Pese a sus considerables posibilidades, la migración internacional también plantea algunos dilemas de gran magnitud, dimanados de preocupaciones relativas a la seguridad, la economía, la demografía, o cuestiones de patriotismo, sociales, culturales o de derechos humanos. No obstante, la migración internacional es una realidad hoy y lo será mañana: no hay indicios de que la humanidad—en marcha desde los albores de la historia—se abstendrá de aprovechar las oportunidades que le ofrece un mundo cada vez más interconectado, donde se van ampliando las perspectivas. La migración perdurará al menos mientras persista la pobreza y mientras la desigualdad afecte a grandes sectores de la humanidad. El verdadero desafío es cómo ampliar las contribuciones positivas de la migración internacional—especialmente en lo relacionado con el desarrollo y la reducción de la pobreza—y mitigar al mismo tiempo los riesgos para todos los involucrados(1).

Al iniciarse el siglo XXI, la comunidad mundial ha recorrido una gran distancia hacia la comprensión de cómo manejar esas tensiones; y sabe que la manera de hacerlo es mediante la colaboración internacional y el respeto y la promoción de los derechos humanos. Uno de los grandes logros del siglo XX(2) es haber elaborado un sistema internacional de derechos humanos que propugna la dignidad humana y las necesidades básicas a cuya satisfacción todos los seres humanos tienen derecho, sea cual fuere su origen nacional. Este legado data de la fundación misma de las Naciones Unidas, hoy una comunidad de 191 países que han asumido la tarea de buscar soluciones dignas a los retos de vivir en un mundo globalizado.

La conducción eficaz de la migración internacional requiere de la cooperación mundial, regional y bilateral. En los últimos años se ha intensificado el diálogo intergubernamental(3). Sobre la base del impulso generado por recientes compromisos asumidos a alto nivel, el año 2006 es significativo para la migración internacional y la formulación de políticas mundiales, que culminarán con el Diálogo de Alto Nivel dedicado a la migración internacional y el desarrollo. Es allí donde reside el reto: los gobiernos, los parlamentarios, los empleadores y las entidades de la sociedad civil, ¿darán cumplimiento a la promesa de asegurar la vigencia de los derechos humanos formulada a casi 200.000 millones de migrantes internacionales? El mundo será testigo.

Protección de los derechos humanos de los migrantes

A nivel mundial, los gobiernos han reafirmado reiteradamente los derechos humanos de los migrantes y sus familiares. En dos históricas reuniones al más alto nivel—la Cumbre del Milenio de 2000 y la Cumbre Mundial de 2005, de las Naciones Unidas—los líderes mundiales reconocieron que la manera en que se encauce la migración internacional afectará en gran medida el logro de los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM)(4). Asimismo, los gobiernos señalaron concretamente las necesidades y los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas en los planes de acción aprobados por las conferencias de las Naciones Unidas que se celebraron en el decenio de 1990, inclusive la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing.

Un enfoque basado en los derechos humanos y con sensibilidad de género es la norma mínima a que debería ajustarse toda política de inmigración. Sin embargo, a nivel mundial ha habido lentitud en cuanto a aplicar explícitamente las protecciones a los derechos humanos de los migrantes internacionales, y en responder a las preocupaciones respecto a los derechos propios de las mujeres.

En 1990 se aprobó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Pero tuvieron que pasar 13 años para que entrara en vigor, en 2003, después de que la hubo ratificado una cantidad mínima de países(5). En enero de 2006, sólo 34 de los 191 países habían ratificado la Convención. De los diez países del mundo que reciben mayor cantidad de inmigrantes—y que, en su conjunto, alojan a la mitad de todos los migrantes del mundo—ni uno figura en la lista de los que han ratificado la Convención(6). Preocupados por la necesidad de intensificar la protección de los derechos humanos de los migrantes, varios copartícipes, entre ellos importantes ONG internacionales y organismos de las Naciones Unidas, han emprendido la “Campaña mundial para la ratificación de la Convención”(7).

