obstante, las investigaciones recientes muestran que se halla muy extendida en todo el mundo y quienes la cometen no son solo las parejas, sino incluso las familias y los miembros de la comunidad (Grace y Fleming, 2016). Incluso puede ser fomentada por los sistemas de salud, a través de políticas que obligan a una mujer a obtener el permiso de su marido para poder utilizar servicios de planificación familiar, por ejemplo.

Dipika Paul, que lleva décadas trabajando como investigadora en el ámbito de la salud sexual y reproductiva en Bangladesh, confiesa que desconocía el término “coacción reproductiva”. Tanto ella como los trabajadores sanitarios y los activistas se referían de forma más general a “trabas a la planificación familiar”.

Actualmente, Paul es una experta en el tema. Como asesora de Ipas en Dhaka, es testigo de muchas formas de coacción reproductiva. “En el caso de los maridos, puede empezar con ellos diciéndole a sus esposas que no usen anticonceptivos —orden que ellas acatan—, hasta llegar a la violencia grave. A veces los maridos les niegan la comida o el dinero si ellas quieren seguir usando métodos anticonceptivos”, explica Paul. Es habitual que esta presión esté relacionada con “el deseo de los maridos u otros familiares de tener más hijos o hijos varones”. Añade que también se observa el uso forzado de anticonceptivos y el aborto forzado.

Estos actos coercitivos no suelen considerarse formas de violencia, quizás porque la reproducción se ve como una decisión familiar. “La familia política influye mucho”, dice Paul. Esto es particularmente cierto en el caso de las esposas más jóvenes y menores de edad; la edad media del matrimonio es de 16 años, según una Encuesta Demográfica y de Salud de 2018. “A las mujeres jóvenes les resulta difícil decidir ellas solas”.

Y, sin embargo, existe un claro vínculo entre la coacción reproductiva y la violencia. Paul calcula que, según un estudio que está realizando actualmente, alrededor de tres de cada cinco mujeres que dijeron haber sufrido coacción reproductiva habían experimentado también violencia sexual o física por parte de sus maridos.

Jay Silverman, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, en San Diego, comenzó su carrera trabajando con hombres jóvenes y adultos que habían ejercido violencia contra sus parejas. Desde entonces, ha estudiado la coacción reproductiva en Bangladesh, la India, Kenya, el Níger y los Estados Unidos. Silverman dice que, aunque la coacción reproductiva a veces puede ser ejercida por mujeres de la familia, la violación tiene sus raíces en la desigualdad de género.

“Aquí entra en juego un factor universal”, explica, “que es la supuesta prerrogativa de los hombres para controlar a su pareja. De alguna manera, esa sensación que tienen los hombres, ese derecho a ese control, es algo omnipresente, en mi opinión, en la mayoría de nuestras sociedades”.

Silverman y sus colegas —entre ellos, los de Ipas en Bangladesh— están ensayando instrumentos para ayudar a los trabajadores sanitarios a identificar la coacción reproductiva como, por ejemplo, preguntas sobre las actitudes y el comportamiento de la pareja. Una vez que se reconoce la existencia de la coacción, las mujeres pueden reafirmar su integridad corporal, por ejemplo, seleccionando métodos de planificación familiar que no puedan ser detectados por su pareja.

Aunque las mujeres carezcan de vocabulario para describir la coacción reproductiva, “también creo que los seres humanos se resisten de forma innata a ser controlados. Hay muchas estrategias de respuesta diferentes que las mujeres de las comunidades de todo el mundo han desarrollado para hacer frente a la coacción reproductiva, entre ellas el apoyo de unas a otras. Es algo que ocurre de manera natural, en todas partes. Siempre ha sido así, ya sea una vecina o una mujer de la familia que esconda las píldoras o que le ayude a ir a una clínica”, explica Silverman. Cuando las clínicas reparten folletos sobre la coacción reproductiva, la violencia por parte de la pareja y cómo buscar ayuda, las mujeres suelen “llevarse montones” para poder compartir la información con otras.

Gran parte de la carga que entraña abordar la coacción reproductiva recae en los profesionales, que a menudo se enfrentan a un doble imperativo: encontrar el equilibrio entre involucrar a los hombres en cuestiones de salud reproductiva sin cederles todo el poder de decisión. “El ideal de la participación masculina en la salud sexual y reproductiva y en la salud materno infantil se ha convertido en una prioridad a nivel internacional”, afirma Silverman. La participación masculina se ha relacionado con un mayor uso de la planificación familiar y los anticonceptivos y la mejora de los resultados en materia de salud materno infantil (Kriel et al., 2019; Assaf y Davis, 2018). Sin embargo, cuando los hombres desean controlar la libertad reproductiva de su pareja, “su involucración resulta, obviamente, perjudicial”.

Asimismo, los hombres —de hecho, las personas de todos los géneros y orientaciones sexuales— también pueden ser víctimas de coacción reproductiva. “Cualquiera puede sufrir coacción reproductiva”, dice Londoño. “Las mujeres de las comunidades marginadas experimentan niveles de violencia en porcentajes desproporcionados, y eso incluye la coacción reproductiva. No obstante, eso no excluye que yo haya hablado con chicos y hombres jóvenes en general que intentan identificar sus propias experiencias, expresarlas con palabras y contextualizarlas”.

Es necesario dominar el vocabulario de la coacción reproductiva, especialmente entre los encargados de formular políticas. “Cuando nuestras leyes y nuestras políticas son imprecisas y nuestro lenguaje es ambiguo, no se tiene en cuenta a las personas supervivientes”, asegura Londoño.

El aprendizaje de la autonomía corporal también es algo crucial. En un proyecto reciente, dice Paul, “hablamos con las mujeres y ellas eligieron esta terminología: ‘mi cuerpo, mis derechos’. Todas coincidieron en que hay que difundir este mensaje entre la población: que mi cuerpo me pertenece”.

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Dar unidad a la comunidad

Ayim dice que se sentía aislada antes de encontrar a la comunidad LGBTI.
Ilustración original de Naomi Vona; foto por cortesía de Ayim.

Daniyar se dio cuenta de que era transgénero a los 7 años, pero durante años creyó que estaba solo. “Cuando tenía 15 o 16 años, estaba muy deprimido. No me aceptaba a mí mismo. No sabía que había comunidades ni organizaciones LGBTI en Kirguistán”. Hasta que alguien le dijo que existía un grupo local LGBTI, no se sintió preparado para tomar el control de su cuerpo y de su vida. “Comprendí que este es mi mundo”, señala. “Antes, sentía que no vivía en mi propio cuerpo. Pero descubrí lo que eran las personas transgénero y empecé a leer sobre el tema, y luego comencé mi transición”.

