Declaración de la Directora Ejecutiva del UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), Dra. Natalia Kanem, con ocasión del Día de los Derechos Humanos 2022

Con motivo del Día de los Derechos Humanos este año, hacemos un llamado a todo el mundo para defender los Derechos Humanos: #StandUp4HumanRights. Las 8 mil millones de personas que viven en el mundo a día de hoy deberían poder disfrutar de todos sus derechos, tal y como establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales y leyes nacionales. Este año, desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) aplaudimos los avances de muchos países al aprobar leyes y reglamentos que garantizan el acceso pleno e igualitario a la salud y a los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Tenemos información sobre estos progresos porque, por primera vez a escala mundial, podemos medirlos gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. UNFPA ha realizado un estudio en 153 países que representan a casi un 90%de la población mundial. Un alentador 76% cuenta con legislación que salvaguarda los derechos sexuales y derechos reproductivos en la actualidad. Las noticias son más gratas en algunos aspectos que en otros:  por ejemplo, más del 90% de estos países garantizan servicios y confidencialidad en el tratamiento del VIH; no obstante, en 1 de cada 5 países, las mujeres o adolescentes que necesitan servicios anticonceptivos continúan requiriendo de autorización por parte de un tercero, como un cónyuge o un tutor.

Las leyes, desde el derecho internacional en materia de Derechos Humanos hasta la legislación local, constituyen un escudo contra las normas y prácticas nocivas, la discriminación y la violencia. Sin embargo, la legislación solo tiene sentido si se aplica plenamente y sin prejuicios, si se defiende ante los tribunales y si se supervisa para exigir responsabilidades.

Promulgar leyes basadas en los Derechos Humanos no es suficiente. También debemos trabajar para suprimir la reglamentación discriminatoria que impide a las personas tomar sus propias decisiones sobre su salud, derechos sexuales y derechos reproductivos, como la necesidad de que una mujer esté casada para acceder a servicios de salud materna o para poder elegir tener relaciones sexuales.

Además, en un mundo plagado de crisis y conflictos, debemos prestar más atención a la defensa de los derechos básicos de las mujeres y niñas en entornos humanitarios, que se enfrentan a un mayor riesgo de violencia de género, incluida la violación como arma de guerra y otras vulneraciones de los Derechos Humanos. Su seguridad, dignidad y salud deben protegerse a toda costa.

Un nuevo estudio de UNFPA resalta los pasos clave que se necesitan para que las leyes pasen de la teoría a la práctica, como asignaciones presupuestales, orientaciones técnicas y  capacitación de las y los trabajadores sanitarios. Todos estos elementos son necesarios para luchar contra las continuas violaciones de los derechos reproductivos en todo el mundo. Es necesario, asimismo, combatir las arraigadas desigualdades de género, las normas sociales que menosprecian a las mujeres y niñas, así como las prácticas que desvirtúan la autonomía corporal. Ello requerirá una serie de intervenciones, como una educación sexual integral que proporcione información precisa desde el punto de vista médico, respetuosa con las particularidades culturales y basada en los derechos; unos servicios sanitarios libres de estigmas, y unas oportunidades en el trabajo y en los puestos de liderazgo en las que impere la igualdad de género.

Hoy, celebramos el progreso realizado mediante cambios legislativos, que nos acerca más a la promesa de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, y a su llamado para situar los derechos de las personas, en particular de las mujeres y niñas, en el centro del desarrollo sostenible. Nuestra tarea consiste ahora en acelerar el ritmo del cambio por medio de reformas continuas y ambiciosas, que estén respaldadas por una mayor inversión y una voluntad política reforzada. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en su totalidad, pertenecen a todas las personas. Todos los sistemas jurídicos deben defenderlos.