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Estado de la población mundial 2010

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Capítulo Dos

Una resolución y la realidad: una década sobre el terreno

A comienzos del año 2000, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas comenzó a prestar atención a la manera de proteger a las mujeres durante los conflictos y a exigir que esa cuestión se incluya en las medidas de prevención de la guerra y fomento de una paz duradera, el mundo había atravesado un decenio de guerras étnicas, a veces genocidas, que se cobraron muchas más vidas de civiles que de combatientes. Pero, paradójicamente, el decenio de 1990 también había sido un período de progreso internacional sin precedentes y de compromiso en pro de la mujer.

Estella Bamba, oficial de policía de las Naciones Unidas, oriunda de Zambia, asesora a la policía liberiana en la Comisaría de Policía de Salem, en Monrovia.
©VII Photo/Marcus Bleasdale

Los eventos más destacados fueron la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993 en Viena, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo realizada en 1994 en El Cairo y la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing. Esas tres conferencias abordaron cuestiones relativas a la mujer en situaciones de conflicto e incluyeron medidas para proteger sus derechos. Era el momento apropiado para subsanar la brecha entre las promesas y la realidad.

En su preámbulo a la resolución 1325, el Consejo reconoció “que la comprensión de los efectos de los conflictos armados en las mujeres y la niñas, unos mecanismos institucionales eficaces para garantizar su protección y la plena participación en el proceso de paz pueden contribuir considerablemente al mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad internacionales”. Con esta resolución, el Consejo adoptó la histórica decisión de ampliar la definición de su mandato. De allí en más, el trato infligido a las mujeres y los papeles de éstas en la guerra y en la paz se incorporarían en las consideraciones de seguridad internacional.

Anwarul Chowdhury, de Bangladesh, era a la sazón miembro del Consejo de Seguridad y nunca olvidó el poder de aquel momento. “La aprobación de la resolución 1325 abrió la tan esperada oportunidad para las mujeres, quienes han demostrado reiteradamente que aportan una mejora cualitativa a la estructuración de la paz y la arquitectura posterior a los conflictos”, escribió en marzo de 2010 en un artículo de opinión para Inter Press Service. Dijo que, consideradas conjuntamente, “la Plataforma de Acción de Beijing y la resolución 1325 son inigualadas en cuanto a su potencial para ampliar los medios de acción de la mujer, no sólo a fin de otorgar al 50% de la población mundial lo que merece, sino también para transformar al mundo en un mejor lugar para vivir. Pero, ¿cuál es la situación en cuanto a llevar a la práctica esas disposiciones?”

[6] DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobada por 189 países en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en Beijing en 1995, destacó que la violencia contra la mujer es tanto una violación de los derechos humanos de la mujer como un impedimento para el cabal disfrute por la mujer de todos los derechos humanos. El enfoque fue responsabilizar a los Estados por sus acciones para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer. En la Plataforma de Acción de Beijing se indicaron esferas de preocupación de importancia crítica que requieren urgentes medidas para alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y paz; una de esas esferas es la violencia contra la mujer.

Se reconoció que la violencia contra la mujer constituye una conculcación de sus derechos humanos y se aclararon las ineludibles obligaciones de los Estados de prevenir, eliminar y castigar esa violencia, y su responsabilidad si no cumplen con tales obligaciones. Dichas obligaciones dimanan del deber de los Estados de adoptar medidas para respetar, proteger, promover y dar plena vigencia a los derechos humanos.

Es así como las reclamaciones para que el Estado adopte todas las medidas apropiadas en respuesta a la violencia contra la mujer ya no son cuestión discrecional, sino que se transforman en derechos garantizados jurídicamente. El marco de derechos humanos proporciona acceso a varios instrumentos y mecanismos elaborados para responsabilizar a los Estados a nivel internacional y regional. Entre esos mecanismos figuran los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos y los tribunales penales internacionales, así como los sistemas de protección de los derechos humanos establecidos a nivel africano, europeo e interamericano.

Fuente: Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer: informe del Secretario General, 6 de julio de 2006

Chowdhury presidía el Consejo de Seguridad en marzo de 2000, cuando se puso a consideración la cuestión de proteger e involucrar a la mujer. “Se me acusó de introducir en el temario una cuestión secundaria y hubo enorme resistencia al respecto”, dijo en una entrevista. “Los delegados no ponían conectar intelectualmente la mujer con la seguridad”. Recién en octubre de 2000, la resolución fue aprobada.

