Incorporar las cuestiones de género en la gestión de la migración

Las remesas sociales y financieras de las mujeres migrantes representan sustanciales contribuciones a las familias y las comunidades en el lugar de origen y su trabajo proporciona beneficios económicos a ambos países, tanto el de origen como el de destino. No obstante, las políticas de migración raramente toman en cuenta las cuestiones de género. Esto se debe en parte a la ausencia de estudios sobre las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a oportunidades, riesgos, contribuciones y experiencias, y puede redundar en pérdida de oportunidades de multiplicar las ventajas económicas y sociales de la migración. Si se contara con una mejor recopilación de datos y más investigación, sería posible comprender mejor, por ejemplo, de qué manera la migración de las mujeres y sus remesas contribuyen al desarrollo y a la reducción de la pobreza(19). Las estrategias nacionales de reducción de la pobreza en los países de origen, y los países donantes que los apoyan, sin duda podrían beneficiarse si se prestara mayor atención al creciente fenómeno de la migración internacional de mujeres(20).

Algunos países están adoptando medidas para responder a la feminización de la migración. Para mejorar la formulación de políticas es menester recopilar datos desagregados por edad y por sexo, como ya se ha hecho en varias regiones con el apoyo del UNFPA. Para lograrlo, los países pueden aprovechar las iniciativas existentes de recopilación de datos, como censos, y encuestas demográficas, de salud y por hogares. Los países que reciben grandes cantidades de inmigrantes también pueden iniciar encuestas con el propósito concreto de examinar la situación socioeconómica de los migrantes. Las políticas que se formulen tienen más probabilidades de tener éxito si se basan en datos y análisis sólidos y fidedignos.

Noruega es uno de los pocos países que tratan de abordar la lamentable carencia de estadísticas desagregadas por sexo: recopila datos detallados sobre migrantes de primera y segunda generación, inclusive refugiados, en los aspectos demográficos, educacionales, laborales y económicos(21). Otra excepción es el Canadá: fue el primer país que emprendió un análisis cabal de las políticas de inmigración desde el punto de vista del género. Esto condujo a introducir cambios en los requisitos de ingreso, que redundaron en el aumento de las cantidades de mujeres extranjeras capacitadas que ingresaron al país: desde 24,5% de todos los migrantes laborales en 2001 hasta 34% en 2002(22). A escala regional, el Sistema de Información y Estadísticas sobre Migración Centroamericana compila datos desagregados por sexo y es uno de los conjuntos de datos más avanzados(23). En Nepal se logró un sustancial adelanto cuando el Gobierno incorporó las cuestiones atinentes a las mujeres migrantes en el décimo Plan Nacional 2002-2007. Además, las autoridades han adoptado recientemente medidas para establecer una base nacional de datos sobre migración desagregados por sexo(24).

Los encargados de formular políticas puede proporcionar alternativas a la migración estableciendo políticas y programas explícitamente encaminados a reducir la pobreza, eliminar la discriminación por motivos de género y ampliar las oportunidades de que disponen las mujeres en sus países de origen. Al eliminar las disposiciones discriminatorias y asegurar que las mujeres tengan oportunidades de migrar legalmente, es posible contribuir a reducir la migración irregular, reducir el contrabando y la trata de personas y posibilitar que las mujeres apoyen a sus familias sin correr riesgos indebidos(25). Algunos países que reciben inmigrantes siguen aplicando el enfoque del “solicitante principal” que, en la práctica, favorece a los varones jefes de familia. Esto limita la oportunidad de que las mujeres migrantes sean admitidas independientemente y tengan una situación regularizada(26). Los países de destino también se beneficiarán si introducen reformas normativas para eliminar barreras discriminatorias relativas a las contribuciones impositivas, a cajas de pensiones y otras contribuciones económicas que efectúan las mujeres migrantes. Así se fomentará también una gestión más humana y ordenada de la migración(27).

Varios expertos han formulado diversas recomendaciones para proteger los derechos humanos de las mujeres a lo largo del ciclo migratorio. Como se indicó en capítulos anteriores, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y organismos de las Naciones Unidas, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), han elaborado estándares, guías y buenas prácticas, en colaboración con varios gobiernos y ONG. Los gobiernos podrían velar por que se imparta a las mujeres migrantes orientación e información antes de su partida en relación con sus derechos, los riesgos que pueden correr y adónde dirigirse en caso de emergencia o abuso. Si se concertaran acuerdos bilaterales entre los países de origen y los de destino, esto contribuiría a proteger a las mujeres migrantes, ayudarlas a plantear reivindicaciones por vía judicial y facilitar su repatriación. Acuerdos de ese tipo existen entre Tailandia y dos países de origen: la RDP Lao y Camboya(28), y lo propio ocurre entre Jordania y otros países que envían grandes cantidades de inmigrantes (Indonesia, Nepal, Filipinas y Sri Lanka)(29).

