El descenso de Sylvia hacia el tenebroso mundo de la trata de mujeres comenzó cuando, a los 19 años de edad, un vecino le dijo que podía ayudarla a encontrar un buen empleo como vendedora en un negocio de Moscú. Desempleada, sin dinero, con una hijita y sin esposo ni perspectivas de empleo en su pueblo natal de Ungheni (Moldova), Sylvia (no es su nombre verdadero) decidió viajar a la capital, en Chisinau, donde iba a reunirse con dos hombres que organizarían su viaje a Rusia. A continuación, Sylvia se vio sumergida en una pesadilla de sevicias, violación, privación y enfermedad. Sylvia había caído en las garras de tratantes y posteriormente fue llevada de contrabando, junto con otras once mujeres, a Moscú, directamente en medio del tenebroso submundo de la esclavitud sexual mundializada.

Aun cuando su caso es una excepción y no la norma, las tribulaciones de Sylvia son comunes a centenares de miles de mujeres y niñas cada año. Si bien la migración puede ser una fuente de esperanzas que amplía los medios de acción de millones de personas en todo el mundo, cuando la migración “se descarríla”, los migrantes pueden encontrarse atrapados en situaciones de explotación extrema y malos tratos. Las mujeres objeto de trata y las trabajadoras en el servicio doméstico son dos grupos particularmente susceptibles a la grave conculcación de sus derechos humanos y a condiciones de trabajo similares a la esclavitud.

Sylvia es una de las “afortunadas”. La angustia de su explotación cotidiana finalmente ha cesado. Hoy, más de un año después del momento en que fue objeto de trata, Sylvia se ha reunido con su hijita y está viviendo en un “albergue protegido”, patrocinado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el UNFPA, en una ubicación confidencial. Allí recibe asesoramiento psicosocial y servicios de salud, a la espera de presentarse como testigo en el juicio entablado contra quienes la atormentaron. Sigue padeciendo los efectos de trastornos postraumáticos, que le impiden dormir y le causan episodios repentinos de temblores inexplicables. Que algún día esté o no en condiciones de vivir una vida “normal” es todavía una incógnita que la rodea, al igual que los recuerdos de todo lo que tuvo que soportar.

¿Por qué quiere Sylvia que se sepa lo que le pasó? Dice: “Al principio, pensé que todas las historias acerca de mujeres que eran objeto de trata eran falsas, una táctica para meter miedo. Pero ahora sé que es verdad y quiero ayudar a las demás a comprender que eso es real y puede pasarle a cualquiera”.

La trata de seres humanos

Debido a su naturaleza clandestina, los expertos advierten que los datos sobre trata de seres humanos arrojan cifras aproximativas, difíciles de validar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que actualmente al menos 2,45 millones de víctimas de la trata están trabajando en condiciones de explotación y que cada año se les agregan 1,2 millón de personas, tanto a través de las fronteras como dentro de los límites nacionales(1). El Departamento de Estado de los Estados Unidos calculó cantidades similares: cada año, entre 600.000 y 800.000 mujeres, hombres y niños son trasladados clandestinamente a través de fronteras internacionales, la mayoría de ellos con fines de explotación sexual comercial(2). De estos, la mayoría—hasta un 80%—está constituida por mujeres y niñas. Hasta un 50% son niñas y niños varones.

Con frecuencia, las mujeres objeto de trata se ven obligadas a prostituirse y a trabajar en el turismo sexual, o a contraer matrimonio mediante arreglos comerciales, o a realizar trabajos “femeninos” en condiciones de explotación en el servicio doméstico, en las tareas agrícolas o en los talleres de fábricas. La trata de seres humanos(3) es, de las actividades comerciales ilícitas, la que ocupa el tercer lugar entre las más lucrativas del mundo, después del tráfico de armas y del tráfico de estupefacientes, y es una importante fuente de ingresos para la delincuencia organizada. Según se estima, la industria genera cada año entre 7.000 millones y 12.000 millones de dólares EE.UU., aun cuando es difícil obtener cifras fidedignas, dada la naturaleza ilícita de esas actividades(4). Por otra parte, esos montos reflejan únicamente las utilidades de la venta inicial de personas. Según estimaciones de la OIT, una vez que las víctimas han llegado al país de destino, los tratantes obtienen sumas adicionales de 32.000 millones de dólares EE.UU. anuales, la mitad generadas en los países industrializados y casi una tercera parte, en Asia(5).

La trata de seres humano constituye el siniestro “reverso oculto” de la globalización(6). La apertura de las fronteras nacionales y de los mercados internacionales no sólo ha redundado en mayores corrientes de capital, bienes y mano de obra, sino también en la globalización de la delincuencia organizada. Las mejores tecnologías de la información y los transportes posibilitan que los sindicatos delictivos transnacionales operen en una magnitud nunca alcanzada antes. Las víctimas, en su mayoría, son migrantes en busca de una vida mejor que suelen ser atraídas con el señuelo y la promesa engañosa de un trabajo digno(7). Las políticas de inmigración, cada vez más restrictivas, limitan la posibilidad de entrada legal y esto, a su vez, impulsa a cantidades cada vez mayores de futuros migrantes a ponerse inadvertidamente en manos de los tratantes(8).

Aun cuando la trata de seres humanos difiere de los demás tipos de migración, hay una considerable superposición con la migración regular e irregular cuando ésta entraña violencia, confinamiento, coacción, añagazas y explotación(9). Una novia pedida por correo, por ejemplo, tal vez entre legalmente al país, pero posteriormente tal vez se vea sometida a trabajo forzado; una trabajadora del servicio doméstico puede terminar siendo objeto de trata con fines de explotación sexual. La trata también tiene elementos comunes con el contrabando. No obstante, a diferencia de éste último, la trata entraña un componente de coacción o subterfugio, mientras que la relación entre migrantes y contrabandistas se basa en el consentimiento y por lo general termina al llegar al punto de destino. Por otra parte, en la vida real, las distinciones pueden ser borrosas y hay casos que contienen componentes de uno y otro tipo(10).