La Comisaría de Policía de Salem, en Monrovia, Liberia, cuyo personal está integrado por un 25% de mujeres.
©VII Photo/Marcus Bleasdale

En la resolución 1325 se formulan pedidos concretos al Secretario General y, por su conducto, al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Entre ellos, ampliar el papel de la mujer entre los observadores militares, la policía civil, los oficiales de derechos humanos y el personal de asistencia humanitaria. La resolución no entraña el mismo nivel de obligación de puesta en práctica que el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el cual faculta al Consejo de Seguridad para imponer sanciones o autorizar la intervención militar. La resolución expresa “su voluntad de incorporar una perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz e insta al Secretario General [quien, como jefe de la Secretaría de las Naciones Unidas supervisa al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz] a que vele por que, cuando proceda, las operaciones sobre el terreno incluyan un componente de género”

La respuesta fue considerada lenta, de modo que el Consejo de Seguridad no se limitó a la resolución 1325. La resolución 1820, aprobada el 19 de junio de 2008, utiliza expresiones más enérgicas que dirige a los combatientes de todo tipo y a todos los gobiernos, los cuales tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos. La resolución “exige que todas las partes en conflictos armados pongan fin sin dilación y por completo a todos los actos de violencia sexual contra civiles, con efecto inmediato”. Destaca la necesidad de que los crímenes de violencia sexual queden excluidos de las disposiciones de amnistía en el contexto de los procesos de solución de conflictos y recuerda a todas las partes en un conflicto que “la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al genocidio”. Esos crímenes han sido codificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y son de incumbencia de los tribunales regionales que entienden en crímenes de guerra. Para ese entonces, durante muchos años se había informado ampliamente acerca de los incidentes de violencia por motivos de género, especialmente en la República Democrática del Congo.

[7] HACIA LA OBTENCIÓN DE DATOS FIDEDIGNOS

El UNFPA y otras entidades de las Naciones Unidas están preparando nuevos sistemas para recopilar y analizar datos desglosados por sexo que sirvan de base para las intervenciones de asistencia humanitaria en situaciones de conflicto, posteriores a conflictos y de emergencia. Hasta ahora, los datos, especialmente sobre violencia por motivos de género, han sido escasos o inexistentes.

En octubre de 2009, en respuesta a un pedido del Consejo de Seguridad, el Equipo de Tareas Interinstitucional sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad, de las Naciones Unidas, estableció un Grupo de Trabajo Técnico sobre indicadores mundiales de la aplicación de la resolución 1325 por las Naciones Unidas y por los Estados Miembros. El UNFPA es miembro de este Grupo de Trabajo Técnico y está ayudando a preparar un conjunto final de indicadores que el Secretario General de las Naciones Unidas ha de presentar al Consejo de Seguridad en octubre de 2010.

El UNFPA, colaborando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con el Comité Internacional de Rescate, elaboró el Sistema de gestión de la información sobre la violencia de género, que puede servir como modelo para realzar la programación basada en datos y mejorar la coordinación en este tema. Ese sistema piloto es resultado de un esfuerzo por sistematizar el manejo de datos pertinentes en todos los sectores que se ocupan de la asistencia humanitaria. El nuevo sistema ha de proporcionar un instrumento y una metodología estandarizados para la recopilación y el análisis de datos, además de mejorar la calidad de la información sobre violencia por motivos de género en ámbitos de asistencia humanitaria y reforzar la adopción de decisiones a nivel local, nacional y mundial.

A partir de 2009, el UNFPA, el UNIFEM y la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer han tratado de fomentar las capacidades de los países en la formulación de planes de acción nacionales de conformidad con la resolución 1325 y para que preparen o perfeccionen indicadores de esos planes a fin de supervisar la aplicación de la resolución 1325 (y la resolución 1820). En 2009, Uganda y Sierra Leona formularon planes de ese tipo, con sus correspondientes indicadores.

Un año y tres meses después, el 30 de septiembre de 2009, en su resolución 1888 el Consejo de Seguridad reiteró “su profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de su repetida condena de la violencia contra las mujeres y los niños, incluidas todas las formas de violencia sexual en situaciones de conflicto armado, y no obstante sus llamamientos dirigidos a todas las partes en los conflictos armados para que pongan fin a esos actos con efecto inmediato, tales actos siguen ocurriendo y en algunas situaciones se han vuelto sistemáticos y generalizados”. Cinco días después de que se hubo aprobado esa resolución, el Consejo de Seguridad reiteró su exhortación a que los gobiernos y las propias Naciones Unidas informen más cabalmente sobre la manera en que están aplicando la resolución 1325.