Daniyar, que ahora tiene 23 años, sabe que esta experiencia no es ni mucho menos única. De hecho, los activistas e investigadores llevan mucho tiempo observando las formas creativas y colectivas en que las personas se unen para reclamar su autonomía corporal cuando esta se ve amenazada. Las personas LGBTI han creado espacios seguros para ellas incluso en los entornos más restrictivos de todo el mundo. Y hay más ejemplos. Los trabajadores sexuales se unen para intercambiar información sobre clientes violentos. Las mujeres se ayudan mutuamente a ocultar anticonceptivos, a escapar de las parejas que abusan de ellas o a interrumpir embarazos no deseados en países donde el aborto es de difícil acceso o ilegal. En la medida de lo posible, estas redes informales tienden a transformarse en grupos formales de presión, los cuales son un motor del cambio.

Es lo que está ocurriendo en Kirguistán, dice Ayim, una mujer transgénero de 24 años que también se sintió aislada durante mucho tiempo antes de ser aceptada y encontrar solidaridad en la comunidad LGBTI. “Me ponía las faldas de mi madre. Mi madre se burlaba de mí y me regañaba al mismo tiempo. Cuando empecé a estudiar en la universidad, comprendí que tenía que revelar quién era. Si lo ocultaba toda la vida, estaría atrapada. En 2016, me volqué en conocer a personas de la comunidad LGBTI”.

Tanto Daniyar como Ayim son ahora activistas LGBTI. Colaboran con una organización no gubernamental local, Kyrgyz Indigo, para proporcionar servicios a las personas LGBTI que lo necesitan, como asistencia en materia de vivienda y acceso a información y atención sanitaria. Este apoyo es fundamental en un país donde las personas LGBTI a menudo son objeto de discriminación. Las personas transgénero son especialmente vulnerables, señalan, con altas tasas de desempleo en parte por no poder actualizar sus documentos identificativos para reflejar su identidad de género. “Las últimas modificaciones de la ley prohíben a la gente cambiar el pasaporte para corregir su género”, indica Daniyar. También hay muy pocos especialistas médicos que ayuden a las personas transgénero a realizar la transición, lo que hace que el proceso sea sumamente costoso. “Mucha gente sacrifica su alimentación o no duerme [para trabajar sin descanso], a fin de poder ahorrar el dinero de la operación para cambiar su cuerpo”.

A pesar de estos riesgos, les mueve un profundo conocimiento de las luchas de su comunidad. “Tenemos problemas comunes y sabemos cómo ayudarnos los unos a los otros”, explica Ayim. “Nos apoyamos entre nosotros”. Y expresar la auténtica identidad de género que uno tiene no es negociable, advierten. Es una cuestión de vida o muerte. Si se obligara a las personas transgénero a esconderse por completo, “habría muchos suicidios”, asegura Daniyar. O “se marcharían de Kirguistán y se convertirían en refugiados, porque vivir en un cuerpo que no es el tuyo es terrible”, añade Ayim.

Sobre ellos siempre pende una amenaza de violencia. Tanto Daniyar como Ayim han recibido amenazas y tienen amigos que han sido víctimas de agresiones. “Hay muchas historias como esta”, sostiene Daniyar. “Golpean a la persona o se la llevan a algún sitio, a las montañas, fuera de la ciudad, y la golpean casi hasta la muerte, o tal vez hasta la muerte, y la dejan en un descampado”.

Las circunstancias de la comunidad han empeorado con la pandemia de COVID-19, y la destrucción de puestos de trabajo ha hecho que muchos hayan perdido su hogar, pasen hambre o sean incapaces de pagar la medicación. Kyrgyz Indigo entrega alimentos y productos de primera necesidad, como jabón, papel higiénico y compresas higiénicas, a quienes no pueden permitírselos. Está ayudando a que las personas transgénero puedan seguir accediendo a la terapia hormonal, y las que viven con el VIH a antirretrovirales. Asimismo, gestiona tres refugios durante la pandemia para dar respuesta al aumento de la necesidad de alojamiento de emergencia.

Explican que sus experiencias son una lección para otras comunidades marginadas que trabajan para defender sus derechos y su autonomía corporal. En primer lugar, “hay que empoderar a la comunidad y aumentar su visibilidad”, insiste Ayim. La aceptación de las cuestiones LGBTI en el país es mayor en Bishkek, la capital, gracias a la presencia de grupos de activistas y a la labor realizada allí, explica.

Sin embargo, los activistas también deben estar preparados para encontrar oposición y tienen que protegerse: “Hay que estar preparados para cualquier reacción y vivir sin miedo”, dice Ayim. “Cuando te dedicas por completo al activismo, a un trabajo así, te agota”. Además, afirma que lo más importante es la confianza: “Lo principal es confiar en una misma, confiar en tu poder. No tenerle miedo a nadie. Porque estás tú y estamos nosotros, y juntos podemos llegar más lejos”.

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El parto como trabajo: ser madre subrogante

Los expertos afirman que los legisladores apenas tienen en cuenta las opiniones de las madres subrogantes al elaborar las leyes sobre este tipo de gestación.
Ilustración original de Naomi Vona; foto por cortesía de Alexander Krivitskiyz en Unsplash.

Josefina recuerda cómo decidió ser madre subrogante o someterse a un proceso de gestación subrogada. “En parte fue por el dinero, pero lo que me impulsó de verdad fue tener la facultad de hacer realidad el sueño de muchas mujeres de ser madres”, cuenta. Lo que no preveía era la pésima —y abusiva— gestión de la agencia de gestación subrogada.

“Pensé que habría otras mujeres como yo: seguras de su decisión, con un mínimo de un hijo, tal y como establecían los requisitos. Pero el lugar al que llegué no era así. Había muchas mujeres jóvenes que no habían tenido ningún hijo. Recuerdo que pensé ‘¿dónde estoy?’”. Cuando estaba embarazada de pocos meses, la llevaron junto con otras dos o tres madres subrogantes y algunos de sus hijos a una casa ruinosa, sin agua, electricidad ni comida, y las encerraron en ella.