ESCLAVITUD CONTEMPORÁNEA

La esclavitud fue objeto de oprobio incluso antes de la memorable Declaración Relativa a la Abolición Universal de la Trata de Esclavos, de 1815(1). La esclavitud es un crimen de lesa humanidad que abarca el trabajo forzado, la servidumbre (trabajo forzado en tierras ajenas, realizado en condiciones equiparables a las de “siervos de la gleba”)(2), la esclavitud para el pago de deudas(3) la trata de seres humanos, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el matrimonio forzado, la venta de esposas y la servidumbre infantil. El trabajo forzado(4)—el que se realiza involuntariamente y bajo amenaza de castigos—está presente en alguna variante en todos los continentes y abarca el trabajo en condiciones de servidumbre en el Asia meridional y América Latina (donde sus víctimas son mayormente personas indígenas) y modalidades tradicionales de esclavitud en algunas partes de África(5). En 2004, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa lamentó que hoy, en el siglo XXI, siga existiendo la esclavitud en Europa. Entre sus constataciones figuraron las siguientes: “Los esclavos son predominantemente de sexo femenino y suelen trabajar en casas privadas, comenzando como trabajadoras domésticas migrantes, o contratadas de conformidad con el sistema au pair, o como novias pedidas por correo”. Exhorta a todos los Estados Miembros a tipificar la esclavitud como delito y enjuiciar a los responsables de cualquier tipo de esclavitud, además de “al menos considerar la posibilidad de otorgar a las trabajadoras domésticas que han sido objeto de malos tratos permisos provisionales de residencia y posibilitar que presenten denuncias contra esposos o empleadores que las maltratan”. También exhorta a elaborar una Carta de derechos de los trabajadores(6). La OIT informa de que las mujeres migrantes laborales suelen ser atraídas con señuelos para que acepten empleo como trabajadoras domésticas y seguidamente, quedan atrapadas en la esclavitud para pagar sus deudas o son objeto de trata para la industria del sexo. Algunas migran bajo apariencias de que van a contraer matrimonio o trabajar en programas au pair que fueron establecidos originariamente para el intercambio cultural(7). Hay dos categorías de trabajo forzado: la explotación económica bajo coacción y la explotación sexual comercial. La OIT afirma que, de los 12,3 millones de personas que realizan trabajos forzados en todo el mundo, la mayoría está constituida por mujeres y niñas: son un 56% de quienes están siendo objeto de explotación económica bajo coacción y un 98% de quienes están sujetos a explotación sexual comercial forzada(8).

UN FENÓMENO MUNDIAL

La trata de seres humanos es un fenómeno mundial impulsado por la demanda y estimulado por la pobreza y el desempleo. Lo frecuente es que muchas víctimas de trata respondan a anuncios que les ofrecen empleo como niñeras, modelos, peluqueras, bailarinas o camareras, o que amigos y, a veces incluso parientes, actúen como reclutadores. Según investigaciones realizadas en Serbia y Montenegro, un 64% de los reclutadores son personas conocidas de la víctima(11). Las redes delictivas, a menudo en colaboración con funcionarios aduaneros corruptos, tramitarán documentos de viaje y confiscarán los pasaportes de las víctimas al llegar al destino. Las mujeres, en su mayoría, son obligadas a prostituirse a fin de rembolsar su “deuda”. Con frecuencia, los tratantes recurrirán a violar, aislar o confinar y/o drogar a las víctimas a fin de “quebrar su espíritu” y lograr que acaten órdenes. A menudo, las mujeres y las niñas son vendidas y revendidas y luego son enviadas clandestinamente a otros lugares de destino(12).

Las mayores cantidades de personas que han sido objeto de trata internacional están en el Asia sudoriental y meridional, en cantidades que se estiman en 225.000 y 150.000, respectivamente. El Departamento de Estado de los Estados Unidos estima que cada año, más de 100.000 personas oriundas de países de la ex Unión Soviética y 75.000 de países de Europa oriental son objeto de trata, y a ellas se agregan 50.000 africanos. El Departamento también afirma que aproximadamente 100.000 personas procedentes de países de América Latina y el Caribe son objeto de trata cada año(13).

En Asia, se considera que las mayores cantidades de mujeres objeto de trata proceden de la misma región(14). La región del Gran Mekong(15) e Indonesia son zonas de trata en gran escala. Tailandia, además de ser un país de destino, opera como fuente y núcleo de tránsito hacia otros países asiáticos, Australia, los Estados Unidos y Europa occidental(16). La India y el Pakistán son importantes países de destino para mujeres y niñas objeto de trata y también son escalas en el tránsito hacia el Oriente Medio(17). En el Asia meridional, es motivo de particular preocupación la trata de niños: “una prolongación del grave problema del trabajo infantil”, inclusive la explotación de niñas para el servicio doméstico(18).

Si bien las víctimas de la trata proceden de todos los países del mundo, en Europa la mayoría de ellas son oriundas de Europa oriental y, al parecer, las cantidades van en aumento(19). Varios investigadores informan de que, desde que Lituania ingresó en la Unión Europea en 2004, ha aumentado pronunciadamente el número de mujeres víctimas de trata que salen de ese país. Según estimaciones de la OIM, aproximadamente 2.000 mujeres y niñas lituanas, en su mayoría de ámbitos más pobres y con menor educación, son arrancadas ilegalmente del país cada año y obligadas a dedicarse a la industria comercial del sexo(20). En Alemania y los Países Bajos también aumentó en los últimos años el número de víctimas registrado(21).

Según la OIM, Turquía se ha transformado en uno de los “mayores mercados” de mujeres que son objeto de trata, procedentes de los vecinos países de la ex Unión Soviética, donde los sindicatos delictivos obtuvieron 3.600 millones de dólares en 2005. Del número de víctimas de trata con fines sexuales detectadas en 2005, un 60% procedía de Moldova y Ucrania y más de la mitad eran jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Frente a esa situación, el Gobierno de Turquía está intensificando las medidas de prevención y represión de la trata de seres humanos(22).

En Europa sudoriental, en cambio, parecería que la trata está disminuyendo, o que ha pasado a ser menos visible. En Bosnia y Herzegovina se encuentran ejemplos de las nuevas tendencias y de las dificultades que conlleva frenar ese intercambio comercial. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, señaló durante una misión realizada en 2005 que la trata “ha cambiado en su magnitud y su naturaleza”. Los tratantes han ido cambiando sus modalidades operacionales a fin de contrarrestar las estrategias de lucha contra la trata adoptadas por los gobiernos(23). Después de redadas gubernamentales en gran escala, los tratantes han acentuado su clandestinidad, apartándose de los clubes nocturnos y optando por residencias privadas. Es menor el número de mujeres que denuncian su situación, pero es difícil determinar si esto se debe a que se ha reducido el volumen de la trata. Algunas mujeres temen ser deportadas y otras titubean en comunicarse con la policía, pues los agentes han sido acusados a veces de solicitar ellos mismos sus servicios.