A mediados de 2010, 18 de los 192 Estados Miembros habían preparado planes nacionales de acción que los comprometían a sumarse a las acciones mundiales para proteger a las mujeres e incluirlas en las decisiones y las acciones relativas a la guerra y la paz. Los países que acataron las exhortaciones, con planes adaptados a las respectivas situaciones, son: Austria, Bélgica, Chile, Côte d’Ivoire, Dinamarca, España, Filipinas, Finlandia, Islandia, Liberia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sierra Leona, Suecia, Suiza y Uganda. De ese grupo, cinco países habían emprendido activamente tareas de recuperación posterior a conflictos y fomento de la paz. A mediados del año, se informó de que había otros países que estaban preparando planes nacionales, lo cual es importante no sólo como signo de compromiso, sino también como manera de institucionalizar las resoluciones del Consejo de Seguridad en el ámbito de los gobiernos y deslindar las responsabilidades de los funcionarios y las oficinas encargados de aplicar dichas resoluciones. Al aproximarse el décimo aniversario de la aprobación de la resolución 1325, se prevé que habrá mayor cantidad de planes de ese tipo finalizados y publicados y también se espera que sean paulatinamente puestos en práctica.

[8] CÓMO SE PREPARÓ EN FILIPINAS EL PLAN DE ACCIÓN RELATIVO A LA RESOLUCIÓN 1325

La respuesta de un país a un pedido de las Naciones Unidas de que prepare un plan de campaña para la aplicación de la resolución 1325 no necesariamente debe aguardar a que sea el Gobierno el que adopte medidas. En Filipinas, donde hubo conflictos, la ciudadanía tomó la iniciativa. Jasmin Galace, Directora Adjunta del Centro de Educación para la Paz, relata lo que ocurrió.

La historia comenzó a fines de 2007, con tres mujeres reunidas en la cafetería de una universidad femenina en Filipinas, quienes se preguntaban si había habido en el país novedades sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las tres se pusieron en contacto con la Comisión Filipina de Mujeres y juntas organizaron un curso práctico nacional en beneficio de organizaciones pro paz y grupos de mujeres, con el propósito de crear conciencia sobre la resolución e investigar si había iniciativas para ponerla en práctica. Querían saber de qué manera la resolución podía ganar terreno. El curso práctico fue organizado por el International Women’s Tribune Centre; Sulong CARHRIHL, una organización defensora de la paz y los derechos humanos, y la Comisión Filipina de Mujeres.

El resultado fue la decisión de formular un plan de acción nacional para llevar a la práctica las resoluciones 1325 y 1820 e invitar al organismo gubernamental para la paz, la Oficina del Asesor Presidencial sobre el Proceso de Paz, a que condujera la preparación de un plan nacional de acción. Se estableció un comité preparatorio que celebró seis consultas regionales en todo el país. Ese comité preparó un proyecto inicial de plan de acción sobre la mujer, la paz y la seguridad, a título de documento de trabajo. Ese proyecto fue enriquecido mediante varias consultas a múltiples interesados directos realizadas en seis regiones de Filipinas, entre agosto y octubre de 2009.

Participaron en las consultas funcionarios gubernamentales de organismos tanto nacionales como locales, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, representantes de poblaciones indígenas y grupos profesionales, y de comunidades de base y organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones relativas a la paz, la mujer y los derechos humanos. En el programa de las consultas figuraba un análisis de la situación relativa a la mujer, la paz y el conflicto, las aspiraciones futuras de paz, las iniciativas de las mujeres pertinentes al establecimiento de la paz y las recomendaciones sobre lo que debería incluirse en un plan de acción nacional.

En octubre de 2009 se presentó un proyecto de plan en un curso práctico nacional de organizaciones de la sociedad civil, patrocinado por el International Women’s Tribune Centre. Se realizó un curso práctico similar para representantes a nivel nacional de los mismos organismos gubernamentales consultados en las regiones. Seguidamente, el proyecto de plan de acción nacional fue enviado a los participantes en las consultas regionales para que agregaran sus observaciones y sugerencias. La versión final del plan de acción nacional estuvo a cargo del comité preparatorio y se dio a conocer el 25 de marzo de 2010.

El Plan de Acción Nacional de Filipinas tiene cuatro objetivos:

  • Velar por la protección de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado y posteriores a conflictos y prevenir la conculcación de esos derechos;
  • Facultar a las mujeres y asegurar su activa y significativa participación en todo lo atinente a: establecimiento de la paz, mantenimiento de la paz, prevención de conflictos, resolución de conflictos y reconstrucción posterior a conflictos;
  • Promover e incorporar la perspectiva de género en todos los aspectos relativos a prevención de conflictos, resolución de conflictos y establecimiento de la paz;
  • Institucionalizar un sistema de seguimiento y presentación de informes que organice el seguimiento, la evaluación y la preparación de informes, de modo de consolidar las responsabilidades por la efectiva aplicación del Plan de Acción Nacional y el logro de sus objetivos.