Los países también podrían apoyar a las mujeres migrantes reglamentando las agencias que se encargan del reclutamiento y la colocación en empleos, estipulando contratos por escrito y estableciendo oficinas consulares en los países de destino, como lo han hecho varios países del Asia meridional(30). Para reforzar el papel de las embajadas en la protección de los derechos de las mujeres migrantes es necesario incrementar los recursos, la dotación de personal y la capacitación(31). Una esfera de importancia crítica que ha de revisarse es la cuestión de las políticas y las prácticas que prohíben que las mujeres cambien de empleador una vez que están en el país de destino. Esto no sólo es una importante razón por la que algunas mujeres migrantes se encuentran atrapadas en condiciones abusivas y de explotación, sino que también les impide ascender en la escala ocupacional.

Además, los gobiernos podrían facilitar la reintegración de las mujeres migrantes cuando éstas regresan a su lugar de origen, así como mitigar los problemas socioeconómicos de las que carecen de empleo, o han sido maltratadas, o han sido objeto de trata(32). También en este caso, esas medidas acarrean beneficios mutuos: los países se han de beneficiar si apoyan el acceso de las repatriadas a la inversión, el crédito, la propiedad de bienes y los servicios conexos, esferas en que las mujeres suelen tropezar con discriminación y otros obstáculos. Esto, a su vez, contribuiría a la buena administración de los ahorros efectuados a partir de las remesas, que pueden destinarse a iniciativas empresariales y de desarrollo y posibilitaría que los gobiernos estudiaran las maneras de capitalizar la potencial “ganancia de mujeres profesionales” que aportan las trabajadoras migrantes calificadas.

Filipinas tiene reputación de poseer uno de los programas más avanzados para trabajadores en el extranjero, inclusive un curso obligatorio antes de la partida que imparte información sobre derechos y cuestiones de salud(33). Las mujeres migrantes incluso están adquiriendo información útil sobre autodefensa y sobre la manera de obtener servicios de apoyo cuando están en el extranjero. En colaboración con la OIM, el Gobierno ha preparado un videofilme titulado The Power To Choose: Self-Defense for Women Migrant Workers (El poder de optar: Autodefensa para las mujeres trabajadoras migrantes), que indica de qué manera las futuras emigradas pueden evitar posibles abusos, y defenderse(34). En Etiopía, una mujer que había residido anteriormente en el Líbano estableció una agencia de empleo para migrantes oficialmente registrada, Meskerem. Su misión es prestar asistencia y proteger a las mujeres contra la trata y los abusos mientras están en el extranjero. En colaboración con su filial local en el Líbano, la agencia emite tarjetas de identidad donde figura información para contactos de emergencia que atienden 24 horas diarias y servicios que pueden recogerlas, albergarlas y repatriarlas si eso fuera necesario. La agencia también abonará los sueldos cuando no lo haga el empleador y seguidamente lo demandará ante la justicia(35). Otros países también están tratando de apoyar a las mujeres migrantes. México, por ejemplo, inició una campaña para crear conciencia acerca de los derechos humanos de las mujeres migrantes y las condiciones en que viven mientras residen en los Estados Unidos(36).

Los parlamentarios pueden desempeñar un papel fundamental. En diciembre de 2005, el Comité de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, emitió un informe sobre la integración de las mujeres inmigrantes en Europa(37). El informe reconoce que las mujeres enfrentan doble discriminación, en su carácter de mujeres y de inmigrantes, y exhorta a los Estados Miembros de la Unión Europea a que intensifiquen la protección de los derechos humanos de este grupo. Tal protección abarca: combatir el racismo y los estereotipos de género; crear conciencia en los medios de difusión y las escuelas acerca de las contribuciones de las mujeres migrantes a las sociedades de destino; y eliminar los obstáculos que se oponen al empleo de esas mujeres. Entre otras medidas figuran las siguientes: otorgar condición de residencia legal independiente a las mujeres que ingresan al país con fines de reunificación familiar; y tipificar como delito la retención de sus documentos, permisos de residencia o pasaportes; ofrecer enseñanza de oficios que posibilite que las mujeres migrantes pasen a otros sectores distintos de los tradicionales (entre ellos, el servicio doméstico y la salud); ofrecer apoyo, como guarderías infantiles; y alentar el mayor involucramiento masculino en las responsabilidades de la familia. Dado que se reconoce la necesidad de involucrar a los hombres, también se exhorta a los países de destino a proporcionar educación a los nuevos inmigrantes, hombres y mujeres, sobre la igualdad de derechos de hombres y mujeres y sobre la necesidad de eliminar la violencia por motivos de género.