En la región del África meridional hay una amplia gama de actividades, entre ellas la trata de mujeres y niñas procedentes de Europa oriental, China, Malawi, Mozambique y Tailandia, hacia Sudáfrica. Una investigación realizada por la OIM en 2005 sobre Sudáfrica revela que prosiguen las corrientes de mujeres llevadas desde las zonas rurales de Mozambique y desde Maputo, posteriormente vendidas a los mineros que extraen oro “para su uso como compañeras sexuales y sirvientas domésticas, sin remuneración”(24). En el África occidental, la trata de personas, en su mayor parte, afecta a jóvenes que son vendidas para el servicio doméstico, aun cuando la OIT señala que también los grupos armados participan en la trata de menores(25). En Etiopía, los tratantes suelen operar pequeñas empresas, como agencias de viajes y compañías de importación y exportación, actividades que requieren frecuentes viajes hacia el Oriente Medio(26).

En América Latina y el Caribe, la trata de mujeres afecta mayormente a las procedentes del Brasil, Colombia, la República Dominicana, Guatemala y México, que son llevadas con fines de explotación sexual a países de América del Norte y Europa occidental, pero también a otros países de la misma región(27). Se estima que en otros países de América del Sur y en lugares tan distantes como España y el Japón, hay unas 70.000 brasileñas que trabajan como prostitutas y son, en su mayoría, víctimas de trata(28). También las niñas son objeto de trata en la región para las industrias comerciales del sexo y de los estupefacientes, o son explotadas en el servicio doméstico(29).

Las víctimas de trata llevadas a los Estados Unidos proceden de no menos de 50 países y a menudo se ven obligadas a trabajar en talleres de confección de ropa en los suburbios de Los Ángeles, en prostíbulos de San Francisco, en bares de New Jersey y en campamentos agrícolas que se sirven de mano de obra esclavizada en Florida(30). Funcionarios de los Estados Unidos señalan que cada año son llevados a ese país entre 14.500 y 17.500 personas con fines de explotación y esclavitud(31).

TRATA DE SERES HUMANOS: CONCULCACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

De conformidad con la legislación internacional, los derechos a la vida, la seguridad y la libertad, el derecho a no ser vendido en matrimonio y la prohibición de esclavitud, tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes, y del trabajo forzado y el trabajo infantil, entre otras, se aplican a todas las personas que se encuentran dentro de las fronteras de un país, sean cuales fueren su condición de legalidad o ilegalidad o su país de origen. Numerosas convenciones y varios acuerdos internacionales y regionales prohíben la trata y la esclavización de seres humanos. Pero la trata de personas también ha suscitado la elaboración de un conjunto específico de tratados y principios de derechos humanos.

El Protocolo para reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, de 2003, es el principal instrumento internacional, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (32); no limita su alcance a la trata con propósitos de prostitución forzada y toma en cuenta nuevas modalidades, como el trabajo forzado en el servicio doméstico y el matrimonio mediante arreglos comerciales. Sus principales propósitos son “prevenir y combatir la trata de personas, prestando particular atención a las mujeres y los niños”; proteger y prestar asistencia a las víctimas; castigar a los perpetradores; y fomentar la colaboración entre los gobiernos. Todos los Estados Partes (97) del Protocolo deben tipificar como delito la trata de personas(33). A nivel regional, el tratado más recientemente aprobado, en 2005, es el Convenio del Consejo de Europa para la Acción contra la trata de seres humanos(34). Abarca todas las formas de trata, inclusive la efectuada dentro de las fronteras de un país, y establece un sistema de vigilancia que incluye representantes ministeriales y expertos independientes encargados de evaluar la aplicación del Convenio y recomendar mejoras al respecto(35).

Desde el decenio de 1980 y durante todo el de 1990, las políticas internacionales relativas a la trata han cobrado impulso, y se han celebrado varias conferencias de las Naciones Unidas, se han establecido mecanismos de derechos humanos y se han preparado informes al respecto(36). Más recientemente, el compromiso de poner fin a la trata se reflejó en reuniones gubernamentales a los más altos niveles, entre ellas la reunión de la Unión Africana en 2004(37) y la Cumbre Mundial de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 2005(38).

ENJUICIAMIENTO Y REPATRIACIÓN

Las personas víctimas de trata a menudo temen represalias si cooperan con las autoridades. Entre las medidas gubernamentales adoptadas figura un “período de reflexión” o permiso de residencia a corto plazo que posibilita que las víctimas se recuperen y consideren sus opciones. El Protocolo de las Naciones Unidas sobre la trata recomienda que los gobiernos permitan a las víctimas permanecer, transitoria o permanentemente, en el país de destino. También exhorta a los Estados Parte a velar por la seguridad de las víctimas y proteger su privacidad y su identidad, además de “considerar la posibilidad” de proporcionar: vivienda, información y asesoramiento jurídico en un idioma que las víctimas comprendan, servicios médicos, y asistencia en materia de educación, empleo y capacitación(39). Además, recomienda que los gobiernos establezcan medidas jurídicas para posibilitar que las víctimas reciban compensación por los daños sufridos. Por ejemplo, en un caso, una mujer recibió más de 400.000 dólares EE.UU. en indemnización compensatoria de daños y más de 300.000 dólares EE.UU. con carácter punitivo, en un juicio entablado contra un intermediario internacional de matrimonios, quien no le había informado acerca de la existencia de una ley que posibilitaba que escapara de un matrimonio abusivo sin incurrir en deportación automática(40).

Los Principios y las Directrices sobre los derechos humanos y la trata de personas, recomendados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), también destacan la necesidad de proteger a las víctimas. Según este documento, no se debe supeditar el apoyo y los cuidados brindados a las mujeres víctimas de trata a que éstas puedan o estén dispuestas a cooperar con los procedimientos judiciales(41). Las víctimas de trata necesitan protección para que no se las siga explotando y también necesitan acceso a servicios médicos y psicológicos, inclusive al asesoramiento y la detección voluntaria y confidencial del VIH(42).