Muchos derechos humanos internacionalmente reconocidos son aplicables por igual a ciudadanos y no ciudadanos dentro del territorio de un Estado. Por ejemplo, los derechos a la libertad, a la protección contra la tortura y el trato inhumano, a servicios de educación y salud, a la igualdad de trato en el empleo, a la afiliación a sindicatos y al disfrute de días de descanso(8), por ejemplo, son derechos humanos que, en virtud de la legislación internacional, todo Estado está obligado al menos a tratar de respetar, proteger y poner en vigor, sea cual fuere la condición jurídica y social de una persona. En la práctica, varios países limitan algunos derechos humanos exclusivamente a sus ciudadanos y distinguen entre migrantes documentados e indocumentados(9). Esto es privativo de sus derechos de soberanía. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también establecen guías y recomendaciones sobre qué es un trabajo digno y qué es un trabajo forzado, y cuáles son las normas laborales mínimas, inclusive dos recomendaciones relativas a los migrantes(10). Esos instrumentos son especialmente pertinentes a los millones de trabajadores—inclusive trabajadores migrantes—cuyo trabajo facilita la alta calidad de vida a la que se han acostumbrado muchos países de destino. Esos migrantes suelen realizar un trabajo agotador y mal remunerado en explotaciones agrícolas, servicios de recolección de basuras o limpieza, que contribuyen a mantener a los hogares alimentados y a las ciudades, organizadas y pulcras. Si bien la mayoría de los trabajadores migrantes han estado y siguen estando dispuestos a un trueque—baja remuneración y dificultades socioeconómicas, a cambio de la oportunidad de recibir salarios más altos que en su país y de vivir en paz en el extranjero—los países que envían y que reciben migrantes no siempre han dado cumplimiento a la parte que les corresponde en ese tácito contrato, en relación con los derechos humanos.

En términos generales, las leyes laborales no protegen eficazmente a la mayoría de las mujeres migrantes del mundo, aun cuando hayan regularizado su situación como tales. El problema se complica porque muchos migrantes carecen de acceso a la información acerca de sus derechos, o de la manera de reivindicarlos. Esto se agrava por la escasez de datos adecuados sobre los cuales basar respuestas normativas eficaces y por la tendencia a que no se denuncien todos los casos de conculcación de los derechos humanos, debido a la naturaleza clandestina de gran parte de la mano de obra migrante(11). Un objetivo importante es regular los sectores actualmente no reglamentados en los que están empleadas muchas mujeres migrantes, inclusive fortalecer los sistemas de vigilancia a los que deben rendir cuentas los empleadores; esto logrará en gran medida prevenir y eliminar los abusos que, en sus formas más extremas, constituyen la esclavitud contemporánea. Alentar y obligar a los empleadores (inclusive organismos públicos y empresas multinacionales) al cumplimiento de leyes y códigos de conducta puede proteger más los derechos humanos de los trabajadores migrantes. Se han emprendido varias iniciativas incipientes encaminadas a establecer responsabilidad empresarial, incluidas varias promovidas por las Naciones Unidas y otros organismos(12).

Tienen importancia especialmente crítica los derechos a servicios de educación y salud, no sólo para las personas y familias migrantes en cuestión, sino también en beneficio de los países de destino. El derecho de un niño a recibir educación es fundamental para su desarrollo como ciudadano del mundo, sea cual fuere la situación, regular o irregular, del niño y de su padre y su madre. La salud no sólo es un derecho básico consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales—tratado de las Naciones Unidas firmado o ratificado por más de 150 países(13)—, sino que también es necesaria para tener una vida productiva. En algunos países de destino, la mano de obra migrante representa una proporción sustancial del total de la mano de obra y, en consecuencia, el estado de salud de los migrantes puede tener efectos sustanciales sobre el producto económico nacional. Es especialmente necesario asegurar la vigencia de los derechos reproductivos y establecer servicios de salud reproductiva, a fin de salvaguardar tanto la salud como los medios de acción de que disponen las mujeres migrantes. Si no se promueve el acceso de los inmigrantes y sus familias a la educación y los servicios de salud, esto también afectará su integración. El deficiente estado educacional y de salud estimula la discriminación contra los migrantes y contribuye a su marginación socioeconómica con respecto al resto de la sociedad.

Varios países reconocen sus responsabilidades dimanadas del derecho internacional—responsabilidades con frecuencia consagradas a sus propias constituciones—y afirman los derechos básicos de todas las personas que están en su territorio nacional, sea cual fuere su situación, regular o irregular. En varios casos, los países aseguran que todos los migrantes tengan acceso a los servicios de salud, aunque para migrantes indocumentados, los servicios de salud suelen limitarse a las emergencias médicas. En septiembre de 2005, el Gobierno de México anunció que ofrece servicios de salud a todos los migrantes mexicanos y sus familias que viajan desde los Estados Unidos. El plan de “Seguro popular” ha de llevar cobertura a un millón de personas en una gama de problemas de salud, entre ellos cáncer, leucemia, VIH/SIDA, cataratas y enfermedades renales(14). La iniciativa de “hospitales acogedores para los migrantes”, financiada por la Unión Europea, ha sido aplicada en 12 Estados Miembros para determinar la mejor manera de fortalecer el papel de los hospitales en la promoción de servicios de salud con sensibilidad cultural hacia los migrantes y las minorías étnicas(15).

