Introduction Introducción Chapter 5 Capítulo 5
Chapter 1 Capítulo 1 Chapter 6 Capítulo 6
Chapter 2 Capítulo 2 Notes for Indicators Notas
Chapter 3 Capítulo 3 Notes for boxes Notas de los recuadros
Chapter 4 Capítulo 4 Indicators Indicadores
Capítulo 3 Printer Friendly imprimir artículo
Chapter 1 Revisión de las políticas contra la pobreza urbana

Calles a contramano y nuevas avenidas

El intento de mantener alejadas a las masas: fracaso de una estrategia

Respuesta a las necesidades de los pobres en materia de vivienda

Un avance cuántico: nuevo escenario para la vivienda

Regulación de los mercados de suelo urbano: ¿misión imposible?

Promoción, votos y acción: la necesidad de liderazgo

Una dosis de realismo

Preparación para el futuro

Regulación de los mercados de suelo urbano: ¿misión imposible?

“No es que no haya suelo. El problema es que los mercados del suelo son disfuncionales, las regulaciones están mal orientadas y no hay políticas de gestión proactivas”.(20)

Las principales dificultades técnicas para proporcionar tierras a los pobres urbanos consisten en : a) ubicar y adquirir una superficie suficiente de suelo urbanizable; b) diseñar modalidades sostenibles de financiamiento para su transferencia a los pobres; y c) regular el funcionamiento de los mercados del suelo.

La presunta escasez de suelo ha sido uno de los obstáculos principales que han impedido aplicar políticas de vivienda más eficaces para los pobres. La necesidad de salvaguardar el medio ambiente y proteger las tierras agrícolas frente a una caótica expansión urbana es una preocupación legítima. Sin embargo, las ciudades, en su mayoría, todavía tienen tierras aptas para la edificación en buenas ubicaciones, pero estas tierras son de propiedad o están bajo el control de intereses privados u organismos estatales que carecen de un interés directo en usos del suelo de interés social. Por consiguiente, la verdadera escasez no es de suelo, sino de suelo urbanizado con servicios y a un costo accesible.

Satisfacer las necesidades de los pobres en materia de suelo urbano es fácil cuando existen mercados del suelo y viviendas bien regulados. Los mercados eficaces no sólo ponen más cantidad de tierras a disposición de los pobres, sino que también favorecen el crecimiento económico.

En la práctica, la ausencia de regulacioes apropiadas agrava la pobreza(21): Las personas que están en asentamientos precarios pagan por la tierra, metro a metro, y por los servicios, más que quienes viven en zonas residenciales de más alto nivel económico. Asimismo, la falta de regulación de estos mercados también dificulta que los organismos gubernamentales recauden impuestos sobre bienes inmuebles, o contrarresten la especulación del suelo y, de esta forma puedan incrementar los recursos públicos para la planificación del uso del suelo con una orientación social (véase el Recuadro 16).

 

16

TIERRAS PARA LOS POBRES FRENTE AL RÁPIDO CRECIMIENTO URBANO(1)

El problema no es tanto la escasez de suelo o el número de pobres urbanos, sino el acceso restringido de estos últimos a suelo urbanizado dotado de servicios, y a la vivienda, debido a la distorsión de los mercados del suelo.

Llevar los servicios a zonas donde ya hay asentamientos cuesta más que proporcionar lotes dotados de servicios en zonas no ocupadas. No obstante, las autoridades públicas, aduciendo la insuficiencia de fondos, parecen considerar más atractivas las inversiones de menor cuantía en programas ex post facto, que las políticas proactivas bien planificadas. Pese a esto, se podría hacer mucho para mejorar la situación, por ejemplo, mediante la aprobación de leyes especiales para proporcionar suelo con servicios adecuados a la población de bajos ingresos. Las ciudades podrían financiar el desarrollo urbano con el cobro de impuestos por el aumento resultante en el valor del suelo como resultado de las inversiones públicas en infraestructura o servicios urbanos locales, o bien derivados de la redefinición del uso del suelo con fines más lucrativos, como cambios de usos rurales a usos urbanos, o de usos residenciales a usos comerciales.

La tendencia convencional es tratar a los pobres urbanos como si fueran sujetos pasivos en la producción y consumo de suelo; sin embargo estos disponen con frecuencia de cierta capacidad de pago para adquirir suelo, pese a sus ingresos bajos e inestables. De hecho, los pobres pagan precios muy altos por las viviendas que encuentran en el mercado informal. Esta capacidad de pago podría movilizarse mejor mediante una regulación oficial y la provisión
de lotes.

Por consiguiente, la escasez de suelo o de recursos financieros no es el único obstáculo para la puesta en práctica de políticas sostenibles. En cierto sentido, es preciso proteger a los pobres contra las prácticas abusivas de las compañías inmobiliarias, que se lucran utilizando los servicios ofrecidos por las comunidades locales o el sector público. Para lograr un desarrollo urbano más equitativo se necesita contar con voluntad política, así como con capacidad gerencial y técnica, a fin de seleccionar, obtener e invertir correctamente los recursos disponibles, incluidos los de los propios pobres.


La financiación de la vivienda de interés social siempre ha sido difícil, pero no escasean las propuestas innovadoras, una vez que se supera el prejuicio antiurbano. Cuando existe regulación de los mercados del suelo, puede encauzarse el apoyo de los gobiernos locales, de las ONG y los organismos financieros internacionales hacia un enfoque proactivo.

Los organismos internacionales multilaterales pueden hacer un gran aporte. Las nuevas normas para el sistema de las Naciones Unidas, promulgadas por el Secretario General en agosto de 2006, posibilitarán que las Naciones Unidas aborden esta deficiencia estructural y proporcionen apoyo más eficaz a la financiación de vivienda costeable. El apoyo incluirá sistemas de financiación de hipotecas que favorezcan a los pobres. Dichos sistemas se están ensayando ya sobre el terreno, como alternativa a las políticas convencionales de vivienda de interés social(22). Será preciso prestar particular atención a las limitaciones de género existentes en algunos sistemas crediticios oficiales que excluyen a las mujeres del acceso a este mercado. Se ha comprobado que el acceso a los microcreditos promueve una mayor autonomía de la mujer y contribuye a reducir la pobreza urbana.

 

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