Desde el año 2000, la legislación de los Estados Unidos ha previsto el llamado “visado T” para las víctimas de trata que están dispuestas a ayudar a los fiscales acusadores. Esto posibilita que permanezcan en el país durante hasta tres años y seguidamente, soliciten residencia permanente(43). La Convención del Consejo de Europa ha introducido un período obligatorio de recuperación y reflexión de 30 días como mínimo, para todas las víctimas indocumentadas. Los países de la región han hecho lo propio, con variaciones en la duración y las condiciones en que se otorgan los permisos. Esto posibilita que las víctimas escapen a la influencia de los tratantes y tengan tiempo de recuperarse, mientras deciden si desean cooperar con las autoridades policiales(44). Sin embargo, algunos expertos han criticado esas medidas porque hacen hincapié en los procedimientos penales y no en la protección(45).. Según la organización Anti-Slavery International, los países que han introducido períodos de reflexión o permisos de residencia breves—que no están supeditados a que la víctima coopere—han logrado “alto nivel de eficacia en el enjuiciamiento de los tratantes(46)”. Un modelo de ese tipo es ofrecido por Italia(47). Ese sistema confirma que no hay contradicción entre proteger y prestar asistencia a las víctimas, por una parte, y por la otra, enjuiciar eficazmente a los tratantes.

Cuando expira el período de reflexión o de residencia a corto plazo, la víctima de trata suele ser repatriada al país del que es ciudadana o donde residía permanentemente. Según el Protocolo de las Naciones Unidas sobre la trata, es preferible que la repatriación sea voluntaria, tomando en cuenta la seguridad de la víctima. La legislación sobre refugiados puede ser beneficiosa para las víctimas de trata cuando hay temores bien fundamentados de persecución. Por ejemplo, en el caso Dzhygun de 2000, en el Reino Unido, el Tribunal de apelaciones en cuestiones de inmigración dictaminó que una mujer tiene derecho a protección si es miembro de un grupo social determinado, en ese caso “mujeres ucranianas forzadas a prostituirse contra su voluntad(48)”.

Otro problema que disuade a las víctimas de cooperar con los agentes policiales es el de la corrupción. Las mujeres suelen titubear en presentar denuncias porque temen a las autoridades policiales. A veces, los tratantes se jactan de que controlan a la policía, aseveración que parecería plausible, en particular si las víctimas han presenciado la complicidad de funcionarios de inmigración y otros funcionarios estatales cuando los tratantes las sacaron de su país de origen(49).

Actualmente, casi todos los países están intensificando las medidas para reprimir la trata. No obstante, muchos problemas persisten, entre ellos: insuficiencia de datos, programas gubernamentales deficientes o inexistentes, corrupción y adaptabilidad de los sindicatos delictivos que con frecuencia cambian de tácticas y utilizan empresas y mecanismos legales como pantalla tras la cual ocultan sus actividades clandestinas. En el informe producido en 2005 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y titulado Trafficking in Persons Report se indican los nuevos juicios iniciados, las convicciones, las nuevas reglamentaciones y las enmiendas a las existentes, por región(50). Los países que no adoptan medidas razonables para dar cumplimiento a las normas mínimas estipuladas por la Ley de protección a las víctimas de trata, de los Estados Unidos, pueden ser objeto de sanciones, incluidas las que no afectan aspectos humanitarios o comerciales, por ejemplo, la oposición de los Estados Unidos a que instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional presten asistencia a esos países(51). Además, el Secretario General de las Naciones Unidas presenta a la Asamblea General informes donde indica las medidas adoptadas por los gobiernos para enjuiciar a los tratantes.

PROTECCIÓN, CUIDADO Y REINTEGRACIÓN

Las víctimas de trata necesitan seguridad, apoyo y atención durante su proceso de reintegración social y económica, después de que cesan sus tribulaciones. No sólo deben hacer frente a la depresión que suele invadirlas, sino también al estigma social, especialmente en los casos de explotación sexual.

Según el Informe del Secretario General sobre la trata de mujeres y niñas (2004), varios países están adoptando medidas de apoyo a las víctimas. Por ejemplo, Bélgica y los Estados Unidos aportan asistencia financiera. En algunos países se dispone de líneas telefónicas de emergencia, entre ellos Bangladesh, Dinamarca, los Estados Unidos, Italia, Lituania, Turquía y Uzbekistán. Además, países como China, Indonesia, Portugal y los Estados Unidos, entre otros, ofrecen acceso a servicios de asistencia jurídica. Varios países cuentan con programas sociales, inclusive atención psicológica y médica, y han establecido albergues y centros de crisis, aun cuando estos no bastan para satisfacer plenamente las necesidades y suelen estar insuficientemente financiados. Un albergue apoyado por el UNFPA y dirigido por la OIM en Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, presta servicios de salud reproductiva a las mujeres y niñas que han sido víctima de trata(52).

Debido al temor a los agentes de policía corruptos y al posible arresto y deportación, con frecuencia las mujeres víctimas de trata prefieren recurrir a las ONG y no a organismos estatales. En Filipinas, la ONG Visayan Forum Foundation, resultante de una alianza de entidades de los sectores privado y público, dirige albergues para víctimas de trata y colabora con la policía, las compañías navieras y las autoridades portuarias para detectar a los tratantes(53). En Colombia, la organización Espacios de Mujer, con sede en Medellín, proporciona servicios psicológicos, sociales y de salud, además de oportunidades educacionales y de generación de ingresos. Medellín es uno de los principales lugares de tránsito de mujeres víctimas de trata que entran y salen de Colombia(54).

En Tailandia septentrional, en el distrito fronterizo de Mae Sai, Provincia de Chiang Rai, una trabajadora social japonesa ayudó a establecer el Programa de autovalimiento de las mujeres migrantes (SEPOM), para facultar a las ex trabajadoras de la industria del sexo llevadas por tratantes al Japón y ayudarlas a valerse por sí mismas. En los grupos de autoayuda, las mujeres relatan sus historias en un ámbito neutral y recuperan la confianza en sí mismas y en su propia valía(55). En 2000, se inició en Filipinas otra iniciativa para la autonomia de las mujeres: la Red de mujeres filipinas sobrevivientes, que congrega a víctimas de la trata para que hablen de cuestiones relativas a su empoderamiento financiero y social(56).

PREVENCIÓN DE LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS

Según el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer “la falta de vigencia de los derechos de la mujer es el factor causal primordial, tanto de la migración como de la trata de mujeres”(57). Para combatir eficazmente la trata, es preciso abordar las causas profundas, entre ellas la pobreza y la falta de igualdad de oportunidades(58). Las mujeres carentes de seguridad económica son presa fácil si están dispuestas a marcharse de su país en busca de trabajo en el extranjero. Por consiguiente, la eliminación de la discriminación contra la mujer es no sólo una prioridad de derechos humanos, sino también una medida clave para eliminar la trata.