Pero el progreso sigue siendo desigual cuando se trata de la protección de los migrantes, especialmente los indocumentados. Incluso cuando hay leyes en vigor, los migrantes indocumentados enfrentan obstáculos y riesgos, temen que se los denuncie y se los deporte, y tropiezan con limitaciones en el acceso a servicios a los que tienen derecho. Un ejemplo es el derecho a la salud, pues los gobiernos se debaten frente a aumentos en la inmigración, prioridades presupuestarias, crecientes preocupaciones por la seguridad y presión por parte de la opinión pública. En el caso del Reino Unido, aun cuando antes de 2004 no había leyes explícitas acerca del derecho de los migrantes indocumentados a los servicios de salud, en gran medida todavía tenían acceso a esos servicios. Después de esa fecha, las reglamentaciones enmendadas del Sistema nacional de salud mencionan explícitamente los “inmigrantes ilegales”, establecen procedimientos para denunciarlos a las autoridades y requieren que los migrantes presenten pruebas de que son residentes legales(16).

De manera similar, en 2002 Francia promulgó una ley que estipula que los migrantes indocumentados han de sufragar en parte sus tratamientos médicos. Quienes no puedan probar que han residido en el país más de tres meses no pueden solicitar asistencia médica, salvo en caso de una emergencia o para el tratamiento de un trastorno que pone en riesgo su vida. Frente a esa situación, la Federación Internacional de Derechos Humanos presentó una queja al Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa. En 2004, el Comité dictaminó que “la legislación o la práctica que deniega derechos de asistencia médica a los ciudadanos extranjeros dentro del territorio de un Estado parte, aunque estos estén allí ilegalmente, es contraria a la Carta”(17).

En Berlín, se estableció en 1996 el Büro für Medizinische Flüchtlingshilfe como recurso no gubernamental antirracista que ofrece tratamiento médico gratuito y anónimo dos veces por semana a migrantes y refugiados indocumentados. Actualmente, la organización posee filiales en todo el territorio de Alemania, conectadas entre sí en virtud de la campaña “Nadie es ilegal”. Además, algunas organizaciones confesionales y caritativas están brindando asistencia médica a los migrantes indocumentados. En virtud de la “Ley de protección contra la infección” (2000), los centros de salud públicos ofrecen acceso gratuito al diagnóstico y al tratamiento en condiciones de anonimato, inclusive para casos de tuberculosis y algunas infecciones de transmisión sexual (ITS). Asimismo, los hospitales, las salas de primeros auxilios y los médicos generales están legalmente obligados a proporcionar tratamiento médico, independientemente de que el paciente tenga o no seguro de salud o residencia legal(18). No obstante, al igual que en otros países, traducir la política en la práctica no es tarea simple. Tal vez los migrantes indocumentados no tengan conocimiento de sus derechos jurídicos y tanto ellos como quienes les prestan servicios de salud tal vez no estén seguros de cuáles son las implicaciones generales de las nuevas leyes y procedimientos.

Para que las acciones sostenidas de proteccción de los derechos humanos de los migrantes echen raíces y se consoliden, es preciso que los encargados de formular políticas, y el público en general, reconozcan que la relación entre los inmigrantes y la sociedad que los acoge es mutuamente beneficiosa. Esto también incluye comprender que, en muchos contextos, la inmigración es también una necesidad, algo que los gobiernos están reconociendo cada vez más. Aun cuando los migrantes desempeñan un papel de importancia vital en las esferas social y económica, no siempre se valoran sus contribuciones. Un obstáculo de gran magnitud—aunque pocas veces explicitado—que impide la aceptación de los migrantes en la sociedad de destino es la xenofobia, así como la discriminación por motivos de género, étnicos, de clase o de otros tipos, que no hacen sino agravar los problemas que enfrentan los inmigrantes.

Incorporar las cuestiones de género en la gestión de la migración

Las remesas sociales y financieras de las mujeres migrantes representan sustanciales contribuciones a las familias y las comunidades en el lugar de origen y su trabajo proporciona beneficios económicos a ambos países, tanto el de origen como el de destino. No obstante, las políticas de migración raramente toman en cuenta las cuestiones de género. Esto se debe en parte a la ausencia de estudios sobre las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a oportunidades, riesgos, contribuciones y experiencias, y puede redundar en pérdida de oportunidades de multiplicar las ventajas económicas y sociales de la migración. Si se contara con una mejor recopilación de datos y más investigación, sería posible comprender mejor, por ejemplo, de qué manera la migración de las mujeres y sus remesas contribuyen al desarrollo y a la reducción de la pobreza(19). Las estrategias nacionales de reducción de la pobreza en los países de origen, y los países donantes que los apoyan, sin duda podrían beneficiarse si se prestara mayor atención al creciente fenómeno de la migración internacional de mujeres(20).

Algunos países están adoptando medidas para responder a la feminización de la migración. Para mejorar la formulación de políticas es menester recopilar datos desagregados por edad y por sexo, como ya se ha hecho en varias regiones con el apoyo del UNFPA. Para lograrlo, los países pueden aprovechar las iniciativas existentes de recopilación de datos, como censos, y encuestas demográficas, de salud y por hogares. Los países que reciben grandes cantidades de inmigrantes también pueden iniciar encuestas con el propósito concreto de examinar la situación socioeconómica de los migrantes. Las políticas que se formulen tienen más probabilidades de tener éxito si se basan en datos y análisis sólidos y fidedignos.