Aunque la situación era provisional, Josefina (nombre ficticio), que vive en México, dice que de repente empezó a tener miedo de que el embarazo no fuese para ser de verdad una madre subrogante. “Me pasaron muchas cosas por la cabeza, como la trata de niños o el tráfico de órganos”. Seguía teniendo su teléfono móvil y logró ponerse en contacto subrepticiamente con los futuros padres del bebé, algo que le habían prohibido de forma expresa. “Encontré a los padres por Facebook”, señala. “Fueron muy amables conmigo y me apoyaron”. Se trasladaron a otra agencia de gestación subrogada, llevándose a Josefina con ellos. “Continué el proceso en un lugar más seguro, donde sentía más confianza”.

Josefina explica que nunca dudó de su decisión, ni siquiera después de esa peligrosa experiencia. “Estaba convencida de que quería tener al bebé. No me arrepiento, fue una aventura”, afirma. “Después de conocer a los padres, quedé satisfecha con el proceso”.

Incluso se plantearía volver a hacerlo.

La gestación subrogada lleva tiempo considerándose una cuestión delicada desde los puntos de vista ético y jurídico. Algunas demandas y luchas por la custodia muy publicitadas en los Estados Unidos, la India y otros países han planteado interrogantes acerca de los derechos y las responsabilidades de las madres subrogantes y los futuros padres, así como sobre los derechos del bebé nacido por medio del acuerdo de subrogación (Nadimpally et al., 2016). Las leyes varían mucho entre los distintos países y dentro de ellos. Algunos prohíben la gestación subrogada; otros la gestación subrogada comercial, también denominada “remunerada”, pero permiten la llamada “gestación subrogada altruista”; algunos autorizan ambas; y otros no tienen ninguna ley específica al respecto (UCLS, 2019).

Cuando se permite la subrogación remunerada, suele surgir un sector con ánimo de lucro, que comprende clínicas de tecnología de reproducción asistida, operadores de viajes médicos, bufetes de abogados, reclutadores y otros. Los países con costos más bajos pueden convertirse en destinos solicitados por los padres comitentes. Sin embargo, en esos lugares, la maternidad subrogada es a menudo una de las pocas oportunidades bien remuneradas disponibles para las mujeres económicamente marginadas, lo que crea la posibilidad de que se produzcan explotaciones. Los intermediarios y las agencias pueden controlar el intercambio de dinero e información, así como la prestación de asistencia sanitaria. Es posible que las madres subrogantes estén mal pagadas, faltas de información y desprovistas de atención médica (Nadimpally et al., 2016).

El importante componente de género de la subrogación y la maternidad genera, asimismo, vulnerabilidades en ambas partes del acuerdo. Las mujeres infértiles tal vez se vean sometidas a una intensa presión cultural para ser madres, mientras que a las parejas del mismo sexo o a los progenitores solteros a menudo se les prohíbe contratar madres subrogantes porque no siguen los principios aceptados en materia de paternidad. Y las madres subrogantes pueden ser criticadas por traicionar el vínculo que se percibe como sagrado entre una mujer y el feto que lleva dentro. Josefina mantuvo en secreto su acuerdo de subrogación precisamente por eso. “Es un tabú. Mucha gente se asusta cuando oye hablar de ello, así que preferí no contárselo a casi nadie. De hecho, mucha gente de mi propia familia no lo sabe”, dice.

“El estigma ha aumentado mucho en los últimos diez años”, afirma Isabel Fulda, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, una organización de justicia reproductiva de México que defiende tanto a las madres subrogantes como a los padres comitentes. Las leyes de gestación subrogada varían en México, pero en general en los últimos años se han hecho más restrictivas. “Aunque las reformas en un principio sean bienintencionadas y pretendan conseguir una mayor protección de todas las partes, tienen consecuencias desafortunadas, sobre todo para las madres subrogantes”, explica. En los lugares que han implantado prohibiciones estrictas, “la práctica sigue existiendo, pero ahora se lleva a cabo de forma clandestina y poco segura”.

Josefina sufrió muchas de estas consecuencias. “Cuando estuve en la primera agencia, ni siquiera teníamos contrato. Un contrato me habría dado la seguridad de que todo iba a ser correcto”. Cree que las restricciones no hacen sino empujar a la gestación subrogada todavía más al margen de la legalidad y las regulaciones, en un terreno propicio para las agencias poco éticas y en el que las propias madres subrogantes son penalizadas.

“Si fuera legal, la gente se sentiría más segura”, asevera.

En lugar de prohibiciones, debe haber políticas más matizadas que tengan en cuenta las aportaciones y perspectivas de las personas afectadas, apunta Sarojini Nadimpally, miembro fundadora del Grupo de Recursos Sama para la Mujer y la Salud, en la India, y experta en las cuestiones sociales y jurídicas que afectan a la maternidad subrogada. “¿Han participado las madres subrogantes y las parejas que no pueden concebir en la formulación de las políticas? ¿Se les ha preguntado qué quieren que figure en las políticas o en la legislación? ¿Hasta qué punto serán accesibles estas disposiciones legales para las madres subrogantes?”.

No solo se dejan de lado las experiencias de las madres subrogantes en la elaboración de la legislación, sino que los estigmas y las normas punitivas hacen que les sea más difícil hacer oír su voz. “Cuanto más política se vuelve la cuestión, más se les silencia”, señala Fulda. En lugar de las historias reales de las madres subrogantes, ha surgido una caricatura que describe a las madres subrogantes que reciben una compensación como víctimas, mientras que a las altruistas “suele representarlas como ángeles que están dispuestas a gestar durante nueve meses y exponerse a posibles riesgos por puro amor. Resulta increíble pensar que puedan querer dinero a cambio”, afirma Fulda.

En opinión de Josefina, la distinción entre gestación subrogada remunerada y altruista no tiene sentido. Ella considera que ser madre subrogante fue tanto un trabajo como un regalo. No recurrió a ello por la pobreza: “En aquel momento mi situación económica tampoco era tan mala. Me decidí a hacerlo porque quería hacer algo diferente con mi vida y algo positivo por otra persona. Yo también soy madre y sé la felicidad que puede dar un hijo”.

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El sexo como trabajo

Liana defiende los derechos de los trabajadores sexuales en Indonesia.
Ilustración original de Naomi Vona; foto por cortesía de Liana.

“En realidad no sabía que puedo decidir y que tengo el control de mi cuerpo hasta que me convertí en trabajadora sexual”, explica Liana través de un traductor en Indonesia.

Ahora Liana ya está acostumbrada a romper con las expectativas: una titulada universitaria, de clase media y ex contable no encaja en el estereotipo de una trabajadora sexual. “Cuando mi bebé tenía cuatro meses, mi marido falleció”, recuerda. Sus ingresos no eran suficientes y, al mismo tiempo, el negocio familiar estaba en apuros y su hermana tenía dificultades financieras.

