Introducción Introducción Capítulo 5 Capítulo 5
Capítulo 1 Capítulo 1 Notas Notas
Capítulo 2 Capítulo 2 Notas para las citas Notas para las citas
Capítulo 3 Capítulo 3 Notas para los recuadros Notas para los recuadros
Capítulo 4 Capítulo 4 Indicadores Indicadores
CAPÍTULO 5 Printer Friendly imprimir artículo
Chapter 1 Salvaguarda de los derechos humanos,
aceptación de la diversidad cultural

Protección de los derechos humanos de los migrantes

Incorporar las cuestiones de género en la gestión de la migración

Aceptación de la diversidad y mitigación de las diferencias culturales

Pese a sus considerables posibilidades, la migración internacional también plantea algunos dilemas de gran magnitud, dimanados de preocupaciones relativas a la seguridad, la economía, la demografía, o cuestiones de patriotismo, sociales, culturales o de derechos humanos. No obstante, la migración internacional es una realidad hoy y lo será mañana: no hay indicios de que la humanidad-en marcha desde los albores de la historia-se abstendrá de aprovechar las oportunidades que le ofrece un mundo cada vez más interconectado, donde se van ampliando las perspectivas. La migración perdurará al menos mientras persista la pobreza y mientras la desigualdad afecte a grandes sectores de la humanidad. El verdadero desafío es cómo ampliar las contribuciones positivas de la migración internacional-especialmente en lo relacionado con el desarrollo y la reducción de la pobreza-y mitigar al mismo tiempo los riesgos para todos los involucrados(1).

Al iniciarse el siglo XXI, la comunidad mundial ha recorrido una gran distancia hacia la comprensión de cómo manejar esas tensiones; y sabe que la manera de hacerlo es mediante la colaboración internacional y el respeto y la promoción de los derechos humanos. Uno de los grandes logros del siglo XX(2) es haber elaborado un sistema internacional de derechos humanos que propugna la dignidad humana y las necesidades básicas a cuya satisfacción todos los seres humanos tienen derecho, sea cual fuere su origen nacional. Este legado data de la fundación misma de las Naciones Unidas, hoy una comunidad de 191 países que han asumido la tarea de buscar soluciones dignas a los retos de vivir en un mundo globalizado.

La conducción eficaz de la migración internacional requiere de la cooperación mundial, regional y bilateral. En los últimos años se ha intensificado el diálogo intergubernamental(3). Sobre la base del impulso generado por recientes compromisos asumidos a alto nivel, el año 2006 es significativo para la migración internacional y la formulación de políticas mundiales, que culminarán con el Diálogo de Alto Nivel dedicado a la migración internacional y el desarrollo. Es allí donde reside el reto: los gobiernos, los parlamentarios, los empleadores y las entidades de la sociedad civil, ¿darán cumplimiento a la promesa de asegurar la vigencia de los derechos humanos formulada a casi 200.000 millones de migrantes internacionales? El mundo será testigo.

Protección de los derechos humanos de los migrantes

A nivel mundial, los gobiernos han reafirmado reiteradamente los derechos humanos de los migrantes y sus familiares. En dos históricas reuniones al más alto nivel-la Cumbre del Milenio de 2000 y la Cumbre Mundial de 2005, de las Naciones Unidas-los líderes mundiales reconocieron que la manera en que se encauce la migración internacional afectará en gran medida el logro de los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM)(4). Asimismo, los gobiernos señalaron concretamente las necesidades y los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas en los planes de acción aprobados por las conferencias de las Naciones Unidas que se celebraron en el decenio de 1990, inclusive la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing.

Un enfoque basado en los derechos humanos y con sensibilidad de género es la norma mínima a que debería ajustarse toda política de inmigración. Sin embargo, a nivel mundial ha habido lentitud en cuanto a aplicar explícitamente las protecciones a los derechos humanos de los migrantes internacionales, y en responder a las preocupaciones respecto a los derechos propios de las mujeres.

En 1990 se aprobó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Pero tuvieron que pasar 13 años para que entrara en vigor, en 2003, después de que la hubo ratificado una cantidad mínima de países(5). En enero de 2006, sólo 34 de los 191 países habían ratificado la Convención. De los diez países del mundo que reciben mayor cantidad de inmigrantes-y que, en su conjunto, alojan a la mitad de todos los migrantes del mundo-ni uno figura en la lista de los que han ratificado la Convención(6). Preocupados por la necesidad de intensificar la protección de los derechos humanos de los migrantes, varios copartícipes, entre ellos importantes ONG internacionales y organismos de las Naciones Unidas, han emprendido la "Campaña mundial para la ratificación de la Convención"(7).

