La mutilación genital femenina es una práctica que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos. Reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos, se calcula que en todo el mundo más de 200 millones de niñas y mujeres han sido víctimas de algún tipo de mutilación genital femenina. Aunque esta práctica está disminuyendo en la mayoría de los países donde es prevalente, la mayoría de esos países también experimenta una alta tasa de crecimiento de la población, lo cual induce a pensar que el número de niñas que serán sometidas a mutilación genital femenina seguirá en aumento si la práctica persiste al ritmo actual.

El UNFPA calcula que 68 millones de niñas corren el riesgo de ser mutiladas entre 2015 y 2030. Un estudio más reciente estima que dos millones adicionales de niñas corren el riesgo de sufrir esta práctica nociva debido a la COVID-19. Proteger a las niñas dará un importante impulso para acelerar la erradicación de esta práctica dañina y, con frecuencia, mortal.

Para poner fin a la mutilación genital femenina, es necesario realizar esfuerzos coordinados y sistemáticos en los que participen las comunidades en su conjunto y que estén centrados en los derechos humanos y la igualdad de género. Las necesidades de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas sometidas a esta práctica y sus consecuencias deben abordarse de manera urgente.

El UNFPA, junto con el UNICEF, dirige el Programa conjunto para eliminar la mutilación genital femenina, el mayor programa mundial dirigido a acelerar la erradicación de esta práctica nociva. El programa se centra en la actualidad en 17 países, así como iniciativas regionales y mundiales.

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¿Qué es la mutilación genital femenina?

La mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos sin motivo médico. Se trata de una norma social y cultural profundamente arraigada —y profundamente dañina— en muchos lugares.

La práctica puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, incluidos dolor crónico, infecciones, mayor riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y depresión, complicaciones durante el parto, infecundidad y, en los peores casos, la muerte. La mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación grave de los derechos de las mujeres y las niñas.

La mutilación genital femenina es una violación de los principios y normas de derechos humanos, incluidos los principios de igualdad y no discriminación por razones de sexo; el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al más alto nivel posible de salud; los derechos del niño y el derecho a la integridad física y mental, e incluso el derecho a la vida.

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la primera resolución contra la mutilación genital femenina, con un llamado a intensificar los esfuerzos mundiales para su erradicación. En 2015, la mutilación genital femenina se incluyó en el Objetivo 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en que se hace un llamado a la erradicación de todas las prácticas nocivas.

A pesar de ello, la mutilación genital femenina sigue estando muy extendida. El UNFPA calcula que en 2023 cerca de 4,3 millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas a mutilación genital femenina. El crecimiento de la población implica la previsión de que esta cifra aumente hasta los 4,6 millones en el año 2030, a menos que se intensifiquen las iniciativas para erradicarla. Si la mutilación genital femenina continúa al ritmo actual, se estima que 68 millones de niñas serán sometidas a esta práctica entre 2015 y 2030 en 25 países en los que se trata de una práctica rutinaria y donde se cuenta con información pertinente.

En 2020 y 2022, la COVID-19 agravó la vulnerabilidad de las niñas y las mujeres, especialmente las que corren riesgo de ser sometidas a la mutilación genital femenina. La pandemia afianzó aún más las desigualdades de género, las disparidades económicas y los riesgos para la salud que enfrentan las mujeres y las niñas; también alteró los programas dirigidos a prevenir la mutilación genital femenina y otras prácticas nocivas. El UNFPA estima que, debido a la COVID-19, podrían tener lugar dos millones adicionales de casos de mutilación genital femenina en la próxima década que de otra manera podrían haberse evitado, una reducción del 33 por ciento del progreso orientado a poner fin a esta práctica.

¿Por qué se sigue practicando la MGF?

En todas las sociedades en que se practica, la mutilación genital femenina es una manifestación de una desigualdad de género profundamente arraigada. Se sigue practicando por muchos motivos. En algunas sociedades, por ejemplo, se considera un ritual iniciático; en otras, es un requisito para el matrimonio. En algunas comunidades, ya sean cristianas, judías o musulmanas, se atribuye la práctica a creencias religiosas.

Debido a que la mutilación genital femenina puede considerarse un elemento importante de una cultura o identidad, puede ser difícil para las familias optar por no someter a sus hijas a esa práctica nociva. Las personas que rechazan esta práctica pueden ser condenadas o quedar abocadas al ostracismo y sus hijas con frecuencia son consideradas no aptas para el matrimonio. En consecuencia, incluso los padres que no quieren que sus hijas sean sometidas a una mutilación genital femenina pueden sentirse obligados a formar parte de la práctica.

Alentar el abandono

El abandono colectivo, en el que toda una comunidad decide dejar de participar en la mutilación genital femenina, es una manera eficaz de poner fin a esta práctica y garantiza que ninguna niña o familia se vean perjudicadas por la decisión. Muchos expertos opinan que la mutilación genital femenina solo podrá erradicarse mediante el abandono colectivo.