“Visité un conocido establecimiento de la industria del sexo y solicité trabajar allí,” relata, haciendo hincapié en que lo hizo por decisión propia. “Lo decidí yo; nadie me obligó”.

Actualmente, Liana es la coordinadora nacional de OPSI, una red que defiende a los trabajadores sexuales y les presta servicios—como, por ejemplo, en materia de atención de la salud—que recibe apoyo del UNFPA. “En realidad hay muchos tipos de trabajadores sexuales”, explica. “Hay hombres, hay personas transgénero, y las razones por las que se dedican a esto varían de una persona a otra. La mayoría busca una fuente de ingresos”.

Monika, de Macedonia del Norte, se convirtió en trabajadora sexual tras perder su trabajo y divorciarse. Ella también afirma con convicción que fue por decisión propia. “Tenía 19 o 20 años. Era lo bastante consciente y madura para pensar lo que quería y lo que no quería hacer”. Hoy, como coordinadora regional de STAR —el primer colectivo de trabajadores sexuales de los Balcanes, también asociado del UNFPA— comenta que ha observado que esta es la norma: “Casi todos los trabajadores sexuales que conozco se han dedicado voluntariamente al trabajo sexual”.

Aun así, tanto Liana como Monika reconocen que la trata sexual —la explotación sexual por la fuerza o mediante la coacción, el fraude o el engaño— es motivo de gran preocupación en la industria. Sus respectivas organizaciones trabajan en estrecha colaboración con víctimas y supervivientes, y los ayudan a obtener servicios y a dejar el trabajo sexual si así lo desean.

La prevalencia de la explotación y el abuso ha centrado gran parte de la conversación en torno a la situación jurídica del trabajo sexual. Tanto los defensores de la despenalización como quienes se oponen a ella mencionan la necesidad de proteger a las personas de los abusos.

Pero los contrarios a la despenalización consideran que el concepto de “consentimiento” en la industria del sexo es, por naturaleza, problemático. En efecto, los estudios muestran que muchos de los que se dedican al trabajo sexual han experimentado una mayor vulnerabilidad: en la infancia han sido víctimas de la pobreza, han padecido abusos, han vivido en un entorno familiar inestable y han tenido problemas para acceder a la economía formal, en particular debido a la falta de educación (McCarthy et al., 2014). Se considera que estos factores socavan su capacidad de consentimiento libre e informado. Además, una proporción considerable de los trabajadores sexuales —entre el 20% y el 40%, según las estimaciones— se inician en el trabajo sexual en la infancia (Parcesepe et al., 2016), lo que constituye una clara violación de los derechos humanos.

Diversos instrumentos en favor de los derechos humanos han respondido a estas vulnerabilidades. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exige que se adopten “todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”. Y los Protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional incluyen “la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación” en la definición de la trata de personas.

Sin embargo, muchos defensores de los trabajadores del sexo consideran que el enfoque en la vulnerabilidad en realidad los despoja de su seguridad y autonomía. Tanto Liana como Monika manifiestan que eligieron libremente continuar el trabajo sexual, a pesar de que percibían unos ingresos suficientes fuera del sector.

“Por favor, no den por supuesto que todos los trabajadores sexuales son víctimas de trata. Hay personas como yo que eligen este trabajo intencionalmente. Nadie nos engaña”, afirma Liana. “Cuando preguntamos a miembros de OPSI si abandonarían el trabajo sexual si encontraran otro trabajo, la mayoría de las veces la respuesta es que no”. Los trabajos a los que pueden acceder los trabajadores sexuales suelen estar mal remunerados, explicó, y el trabajo sexual ofrece una flexibilidad que muchos encuentran deseable. “Pueden organizar su tiempo. Pueden cumplir sus obligaciones hacia la sociedad y estar más unidos a sus hijos”.

El trabajo sexual —o algunos de sus aspectos, como la facilitación— es ilegal en la mayoría de los países, de acuerdo con la Red Mundial de Proyectos sobre el Trabajo Sexual. Según Liana y Monika, lo único que consiguen esas leyes es empujar la profesión a la clandestinidad, lo que aumenta las dificultades de los trabajadores sexuales para descartar a los clientes violentos. La penalización también expone a los trabajadores sexuales al riesgo de que los detengan y hace que tengan miedo de denunciar a los abusadores, afirman. Algunos policías también acosan a los trabajadores sexuales y abusan de ellos, “ya que, como saben que el trabajo sexual no es legal, creen que no los denunciaremos y que no podemos hacer nada”, explica Monika.

Ellas desearían que se penalizara y se sancionara la violencia y la explotación sexual en lugar del trabajo sexual. Liana hizo hincapié en que “la violencia no solo afecta a los trabajadores sexuales. Atañe a todas las mujeres y los grupos minoritarios”.

El movimiento para despenalizar el trabajo sexual ha ganado terreno en los últimos años en las Naciones Unidas; numerosos organismos y programas, como la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA, están incorporándose a él como un medio eficaz para prevenir la transmisión del VIH y eliminar la discriminación contra las poblaciones vulnerables (OMS, 2014; ONUSIDA, 2012).

Al mismo tiempo, las Naciones Unidas están redoblando sus esfuerzos para eliminar la explotación y los abusos sexuales. La preocupación que despiertan las fuerzas de paz y los trabajadores humanitarios que mantienen relaciones de explotación con trabajadores sexuales y personas vulnerables y marginadas ha llevado a la institución a reforzar el control del cumplimiento de las normas que prohíben que el personal intercambie dinero, bienes o servicios por sexo, incluso en los países donde el trabajo sexual es legal. Estas posiciones —que la despenalización ayudará a salvaguardar la salud y los derechos de las trabajadoras sexuales, y también que los miembros del personal no deben adquirir relaciones sexuales, aunque sea legal— no son contradictorias, afirman funcionarios de las Naciones Unidas.

“El personal de las Naciones Unidas no debe participar en ninguna actividad que pudiera dar lugar a la explotación sexual. Esto no constituye un juicio sobre el trabajo sexual voluntario desempeñado por adultos informados y con su consentimiento, pero hay que reconocer que el hecho de que el trabajo sexual sea legal no garantiza que sea voluntario”, comenta Eva Bolkart, que coordina las acciones del UNFPA para prevenir la explotación y los abusos sexuales.