Noruega es uno de los pocos países que tratan de abordar la lamentable carencia de estadísticas desagregadas por sexo: recopila datos detallados sobre migrantes de primera y segunda generación, inclusive refugiados, en los aspectos demográficos, educacionales, laborales y económicos(21). Otra excepción es el Canadá: fue el primer país que emprendió un análisis cabal de las políticas de inmigración desde el punto de vista del género. Esto condujo a introducir cambios en los requisitos de ingreso, que redundaron en el aumento de las cantidades de mujeres extranjeras capacitadas que ingresaron al país: desde 24,5% de todos los migrantes laborales en 2001 hasta 34% en 2002(22). A escala regional, el Sistema de Información y Estadísticas sobre Migración Centroamericana compila datos desagregados por sexo y es uno de los conjuntos de datos más avanzados(23). En Nepal se logró un sustancial adelanto cuando el Gobierno incorporó las cuestiones atinentes a las mujeres migrantes en el décimo Plan Nacional 2002-2007. Además, las autoridades han adoptado recientemente medidas para establecer una base nacional de datos sobre migración desagregados por sexo(24).

Los encargados de formular políticas puede proporcionar alternativas a la migración estableciendo políticas y programas explícitamente encaminados a reducir la pobreza, eliminar la discriminación por motivos de género y ampliar las oportunidades de que disponen las mujeres en sus países de origen. Al eliminar las disposiciones discriminatorias y asegurar que las mujeres tengan oportunidades de migrar legalmente, es posible contribuir a reducir la migración irregular, reducir el contrabando y la trata de personas y posibilitar que las mujeres apoyen a sus familias sin correr riesgos indebidos(25). Algunos países que reciben inmigrantes siguen aplicando el enfoque del “solicitante principal” que, en la práctica, favorece a los varones jefes de familia. Esto limita la oportunidad de que las mujeres migrantes sean admitidas independientemente y tengan una situación regularizada(26). Los países de destino también se beneficiarán si introducen reformas normativas para eliminar barreras discriminatorias relativas a las contribuciones impositivas, a cajas de pensiones y otras contribuciones económicas que efectúan las mujeres migrantes. Así se fomentará también una gestión más humana y ordenada de la migración(27).

Varios expertos han formulado diversas recomendaciones para proteger los derechos humanos de las mujeres a lo largo del ciclo migratorio. Como se indicó en capítulos anteriores, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y organismos de las Naciones Unidas, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), han elaborado estándares, guías y buenas prácticas, en colaboración con varios gobiernos y ONG. Los gobiernos podrían velar por que se imparta a las mujeres migrantes orientación e información antes de su partida en relación con sus derechos, los riesgos que pueden correr y adónde dirigirse en caso de emergencia o abuso. Si se concertaran acuerdos bilaterales entre los países de origen y los de destino, esto contribuiría a proteger a las mujeres migrantes, ayudarlas a plantear reivindicaciones por vía judicial y facilitar su repatriación. Acuerdos de ese tipo existen entre Tailandia y dos países de origen: la RDP Lao y Camboya(28), y lo propio ocurre entre Jordania y otros países que envían grandes cantidades de inmigrantes (Indonesia, Nepal, Filipinas y Sri Lanka)(29).

Los países también podrían apoyar a las mujeres migrantes reglamentando las agencias que se encargan del reclutamiento y la colocación en empleos, estipulando contratos por escrito y estableciendo oficinas consulares en los países de destino, como lo han hecho varios países del Asia meridional(30). Para reforzar el papel de las embajadas en la protección de los derechos de las mujeres migrantes es necesario incrementar los recursos, la dotación de personal y la capacitación(31). Una esfera de importancia crítica que ha de revisarse es la cuestión de las políticas y las prácticas que prohíben que las mujeres cambien de empleador una vez que están en el país de destino. Esto no sólo es una importante razón por la que algunas mujeres migrantes se encuentran atrapadas en condiciones abusivas y de explotación, sino que también les impide ascender en la escala ocupacional.

Además, los gobiernos podrían facilitar la reintegración de las mujeres migrantes cuando éstas regresan a su lugar de origen, así como mitigar los problemas socioeconómicos de las que carecen de empleo, o han sido maltratadas, o han sido objeto de trata(32). También en este caso, esas medidas acarrean beneficios mutuos: los países se han de beneficiar si apoyan el acceso de las repatriadas a la inversión, el crédito, la propiedad de bienes y los servicios conexos, esferas en que las mujeres suelen tropezar con discriminación y otros obstáculos. Esto, a su vez, contribuiría a la buena administración de los ahorros efectuados a partir de las remesas, que pueden destinarse a iniciativas empresariales y de desarrollo y posibilitaría que los gobiernos estudiaran las maneras de capitalizar la potencial “ganancia de mujeres profesionales” que aportan las trabajadoras migrantes calificadas.