La puesta en práctica del Plan comenzó en abril de 2010, con la entrega de 200.000 dólares EE.UU. a las organizaciones de mujeres y grupos pro paz por la Oficina del Asesor Presidencial sobre el Proceso de Paz. El proceso continuó con la colaboración entre hombres y mujeres para asegurar que el Plan de Acción Nacional sirva como agente catalítico para transformar la situación de las mujeres de Filipinas, de modo que dejen de ser víctimas y se conviertan en promotoras de la paz en sus respectivas comunidades y en todo el país.

A comienzos de 2010, el Secretario General Ban Ki-moon, en respuesta a un pedido del Consejo de Seguridad, designó a una representante especial sobre la violencia sexual en situaciones de conflicto para instar a todos los participantes a que pasaran a la acción. El mandato impartido por el Consejo de Seguridad era amplio; la resolución 1888 “solicita al Secretario General de las Naciones Unidas que nombre a un representante especial para que aporte un liderazgo coherente y estratégico, colabore efectivamente para reforzar los mecanismos de coordinación existentes en las Naciones Unidas e inicie gestiones de promoción ante, entre otras partes, los gobiernos, incluidos sus representantes militares y judiciales, así como todas las partes en conflictos armados y la sociedad civil, a fin de afrontar, tanto en la sede como en los países, la violencia sexual en los conflictos armados, promoviendo al mismo tiempo la cooperación y la coordinación de esfuerzos entre todas las partes interesadas, fundamentalmente por medio de la iniciativa interinstitucional ‘Campaña de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos’”.

[9] EL LLAMADO A LA ACCIÓN DE BRUSELAS

La comunidad internacional debe prevenir la violencia sexual y por motivos de género promoviendo la equidad y la igualdad entre los géneros y la ampliación de los medios de acción políticos, sociales y económicos de la mujer, según declararon los representantes de gobiernos, de entidades de las Naciones Unidas, de la sociedad civil y de la Comisión Europea, en un simposio celebrado en Bruselas en junio de 2006.
                      
El grupo afirmó que es preciso incorporar medidas de prevención de la violencia sexual y de protección en todos los aspectos del socorro humanitario, inclusive la provisión de alimentos, combustibles, agua, saneamiento y albergue, y que es necesario efectuar inversiones en el fomento de las capacidades de todos los interesados directos en la prevención y la respuesta a la violencia sexual y por motivos de género en situaciones de conflicto y ulteriores.

El texto completo del Llamado a la Acción de Bruselas está disponible en línea en http://www.unfpa.org/emergencies/symposium06/.

[10] “VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO”

Violencia por motivos de género es un concepto que engloba todos los actos perjudiciales perpetrados contra la voluntad de una persona valiéndose de las diferencias (de género) socialmente adscritas a los varones y las mujeres.

Con frecuencia se utiliza el concepto “violencia por motivos de género” de manera intercambiable con el de “violencia contra la mujer”. Esta última expresión destaca la dimensión de género de esos tipos de actos; en otras palabras, la relación entre la condición subordinada de las mujeres en la sociedad y su mayor vulnerabilidad frente a actos de violencia. Por otra parte, es importante señalar que también los hombres y los niños varones pueden ser víctimas de violencia por motivos de género, especialmente violencia sexual.

Fuente: Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings (Directrices aplicables a las intervenciones contra la violencia por razón de género en situaciones humanitarias), Comité Interinstitucional Permanente de las Naciones Unidas.

El Secretario General eligió para este nuevo cargo de Representante Especial a Margot Wallström, ex Ministra del Gobierno de Suecia y Vicepresidenta de la Comisión Europea, en la que era conocida por promover temas relativos a la mujer y la seguridad. También es una firme promotora en Europa de la concienciación acerca de la urgencia de poner en práctica las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre esos temas. Un mes después de la designación de Wallström, en marzo de 2010, las Naciones Unidas establecieron un grupo de expertos, copresidido por Mary Robinson, ex Presidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encargado de coordinar el apoyo de las Naciones Unidas para la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad.

Margot Wallström, Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos habló durante la reunión “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, y dijo que en los conflictos contemporáneos, la violación está en la línea del frente.  ©UN Photo/Devra Berkowitz

Por su parte, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, de las Naciones Unidas, está contratando mayor cantidad de mujeres como oficiales de policía civil en misiones en todo el mundo. Algunas mujeres también prestan servicios como soldados de operaciones de mantenimiento de la paz enviados por los ejércitos de sus respectivos países. En 2010, el Departamento contaba con casi 124.000 personas que participaban en misiones en todo el mundo, más de 100.000 de las cuales vestían uniforme. A mediados del año, en el personal uniformado figuraban 13.680 oficiales de policía en actividad.

