¿PODEMOS garantizar la autonomía de todas las personas?

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Podemos y debemos lograr que el derecho a la autonomía corporal sea universal. El primer paso consiste en formular y ratificar el propio concepto. Es demasiada la gente que ignora que tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su futuro.

Me di cuenta de que, en última instancia, yo tenía el control de mi cuerpo. Mi cuerpo me pertenece.

La educación es la clave

La educación es la clave. Las mujeres con un mayor nivel de educación tienen más probabilidades de tomar sus propias decisiones sobre el uso de anticonceptivos y la atención de la salud, así como de poder negarse a mantener relaciones sexuales. La educación sexual integral —es decir, la información precisa y adaptada a la edad sobre la salud y los derechos reproductivos— también es crucial. Esta educación no solo ayuda a evitar los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual, sino que también capacita a las personas para defenderse a sí mismas.

La educación es la clave

La educación es la clave. Las mujeres con un mayor nivel de educación tienen más probabilidades de tomar sus propias decisiones sobre el uso de anticonceptivos y la atención de la salud, así como de poder negarse a mantener relaciones sexuales. La educación sexual integral —es decir, la información precisa y adaptada a la edad sobre la salud y los derechos reproductivos— también es crucial. Esta educación no solo ayuda a evitar los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual, sino que también capacita a las personas para defenderse a sí mismas.

profesionales sanitarios

Los profesionales sanitarios desempeñan un papel fundamental a la hora de defender y reafirmar la autonomía corporal de quienes buscan información y atención. Los pacientes deben ser conscientes de sus derechos y se les debe pedir un consentimiento informado. Las directrices médicas, la formación sobre los requisitos legales y la capacitación específica para sensibilizar sobre la perspectiva de género pueden ayudar a los profesionales sanitarios a respaldar de un modo activo la autonomía corporal de los pacientes.

normas sociales

Las normas sociales también deben ser más equitativas en materia de género. Mejorar las oportunidades de las mujeres de ganarse la vida y desempeñar funciones de liderazgo en su comunidad y fuera de ella, puede incrementar su poder para tomar decisiones en los hogares y sobre su cuerpo. Asimismo, el progreso depende fundamentalmente de la disposición de los hombres a abandonar los papeles dominantes que privilegian su poder y su libertad de elección en detrimento del poder y la libertad de elección de las mujeres.

normas sociales

Las normas sociales también deben ser más equitativas en materia de género. Mejorar las oportunidades de las mujeres de ganarse la vida y desempeñar funciones de liderazgo en su comunidad y fuera de ella, puede incrementar su poder para tomar decisiones en los hogares y sobre su cuerpo. Asimismo, el progreso depende fundamentalmente de la disposición de los hombres a abandonar los papeles dominantes que privilegian su poder y su libertad de elección en detrimento del poder y la libertad de elección de las mujeres.

leyes

Las leyes pueden tener un efecto importante sobre los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la salud sexual y reproductiva. Deben estar en consonancia con los principios y compromisos de derechos humanos convenidos a escala mundial y revisarse para que apliquen la perspectiva de género. El poder judicial y la policía también deben conocer estas leyes y principios.

Y, por último, saber cuáles son los vínculos entre las diferentes formas de autonomía corporal puede animar a los activistas —los y las que defienden desde los derechos de las personas con discapacidad hasta los derechos LGBTI, pasando por los de las comunidades indígenas— a trabajar juntos en pro de una visión unificada de respeto, dignidad y autodeterminación.

Ilustraciones

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El sexo como trabajo

Liana defiende los derechos de los trabajadores sexuales en Indonesia.
Ilustración original de Naomi Vona; foto por cortesía de Liana.

“En realidad no sabía que puedo decidir y que tengo el control de mi cuerpo hasta que me convertí en trabajadora sexual”, explica Liana través de un traductor en Indonesia.

Ahora Liana ya está acostumbrada a romper con las expectativas: una titulada universitaria, de clase media y ex contable no encaja en el estereotipo de una trabajadora sexual. “Cuando mi bebé tenía cuatro meses, mi marido falleció”, recuerda. Sus ingresos no eran suficientes y, al mismo tiempo, el negocio familiar estaba en apuros y su hermana tenía dificultades financieras.

“Visité un conocido establecimiento de la industria del sexo y solicité trabajar allí,” relata, haciendo hincapié en que lo hizo por decisión propia. “Lo decidí yo; nadie me obligó”.

Actualmente, Liana es la coordinadora nacional de OPSI, una red que defiende a los trabajadores sexuales y les presta servicios—como, por ejemplo, en materia de atención de la salud—que recibe apoyo del UNFPA. “En realidad hay muchos tipos de trabajadores sexuales”, explica. “Hay hombres, hay personas transgénero, y las razones por las que se dedican a esto varían de una persona a otra. La mayoría busca una fuente de ingresos”.

Monika, de Macedonia del Norte, se convirtió en trabajadora sexual tras perder su trabajo y divorciarse. Ella también afirma con convicción que fue por decisión propia. “Tenía 19 o 20 años. Era lo bastante consciente y madura para pensar lo que quería y lo que no quería hacer”. Hoy, como coordinadora regional de STAR —el primer colectivo de trabajadores sexuales de los Balcanes, también asociado del UNFPA— comenta que ha observado que esta es la norma: “Casi todos los trabajadores sexuales que conozco se han dedicado voluntariamente al trabajo sexual”.