Monika y Liana están de acuerdo en que la legalidad por sí sola no es suficiente. Para ellas, la despenalización debe ir acompañada de la desestigmatización. Mientras que los trabajadores sexuales no disfruten del mismo respeto y dignidad que los ciudadanos normales, seguirán obligados a trabajar en la sombra, donde los abusos se pueden ocultar. “Somos padres y madres. Somos hijos. Tenemos familia”, argumenta Monika. “Nadie tiene por qué tratarnos de forma diferente debido a nuestra profesión. El trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro”.

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La capacidad de elegir

Lizzie Kiama es una defensora de los derechos de las personas con discapacidad.
Ilustración original de Naomi Vona; foto por cortesía de Lizzie Kiama.

En 1999, Lizzie Kiama iba a trabajar en Mombasa (Kenya) cuando su minibús chocó frontalmente con otro vehículo. “Estaba sentada en la parte delantera”, recuerda. “El accidente me dejó discapacitada”. Sin embargo, tardó once años en aceptar por completo esa nueva realidad.

“Durante mucho tiempo no me identifiqué como una persona con discapacidad”, afirma Kiama. “Es porque la palabra ‘discapacitado’ siempre ha tenido connotaciones muy negativas”.

El punto de inflexión fue ser madre y decidir que iba a mejorar el mundo para sus hijos. Explica que para ella eso implicó identificarse como persona con discapacidad y redefinir lo que significa. Kiama fundaría This-Ability Trust, una empresa social centrada en los derechos de las personas con discapacidad, a través de la cual ha observado las numerosas formas en que se niega el libre albedrío a las personas con discapacidad, especialmente en lo que atañe a su salud y derechos sexuales y reproductivos.

Explica que las personas con discapacidades visuales o auditivas rara vez tienen acceso a intérpretes o al sistema braille cuando acuden a los servicios sanitarios y las personas con cuidadores sufren una reducción de la intimidad y la confidencialidad. Muchas personas con discapacidad carecen de opciones de transporte accesibles y numerosos establecimientos sanitarios no cuentan con la infraestructura, el equipo y el personal capacitado para atenderlas.

Y luego están las historias de terror.

“He oído historias de mujeres que prefieren dar a luz en casa antes que enfrentarse a enfermeras o parteras que preguntan cómo se les ocurre, siendo discapacitadas, tener hijos o quedarse embarazadas”, cuenta Kiama. “La sociedad, en general, percibe a las personas con discapacidad, y a las mujeres en particular, como asexuales. Cosas tan básicas como la capacidad jurídica, la autonomía corporal o el derecho a tomar decisiones no se consideran la norma”.

Las mujeres y las niñas con discapacidad padecen altos porcentajes de violencia de género en Kenya (Salomé et al., 2013). Aun así, lamentablemente, es frecuente que como respuesta se viole aún más su autonomía corporal, señala Kiama. “En algunos casos te encuentras con niñas con discapacidad cuyas familias se confabulan con profesionales sanitarios para esterilizarlas como forma de ‘protegerlas’, porque son víctimas constantes de la violencia sexual”, revela. “A los agresores no les pasa nada”.

No obstante, estos problemas no son en absoluto exclusivos de Kenya. Las personas con discapacidad enfrentan graves obstáculos para la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva en casi todo el mundo.

En Mongolia, por ejemplo, se han denunciado casos de trabajadores sanitarios que practican abortos a mujeres con discapacidad sin consultarlas. Lo que hacen los médicos es solicitar la autorización de los tutores de las mujeres, según Enkhjargal Banzgarch, trabajadora social de la Asociación Nacional de Usuarios de Sillas de Ruedas de Mongolia. Un estudio llevado a cabo por la Asociación detectó que el 22% de las personas con discapacidad han sido obligadas por sus familiares o por trabajadores sanitarios a utilizar métodos anticonceptivos.

El rechazo a la anticoncepción puede tener consecuencias. A las mujeres con discapacidad intelectual se les suele negar la prestación o la prórroga de su acreditación de discapacidad si no han recibido las dosis exigidas de anticonceptivos inyectables, explica Banzgarch.

Es posible que las personas con discapacidades y sus cuidadores apenas reciban explicaciones, dice Iliza Azyei, representante auxiliar del UNFPA en Mongolia, que colaboró con activistas y se dirigió al Ministerio de Sanidad para plantear estas cuestiones.

Recuerda la historia de una chica que, “en cuanto cumplió 16 años, el médico de la sanidad pública fue a su casa y empezaron a suministrarle anticonceptivos inyectables trimestrales”. Azyei preguntó a la madre de la chica si se había cuestionado lo que estaba pasando. “Ella contestó: ‘No, confío en mi médico’”.

Aun así, hay motivos para la esperanza.

“Si nos fijamos en las políticas y el marco jurídico desde el punto de vista de la promoción, se han logrado progresos en este ámbito”, afirma Kiama, citando la ley de discapacidad de Kenya de 2003, la constitución del país, la ratificación de los convenios internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad y las normas de edificación, que contemplan cada vez más la accesibilidad.

En Mongolia también se han observado avances. Durante un examen llevado a cabo en 2015 del historial en materia de derechos humanos de Mongolia, se hicieron públicas violaciones de los derechos relativos a la salud reproductiva de personas con discapacidad. El Gobierno “hizo modificaciones urgentes en la orden ministerial de salud para proporcionar servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres, incluidas las discapacitadas”, dice Azyei.

El cambio en el ámbito de las políticas es solo un paso, añade. “Pero ¿cómo abordamos las prácticas reales?”.

Los expertos coinciden en que para ello también deben cambiar las actitudes. “Las mujeres con discapacidad tienen derecho a enamorarse, a tener hijos, a recibir servicios y a tener una vida plena”, subraya Azyei.

Las personas con discapacidad deben ser protegidas de los abusos sexuales, pero estas protecciones deben apoyar su autonomía corporal, en lugar de socavarla. Asimismo, deben ser empoderadas para que hagan valer sus derechos.

“Las personas con discapacidad tenemos asumido que debemos ser dóciles y pedir permiso”, dice Kiama. Pero nota un cambio en la generación más joven de personas con discapacidad. “Últimamente somos testigos de cómo hay más mujeres jóvenes que se abren camino y utilizan las redes sociales para las actividades de promoción. Están defendiendo los derechos sexuales y reproductivos de diferentes maneras, es increíble verlo”.

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En primer lugar, no hacer daño

Suraya Sobhrang describe cómo el personal médico y judicial perpetuó las pruebas de virginidad no consentidas en el Afganistán.
Ilustración original de Naomi Vona; fotografía © UNFPA/A. Mohaqqeq.

