Derechos humanos

Los derechos humanos son esenciales para todas las personas y deben protegerse, respetarse y cumplirse en todas ellas: hombres, mujeres, personas casadas y no casadas, y personas de todas las edades, independientemente de su condición o identidad.

Los derechos humanos incluyen los derechos de la mujer y los derechos sexuales y reproductivos. Esto se confirmó a nivel internacional en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993 y en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de El Cairo de 1994.

De hecho, los derechos en materia de salud sexual y reproductiva forman parte de un continuo de derechos humanos.  En 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  consolidó el derecho a la salud sexual y reproductiva, que no es únicamente parte integral del derecho a la salud, sino que está en prefecta consonancia con el goce de numerosos derechos humanos, como el derecho a  la vida, a la salud y la educación, el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la privacidad y el derecho a vivir libre de tortura, así como el derecho a la autonomía individual.

Estos derechos están interrelacionados y son interdependientes. Por ejemplo, cuando se deniega a una adolescente el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, es más probable que se quede embarazada a una edad temprana y abandone la escuela, lo que afecta a su derecho a la educación. También tiene más probabilidades de morir o sufrir lesiones durante el embarazo o el parto, lo que afecta a su derecho a la vida y al más alto nivel posible de salud. Sus decisiones y su futuro potencial se verán limitados, lo que afecta a su autodeterminación y su derecho a un nivel de vida adecuado.

En las últimas décadas se han promulgado leyes y políticas para proteger los derechos de la mujer y los derechos sexuales y reproductivos en muchos países.

Pese a este avance, la aplicación de estas leyes y políticas ha sido incongruente. Muchos grupos marginados y poblaciones vulnerables han experimentado un avance limitado.

Un ejemplo clave es el progreso desigual en la erradicación del matrimonio precoz y forzoso. Una de las convenciones de derechos humanos más ratificadas a nivel universal, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, prohíbe el matrimonio infantil y afirma que el matrimonio solo puede celebrarse con el consentimiento libre y pleno de una persona. Pero el matrimonio infantil persiste, incluso en lugares donde es ilegal.

El UNFPA promueve, junto con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, la elaboración de normas de derechos humanos y marcos de rendición de cuentas internacionales, que ayudan a supervisar la aplicación de las recomendaciones sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos. El UNFPA también trabaja con sistemas nacionales y regionales de protección de los derechos humanos, incluidas instituciones nacionales de derechos humanos.

Mediante el fortalecimiento de los sistemas nacionales de rendición de cuentas y protección de los derechos humanos, el UNFPA ayuda a controlar la prestación y la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva. Con ello se complementan los esfuerzos para eliminar los obstáculos que impiden a determinados grupos —como las mujeres y las niñas, los adolescentes y las personas con discapacidad— acceder a estos servicios. Por ejemplo, el UNFPA apoyó recientemente un análisis de la equidad de la atención sanitaria realizado por el Ministerio de Salud de Viet Nam. Tras el análisis, el Gobierno se comprometió a mejorar el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva de las poblaciones vulnerables y pobres.

El UNFPA aplica un enfoque basado en los derechos humanos en todos sus programas. Esto implica que la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género es el eje fundamental de todas las actividades del UNFPA, desde la formación de parteras y la elaboración de planes de estudios de educación sexual completa hasta el apoyo de la capacidad de los gobiernos para proteger y cumplir los derechos humanos.