Filipinas tiene reputación de poseer uno de los programas más avanzados para trabajadores en el extranjero, inclusive un curso obligatorio antes de la partida que imparte información sobre derechos y cuestiones de salud(33). Las mujeres migrantes incluso están adquiriendo información útil sobre autodefensa y sobre la manera de obtener servicios de apoyo cuando están en el extranjero. En colaboración con la OIM, el Gobierno ha preparado un videofilme titulado The Power To Choose: Self-Defense for Women Migrant Workers (El poder de optar: Autodefensa para las mujeres trabajadoras migrantes), que indica de qué manera las futuras emigradas pueden evitar posibles abusos, y defenderse(34). En Etiopía, una mujer que había residido anteriormente en el Líbano estableció una agencia de empleo para migrantes oficialmente registrada, Meskerem. Su misión es prestar asistencia y proteger a las mujeres contra la trata y los abusos mientras están en el extranjero. En colaboración con su filial local en el Líbano, la agencia emite tarjetas de identidad donde figura información para contactos de emergencia que atienden 24 horas diarias y servicios que pueden recogerlas, albergarlas y repatriarlas si eso fuera necesario. La agencia también abonará los sueldos cuando no lo haga el empleador y seguidamente lo demandará ante la justicia(35). Otros países también están tratando de apoyar a las mujeres migrantes. México, por ejemplo, inició una campaña para crear conciencia acerca de los derechos humanos de las mujeres migrantes y las condiciones en que viven mientras residen en los Estados Unidos(36).

Los parlamentarios pueden desempeñar un papel fundamental. En diciembre de 2005, el Comité de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, emitió un informe sobre la integración de las mujeres inmigrantes en Europa(37). El informe reconoce que las mujeres enfrentan doble discriminación, en su carácter de mujeres y de inmigrantes, y exhorta a los Estados Miembros de la Unión Europea a que intensifiquen la protección de los derechos humanos de este grupo. Tal protección abarca: combatir el racismo y los estereotipos de género; crear conciencia en los medios de difusión y las escuelas acerca de las contribuciones de las mujeres migrantes a las sociedades de destino; y eliminar los obstáculos que se oponen al empleo de esas mujeres. Entre otras medidas figuran las siguientes: otorgar condición de residencia legal independiente a las mujeres que ingresan al país con fines de reunificación familiar; y tipificar como delito la retención de sus documentos, permisos de residencia o pasaportes; ofrecer enseñanza de oficios que posibilite que las mujeres migrantes pasen a otros sectores distintos de los tradicionales (entre ellos, el servicio doméstico y la salud); ofrecer apoyo, como guarderías infantiles; y alentar el mayor involucramiento masculino en las responsabilidades de la familia. Dado que se reconoce la necesidad de involucrar a los hombres, también se exhorta a los países de destino a proporcionar educación a los nuevos inmigrantes, hombres y mujeres, sobre la igualdad de derechos de hombres y mujeres y sobre la necesidad de eliminar la violencia por motivos de género.

También tiene importancia crítica colaborar con las comunidades de los países de origen que tienen grandes cantidades de emigrantes. Además de reducir los riegos de trata o explotación, mediante acciones para crear conciencia, también podría impartirse a los migrantes potenciales información acerca de qué han de esperar de su experiencia, cuáles son las oportunidades y las dificultades que tendrán, así como cuáles son las leyes y políticas pertinentes. Por ejemplo, en Tarija (Bolivia), un programa de “orientación para jóvenes mujeres” conducido por la ONG Promoción de la Mujer Tarija (PROMUTAR), asesora a las jóvenes que piensan en emigrar sobre los riesgos que entraña la migración indocumentada(38). Los enfoques participativos también son pertinentes para fundamentar y formular políticas eficaces de migración y desarrollo. La participación de organizaciones de mujeres migrantes, sumada a una mayor colaboración entre encargados de formular políticas, empleadores, sindicatos y otras ONG, puede servir para fomentar la búsqueda de mejores respuestas de política, sostenibles y equitativas, en relación con la gestión de la migración internacional.

REDES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LA IGUALDAD

Muchas ONG han estado en el frente de batalla en pro de los derechos de los migrantes, especialmente en cuestiones concretas como la trata de personas o los refugiados. Su participación en la formulación de las políticas de migración es más reciente, pero está cobrando impulso(39). Varias organizaciones han incluido la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de la mujer o bien como tema central de sus misiones, o bien como parte de éstas.