Desde la aprobación de la resolución 1325, la proporción de mujeres en las fuerzas armadas y la policía ha ido en sostenido aumento. A fines de 2006, había 1.034 mujeres en las filas uniformadas. En diciembre de 2007, el número había aumentado hasta 1.360; un año después, había 1.794, todavía una pequeña fracción de la cantidad de personal uniformado. En 2009, cuando las mujeres representaban solamente un 7% de los oficiales de policía de las Naciones Unidas, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz inició una campaña mundial para reclutar mayor cantidad de mujeres. La meta es llegar a un 20% de mujeres en las unidades policiales para 2015.

Las mujeres que han sobrevivido ataques es más probable que denuncien los incidentes ante oficiales mujeres.

Dos países, Bangladesh y la India, que figuran entre los que más cantidad de tropas aportan, tienen también antecedentes ejemplares en cuanto a incorporar a las mujeres en las tareas policiales. La India fue el primer país que envió contingentes policiales integrados totalmente por mujeres a Liberia. Recientemente, una unidad enviada por Bangladesh a Haití estaba integrada totalmente por mujeres y también estaba en camino una unidad que la India enviaba a ese país. El Pakistán, otro importante contribuyente de tropas a las fuerzas de las Naciones Unidas, prevé crear una unidad de mujeres y otros países están considerando esta idea. Nigeria prevé enviar a Liberia una unidad integrada totalmente por mujeres. Estas unidades compuestas en su totalidad por mujeres son contingentes separados y constituidos con anterioridad, solamente con personas de un único género.

[11] NUEVAS DIRECTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ

La asignación de prioridad a la violencia sexual por parte de la comunidad internacional, especialmente a partir del año 2000 “refleja la comprensión de que lo que está en juego es la credibilidad de las operaciones de mantenimiento de la paz, si no están en condiciones de proteger a los civiles cuando hay amenazas inminentes de violencia física, incluida violencia sexual”, indica un nuevo conjunto de directrices para fuerzas militares de mantenimiento de la paz publicado por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, el UNIFEM y UN Action en junio de 2010.

Según el documento, titulado “Abordar la violencia sexual relacionada con conflictos: recopilación analítica de la práctica de mantenimiento de la paz”, los agentes uniformados de mantenimiento de la paz pueden contribuir a combatir la violencia sexual y ejercer efectos positivos sobre las vidas de las mujeres y las niñas y, por extensión, las comunidades civiles.

El componente militar de las operaciones de mantenimiento de la paz puede desempeñar un importante papel, no solamente en cuanto a proteger a las mujeres contra la violencia, “sino también para apoyar la recuperación social y económica ulterior”, escribió el Asesor Militar del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Teniente General Chikadibia Obiakor en el prefacio de las directrices. “… Proteger a los civiles contra la violencia sexual relacionada con los conflictos es no solamente una tarea militar, sino que además requiere la participación de los demás interesados directos para crear un ámbito seguro y protegido”.

Las directrices están disponibles en línea en www.unifem.org/materials/

[12] EL CONSEJO DE SEGURIDAD, LOS CONFLICTOS Y EL VIH/SIDA

En la resolución 1308 del Consejo de Seguridad, aprobada en el año 2000, se reafirmó la importancia de una respuesta internacional coordinada a la pandemia de VIH/SIDA, dados sus posibles crecientes efectos sobre la inseguridad social y las situaciones de emergencia, y se reconoció que, además, la pandemia de VIH/SIDA está exacerbada por condiciones de violencia e inestabilidad, las cuales acrecientan el riesgo de contagio. Entre otras cosas, esa resolución exhortó a ampliar las medidas para ofrecer capacitación al personal de mantenimiento de la paz en cuanto a prevenir la propagación del VIH/SIDA.

Numerosos países han estado enviando regularmente a mujeres junto con hombres en contingentes de tropas y de policía mixtos, con integrantes de ambos géneros. El país que envía mayor cantidad de mujeres es Sudáfrica, con un nivel sin precedentes de 17% de oficiales mujeres entre aproximadamente 2.100 soldados de mantenimiento de la paz que ha asignado a las Naciones Unidas. Nigeria envió unas 350 mujeres como parte de un contingente de casi 5.000 soldados de mantenimiento de la paz.

Las mujeres en uniforme policial o militar emiten un mensaje a las poblaciones locales acerca de que las Naciones Unidas no sólo consideran que las mujeres son iguales a los hombres en la realización de misiones, sino que además comprenden que la policía femenina y las tropas femeninas son poderosos modelos de comportamiento. Además, las mujeres que han sobrevivido ataques es más probable que denuncien los incidentes ante oficiales mujeres. En Liberia, Gna Gudjonsdottir, oficial de policía oriunda de Islandia y asesora de las Naciones Unidas ante la Policía Nacional liberiana, dijo que cuando por la mañana sale a correr para hacer ejercicio físico en Monrovia, es acogida con grandes sonrisas por las mujeres en la calle.