Muchos derechos humanos internacionalmente reconocidos son aplicables por igual a ciudadanos y no ciudadanos dentro del territorio de un Estado. Por ejemplo, los derechos a la libertad, a la protección contra la tortura y el trato inhumano, a servicios de educación y salud, a la igualdad de trato en el empleo, a la afiliación a sindicatos y al disfrute de días de descanso(8), por ejemplo, son derechos humanos que, en virtud de la legislación internacional, todo Estado está obligado al menos a tratar de respetar, proteger y poner en vigor, sea cual fuere la condición jurídica y social de una persona. En la práctica, varios países limitan algunos derechos humanos exclusivamente a sus ciudadanos y distinguen entre migrantes documentados e indocumentados(9). Esto es privativo de sus derechos de soberanía. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también establecen guías y recomendaciones sobre qué es un trabajo digno y qué es un trabajo forzado, y cuáles son las normas laborales mínimas, inclusive dos recomendaciones relativas a los migrantes(10). Esos instrumentos son especialmente pertinentes a los millones de trabajadores-inclusive trabajadores migrantes-cuyo trabajo facilita la alta calidad de vida a la que se han acostumbrado muchos países de destino. Esos migrantes suelen realizar un trabajo agotador y mal remunerado en explotaciones agrícolas, servicios de recolección de basuras o limpieza, que contribuyen a mantener a los hogares alimentados y a las ciudades, organizadas y pulcras. Si bien la mayoría de los trabajadores migrantes han estado y siguen estando dispuestos a un trueque-baja remuneración y dificultades socioeconómicas, a cambio de la oportunidad de recibir salarios más altos que en su país y de vivir en paz en el extranjero-los países que envían y que reciben migrantes no siempre han dado cumplimiento a la parte que les corresponde en ese tácito contrato, en relación con los derechos humanos.

En términos generales, las leyes laborales no protegen eficazmente a la mayoría de las mujeres migrantes del mundo, aun cuando hayan regularizado su situación como tales. El problema se complica porque muchos migrantes carecen de acceso a la información acerca de sus derechos, o de la manera de reivindicarlos. Esto se agrava por la escasez de datos adecuados sobre los cuales basar respuestas normativas eficaces y por la tendencia a que no se denuncien todos los casos de conculcación de los derechos humanos, debido a la naturaleza clandestina de gran parte de la mano de obra migrante(11). Un objetivo importante es regular los sectores actualmente no reglamentados en los que están empleadas muchas mujeres migrantes, inclusive fortalecer los sistemas de vigilancia a los que deben rendir cuentas los empleadores; esto logrará en gran medida prevenir y eliminar los abusos que, en sus formas más extremas, constituyen la esclavitud contemporánea. Alentar y obligar a los empleadores (inclusive organismos públicos y empresas multinacionales) al cumplimiento de leyes y códigos de conducta puede proteger más los derechos humanos de los trabajadores migrantes. Se han emprendido varias iniciativas incipientes encaminadas a establecer responsabilidad empresarial, incluidas varias promovidas por las Naciones Unidas y otros organismos(12).

Tienen importancia especialmente crítica los derechos a servicios de educación y salud, no sólo para las personas y familias migrantes en cuestión, sino también en beneficio de los países de destino. El derecho de un niño a recibir educación es fundamental para su desarrollo como ciudadano del mundo, sea cual fuere la situación, regular o irregular, del niño y de su padre y su madre. La salud no sólo es un derecho básico consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-tratado de las Naciones Unidas firmado o ratificado por más de 150 países(13)-, sino que también es necesaria para tener una vida productiva. En algunos países de destino, la mano de obra migrante representa una proporción sustancial del total de la mano de obra y, en consecuencia, el estado de salud de los migrantes puede tener efectos sustanciales sobre el producto económico nacional. Es especialmente necesario asegurar la vigencia de los derechos reproductivos y establecer servicios de salud reproductiva, a fin de salvaguardar tanto la salud como los medios de acción de que disponen las mujeres migrantes. Si no se promueve el acceso de los inmigrantes y sus familias a la educación y los servicios de salud, esto también afectará su integración. El deficiente estado educacional y de salud estimula la discriminación contra los migrantes y contribuye a su marginación socioeconómica con respecto al resto de la sociedad.

Varios países reconocen sus responsabilidades dimanadas del derecho internacional-responsabilidades con frecuencia consagradas a sus propias constituciones-y afirman los derechos básicos de todas las personas que están en su territorio nacional, sea cual fuere su situación, regular o irregular. En varios casos, los países aseguran que todos los migrantes tengan acceso a los servicios de salud, aunque para migrantes indocumentados, los servicios de salud suelen limitarse a las emergencias médicas. En septiembre de 2005, el Gobierno de México anunció que ofrece servicios de salud a todos los migrantes mexicanos y sus familias que viajan desde los Estados Unidos. El plan de "Seguro popular" ha de llevar cobertura a un millón de personas en una gama de problemas de salud, entre ellos cáncer, leucemia, VIH/SIDA, cataratas y enfermedades renales(14). La iniciativa de "hospitales acogedores para los migrantes", financiada por la Unión Europea, ha sido aplicada en 12 Estados Miembros para determinar la mejor manera de fortalecer el papel de los hospitales en la promoción de servicios de salud con sensibilidad cultural hacia los migrantes y las minorías étnicas(15).