La prevención, para ser eficaz, requiere un enfoque integral que abarque campañas de educación y creación de conciencia, participación de la comunidad, e iniciativas para reducir la pobreza y crear oportunidades de ganarse la vida. También abarca una distribución más equitativa del ingreso y la reconstrucción de las sociedades después de conflictos(59). Las reformas jurídicas que otorgan igualdad de derechos de propiedad y control de los bienes y las tierras contribuirán a reducir los riesgos que entraña la trata de mujeres para las comunidades rurales(60).

Hay muchos ejemplos de programas de desarrollo encaminados a reducir la vulnerabilidad de las comunidades más pobres. El Banco Asiático de Desarrollo considera que la trata de mujeres y niñas es un grave desafío para su misión de reducción de la pobreza(61). El Banco ofrece préstamos de emergencia, asistencia para la reconstrucción posterior a conflictos y protección social a quienes corren mayores riesgos. En Myanmar, el Gobierno ofrece a las mujeres y niñas pobres enseñanza de oficios y préstamos para el “despegue” de iniciativas de microempresas, mientras que en Kirguistán, las autoridades están ayudando a las personas desempleadas que residen en pequeños poblados y zonas rurales(62). En 2005, el Gobierno de Nepal informó de que estaba estableciendo el cargo de Relator Nacional sobre la trata, en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos(63).

Muchos gobiernos, ONG y organismos del sistema de las Naciones Unidas han iniciado actividades para crear conciencia, inclusive en zonas rurales pobres, donde más posiblemente serán reclutadas las niñas y las mujeres (véase el Recuadro 13). En el Brasil, el Gobierno inició una campaña por diversos medios de difusión, inclusive por radio y mediante carteles en los aeropuertos, para poner en guardia a las mujeres que se marchan de estados donde son mayores los riesgos de trata(64). Una campaña de un mes de duración, realizada en Bangladesh, trató de educar a miembros de la comunidad acerca de la trata y otros delitos conexos contra la mujer, y sensibilizarlos con respecto a los problemas de reintegración de las víctimas(65). En Camboya, el UNICEF apoya redes de base comunitaria en que voluntarios se ponen en contacto con la población para crear conciencia sobre la manera en que operan los tratantes y la manera de intervenir(66). En Indonesia, la Asia Foundation ha prestado apoyo al Instituto Fahmina para ofrecer materiales de capacitación en la lucha contra la trata a las escuelas islámicas con internado (pesantren), donde hay grandes concentraciones de jóvenes mujeres estudiantes procedentes de zonas empobrecidas. Después de una reunión de los líderes escolares, 32 escuelas de Java oriental formaron la Alianza para eliminar la trata de personas, con base en las pesantren(67). En la India, con la colaboración del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Foro Interconfesional de líderes religiosos de Bihar congregó a líderes confesionales islámicos, hindúes, budistas y cristianos para educar a sus feligreses sobre la violencia contra la mujer. La publicación del Foro titulada A Fact Book on Human Trafficking (Datos fácticos sobre la trata de seres humanos) contiene mensajes dimanados de enseñanzas religiosas, para movilizar a sus respectivas comunidades con carácter de obligación religiosa. La iniciativa se está llevando ahora a otros estados de la India y también a Bangladesh y Nepal(68). En Nigeria, la Iniciativa para facultar a las niñas (GPI) educa a las niñas y a sus padres y madres acerca de la necesidad de empoderar a las niñas y prevenir la trata(69).

FUERA DE ALCANCE Y FUERA DE PELIGRO: EL UNFPA PROTEGE A LAS NIÑAS CONTRA LOS TRATANTES EN NEPAL

Según se estima, cada año unas 12.000 mujeres y niñas nepalesas son objeto de trata y llevadas a la India. Las estimaciones del Banco Asiático de Desarrollo arrojan cantidades de entre 100.000 y 200.000 mujeres y niñas nepalesas obligadas contra su voluntad a trabajar en prostíbulos de la India; un 25% de ellas son menores de 18 años. Los tratantes suelen atraer con señuelos a las niñas pobres, prometiéndoles empleo en zonas urbanas o en el extranjero. Algunas familias envían a sus hijas a los prostíbulos a sabiendas, porque las consideran una carga. Muchas mujeres y niñas son analfabetas y ni siquiera se percatan de que las han hecho atravesar la frontera. El Gobierno de Nepal ha determinado que en 26 distritos hubo mujeres y niñas desaparecidas. En respuesta, la Iniciativa de Salud Reproductiva para la Juventud en Asia (RHIYA), alianza de la Unión Europea y el UNFPA en colaboración con varias ONG, está centrando su atención en 19 distritos pobres “de alto riesgo”. En virtud de ese programa, se educa a padres, madres, líderes comunitarios, funcionarios de salud de distrito y jóvenes, acerca de los peligros de la trata. También se imparte a las niñas y a las jóvenes capacitación para ofrecerles oportunidades de ampliar sus medios de acción. Las sobrevivientes de la trata son reintegradas en sus comunidades y se procura reducir el estigma y remitirlas a servicios sociales de asistencia jurídica para que las ayuden. Se está comprobando que esa iniciativa da buenos resultados. En el Distrito de Prasauni VDC, una joven miembro de RHIYA, educadora de otros jóvenes, pudo rescatar a tres niñas adolescentes el día mismo en que se había previsto su partida. Se enteró de que varios hombres jóvenes que habían prometido empleos a las niñas eran, en verdad, tratantes. Cuando la joven dio la voz de alarma, los aldeanos atraparon a los tratantes y los entregaron a la policía y ellos admitieron sin más su culpabilidad. En el distrito de Rupandehi, el cuñado de una joven le pidió que lo acompañara de compras durante un día a Gorakhpur, allende la frontera; pero cuando llegó al cruce, su cuñado le presentó a otras dos niñas y le pidió que las acompañara a la India, agregando que se reuniría con ellas después de haber despachado algunos trámites personales. La joven desconfió, pues recordaba las sesiones educacionales impartidas por RHIYA sobre la trata de personas y se percató de que su cuñado debía ser un tratante. Inmediatamente solicitó junto a la frontera la ayuda de la ONG Maaiti Nepal y logró que todas las niñas fueran devueltas en condiciones de seguridad a sus hogares(1).