Una oficial de policía de las Naciones Unidas (a la izquierda, con niños) y un oficial de la Dependencia de Personas Vulnerables en la Policía Nacional de Timor-Leste (PNTL), hacen una visita a domicilio.
©UN Photo/Martine Perrett

Después de que las resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1889 se sumaron al cuerpo normativo de las Naciones Unidas, también hubo adelantos positivos efectuados por mujeres que actuaban por cuenta propia, en movimientos de solidaridad. Tal vez el mejor ejemplo sea el de las intrépidas mujeres de Liberia, que desafiaron grandes peligros y se reunieron para protestar y obligar al Presidente Charles Taylor y a los caudillos militares a concertar un acuerdo de paz en 2003. O las mujeres de Bosnia y Herzegovina, que reunieron en los últimos años el valor necesario para identificarse y cuestionar el estigma social que miles de ellas siguen sufriendo después de las guerras que asolaron los Balcanes en el decenio de 1990 y para obligar al Gobierno a reconocer sus incesantes padecimientos.

En las misiones de las Naciones Unidas, continúa la institucionalización de los programas basados en la perspectiva de género. En Timor-Leste, el Programa de Desarrollo de la Policía en el país, el UNFPA, la Policía de las Naciones Unidas —la mayor parte de la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT)— y representantes de otros organismos de las Naciones Unidas, han preparado para la policía nacional un manual sobre la investigación de los casos de violencia por motivos de género y han impartido sesiones de capacitación para oficiales de policía locales, provenientes de una sociedad donde tradicionalmente se consideró que los malos tratos en el hogar son cuestiones de familia que deben ser solucionadas en el hogar. Esta percepción se puso de manifiesto cuando, en 2009, el UNIFEM, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, publicó estudios en que se constató que muchas mujeres timorenses consideraban que la violencia era una parte normal de la vida en familia.

En mayo de 2010 el Parlamento Nacional de Timor-Leste aprobó la Ley contra la violencia en el hogar, de la cual se habían venido preparando varias versiones a partir de 2003. El Gobierno había contado con el apoyo del UNFPA, el UNIFEM y la UNMIT para encuadrar la Ley e informar a los legisladores acerca de sus objetivos y su importancia. Anteriormente, el trámite de la Ley había quedado suspendido por tiempo indeterminado debido a que, si bien definía la violencia en el hogar, carecía de posibilidad de tipificarla como delito. Ese obstáculo fue eliminado al aprobarse en 2009 el Código Penal, que aclara cuáles transgresiones pueden considerarse delitos de violencia en el  hogar y tipifica esos delitos como “de orden público”, de modo que su enjuiciamiento ya no depende de que se haya presentado una denuncia.

Durante las consultas públicas que precedieron la votación acerca de la Ley contra la violencia en el hogar, hubo quienes adujeron que esa legislación era contraria a la cultura timorense y a la santidad de la familia. Rita Reddy, Asesora Superior sobre cuestiones de género de la Policía de las Naciones Unidas en Timor-Leste, dijo que muchos timorenses cuestionaron prácticas tradicionales, como el sistema ancestral de la dote para la novia —barlake, que suelen ser motivo de controversias domésticas. “Una mujer puede verse objeto de violentas recriminaciones si se percibe que no está justificando el precio abonado [por su dote]”, dijo Reddy, funcionaria oriunda de Malasia y dotada de amplia experiencia mundial en cuestiones de derechos humanos y género.

Con la ayuda de la Policía de las Naciones Unidas, la policía local ha establecido “unidades de personas vulnerables”. Reddy dijo: “en la sede de cada distrito policial hay una de esas unidades, las cuales se ocupan de todos los casos concernientes a mujeres y niños”. Como parte del proyecto, el UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha establecido locales acogedores para los niños donde realizar entrevistas. “Dado que el concepto de servicios para personas vulnerables procede del extranjero, cuando nos marchemos no queremos que desaparezca”, dijo Reddy. Queremos que tenga un futuro sostenible y que sea reconocido como parte de la tarea policial”. Muchas organizaciones no gubernamentales locales han expresado su preocupación por que cuando se marchen los soldados de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y los instructores policiales, tal vez ya no se acuerde prioridad a los derechos humanos ni a la capacitación sensible a las cuestiones de género. Se ha expresado una preocupación similar en Liberia, donde hay una misión para el mantenimiento de la paz integrada por numerosos contingentes, además de varios organismos de las Naciones Unidas de socorro humanitario y de desarrollo, como el UNFPA.