La organización Migrants Rights International fue fundada en 1994, en ocasión de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (ICPD), a fin de promover los derechos humanos de los migrantes. Cuenta entre sus miembros con organizaciones y expertos de todas las regiones del mundo(40). En los Estados Unidos hay actualmente más de 3.000 organizaciones que prestan asistencia a inmigrantes, en comparación con sólo unas 50 en 1993(41). En 1999, se estimaba que al menos 300 organizaciones estaban trabajando en pro de los derechos de los migrantes en Asia(42). Varias redes en América Latina, así como en Europa (algunas de éstas, financiadas por la Comisión Europea) son paladines de los derechos de los migrantes y la lucha contra el racismo(43). La Plataforma de Cooperación Internacional sobre los Migrantes Indocumentados (PICUM), por ejemplo, es una asociación de ONG europeas que colaboran en pro de los derechos a la vivienda, la educación, la salud, la asistencia jurídica, así como los derechos de reunión y promoción de mejores condiciones de trabajo(44). Según la Fundación Italiana para el Servicio Voluntario (FIVOL), hay actualmente unas 1.000 asociaciones activas en cuestiones de inmigración, la mitad de las cuales están bajo la dirección de los propios migrantes(45).

Un importante factor contribuyente a la explotación y los abusos laborales es que con frecuencia los inmigrantes carecen de representación en organizaciones sindicales que luchen por sus derechos. Varias ONG, muchas de ellas establecidas por los propios trabajadores migrantes, han aparecido para llenar ese vacío. Los sindicatos son foros de importancia crítica, por conducto de los cuales pueden defenderse los derechos de los trabajadores; varios de ellos—mayormente en países desarrollados—han hecho suyas las preocupaciones de los trabajadores migrantes(46). La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, por ejemplo, que congrega en todo el mundo a 125 millones de trabajadores, ha promovido los derechos del trabajador migrante a escala tanto mundial como nacional, por conducto de sus filiales. Entre otras actividades, emprendió un plan de acción titulado “¡No! al racismo y la xenofobia”(47). Si bien las leyes tienden a impedir que los migrantes se afilien a sindicatos, hay algunas excepciones. En Suiza, los sindicatos ofrecen a los trabajadores migrantes indocumentados, muchos de ellos trabajadoras en el servicio doméstico, tarjetas que los acreditan como miembros y les proporcionan protección básica(48).

En Asia se han constituido varias organizaciones que defienden los derechos de las mujeres migrantes. En Hong Kong (RAE de China), en 1989 se registró como sindicato la Unión de Trabajadoras Asiáticas en el Servicio Doméstico, que actualmente dispensa apoyo a miembros procedentes de diversos países, entre ellos Filipinas, la India, Indonesia, Malasia, Nepal, el Pakistán, Sri Lanka y Tailandia(49). Asimismo, mujeres filipinas han establecido varias otras ONG vinculadas con redes transnacionales, entre ellas la coalición de ONG United Filipinos in Hong Kong (UNIFIL), la cual vigila las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras extranjeras en el servicio doméstico y también ha ayudado a establecer su propio sindicato a trabajadoras procedentes de la India, Indonesia y Sri Lanka(50). En 2004, en la República de Corea, varias ONG de mujeres, de defensa de los derechos humanos, y confesionales, han obtenido protecciones jurídicas para migrantes poco calificados, con la introducción del sistema de permisos de empleo, que ofrece a los trabajadores migrantes los mismos derechos que tienen los locales, inclusive el derecho a afiliarse a sindicatos, a hacer huelga, a entablar negociaciones colectivas y a tener seguro nacional de salud, de riesgo contra terceros y de accidentes laborales, así como el derecho a una pensión estatal(51). En Nueva Delhi (India), el Centro de Estudios del Asia meridional ofrece a migrantes de Nepal, cuya cantidad se estima en 200.000, información acerca de servicios de educación y salud, derechos laborales, gestión financiera y envío de remesas(52).

Aceptación de la diversidad y mitigación de las diferencias culturales

Resolver las difíciles cuestiones de índole sociocultural en torno a la migración internacional es un reto complejo que enfrentan todos los países del mundo. Esto abarca las tensiones surgidas cuando inmigrantes de diferentes medios étnicos, raciales, culturales y religiosos son recibidos por las sociedades del país de destino. Los roces también se producen por las diferencias respecto de prácticas y costumbres tradicionales relativas a la mujer, inclusive las prácticas nocivas, las que conculcan los derechos humanos y las que son ilegales en virtud de la legislación nacional. Pero la intolerancia por “la alteridad” y los malentendidos culturales son cuestiones problemáticas que pueden mitigarse ejerciendo un buen liderazgo y realizando acciones concertadas, por parte de los países de destino y de las propias comunidades de inmigrantes.