Trabajo arduo y lágrimas: La explotación de las trabajadoras en el servicio doméstico

La mayoría de las adultas que trabajan en el servicio doméstico(70) pertenecen a la categoría de “trabajadores migrantes económicos voluntarios”. Para millones de mujeres, la demanda mundial de su trabajo ha redundado en mejores niveles de vida, mayores oportunidades para sus hijos y, en algunos casos, huida de matrimonios destructivos o abusivos. Pero muchas mujeres en el servicio doméstico trabajan en condiciones intolerables, son explotadas, mantenidas en virtual cautiverio y maltratadas física y psicológicamente.

Hay informes acerca de malos tratos y explotación en todos los países del mundo. La actual demanda de mano de obra en el servicio doméstico augura que los abusos seguirán aumentando, al tiempo que lo hace la migración internacional. Esto sólo sirve para subrayar la urgencia de ampliar las protecciones a los derechos humanos y los derechos laborales, de modo que amparen a las trabajadoras en el servicio doméstico.

Las trabajadoras asiáticas en el servicio doméstico migran principalmente al Oriente Medio, a América del Norte, a Europa occidental y a los países más ricos del Asia oriental. Solamente Filipinas ha enviado aproximadamente 1,5 millón de trabajadores a toda la región asiática; de ellos, la mayoría son mujeres ocupadas en el servicio doméstico(71). En el decenio de 1990, un 84% de todas las migrantes desde Sri Lanka hacia el Oriente Medio eran mujeres, en su mayoría trabajadoras domésticas(72). Según las estimaciones de la OIT, en 2003 había 200.000 trabajadoras domésticas en Hong Kong (RAE de China) y 155.000 en Malasia(73). En la Arabia Saudita hay al menos un millón de mujeres que trabajan en ocupaciones de bajo nivel y proceden de Indonesia, Filipinas y Sri Lanka; de ellas, la gran mayoría está constituida por trabajadoras domésticas(74). En 2003, los Emiratos Árabes Unidos otorgaron en promedio 300 visados cada día—mayormente, para mujeres procedentes del Asia meridional y sudoriental—con un promedio de tres trabajadoras domésticas por cada hogar en ese país(75). En Singapur, uno de cada siete hogares emplea una trabajadora migrante que vive con la familia(76).

En América Latina, las mujeres de los países más pobres (Bolivia, el Paraguay y el Perú) suelen ir a trabajar a los hogares de familias que viven en países vecinos más ricos (como la Argentina y Chile). Las trabajadoras domésticas representan hasta un 60% de todos los migrantes internos e internacionales procedentes de América Latina; muchas se dirigen a países de Europa y América del Norte(77). En España, un 70% de las mujeres migrantes que trabajan—procedentes, en su mayoría, de América del Sur—llegan para trabajar en tareas domésticas y cuidar a otras personas(78). Las mujeres de países de África al sur del Sahara también han ingresado en este mercado mundial, inclusive etíopes que emigran al Líbano y personas de Cabo Verde y Etiopía que viajan a Italia(79).

OCULTAS EN LA CASA Y SIN PROTECCIÓN

Como indica la OIT, “las trabajadoras domésticas tienen un grado de vulnerabilidad sin paralelo en otras ocupaciones”(80). El hecho de que las tareas domésticas se realicen en el ámbito privado es lo que hace a esas trabajadoras especialmente vulnerables a la explotación. Muchas carecen de protección en la legislación laboral, lo cual les deja escasos recursos en caso de malos tratos, falta de pago de su salario o retención arbitraria de éste. Un estudio de la OIT sobre 65 países puso de manifiesto que sólo 19 países contaban con leyes o reglamentaciones relativas al servicio a las tareas doméstico(81).

Las trabajadoras domésticas migrantes suelen estar aisladas de otros empleados, amigos o familiares. Muchas no pueden comunicarse en el idioma del país de destino, o están indocumentadas, o carecen de contratos adecuados. Incluso cuando están documentadas, su condición puede depender de su empleador y, también en este caso, son vulnerables a la explotación. Según el sistema de patrocinio (kafala) en países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), los empleadores retienen los pasaportes y todos los documentos oficiales hasta la fecha de partida, con lo cual la trabajadora doméstica depende por entero de ellos(82). Además, en algunos países árabes y asiáticos, las trabajadoras domésticas están endeudadas con las agencias de empleo por los costos de contratación, viaje y gastos de trámite. Esas agencias suelen retener el pago durante varios meses posteriores a la llegada. Si las trabajadoras domésticas rompen su contrato—incluso en casos de malos tratos—se las suele obligar a que abandonen sus derechos a la remuneración y, para quienes puedan sufragarlo, a que paguen su propio transporte de regreso al lugar de origen(83). Otras no tienen otra opción sino huir y transformarse en migrantes indocumentadas.

Las trabajadoras domésticas que padecen graves conculcaciones de sus derechos humanos, en su mayoría, permanecen con los mismos empleadores por temor a la deportación o a la pérdida de su condición de trabajadores legales. Temen perder los empleos gracias a los cuales mantienen a sus familias en el lugar de origen y les preocupa que los empleadores y los agentes de contratación las incluyan en “listas negras” y las priven así de futuros empleos.

MALOS TRATOS POR PARTE DE LOS EMPLEADORES

Se ha acusado a los empleadores de malos tratos psicológicos; ataques físicos y vapuleos; violencia sexual; restricciones a la libertad de movimiento reteniendo pasaportes o prohibiendo a las empleadas que salgan de la casa; prohibición de comunicarse con terceros o vecinos; horarios de trabajo extremadamente largos (14 a 19 horas por día, sin días de descanso); retención de la remuneración; bajos salarios; y denegación de toda privacidad y de acceso a los servicios médicos.