Mujeres oficiales de policía en la Comisaría de Policía de Salem, en Monrovia, Liberia, verifican las estadísticas sobre delincuencia.
©VII Photo/Marcus Bleasdale

Reddy dijo que en Dili, no sólo la policía local necesita formación en cuestiones relativas al género, sino que en la propia Policía de las Naciones Unidas hay oficiales procedentes de 45 países y sólo alguno de ellos tienen conocimientos en cuestiones de violencia sexual y por motivos de género. “Por consiguiente, el programa de capacitación sobre la legislación relativa a la violencia en el hogar también se imparte en beneficio de oficiales de la Policía de las Naciones Unidas”, dijo Reddy. En la Policía de las Naciones Unidas en Timor-Leste, un 7% son mujeres. “La sede del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz impartió varias directivas y recomendó que hubiera equilibrio de género en sus filas”, dijo Reddy, pero sigue siendo difícil atraer a mujeres candidatas.

Pese a la gran necesidad de que en Timor-Leste se perciba a las mujeres en uniforme policial como parte “normal” de la tarea de guardar el orden, y que sirvan como modelos de comportamiento para las mujeres locales, Reddy dijo que, para su sorpresa, puede haber impedimentos que superar al tratar con mujeres oficiales de policía de las Naciones Unidas procedentes de países desarrollados que no quieren que se las vea haciendo “tareas de mujeres”. “Algunas mujeres oriundas de países occidentales … consideraron que su asignación a las dependencias de protección de las víctimas es equivalente a trabajar como niñeras, cuidando a niños y mujeres, y no están dispuestas a hacerlo. Prefieren hacer el mismo trabajo que hacen los hombres”.

Las fuerzas policiales nacionales de Timor-Leste cuentan ahora con casi un 20% de oficiales mujeres, promedio superior al mundial. “Pero esas mujeres no ocupan altos cargos”, dijo Reddy. “Todas ocupan puestos de baja categoría; solamente una tiene rango de inspectora”.

En Liberia, Bennetta Holder Warner, jefa de la Sección de Protección de Mujeres y Niños en la Policía Nacional liberiana, tiene una oficina oscura, hacinada y sin circulación de aire, donde la temperatura es intolerablemente alta debido a los cortes de electricidad que paralizan el aparato de aire acondicionado y la iluminación. Su oficina está junto a otra donde se interroga a los presos y el alboroto junto a su puerta interrumpe la conversación. Dijo: “Este edificio no es acogedor para los niños. Las víctimas tienen que cruzarse con detenidos esposados, y eso les da miedo”. No hay celdas para menores donde pueda detenerse a los adolescentes.

No obstante, dijo Warner, su oficina, establecida hace cinco años con ayuda del UNICEF tras el fin de una guerra civil extremadamente brutal, que se ocupa de muchos casos de niños víctimas, ha logrado buenos progresos. La capacitación en el empleo para agentes de policía de todo el país ha contribuido a crear mayor conciencia y comprensión de los delitos contra las mujeres y los niños, dijo Warner. Actualmente, en todas las regiones de Liberia hay dependencias policiales especiales que atienden los casos de esos delitos y de sus víctimas y que ahora están en condiciones de proporcionar diversas respuestas: arresto, asesoramiento psicosocial de las sobrevivientes, provisión de albergues protegidos —incluido uno para niños varones— y seguridad de disponer de atención médica. Un equipo de tareas nacional ha iniciado una campaña contra la trata de niños y se está procurando mejorar en todo el país los procedimientos de investigación. En el pasado, a menudo no había ningún seguimiento de la sobreviviente o de los miembros de su familia, después del arresto inicial. Warner agrega: “Ahora es mucho más grande la cantidad de personas que se presentan a efectuar denuncias”.

Hay noticias provenientes de todos los países de África acerca de cómo el aumento del número de mujeres en las filas de la Policía de las Naciones Unidas, al igual que en las fuerzas policiales nacionales, arroja dividendos mucho después de que finalice una crisis. La Inspectora General Adjunta Kadi Facondo, la oficial de más alto rango en la Policía de Sierra Leona, recibió instrucción acerca de tareas policiales con sensibilidad de género impartida por la Policía de las Naciones Unidas con presencia en su país tras la guerra civil. A la sazón, con la asistencia de las Naciones Unidas, Sierra Leona estableció sus propias dependencias de apoyo a las familias para alentar a que acudan a pedir ayuda las sobrevivientes de violación sexual, violencia en el hogar y otros delitos.