En los últimos años, han ido en aumento la xenofobia y la discriminación contra los migrantesen los países industrializados, especialmente en Europa, pero también en otras regiones, inclusive los países del África meridional que reciben inmigrantes(53). Con frecuencia se culpa a los migrantes y los refugiados por el estancamiento económico y las altas tasas de desempleo. Además, cuando surgen cuestiones mundiales que polarizan la opinión pública—en particular, desde el atentado del 11 de septiembre—las tensiones reflejadas a nivel nacional y local pueden influir sobre las percepciones y las actitudes respecto de los migrantes, las cuales a veces se intensifican debido al oportunismo político y a la cobertura negativa en los medios de difusión, los cuales, a su vez, pueden agravar la animosidad y suscitar la desconfianza recíproca entre los inmigrantes y los miembros de la comunidad que los aloja. Algunos acontecimientos recientes—entre ellos, los motines de 2005 en París, desencadenados principalmente por jóvenes de origen inmigrante, o la “crisis de las tiras cómicas” de 2006—han suscitado renovadas reflexiones acerca del fracaso relativo, o la ausencia, de eficaces políticas de integración. No obstante, en el pasado decenio fue en aumento el número de países que han adoptado políticas pertinentes: hacia 2005, 75 países (37 desarrollados y 38 en desarrollo) habían establecido políticas de integración(54). En varios países con una fuerte trayectoria económica, la integración ha facilitado las contribuciones socioeconómicas y culturales de los inmigrantes(55).

Por otra parte, la integración y la tolerancia forman parte de un proceso bidireccional que requiere adaptación por parte tanto de los inmigrantes como de sus nuevas sociedades, aun cuando ha de beneficiar a todos los afectados. Conlleva fomentar la comprensión y el respeto por los derechos y deberes, tanto de los migrantes como de los nativos de las sociedades que los acogen, y de las leyes y valores que los unen en un sistema social compartido(56). Como indica la edición de 2004 del Informe sobre Desarrollo Humano, preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: “el multiculturalismo, además de reconocer sistemas de valores y prácticas culturales diferentes en el seno de una sociedad, implica constituir un compromiso compartido con valores básicos y no sujetos a negociación, como los derechos humanos, el Estado de derecho, la igualdad entre hombres y mujeres, y la diversidad y la tolerancia”(57). La integración debe adaptarse para satisfacer las necesidades, tanto de los recién llegados como de los residentes a más largo plazo, además de los inmigrantes de segunda y tercera generación que tal vez sigan siendo objeto de exclusión. También es necesario tomar en cuenta las diversas necesidades y perspectivas de las diferentes comunidades de inmigrantes y demostrar sensibilidad hacia las diversas pautas de integración(58). Esto incluye prestar atención a cuestiones de género y de la juventud; tal como señala el Parlamento Europeo, si esas cuestiones se dejan de lado, esto podría “tener efectos devastadores, tanto para las mujeres afectadas como para la sociedad en general”(59).

Tiene importancia especialmente crítica el papel de las estructuras gubernamentales de ciudades y gobiernos descentralizados para la gestión de la migración y la promoción de la comprensión cultural, dado que los migrantes, tanto internacionales como internos, suelen acudir cada vez más a las ciudades(60). Involucrar a las migrantes en la formulación de políticas y la planificación urbana, y también fomentar los intereses y responsabilidades compartidos respecto del país que los acoge, son medidas de importancia fundamental para su integración como miembros de la sociedad. Los expertos también han recomendado impartir capacitación multicultural a los periodistas, a fin de desalentar la tendencia de algunas agencias de noticias a motejar a los inmigrantes de “criminales” o “irresponsables”, lo cual fomenta las percepciones públicas negativas y la xenofobia(61).

Otro factor que influye sobre la medida en que los migrantes se han de integrar es el lugar donde se asientan. Cuando los migrantes llegan por primera vez al país de destino, a menudo se asentarán en comunidades donde hay compatriotas que los pueden ayudar a adaptarse a la nueva cultura y al idioma distinto, así como a encontrar vivienda y trabajo. Pero los enclaves étnicos de migrantes también refuerzan la exclusión, especialmente cuando el ámbito externo se caracteriza por ser discriminatorio o alienante. En algunos casos, las propias comunidades de migrantes perpetúan su propio aislamiento.