Pero el progreso sigue siendo desigual cuando se trata de la protección de los migrantes, especialmente los indocumentados. Incluso cuando hay leyes en vigor, los migrantes indocumentados enfrentan obstáculos y riesgos, temen que se los denuncie y se los deporte, y tropiezan con limitaciones en el acceso a servicios a los que tienen derecho. Un ejemplo es el derecho a la salud, pues los gobiernos se debaten frente a aumentos en la inmigración, prioridades presupuestarias, crecientes preocupaciones por la seguridad y presión por parte de la opinión pública. En el caso del Reino Unido, aun cuando antes de 2004 no había leyes explícitas acerca del derecho de los migrantes indocumentados a los servicios de salud, en gran medida todavía tenían acceso a esos servicios. Después de esa fecha, las reglamentaciones enmendadas del Sistema nacional de salud mencionan explícitamente los "inmigrantes ilegales", establecen procedimientos para denunciarlos a las autoridades y requieren que los migrantes presenten pruebas de que son residentes legales(16).



Si bien la mayoría de los trabajadores migrantes han estado y siguen estando dispuestos a un trueque-baja remuneración y dificultades socioeconómicas, a cambio de la oportunidad de recibir salarios más altos que en su país y de vivir en paz en el extranjero-los países que envían y que reciben migrantes no siempre han dado cumplimiento a la parte que les corresponde en ese tácito contrato, en relación con los derechos humanos.



De manera similar, en 2002 Francia promulgó una ley que estipula que los migrantes indocumentados han de sufragar en parte sus tratamientos médicos. Quienes no puedan probar que han residido en el país más de tres meses no pueden solicitar asistencia médica, salvo en caso de una emergencia o para el tratamiento de un trastorno que pone en riesgo su vida. Frente a esa situación, la Federación Internacional de Derechos Humanos presentó una queja al Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa. En 2004, el Comité dictaminó que "la legislación o la práctica que deniega derechos de asistencia médica a los ciudadanos extranjeros dentro del territorio de un Estado parte, aunque estos estén allí ilegalmente, es contraria a la Carta"(17).

En Berlín, se estableció en 1996 el Büro für Medizinische Flüchtlingshilfe como recurso no gubernamental antirracista que ofrece tratamiento médico gratuito y anónimo dos veces por semana a migrantes y refugiados indocumentados. Actualmente, la organización posee filiales en todo el territorio de Alemania, conectadas entre sí en virtud de la campaña "Nadie es ilegal". Además, algunas organizaciones confesionales y caritativas están brindando asistencia médica a los migrantes indocumentados. En virtud de la "Ley de protección contra la infección" (2000), los centros de salud públicos ofrecen acceso gratuito al diagnóstico y al tratamiento en condiciones de anonimato, inclusive para casos de tuberculosis y algunas infecciones de transmisión sexual (ITS). Asimismo, los hospitales, las salas de primeros auxilios y los médicos generales están legalmente obligados a proporcionar tratamiento médico, independientemente de que el paciente tenga o no seguro de salud o residencia legal(18). No obstante, al igual que en otros países, traducir la política en la práctica no es tarea simple. Tal vez los migrantes indocumentados no tengan conocimiento de sus derechos jurídicos y tanto ellos como quienes les prestan servicios de salud tal vez no estén seguros de cuáles son las implicaciones generales de las nuevas leyes y procedimientos.

Para que las acciones sostenidas de proteccción de los derechos humanos de los migrantes echen raíces y se consoliden, es preciso que los encargados de formular políticas, y el público en general, reconozcan que la relación entre los inmigrantes y la sociedad que los acoge es mutuamente beneficiosa. Esto también incluye comprender que, en muchos contextos, la inmigración es también una necesidad, algo que los gobiernos están reconociendo cada vez más. Aun cuando los migrantes desempeñan un papel de importancia vital en las esferas social y económica, no siempre se valoran sus contribuciones. Un obstáculo de gran magnitud-aunque pocas veces explicitado-que impide la aceptación de los migrantes en la sociedad de destino es la xenofobia, así como la discriminación por motivos de género, étnicos, de clase o de otros tipos, que no hacen sino agravar los problemas que enfrentan los inmigrantes.


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