Facondo, que ahora presta servicios en una Misión conjunta de las Naciones Unidas y la Unión Africana para el mantenimiento de la paz en Darfur, dijo al Servicio de noticias de las Naciones Unidas que también allí sería necesario ofrecer mayor orientación sobre cuestiones de género en las tareas policiales. Dijo que, aun cuando el país tiene un extenso territorio, los oficiales de asuntos de género deberían estar siempre de turno en los lugares a que tienen acceso las personas desplazadas. Dice que, al igual que en Sierra Leona y en Liberia, donde también prestó servicios, en Darfur las mujeres víctimas de la violencia sexual y por motivos de género “se sienten más cómodas cuando pueden hablar con oficiales mujeres de la Policía de la Naciones Unidas”.

[13] VIOLENCIA SEXUAL EN EMERGENCIAS

Durante las etapas iniciales de una emergencia —cuando las comunidades sufren los primeros trastornos, las poblaciones se desplazan y no hay sistemas de protección establecidos— la mayoría de los incidentes denunciados de violencia por motivos de género son de violencia sexual en que las víctimas sobrevivientes son mujeres y los perpetradores son hombres. La violencia sexual es el tipo más inmediato y peligroso de violencia por motivos de género durante emergencias agudas. Seguidamente —en una etapa más estabilizada y durante la rehabilitación y la recuperación— otras formas de violencia por motivos de género ocurren o son denunciadas con creciente frecuencia. Son, entre otras, prácticas tradicionales nocivas (mutilación genital femenina, matrimonio precoz forzado y asesinatos para preservar la honra) y violencia en el hogar.

Aun cuando la intervención en las etapas iniciales de una emergencia debería focalizarse en la violencia sexual, no necesariamente cabe dejar de lado otras formas de violencia por motivos de género. Por ejemplo, con frecuencia la severidad y la incidencia de la violencia en el hogar aumentan tras los desastres naturales y, en consecuencia, tal vez se requieran intervenciones inmediatas por parte de quienes dispensan asistencia humanitaria.

Fuente: Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings (Directrices aplicables a las intervenciones contra la violencia por razón de género en situaciones humanitarias), Comité Interinstitucional Permanente de las Naciones Unidas.

[14] EL VIH/SIDA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CRISIS

Las condiciones mismas que definen una emergencia compleja —conflicto, inestabilidad social, pobreza y carencia de poder— son también las condiciones que propician la rápida propagación del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.

Durante una crisis, se intensifican los efectos de la pobreza, la carencia de poder y la inestabilidad social, con lo cual aumenta la vulnerabilidad de las personas al VIH/SIDA. A medida que la crisis y la epidemia van avanzando a la par, se fragmentan las familias y las comunidades, lo cual amenaza la estabilidad de las relaciones. Con frecuencia, se debilitan las normas sociales que regulan los comportamientos. En esas circunstancias, las mujeres y los niños corren mayores riesgos de violencia y pueden ser obligados a entablar relaciones sexuales a cambio del acceso a productos de primera necesidad como alimentos, agua, o incluso seguridad. El desplazamiento puede hacer que entren en contacto distintas poblaciones con diferentes niveles de prevalencia del VIH/SIDA. Éste es especialmente el caso de las poblaciones que migran a zonas urbanas para escapar a conflictos o desastres en zonas rurales.

Durante la etapa aguda de una emergencia, la ausencia o la insuficiencia de los servicios facilita la transmisión del VIH/SIDA, dada la falta de precauciones universales y la escasa disponibilidad de condones (preservativos). En situaciones de guerra, hay pruebas objetivas de que aumenta el riesgo de transmisión del VIH/SIDA debido a transfusiones de sangre contaminada.

La presencia de fuerzas militares, de tropas para el mantenimiento de la paz o de otros grupos armados es otro factor contribuyente a la mayor transmisión del VIH/SIDA. Es necesario integrar a esos grupos en todas las actividades de prevención del VIH.

Las crisis humanitarias recientes ponen de manifiesto las complejas interacciones entre la epidemia del VIH/SIDA, la inseguridad alimentaria y la gobernabilidad debilitada. Cuando se responde a situaciones de emergencia, es preciso tener presentes las influencias recíprocas de aquellos factores.

Hay urgente necesidad de incorporar la respuesta al VIH/SIDA en una respuesta global integrada a la emergencia. Si no se abordan los efectos del VIH/SIDA, estos persistirán, se ampliarán después de que la crisis haya finalizado, e influirán sobre el resultado de la respuesta, además de conformar las perspectivas de rehabilitación y recuperación en el futuro.

Fuente: Guidelines for HIV/AIDS Interventions in Emergency Settings (Directrices aplicables a las intervenciones contra la violencia por razón de género en situaciones humanitarias), Comité Interinstitucional Permanente de las Naciones Unidas.

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