También tiene importancia crítica colaborar con las comunidades de los países de origen que tienen grandes cantidades de emigrantes. Además de reducir los riegos de trata o explotación, mediante acciones para crear conciencia, también podría impartirse a los migrantes potenciales información acerca de qué han de esperar de su experiencia, cuáles son las oportunidades y las dificultades que tendrán, así como cuáles son las leyes y políticas pertinentes. Por ejemplo, en Tarija (Bolivia), un programa de “orientación para jóvenes mujeres” conducido por la ONG Promoción de la Mujer Tarija (PROMUTAR), asesora a las jóvenes que piensan en emigrar sobre los riesgos que entraña la migración indocumentada(38). Los enfoques participativos también son pertinentes para fundamentar y formular políticas eficaces de migración y desarrollo. La participación de organizaciones de mujeres migrantes, sumada a una mayor colaboración entre encargados de formular políticas, empleadores, sindicatos y otras ONG, puede servir para fomentar la búsqueda de mejores respuestas de política, sostenibles y equitativas, en relación con la gestión de la migración internacional.

REDES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LA IGUALDAD

Muchas ONG han estado en el frente de batalla en pro de los derechos de los migrantes, especialmente en cuestiones concretas como la trata de personas o los refugiados. Su participación en la formulación de las políticas de migración es más reciente, pero está cobrando impulso(39). Varias organizaciones han incluido la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de la mujer o bien como tema central de sus misiones, o bien como parte de éstas.

La organización Migrants Rights International fue fundada en 1994, en ocasión de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (ICPD), a fin de promover los derechos humanos de los migrantes. Cuenta entre sus miembros con organizaciones y expertos de todas las regiones del mundo(40). En los Estados Unidos hay actualmente más de 3.000 organizaciones que prestan asistencia a inmigrantes, en comparación con sólo unas 50 en 1993(41). En 1999, se estimaba que al menos 300 organizaciones estaban trabajando en pro de los derechos de los migrantes en Asia(42). Varias redes en América Latina, así como en Europa (algunas de éstas, financiadas por la Comisión Europea) son paladines de los derechos de los migrantes y la lucha contra el racismo(43). La Plataforma de Cooperación Internacional sobre los Migrantes Indocumentados (PICUM), por ejemplo, es una asociación de ONG europeas que colaboran en pro de los derechos a la vivienda, la educación, la salud, la asistencia jurídica, así como los derechos de reunión y promoción de mejores condiciones de trabajo(44). Según la Fundación Italiana para el Servicio Voluntario (FIVOL), hay actualmente unas 1.000 asociaciones activas en cuestiones de inmigración, la mitad de las cuales están bajo la dirección de los propios migrantes(45).

Un importante factor contribuyente a la explotación y los abusos laborales es que con frecuencia los inmigrantes carecen de representación en organizaciones sindicales que luchen por sus derechos. Varias ONG, muchas de ellas establecidas por los propios trabajadores migrantes, han aparecido para llenar ese vacío. Los sindicatos son foros de importancia crítica, por conducto de los cuales pueden defenderse los derechos de los trabajadores; varios de ellos—mayormente en países desarrollados—han hecho suyas las preocupaciones de los trabajadores migrantes(46). La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, por ejemplo, que congrega en todo el mundo a 125 millones de trabajadores, ha promovido los derechos del trabajador migrante a escala tanto mundial como nacional, por conducto de sus filiales. Entre otras actividades, emprendió un plan de acción titulado “¡No! al racismo y la xenofobia”(47). Si bien las leyes tienden a impedir que los migrantes se afilien a sindicatos, hay algunas excepciones. En Suiza, los sindicatos ofrecen a los trabajadores migrantes indocumentados, muchos de ellos trabajadoras en el servicio doméstico, tarjetas que los acreditan como miembros y les proporcionan protección básica(48).

En Asia se han constituido varias organizaciones que defienden los derechos de las mujeres migrantes. En Hong Kong (RAE de China), en 1989 se registró como sindicato la Unión de Trabajadoras Asiáticas en el Servicio Doméstico, que actualmente dispensa apoyo a miembros procedentes de diversos países, entre ellos Filipinas, la India, Indonesia, Malasia, Nepal, el Pakistán, Sri Lanka y Tailandia(49). Asimismo, mujeres filipinas han establecido varias otras ONG vinculadas con redes transnacionales, entre ellas la coalición de ONG United Filipinos in Hong Kong (UNIFIL), la cual vigila las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras extranjeras en el servicio doméstico y también ha ayudado a establecer su propio sindicato a trabajadoras procedentes de la India, Indonesia y Sri Lanka(50). En 2004, en la República de Corea, varias ONG de mujeres, de defensa de los derechos humanos, y confesionales, han obtenido protecciones jurídicas para migrantes poco calificados, con la introducción del sistema de permisos de empleo, que ofrece a los trabajadores migrantes los mismos derechos que tienen los locales, inclusive el derecho a afiliarse a sindicatos, a hacer huelga, a entablar negociaciones colectivas y a tener seguro nacional de salud, de riesgo contra terceros y de accidentes laborales, así como el derecho a una pensión estatal(51). En Nueva Delhi (India), el Centro de Estudios del Asia meridional ofrece a migrantes de Nepal, cuya cantidad se estima en 200.000, información acerca de servicios de educación y salud, derechos laborales, gestión financiera y envío de remesas(52).