Esta decisión exige abrir un proceso en el que las comunidades reciban formación en torno a la mutilación genital femenina y, posteriormente, debatan, reflexionen y lleguen a un consenso sobre la materia. Los aspectos de la mutilación genital femenina relacionados con la salud y los derechos humanos deben ocupar un lugar destacado en estos debates y las organizaciones locales y comunitarias deben desempeñar un rol importante en materia de sensibilización y educación de esas comunidades.

Cuando las comunidades deciden abandonar la práctica, a menudo se comprometen de manera colectiva y pública a que sus niñas no sean sometidas a la mutilación genital femenina, por ejemplo mediante la firma y difusión de una declaración pública o con una celebración para festejar la decisión. A menudo se invita a las comunidades vecinas a estos acontecimientos para que sean testigos del proceso exitoso de la erradicación, contribuyendo así a impulsar el abandono colectivo en otros lugares.

Medicalización

Según estimaciones recientes del UNFPA, aproximadamente una de cada cuatro niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sido sometidas a la mutilación genital femenina (es decir, 52 millones) fueron intervenidas por personal sanitario. (En algunos países, la cifra puede llegar a tres de cada cuatro niñas). Esta proporción es dos veces mayor entre las adolescentes (34 por ciento de aquellas entre 15 y 19 años) en comparación con mujeres de más edad (16 por ciento de aquellas entre 45 y 49 años). 

La práctica de la mutilación genital femenina nunca puede ser «segura» ni cuenta con justificación médica. Aunque se lleve a cabo en un entorno estéril y lo realice un profesional médico cualificado, podrían presentarse consecuencias graves de inmediato y a largo plazo. La medicalización de la mutilación genital femenina brinda una falsa sensación de seguridad. Los profesionales médicos capacitados que la realizan violan los derechos de las niñas y las mujeres a la vida, a la integridad física y a la salud. Asimismo, violan el principio médico básico de «no hacer daño».

El UNFPA trabaja con miras a movilizar trabajadores sanitarios, incluidas parteras, para que resistan la presión social que les exige realizar la mutilación genital femenina y para que se conviertan en defensoras de la prevención y de la protección en las comunidades en las que trabajan.

¿Qué está haciendo el UNFPA?

En 2008, el UNFPA y el UNICEF establecieron el Programa conjunto para eliminar la mutilación genital femenina, el mayor programa mundial para acelerar la erradicación de esta práctica y prestar servicios para paliar sus consecuencias. Es un programa a escala comunitaria, nacional, regional e internacional que pretende concienciar sobre el daño causado por la mutilación genital femenina y empoderar a las comunidades, las mujeres y las niñas a fin de que tomen la decisión de abandonarla.

El Programa se encuentra en su cuarta fase de ejecución, que se extiende de 2022 a 2030, y confirma el compromiso asumido por el UNFPA y sus asociados de poner fin a esta práctica nociva para 2030. Desde su creación en 2008, ha ayudado a más de 6 millones de niñas y mujeres a recibir servicios de prevención, protección y atención relacionados con la mutilación genital femenina. Cerca de 45 millones de personas en más de 34.659 comunidades en 15 países con alta prevalencia de mutilación genital femenina han realizado declaraciones públicas en favor del abandono de la práctica. En tanto que el Programa conjunto ha ayudado a 17 gobiernos a organizar mecanismos de respuesta a nivel nacional. Gracias a firmes iniciativas de desarrollo de las capacidades, se han registrado hasta la fecha 1.574 casos de acciones judiciales. 

El UNFPA también contribuye a fortalecer los servicios de salud para evitar la mutilación genital femenina y tratar las complicaciones que puede causar. El UNFPA trabaja con organizaciones de la sociedad civil activas en el ámbito de la formación dirigida por las comunidades y en sesiones de diálogo sobre los aspectos de esta práctica relacionados con la salud y los derechos humanos. El Fondo coopera con líderes religiosos y tradicionales para desvincular la mutilación genital femenina de la religión y para generar el apoyo necesario para su erradicación. Además, el UNFPA colabora con medios de comunicación para fomentar el diálogo en torno a esta práctica y cambiar la imagen de las niñas que no se han sometido a ella.

Con el apoyo del UNFPA y sus asociados, incluidas las comunidades, activistas, grupos feministas, líderes religiosos, personal médico, gobiernos, legisladores y organizaciones que operan en las comunidades, muchos países (entre los que figuran Egipto, Nigeria, el Sudán y Gambia) han aprobado leyes que prohíben la mutilación genital femenina y han elaborado políticas nacionales para su erradicación.

Actualizado el 18 de enero 2022