Las modalidades más extremas de explotación y malos tratos han causado lesiones severas e incluso la muerte. La OIT afirma que “muchas personas, inclusive trabajadores migrantes procedentes de Sri Lanka, Filipinas e Indonesia, han muerto en circunstancias poco claras(84)”. En Singapur, se estima que entre 1999 y 2005 murieron así 147 trabajadoras domésticas, en su mayoría, arrojándose por las ventanas de edificios o cometiendo suicidio de otra manera(85). En 2004, el Foro de Asia y el Pacífico sobre la mujer, la ley y el desarrollo (APWLD) informó acerca de casos de ataques violentos y muertes de trabajadoras domésticas en el Líbano, Kuwait, Malasia y la Arabia Saudita86. En este último país, en 2000 unas 19.000 trabajadoras domésticas huyeron del domicilio de sus empleadores(87). En 2005, una ONG de Israel, Kav La’Oved, prestó testimonio en el caso de una mujer procedente de Moldova que había sido empleada para atender a otras personas y fue atacada físicamente cuando trató de tomar un día franco, y después se la amenazó con mayor violencia cuando exigió el pago completo de sus servicios(88). Varias organizaciones han documentado malos tratos en otros países que reciben grandes cantidades de trabajadoras domésticas extranjeras(89). En 2005, las organizaciones Global Rights y American Civil Liberties Union informaron sobre malos tratos infligidos por diplomáticos representantes ante las Naciones Unidas y personal de la Organización(90). Entre sus recomendaciones figuraron la reiteración de las exhortaciones del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes a que los países reconsideren sus sistemas de patrocinio de visado(91). Los empleadores que infligen malos tratos raramente son enjuiciados y convictos, aunque en Hong Kong (RAE de China) y en Singapur, fue posible plantear ante los tribunales varios casos de sevicias graves(92).

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, DERECHOS REPRODUCTIVOS Y RIESGO DE VIH

Las trabajadoras migrantes domésticas enfrentan mayor riesgo de infección con el VIH y son vulnerables a la conculcación de sus derechos reproductivos. Por ejemplo, en Sri Lanka, donde los migrantes a menudo son sometidos a pruebas de detección del VIH, casi la mitad de todos los casos seropositivos registrados ocurrieron entre trabajadoras domésticas repatriadas desde países del Oriente Medio(93),/. En una encuesta realizada en 2002 en Hong Kong (RAE de China) entre trabajadoras domésticas, las entrevistadas informaron acerca de diversos problemas de salud sexual y reproductiva que pusieron de manifiesto su limitado acceso a los servicios de salud y a la información al respecto, así como el estigma adscripto a acudir en busca de esos servicios. Esos trastornos abarcaron infecciones génitourinarias (44%), inflamación pelviana (17%), embarazo no deseado (13%) y aborto (10)(94),/. El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes manifiesta que algunos empleadores impiden que las trabajadoras domésticas consulten a un médico cuando están enfermas. Otros fuerzan a las trabajadoras domésticas a someterse contra su voluntad a pruebas de detección del VIH y, cuando los resultados son positivos, las despiden(95).

En Singapur, las políticas de inmigración prohíben el matrimonio de trabajadoras domésticas extranjeras con ciudadanos del país. Dichas trabajadoras también están obligadas a someterse a exámenes médicos cada seis meses, inclusive pruebas de detección del embarazo y del VIH, mientras que otros trabajadores extranjeros sólo están obligados a hacerlo cada dos años. Las embarazadas a menudo corren riesgo de despido y deportación(96).

Una directiva emitida en 2003 por el Ministerio de Salud de la Arabia Saudita prohíbe que las trabajadoras domésticas embarazadas acudan a los servicios de salud, a menos que vayan acompañadas del padre de la criatura. Esto coloca en situación muy precaria a las mujeres cuyos esposos están en el extranjero o que han quedado embarazadas a raíz de una violación. Muchas titubean en acudir en absoluto a los servicios de salud maternos. Cuando una mujer no va acompañada por el padre de la criatura y necesita atención de emergencia, se la recluye en “recintos especiales” para impedir que escape(97).

AGENCIAS DE EMPLEO NO REGLAMENTADAS

Las agencias de empleo están proliferando tan rápidamente como la demanda. En Singapur y Filipinas, por ejemplo, hay cantidades asombrosas: 600 y 1.000 agencias, respectivamente, dedicadas al reclutamiento o el envío de trabajadores al extranjero, muchos de los cuales son trabajadoras domésticas(98),/. El Gobierno de Indonesia ha registrado aproximadamente 400 agencias que reclutan principalmente mujeres de aldeas rurales(99). Pero en muchos países, con demasiada frecuencia esas agencias permanecen fuera del alcance de las reglamentaciones y las leyes nacionales.

Diversas agencias de empleo que, desde otro punto de vista, tienen mayor credibilidad, discriminan contra las mujeres migrantes o tienen prácticas de extorsión. Una encuesta realizada en el año 2000 entre trabajadoras domésticas etíopes reveló que abonaban a los reclutadores hasta 1.186 dólares por un empleo en Dubai, cuando el PIB per cápita en su país de origen era de sólo 130 dólares EE.UU(100). Los informes correspondientes a otros países también indican que muchas trabajadoras domésticas deben trabajar varios meses sin recibir paga a fin de abonar las comisiones(101).

Los contratos entre agencias de empleo y empleadores a veces incluyen multas si las trabajadoras abandonan el empleo prematuramente y ésta es una de las razones por las que tantas permanecen en situaciones abusivas(102). En Singapur, se requiere que los empleadores paguen una sustancial prima de seguridad y pierden el derecho a su reembolso si la trabajadora doméstica se escapa; éste es un importante factor de la estrecha vigilancia a que están sujetas las empleadas domésticas(103). La organización Human Rights Watch afirma que algunas organizaciones de reclutamiento suelen perpetuar los malos tratos o no protegen a las trabajadoras domésticas en situación de riesgo. En un caso, varias trabajadoras domésticas en Kuala Lumpur (Malasia) informaron de que, cuando acudieron a la agencia de empleo, fueron objeto de malos tratos verbales, abofeteadas, culpadas y exhortadas a reintegrarse a las situaciones abusivas(104). En Singapur se comprobó que varias agencias de empleo incurrieron en negligencia cuando las trabajadoras domésticas que habían sido objeto de abuso recurrieron a ellas para obtener ayuda. En Malasia y Singapur muchas trabajadoras domésticas también afirmaron que durante su reclutamiento y su permanencia en centros de capacitación antes de marcharse de su país, habían sido objeto de malos tratos. A veces, las trabajadoras están confinadas durante meses en locales hacinados, reciben pocos alimentos y se las amenaza con ataques físicos y sexuales(105).