Aun así, tanto Liana como Monika reconocen que la trata sexual —la explotación sexual por la fuerza o mediante la coacción, el fraude o el engaño— es motivo de gran preocupación en la industria. Sus respectivas organizaciones trabajan en estrecha colaboración con víctimas y supervivientes, y los ayudan a obtener servicios y a dejar el trabajo sexual si así lo desean.

La prevalencia de la explotación y el abuso ha centrado gran parte de la conversación en torno a la situación jurídica del trabajo sexual. Tanto los defensores de la despenalización como quienes se oponen a ella mencionan la necesidad de proteger a las personas de los abusos.

Pero los contrarios a la despenalización consideran que el concepto de “consentimiento” en la industria del sexo es, por naturaleza, problemático. En efecto, los estudios muestran que muchos de los que se dedican al trabajo sexual han experimentado una mayor vulnerabilidad: en la infancia han sido víctimas de la pobreza, han padecido abusos, han vivido en un entorno familiar inestable y han tenido problemas para acceder a la economía formal, en particular debido a la falta de educación (McCarthy et al., 2014). Se considera que estos factores socavan su capacidad de consentimiento libre e informado. Además, una proporción considerable de los trabajadores sexuales —entre el 20% y el 40%, según las estimaciones— se inician en el trabajo sexual en la infancia (Parcesepe et al., 2016), lo que constituye una clara violación de los derechos humanos.

Diversos instrumentos en favor de los derechos humanos han respondido a estas vulnerabilidades. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exige que se adopten “todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”. Y los Protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional incluyen “la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación” en la definición de la trata de personas.

Sin embargo, muchos defensores de los trabajadores del sexo consideran que el enfoque en la vulnerabilidad en realidad los despoja de su seguridad y autonomía. Tanto Liana como Monika manifiestan que eligieron libremente continuar el trabajo sexual, a pesar de que percibían unos ingresos suficientes fuera del sector.

“Por favor, no den por supuesto que todos los trabajadores sexuales son víctimas de trata. Hay personas como yo que eligen este trabajo intencionalmente. Nadie nos engaña”, afirma Liana. “Cuando preguntamos a miembros de OPSI si abandonarían el trabajo sexual si encontraran otro trabajo, la mayoría de las veces la respuesta es que no”. Los trabajos a los que pueden acceder los trabajadores sexuales suelen estar mal remunerados, explicó, y el trabajo sexual ofrece una flexibilidad que muchos encuentran deseable. “Pueden organizar su tiempo. Pueden cumplir sus obligaciones hacia la sociedad y estar más unidos a sus hijos”.

El trabajo sexual —o algunos de sus aspectos, como la facilitación— es ilegal en la mayoría de los países, de acuerdo con la Red Mundial de Proyectos sobre el Trabajo Sexual. Según Liana y Monika, lo único que consiguen esas leyes es empujar la profesión a la clandestinidad, lo que aumenta las dificultades de los trabajadores sexuales para descartar a los clientes violentos. La penalización también expone a los trabajadores sexuales al riesgo de que los detengan y hace que tengan miedo de denunciar a los abusadores, afirman. Algunos policías también acosan a los trabajadores sexuales y abusan de ellos, “ya que, como saben que el trabajo sexual no es legal, creen que no los denunciaremos y que no podemos hacer nada”, explica Monika.

Ellas desearían que se penalizara y se sancionara la violencia y la explotación sexual en lugar del trabajo sexual. Liana hizo hincapié en que “la violencia no solo afecta a los trabajadores sexuales. Atañe a todas las mujeres y los grupos minoritarios”.

El movimiento para despenalizar el trabajo sexual ha ganado terreno en los últimos años en las Naciones Unidas; numerosos organismos y programas, como la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA, están incorporándose a él como un medio eficaz para prevenir la transmisión del VIH y eliminar la discriminación contra las poblaciones vulnerables (OMS, 2014; ONUSIDA, 2012).

Al mismo tiempo, las Naciones Unidas están redoblando sus esfuerzos para eliminar la explotación y los abusos sexuales. La preocupación que despiertan las fuerzas de paz y los trabajadores humanitarios que mantienen relaciones de explotación con trabajadores sexuales y personas vulnerables y marginadas ha llevado a la institución a reforzar el control del cumplimiento de las normas que prohíben que el personal intercambie dinero, bienes o servicios por sexo, incluso en los países donde el trabajo sexual es legal. Estas posiciones —que la despenalización ayudará a salvaguardar la salud y los derechos de las trabajadoras sexuales, y también que los miembros del personal no deben adquirir relaciones sexuales, aunque sea legal— no son contradictorias, afirman funcionarios de las Naciones Unidas.

“El personal de las Naciones Unidas no debe participar en ninguna actividad que pudiera dar lugar a la explotación sexual. Esto no constituye un juicio sobre el trabajo sexual voluntario desempeñado por adultos informados y con su consentimiento, pero hay que reconocer que el hecho de que el trabajo sexual sea legal no garantiza que sea voluntario”, comenta Eva Bolkart, que coordina las acciones del UNFPA para prevenir la explotación y los abusos sexuales.

Monika y Liana están de acuerdo en que la legalidad por sí sola no es suficiente. Para ellas, la despenalización debe ir acompañada de la desestigmatización. Mientras que los trabajadores sexuales no disfruten del mismo respeto y dignidad que los ciudadanos normales, seguirán obligados a trabajar en la sombra, donde los abusos se pueden ocultar. “Somos padres y madres. Somos hijos. Tenemos familia”, argumenta Monika. “Nadie tiene por qué tratarnos de forma diferente debido a nuestra profesión. El trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro”.

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