Las Naciones Unidas han declarado de forma categórica que las pruebas de virginidad violan los derechos humanos y la dignidad de las personas. Cuando se realizan sin consentimiento, constituyen una tortura y una forma de violencia sexual. También son inútiles desde el punto de vista científico y una violación de la ética médica (OMS et al., 2018). Aun así, persisten en todas las regiones del mundo; su práctica continuada ha sido noticia recientemente en el Reino Unido, por ejemplo, donde se está revisando un proyecto de ley para prohibirlas. Las pruebas de virginidad se utilizan para imponer o fomentar la abstinencia entre las mujeres solteras y las niñas, con justificaciones que van desde la preservación de su “pureza” y el “honor” de la familia hasta la prevención de la transmisión del VIH y el embarazo en la adolescencia (Olson y García-Moreno, 2017). No obstante, muchos de sus defensores recurren a un lenguaje feminista para abogar por su perpetuación.

La prueba de virginidad —también conocida como “examen del himen” o “prueba de los dos dedos”— suele consistir en un examen del himen, un tejido fino que a menudo, aunque no siempre, está presente en la vagina. La prueba se basa en la suposición de que las características físicas del himen o de la vagina pueden demostrar si una mujer o una niña ha mantenido relaciones sexuales vaginales, una creencia que los estudios médicos desacreditan de forma contundente. Los exámenes que carecen de justificación científica para “probar” o “refutar” que se ha practicado el coito no hacen más que reforzar normas sociales perniciosas y deben prohibirse, según afirman los expertos en medicina y derechos humanos. Entre dichos exámenes figuran no solo las pruebas de virginidad, sino también los exámenes anales forzados, que consisten en la introducción de dedos u objetos en el ano de un hombre o una mujer transexual con el supuesto objetivo de encontrar “pruebas” de una conducta homosexual. Se han documentado casos de realización de pruebas anales forzadas en todos los Estados Árabes y en las regiones de África Oriental y Meridional, aunque “carecen de valor médico” y “equivalen a tortura o malos tratos”, según el informe de 2018 de un experto independiente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2018).

Las pruebas de virginidad y los exámenes anales forzados son físicamente invasivos, dolorosos y estigmatizantes. Suraya Sobhrang, doctora y ex comisionada de derechos humanos en Afganistán, afirma que las pruebas se realizaban a modo de castigo tras cualquier supuesta transgresión, como sentarse junto a una persona del sexo opuesto. “Cualquier acto se consideraba un ‘crimen moral’”, describe la Dra. Sobhrang.

Las condiciones de las pruebas a menudo ni eran higiénicas ni respetaban la privacidad, y las mujeres podían ser obligadas a someterse a ellas repetidas veces, afirma. “Esto traumatizaba a estas mujeres. Una me dijo que la segunda vez sintió como si alguien la hubiera violado”.

Las mujeres podían ser encarceladas por no superar la prueba de virginidad. “Algunas se suicidaban después de esta prueba”, recuerda la Dra. Sobhrang. Otras fueron asesinadas por sus familias.

La Dra. Sobhrang y sus colegas propiciaron la prohibición de las pruebas de virginidad no consentidas en Afganistán en 2018. Hoy en día, en el Afganistán solo pueden hacerse con orden judicial y el consentimiento de la paciente, aunque la aplicación de esta norma continúa siendo motivo de preocupación, sobre todo en las zonas rurales. Además, tanto los médicos como las pacientes pueden seguir sufriendo consecuencias si rechazan hacer la prueba. Mozhgan Azami, especialista en medicina forense en Kabul, recuerda a una chica que se negó dos veces, a pesar de existir una orden judicial: “En la tercera ocasión, el tribunal nos la devolvió diciendo que si los médicos no realizaban esta vez la prueba, serían objeto de una investigación. Así que, tras hablar con la chica durante dos horas, la convencimos para que se la hiciera”.

La Dra. Azami coincide en que las pruebas de virginidad, sobre todo cuando se realizan bajo coacción, pueden “perjudicarlas psicológicamente”. Sin embargo, es partidaria de hacerlas en algunos casos, siempre que sea con confidencialidad, dignidad y pleno consentimiento informado. Estas opiniones están condicionadas por temores serios y la realidad: en lugares en los que no existen procedimientos médicos científicamente sólidos (como las pruebas de ADN), las pruebas de virginidad son una de las pocas formas en que las supervivientes pueden presentar pruebas que respalden una acusación de violación. “Para la víctima, la prueba del himen es un medio con el que buscar justicia y luchar contra la culpabilización social y tradicional”, afirma la Dra. Azami.

La prueba, si sus resultados son positivos, también puede ayudar a las mujeres a evitar la violencia en lugares donde la percepción de la pérdida de la virginidad puede ser una sentencia de muerte. “En la noche de bodas, se entrega a la pareja un paño o papel blanco que debe teñirse de rojo con la sangre del himen una vez consumado el matrimonio”, añade la Dra. Azami. “[Si] el hombre no ve los signos de virginidad, se lleva a cabo la prueba de virginidad […] según la petición de la chica”, normalmente con la esperanza de que su himen muestre un indicio de desgarro.

En ciertas comunidades, como en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal, la prueba de virginidad también es considerada por algunas personas como una protección contra el embarazo adolescente, el VIH y otros riesgos (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2016). “Se cree que las pruebas de virginidad evitarán que los iintsizwa (hombres mayores) coaccionen a las niñas para tener relaciones sexuales y abusen de ellas, especialmente las de 10.º, 11.º y 12.º curso”, afirma el jefe Msingaphansi, de Umzimkhulu, en KwaZulu-Natal. Señala que las pruebas, realizadas en su mayoría por mujeres mayores, recalcan el valor cultural de la abstinencia, lo que anima a las niñas a rechazar la presión de sus compañeras y a retrasar la actividad sexual. El jefe Msingaphansi describe el ritual con un lenguaje de empoderamiento: “Después de las pruebas, las niñas cobran conciencia de sus derechos”, dice, y añade que aprenden a identificar las relaciones de explotación. Sin embargo, es habitual que para hacerlas no haya consentimiento, lo que las convierte en ilegales. “Deciden los padres”, reconoce un “inspector de virginidad” de los distritos de uMgungundlovu y uThukela.