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS: EVOLUCIÓN ALENTADORA

Es preciso valorar el trabajo doméstico y tratarlo como cualquier otro empleo en los servicios, con leyes y reglamentaciones apropiadas. Como señaló en 2004 el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, las tareas domésticas deben considerarse “una ocupación valiosa”(106). Entre las medidas recomendadas cabe mencionar acuerdos laborales bilaterales entre los países de origen y los de destino, que protejan los derechos de las trabajadoras mediante contratación, capacitación y colocación en empleos. Esos acuerdos también deberían incluir modelos de contrato en que se especifiquen las horas de trabajo y de descanso; la remuneración y la indemnización por lesiones; las salvaguardas a la libertad de asociación, de movimiento y de religión; el derecho a la salud; y el derecho a votar cuando se celebren elecciones en el país de origen. Las agencias de empleo deben ser supervisadas; es preciso inspeccionar las instalaciones de concentración y capacitación y establecer mecanismos de trámite de denuncias para las trabajadoras domésticas que sean objeto de violencia(107). La sesiones de orientación para las mujeres migrantes antes de su partida del país de origen deberían incluir información sobre cuestiones logísticas, de salud y de derechos humanos. Los expertos han comprobado que las mujeres migrantes que reciben información antes de su partida tienen más probabilidades de evitar situaciones abusivas(108).

Entre las medidas de asistencia a las trabajadoras domésticas cabe mencionar: líneas telefónicas de emergencia, albergues transitorios y mecanismos eficaces de presentación de denuncias y enjuiciamiento cuando hay infracciones por parte del empleador o de la agencia de empleo. Es de importancia especialmente crítica permitir que las trabajadoras domésticas cambien de empleador sin ninguna penalidad ni pérdida del permiso de residencia legal, cuando haya problemas irresolubles o instancias de malos tratos.

Varios gobiernos y organizaciones de la sociedad civil están tratando de mejorar la protección a los derechos humanos y el trato a las trabajadoras domésticas. Las leyes laborales de Hong Kong (RAE de China) garantizan un salario mínimo, licencia de maternidad, un día franco a la semana y durante feriados públicos, además de tiempo de vacaciones remunerado(109). Los gobiernos de Malasia y de Filipinas han negociado un contrato estándar para las trabajadoras domésticas filipinas, que prevé protecciones similares110. En 2003, con la asistencia del UNIFEM, Jordania preparó un modelo de contrato obligatorio que también requiere que los empleadores sufraguen el viaje y los gastos conexos de contratación. Las agencias de empleo que no satisfagan esos estándares mínimos pueden perder su licencia o verse obligadas a abonar multas. Además, una nueva Ley posibilita que el Ministerio de Trabajo supervise las agencias y vigile el cumplimiento de las reglamentaciones y de las disposiciones de protección a los derechos humanos(111).

Singapur elevó hasta 23 años la edad legal mínima para el trabajo doméstico; aumentó el número de casos enjuiciados; estableció un programa de orientación obligatoria para las trabajadoras domésticas y los empleadores; ofrece un servicio de información telefónica que pone en conocimiento de las trabajadoras sus derechos y los procedimientos para cambiar de empleador; y está elaborando un sistema de acreditación para reglamentar las agencias de empleo(112). Recientemente, Turquía introdujo permisos para trabajadores extranjeros que no están supeditados a conservar el empleo con un empleador determinado, de modo que sea fácil para las trabajadoras domésticas marcharse de hogares donde son explotadas y objeto de violencia(113).

Tiene importancia crítica velar por que las trabajadoras domésticas puedan acudir en procura de asistencia y recurrir a la justicia. En 2003, Bahrein inició un plan nacional de apoyo a las trabajadoras domésticas objeto de malos tratos, que también prevé una línea telefónica de emergencia y la provisión de albergue(114). Las embajadas de Indonesia, Filipinas y Sri Lanka también mantienen mecanismos para recibir y tramitar denuncias sobre cuestiones laborales, y ofrecen asistencia para obtener asesoramiento jurídico y atención médica(115). Hong Kong (RAE de China) e Italia permiten que las trabajadoras domésticas se organicen y formen sindicatos de migrantes, con el fin de tener protección laboral y una base organizada desde la cual luchar por sus derechos(116).

En los últimos decenios, han surgido en varias partes del mundo diversas redes nacionales, regionales e internacionales de organizaciones de la sociedad civil que luchan por que se garanticen los derechos humanos de las trabajadoras domésticas (véase también el Capítulo 5). La organización Coordination of Action Research on AIDS and Mobility (CARAM) trabaja en la región de Asia para ampliar los medios de acción de los trabajadores migrantes. En 2002, representantes de trabajadoras domésticas, sindicatos, gobiernos, ONG y organizaciones internacionales de 24 países hicieron suya la Declaración de Colombo de la Cumbre Regional sobre Trabajadoras Domésticas Migrantes Extranjeras. Seguidamente, CARAM inició una campaña de dos años de duración en pro de las trabajadoras domésticas, con el propósito de difundir información acerca de cuestiones de derechos humanos y de salud, fortalecer la protección jurídica de que ellas disponen y proporcionar mayor acceso a servicios de salud sexual y reproductiva(117). Además, recientemente CARAM y las ONG copartícipes exhortaron a la adopción de medidas inmediatas para abordar la vulnerabilidad al VIH de las poblaciones móviles, inclusive la eliminación de la detección obligatoria del VIH y la deportación, y la protección de los derechos de los migrantes seropositivos a disponer de servicios de salud y tratamiento(118).

En Europa, la red RESPECT de trabajadoras domésticas migrantes realiza campañas en defensa de los derechos de mujeres y hombres que trabajan en hogares de países de la Unión Europea(119). En Costa Rica, la Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)—filial de la Confederación de Trabajadoras Domésticas de América Latina y el Caribe—ofrece a las trabajadoras domésticas migrantes servicios de apoyo, inclusive orientación jurídica y social, albergues y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva(120). En los Estados Unidos, la Break the Chain Campaign (Campaña para romper las cadenas) es una coalición de organizaciones interesadas en luchar por los derechos de las víctimas de la trata y las trabajadoras domésticas explotadas que han sido “esclavizadas en los hogares que limpian”(121).

Actualmente, el mundo tiene la oportunidad de rectificar los daños de la “migración descarrilada” y ayudar a algunos de los trabajadores más marginados y explotados del mundo: víctimas de trata y trabajadoras domésticas migrantes. Pero para lograrlo, será menester emprender acciones multilaterales, mundiales, regionales y nacionales, a fin de aplicar y hacer cumplir las normas internacionales y nacionales de derechos humanos relativas a la migración. Sólo entonces se pondrá fin en todo el mundo a algunos de los más obscenos y clandestinos abusos de los derechos humanos jamás perpetrados. En el siglo XXI, la esclavitud está viva y goza de buena salud. La batalla para eliminarla debe ser decisiva.