Varias campañas y programas tratan de mitigar la intolerancia, promover la diversidad y la inclusión de inmigrantes y refugiados y apoyar su eficaz integración en la sociedad. La campaña del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos-Habitat, titulada “Ciudad inclusiva”, tiene el propósito de posibilitar que todos quienes viven en una ciudad disfruten de sus beneficios y oportunidades, sin discriminación(62). Después de la Ley de integración dictada en 1998, el Gobierno italiano introdujo “mediadores culturales”, ciudadanos extranjeros que facilitan la integración de los inmigrantes con los servicios públicos(63). En Nápoles y sus zonas circundantes, las autoridades produjeron un folleto titulado Ciao...!, con el propósito de ayudar a los maestros a fomentar la tolerancia multicultural presentando el tema de “crecer juntos con nuestras diferencias”(64). Las políticas de integración centradas en las necesidades y derechos concretos de los niños y los jóvenes inmigrantes son particularmente estratégicas, no sólo en el corto plazo, sino también para promover la cohesión socioeconómica a largo plazo. En Berlín, la iniciativa de mentores Kumulus, emprendida en 1993, ayuda a los jóvenes inmigrantes a encontrar empleo. La iniciativa emplea a grupos multiétnicos de expertos e inmigrantes que han asesorado a decenas de miles de jóvenes inmigrantes y a sus padres y madres, involucrando al mismo tiempo a empresas étnicas y medios de difusión(65).

Al reducir las actitudes discriminatorias en el mercado de empleo también se facilita la inclusión. En algunos países, tal vez los empleadores estén preocupados porque las prácticas culturales o religiosas podrían interferir con el desempeño en el lugar de trabajo. En los Estados Unidos, el Gobierno colabora con empleadores para prevenir la discriminación y el acoso contra musulmanes y encontrar maneras de responder a sus necesidades, por ejemplo, con respecto a rezar sus plegarias o a llevar turbantes tradicionales y, en el caso de mujeres musulmanas, chales que cubren la cabeza. El programa crea conciencia sobre la legislación relativa a la igualdad de oportunidades y contra la discriminación, e informa tanto a los empleadores como a los trabajadores acerca de sus respectivos derechos y deberes(66).

Una medida más elocuente de la aceptación de los inmigrantes en las actividades principales de la sociedad puede ser su participación en el proceso político. Los inmigrantes, además de participar en las organizaciones dirigidas por ellos mismos, también han estado ingresando en la vida política. A comienzos de este año, durante una serie de acalorados debates en los Estados Unidos sobre propuestas de leyes de inmigración, varios senadores recordaron sus propios orígenes en familias de inmigrantes. Centenares de miles de inmigrantes marcharon en las grandes ciudades de todo el país, tratando de influir sobre la opinión pública y hacer oír sus voces. En abril de 2006, durante las elecciones en Italia, fue elegida como representante en el Parlamento una mujer que había emigrado de una región empobrecida de la República Dominicana(67).

Las medidas para subsanar la falta de interacción social o de familiaridad entre los inmigrantes recién llegados y la sociedad en general pueden mitigar el sentimiento de exclusión y aislamiento por parte de los migrantes y, al mismo tiempo, contrarrestar las percepciones públicas negativas. A veces, tales iniciativas son de pequeña magnitud, pero pueden tener efectos importantes. Por ejemplo, en 2005 un periódico de Bélgica inició una campaña para que se invitara a los solicitantes de asilo a visitar hogares de los residentes y compartir con ellos la cena de Navidad. En menos de dos semanas, más de 100 familias habían invitado a solicitantes de asilo. Un participante procedente de Kazajstán manifestó: “Es maravilloso que alguna vez se nos trate como personas normales. Éste es el comienzo de una hermosa amistad”(68).

Las autoridades locales también pueden otorgar permisos a grupos de inmigrantes para que participen en eventos públicos en que se celebre la diversidad cultural y se congregue a diferentes grupos étnicos. En la ciudad de Nueva York—la “ciudad de inmigrantes” por excelencia—hay desfiles durante todo el año, patrocinados por comunidades de brasileños, irlandeses, persas-iraníes, chinos y caribeños, entre otras. En San Pablo (Brasil), migrantes indígenas bolivianos organizaron por primera vez en 2003 su Carnaval; otros, se están sumando a las “escuelas de samba”. El gran Mercado de bolivianos atrae ahora cada domingo a unas 8.000 personas y congrega a otros grupos de inmigrantes con brasileños nativos, mientras saborean muestras de alimentos, artículos y música de los Andes(69).

Los migrantes son, ante todo y sobre todo, seres humanos, sea cual fuere su situación, regular o irregular. Hacer caso omiso de ellos o caracterizarlos simplemente como “extranjeros” o “ilegales”, desvaloriza su humanidad y sólo sirve para justificar que se los trate como personas “diferentes” o inferiores. También los reifica, como si fueran objetos que pueden ser utilizados para comodidad de los demás, y cuyas voces e intereses es mejor que pasen inadvertidos. Pero los migrantes son hijas e hijos, madres y padres, esposas y esposos, trabajadores y refugiados. Al igual que la población que los acoge, tienen las mismas aspiraciones y los mismos sueños que todos los demás: una vida mejor y más segura para sí mismos, sus familias y sus seres queridos.

Los derechos de los migrantes son derechos humanos. Hoy tenemos una oportunidad única de encauzar la migración internacional de manera más humana, más equitativa y más ética.