A pesar de estas justificaciones, la prueba refuerza la creencia errónea de que la virtud de una mujer depende de sus antecedentes sexuales y perpetúa una comprensión errónea de la anatomía humana. Dar credibilidad a la prueba causará inevitablemente daños, subraya la doctora Sobhrang. “Algunas mujeres no tienen himen, y a veces la estructura es muy elástica. Vi a una que dio a luz a su primer bebé y en el parto aún tenía himen, así que eso no garantiza que una chica no haya mantenido relaciones sexuales”.

La doctora explica que si alguien denuncia una violación y se descubre que aún tiene himen, la denunciante puede ser encarcelada por hacer una acusación falsa, mientras que el agresor quedará libre. Asimismo, las pruebas de virginidad no sustituyen a los exámenes médicos posteriores a las violaciones, que evalúan y tratan los traumas físicos sin que haya que insertar nada en la vagina (OMS et al., 2018).

“Es una violación de los derechos humanos y va en contra de la dignidad humana”, sentencia Sima Samar, doctora y ex Ministra de Estado para los Derechos Humanos del Afganistán, que también aboga por la prohibición de las pruebas de virginidad no consentidas. “Es necesario educar al público, a todo el mundo, pero sobre todo a la juventud. En segundo lugar, creo que hace falta educar a la policía, educar a la fiscalía, educar a los médicos.

Lo más importante es que las personas se animen a conocer su autonomía corporal y a exigirla”, añade la Dra. Samar. “¿Cuánta gente conoce sus derechos?”.

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Al margen de la ley: la realidad de las desigualdades en el acceso al aborto

Independientemente del estatus jurídico del aborto, las mujeres con medios suelen poder recurrir a este procedimiento, mientras que las que no tienen recursos se ven expuestas a mayores riesgos.
Ilustración original de Naomi Vona; foto por cortesía de JESHOOTS en Unsplash

“Una vez trajeron a una mujer de un pueblo remoto. Estaba muy grave, había tratado de provocarse un aborto”, recuerda Nuriye Ortayli, que trabajó en Turquía como obstetra y ginecóloga en las décadas de 1980 y 1990. “Durante más de 12 horas, casi 24, todos —residentes jóvenes, personal más experimentado— trataron de salvarla. Lo intentamos todo, pero murió”.

Sin embargo, el relato de la Dra. Ortayli no se refiere a un aborto ilegal en un centro clandestino. En ese momento, Turquía disponía de servicios de aborto seguro. “Si hubiera podido venir al hospital, podría haber abortado con anestesia local”, dice. Lo que relata es una realidad a la que se enfrentan las mujeres y los proveedores de salud en todo el mundo: el aborto es un hecho frecuente, incluso en los lugares donde el procedimiento está muy restringido o es ilegal (Bearak et al., 2020), y a las mujeres se les niega habitualmente el acceso al aborto seguro aun en los países en los que es legal (Gerdts et al., 2015). Por tanto, independientemente de la legislación, suelen ser otros los factores que determinan si una mujer podrá acceder al aborto seguro —por ejemplo, los recursos económicos, la distancia a los servicios o las normas sociales—.

La Dra. Ortayli fue testigo de este fenómeno tanto cuando trabajaba como médica en Turquía como en su capacidad de responsable de programas y asesora de salud reproductiva para organizaciones que operan en el ámbito de la salud —como el UNFPA— en Europa Oriental, Oriente Medio, África Occidental y América. “Lo vemos una y otra vez. Independientemente de la situación jurídica del aborto en un país, las mujeres toman esa decisión y encuentran la manera de abortar”, comenta. “Aquellas con una situación económica más desahogada tienen mejor salud, porque disponen de más oportunidades, de dinero, de redes. Las más desfavorecidas en los planos económico, social o cultural sufren más”.

En Irlanda, por ejemplo, cuando el aborto estaba estrictamente prohibido en casi todas las circunstancias, un gran número de mujeres viajaban al extranjero para someterse a este procedimiento. “En muchísimos casos, si las mujeres estaban decididas a abortar, finalmente lo conseguían”, explica Caitríona Henchion, directora médica de la Asociación Irlandesa de Planificación Familiar.

Para numerosas mujeres —podría decirse que para todas— la legislación no evita el aborto, sino que “con frecuencia no hace más que retrasarlo demasiado”, comenta la Dra. Henchion. “Todo ese período de espera genera mucho estrés y ansiedad [y], obviamente, aumenta los riesgos asociados al procedimiento”.

Las que no podían viajar para abortar constituían un grupo “relativamente pequeño”, añadió, “sobre todo mujeres que no hablaban bien inglés o no tenían la ciudadanía ni los derechos asociados a ella” —como la posibilidad de salir sin problemas del país y volver a él—, “adolescentes que podrían haber necesitado el consentimiento de los progenitores, mujeres que directamente no tenían el dinero necesario para viajar, o que no tenían a nadie a quien confiar [que estaban embarazadas] o que pudiera ayudarlas”.

Aunque la Dra. Henchion no podía practicar abortos en esa época, sí podía prestar y prestaba atención posterior al aborto, por lo general después de que las mujeres obtuvieran de forma ilegal píldoras para inducir el aborto. “En la mayor parte de los casos es seguro, sencillo y no produce problemas ni complicaciones”, de modo que solo una parte ínfima de los abortos practicados por esta vía requieren atención médica, explica. Aun así, era “bastante habitual” recibir pacientes con sangrados abundantes o prolongados y “mujeres que quizá tomaban la píldora en casa para inducir el aborto en una etapa de la gestación más avanzada de lo que creían o de la adecuada para usar ese método”.

Estas circunstancias eran difíciles para los médicos, recuerda la Dra. Henchion. A veces, las pacientes literalmente le rogaban que les proporcionara información sobre el aborto o que las remitiera a otros servicios, pero la ley se lo impedía. En definitiva, la legislación parecía crear un resultado para las personas con dinero y recursos, y otro para quienes carecían de ellos. “Esa ha sido siempre mi impresión”, afirma. La Dra. Henchion ha sido una de las principales promotoras de la legalización del aborto en Irlanda, la cual se aprobó a raíz del referéndum de 2018.

No obstante, las personas desfavorecidas todavía hoy siguen enfrentándose a más obstáculos y riesgos que las demás. “Algunas partes del país no disponen prácticamente de prestadores”, explica la Dra. Henchion. Algunas mujeres aún tienen que viajar para acceder a un aborto seguro, con el retraso y el costo que ello implica. Las inmigrantes indocumentadas y las personas que no hablan inglés siguen teniendo dificultades para abortar.

