La MGF comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos sin motivo médico. Se trata de una norma social y cultural profundamente arraigada en muchos lugares.

La práctica puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, incluidos dolor crónico, infecciones, mayor riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y depresión, complicaciones durante el parto, infecundidad y, en el peor de los casos, la muerte.  La MGF es reconocida internacionalmente como una violación grave de los derechos de las mujeres y las niñas.

La MGF es una violación de los principios y normas de derechos humanos, incluidos los principios de igualdad y no discriminación por razones de sexo; el derecho a vivir sin tortura ni trato o pena cruel, inhumana y degradante; el derecho al más alto nivel posible de salud; los derechos del niño y el derecho a la integridad física y mental, e incluso el derecho a la vida.

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la primera resolución contra la mutilación genital femenina, con un llamamiento a intensificar los esfuerzos mundiales para su erradicación.  En 2015, la MGF se incluyó en la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en que se hace un llamamiento a la erradicación de todas las prácticas nocivas.

A pesar de lo anterior, la MGF sigue estando muy extendida.  Se calcula que, en 2019, 4,1 millones de niñas estaban en riesgo de ser sometidas a la MGF y, debido al crecimiento de la población, se prevé que ese número aumente a 4,6 millones de niñas en el año 2030 a menos que se intensifiquen las iniciativas para erradicarla. Si la MGF sigue aumentando al ritmo actual, se estima que 68 millones de niñas serán sometidas a esta entre 2015 y 2030 en 25 países en los que se trata de una práctica rutinaria y en que se cuenta con información pertinente. En 2020 y 2022, la COVID-19 agravó la vulnerabilidad de las niñas y las mujeres, especialmente las que corren riesgo de ser sometidas a la MGF. La pandemia ha afianzado aún más las desigualdades de género, las disparidades económicas y los riesgos para la salud que enfrentan las mujeres y las niñas, y ha perturbado los programas de prevención dirigidos a la eliminación de la mutilación genital femenina y otras prácticas nocivas. El UNFPA estima que, debido a la COVID-19, podrían ocurrir dos millones de casos de MGF en la próxima década que de otra manera se habrían evitado, lo cual daría lugar a una reducción del 33 % del progreso orientado a poner fin a la práctica de la mutilación genital femenina.

En las sociedades en que se practica, la MGF es una manifestación de una desigualdad de género profundamente arraigada. Se sigue practicando por muchos motivos.  En algunas sociedades, por ejemplo, se considera un ritual iniciático;  en otras, es un requisito para el matrimonio. Algunas comunidades, tanto cristianas como judías o musulmanas, le atribuyen una base religiosa.

Debido a que la MGF puede considerarse un elemento importante de una cultura o identidad, podría ser difícil para las familias optar por no someter a sus hijas a esa práctica nociva. Las personas que rechazan esa práctica pueden ser condenadas o quedar abocadas al ostracismo, y sus hijas con frecuencia son consideradas no aptas para el matrimonio. En consecuencia, incluso los padres que no quieren que sus hijas se sometan a una MGF pueden sentirse obligados a someterlas a la práctica.

El abandono colectivo, en el que toda una comunidad decide dejar de participar en la mutilación genital femenina, es una manera eficaz de poner fin a esta práctica y garantiza que ninguna niña o familia se vean perjudicadas por la decisión. Muchos expertos opinan que la MGF solo podrá erradicarse mediante el abandono colectivo.

Esta decisión exige abrir un proceso en el que las comunidades reciban formación en torno a la práctica y a partir de esto se abra un espacio en que debatan, reflexionen y lleguen a un consenso sobre la materia, y en que los aspectos de la MGF relacionados con la salud y los derechos humanos ocupen un lugar destacado y en que organizaciones locales y comunitarias desempeñen un rol importante en materia de sensibilización y educación de esas comunidades.

Cuando las comunidades deciden abandonar la práctica, a menudo organizan manifestaciones colectivas, como la firma y difusión de una declaración pública o una celebración para festejar la decisión. A menudo se invita a las comunidades vecinas a esos acontecimientos para que sean testigos de un proceso exitoso de eliminación, contribuyendo así a impulsar el abandono colectivo en otros lugares.

Según estimaciones recientes del UNFPA, aproximadamente una de cada cuatro niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sido sometidas a la MGF (es decir, 52 millones) fueron intervenidas por personal sanitario. (En algunos países, esto puede llegar a tres de cada cuatro niñas.) Esta proporción es dos veces mayor entre las adolescentes (34 % entre las de 15 a 19 años) en comparación con las mujeres de edad (16 % entre los de 45 a 49 años). 

La práctica de la MGF no puede nunca ser “segura” ni cuenta con justificación médica.  Aunque se lleve a cabo en un entorno estéril y lo realice un profesional médico calificado, podrían presentarse consecuencias graves de inmediato y a largo plazo.  La medicalización de la MGF da una falsa sensación de seguridad.  Los profesionales médicos capacitados que realizan los procedimientos están violando los derechos de las mujeres y las niñas a la vida, a la integridad física y a la salud.  Igualmente, están violando la obligación médica fundamental de "no hacer daño", y esto es un desafío a los esfuerzos para erradicar la práctica.

El UNFPA está trabajando con miras a movilizar trabajadores sanitarios, incluidas parteras, para que resistan la presión social que les exija realizar procedimientos de MGF y para que, en lugar de ello, se conviertan en defensoras de la prevención de la MGF y protejan a sus comunidades.

En 2008, el UNFPA y UNICEF establecieron el Programa conjunto para eliminar la mutilación genital femenina, el mayor programa mundial para acelerar la eliminación de la MGF y prestar servicios de atención para paliar sus consecuencias.  Es un programa a escala comunitaria, nacional, regional e internacional que pretende concienciar sobre el daño causado por la MGF y empoderar a las comunidades, las mujeres y las niñas a fin de que tomen la decisión de abandonar su práctica.

El Programa se encuentra en su cuarta fase de ejecución, que se extiende de 2022 a 2030, y confirma el compromiso asumido por el UNFPA y sus asociados de poner fin a esta práctica nociva para 2030. Desde su creación en 2008, ha ayudado a más de 5,5 millones de niñas y mujeres a recibir servicios de prevención, protección y atención relacionados con la mutilación genital femenina. Cerca de 42,5 millones de personas en más de 30.182 comunidades en 15 países con alta prevalencia de MGF han realizado declaraciones públicas en favor del abandono de esa práctica nociva. En tanto que el Programa conjunto ha ayudado a 17 gobiernos a organizar mecanismos de respuesta a la MGF. Gracias a firmes iniciativas de desarrollo de las capacidades, se han registrado hasta la fecha 1368 casos de acciones judiciales. 

El UNFPA también contribuye a fortalecer los servicios de salud para evitar la MGF y tratar las complicaciones que puede causar, y trabaja con organizaciones de la sociedad civil activas en el ámbito de la formación dirigida por las comunidades y en sesiones de diálogo sobre los aspectos de esta práctica relacionados con la salud y los derechos humanos. El Fondo coopera con líderes religiosos y tradicionales para desvincular la MGF de la religión, y para generar el apoyo necesario para su erradicación. Además, el UNFPA colabora con medios de comunicación para fomentar el diálogo en torno a esta práctica y cambiar la imagen de las niñas que no se han sometido a ella.

Con el apoyo del UNFPA y otros organismos de las Naciones Unidas, muchos países (entre los que figuran Egipto, Nigeria, Sudán y Gambia) han aprobado leyes que prohíben la MGF y han elaborado políticas nacionales para su erradicación.

Actualizado el 1 de febrero 2022