La Dra. Ortayli describe una frustración similar. “Tuve una consulta privada en Estambul durante siete u ocho años. Muchas clientas venían del Golfo, donde [el aborto] está más restringido. Estas, por supuesto, eran mujeres que podían permitírselo”. Al mismo tiempo, sabía que en su país las mujeres vulnerables seguían teniendo dificultades para recibir el mismo nivel de atención, debido a la distancia a los servicios o la exigencia del consentimiento del esposo. “A veces he visto que los hombres utilizan esto como arma contra las mujeres. Por ejemplo, cuando una mujer quiere divorciarse, pero queda embarazada y él no la autoriza a abortar para tenerla atada”.

Aun así, se alegra de que en Turquía exista la posibilidad de interrumpir el embarazo, aunque el acceso sea desigual. Recuerda su aflicción cuando su paciente murió tras un aborto en condiciones de riesgo. Un médico más experimentado le contó que antes era peor. “Me dijo que, antes de la liberalización de la ley [del aborto], en la misma sala perdíamos dos o tres mujeres como ella cada semana”.

La Dra. Henchion comenta que, paradójicamente, la legalización del aborto en Irlanda ha proporcionado a las mujeres otra opción: la de cambiar de opinión. Antes, cuando para abortar tenían que viajar al extranjero, se sentían obligadas a someterse al procedimiento, ya que habían gastado mucho dinero y recursos para organizarlo. “La presión a la que se enfrentaban a la hora de tomar la decisión era enorme. Era la única oportunidad que tenían para decidir si llevarlo a cabo o no”. Pero ahora, dice, “puedes darles toda la información necesaria y tiempo para que reflexionen”.

Afirma que estos cambios tienen aún más importancia durante la pandemia de COVID-19. “Teniendo en cuenta las limitaciones para viajar [relacionadas con la pandemia], si en aquel momento el aborto no se hubiera legalizado nos estaríamos enfrentando a una situación realmente seria. Ha habido un gran número de embarazos no deseados debido a la COVID-19, mujeres que han perdido su empleo o cuya situación ha cambiado por completo, pero pueden seguir accediendo a estos servicios”.

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Tu cuerpo manual del usuario

Olga Lourenço está acostumbrada a tropezar con la resistencia de la sociedad cuando imparte educación sexual integral, pero no se deja intimidar.
Ilustración original de Naomi Vona; fotografía © UNFPA/C. Cesar.

Son pocos los padres o líderes comunitarios que se oponen a que un estudiante lleve a casa libros de texto de química o de cálculo. Sin embargo, las lecciones de educación sexual integral —información precisa y apropiada para la edad sobre el propio cuerpo, la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos— con frecuencia se consideran tabú. Muchas escuelas no imparten educación sobre el tema, o solo proporcionan información incompleta. Por consiguiente, los alumnos están poco preparados para los cambios que se están produciendo en su cuerpo y para protegerse de posibles peligros.

“Libramos una lucha constante para que se incluya este tema en el plan de estudios”, comenta Olga Lourenço, coordinadora del Proyecto CAJ, un programa patrocinado por el UNFPA que proporciona formación en materia de preparación para la vida y educación sexual integral a los jóvenes de Angola. “Debido a nuestros tabúes y prejuicios, prácticamente no se habla sobre la salud sexual y reproductiva integral”.

Quienes se oponen a la educación sexual integral a menudo sostienen que promueve la actividad sexual; sin embargo, los estudios muestran que no es así. Por el contrario, los datos demuestran que este tipo de educación, cuando se imparte de acuerdo con las normas internacionales, mejora los conocimientos de los jóvenes y constituye una estrategia fundamental y rentable para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH. Algunos estudios muestran que en realidad puede retrasar la iniciación sexual de los adolescentes (UNESCO, 2016).

Lourenço explicó que, al carecer de información precisa cuando era niña, en realidad se sentía presionada a mantener relaciones sexuales a los 15 años, sin estar preparada para ello. “Mis amigas ya tenían novio y una vida sexual activa. Se reían de mí porque era la ‘virgen del grupo’”, explica. “En cierta manera, esto me afectó psicológicamente... Creo que, de alguna forma, violaba mi autonomía corporal”.

Dipika Paul, investigadora de larga data en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y asesora de Ipas en Dhaka (Bangladesh), ha sido testigo de las consecuencias de la falta de acceso a la educación sexual en su propia comunidad. “Cuando estudiaba, en séptimo grado solo había un capítulo sobre la menstruación”, recuerda. “El docente tampoco se sentía cómodo al tratar ese tema”.

Sin educación sexual integral, los jóvenes son vulnerables a los mitos y la información errónea. Los niños y los hombres, en particular, “tienen lagunas en sus conocimientos, conceptos equivocados”, señala Paul. Explica que ha visto que algunos hombres prohíben a su esposa usar anticonceptivos porque creen que “el DIU viaja por cualquier lugar del cuerpo, que pueden sentir dolor a causa del DIU, y no es verdad”.

Los alumnos que reciben educación sexual integral no solo están empoderados para tomar decisiones sexuales más saludables, sino que también están mejor equipados para buscar ayuda si es necesario. “La información que transmito puede cambiar considerablemente la vida de una persona”, afirma Lourenço.

Recuerda que una niña, al recibir educación sexual a través de un programa de tutoría, reveló que tenía una herida crónica en el pecho; ella lo consideraba vergonzoso, pero no una emergencia. Otra joven reveló que vivía con su tío, quien había abusado de ella. “La chica se encerró y no hablaba con nadie por miedo a que la expulsaran de la casa y a acabar en la calle”, describe Lourenço. Los tutores consiguieron servicios para las dos niñas, pero Lourenço no deja de pensar en lo que podría haber ocurrido: “¿Qué hubiera sido de estas niñas si no hubiéramos intervenido?”.

La educación sexual integral también puede desempeñar un papel importante en la prevención de la violencia por razón de género. Cuando las lecciones se imparten de conformidad con las normas internacionales, incluyen mensajes acerca de los derechos humanos, la igualdad de género y el respeto en las relaciones (UNESCO et al., 2018). Los expertos exigen cada vez más que esta información sitúe la prevención de la violencia como una responsabilidad de los posibles autores, en lugar de las víctimas y las supervivientes (Schneider y Hirsch, 2020).

“En primer lugar, deben saber cuáles son sus derechos y deberes en la sociedad”, afirma Lourenço, y explica que esta es la base de la educación sexual integral tal como ella la enseña. “En segundo lugar, deben saber cómo funciona su cuerpo, para que puedan tomar decisiones por sí mismas y evitar que otros las tomen por ellas”.

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