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UNFPA - United Nations Population Fund

State of World Population 2005

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CAPÍTULO 8

© James Nachtwey/VII
Una mujer internamente desplazada atiende a su hijo enfermo en el hospital de Mornei, Darfur Occidental
(Sudán).

Las mujeres y los jóvenes en
situaciones de crisis humanitaria

-Después de una crisis: oportunidades para la equidad y la paz

-Un marco en evolución para los derechos humanos

-Participación de las mujeres e igualdad de género: hacia la recuperación

-Habilitar a los jóvenes tras el fin de las crisis

-Protección de la salud reproductiva y los derechos reproductivos en emergencias humanitarias

Un marco en evolución para los derechos humanos


En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la memorable resolución 1325 que estipula la inclusión de las mujeres en los procesos de paz. Exhorta a todas las partes en conflictos armados a proteger a las mujeres y a integrar las perspectivas de género en las operaciones de mantenimiento de la paz, los sistemas de preparación de informes de las Naciones Unidas y los programas de establecimiento de la paz(10).

La resolución se basa en anteriores adelantos respecto de los derechos de la mujer durante conflictos armados. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998, el primer tribunal permanente encargado de procesar a individuos por crímenes de lesa humanidad, define concretamente "violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable" como delitos de lesa humanidad(11). Antes del establecimiento de la Corte Penal Internacional, los tribunales especiales establecidos para procesar a acusados de crímenes de lesa humanidad en Rwanda y en la ex Yugoslavia marcaron nuevos rumbos en cuanto a procesar a quienes perpetran violaciones en tiempo de guerra(12). El Tribunal Especial para Sierra Leona, por primera vez en el derecho internacional, estableció que el matrimonio forzado es un "acto inhumano" y un delito de lesa humanidad(13).


"Las mujeres deben participar plenamente y en condiciones de igualdad en el establecimiento de la paz y en la formulación de estructuras legislativas, judiciales y constitucionales después de un conflicto, debido a que sólo así dichas estructuras serán plenamente representativas de la sociedad posterior al conflicto y, en consecuencia, estarán cabalmente en condiciones de satisfacer las necesidades y las demandas de todos. Así se establece una paz sostenible".

- Sir Emyr Jones Parry, Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas


En diciembre de 2004, el informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, establecido por el Secretario General, reiteró la importancia de eliminar la violencia contra la mujer en épocas de guerra y recomendó que los Estados miembros y los organismos de las Naciones Unidas apliquen cabalmente la resolución 1325(14). Si se diera cumplimiento a la propuesta del Grupo de Alto Nivel, de crear una Comisión sobre el establecimiento de la paz, propuesta que el Secretario General hizo suya en su informe Un concepto más amplio de la libertad(15), esto proporcionaría otra oportunidad de aplicar dichas recomendaciones.

Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos opcionales protegen a los civiles en tiempos de guerra y prohíben ataques, violación, deportación y utilización de niños como soldados. La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, y sus protocolos opcionales, protegen a los niños y a los adolescentes durante conflictos armados y prohíben el reclutamiento de niños menores de 18 años. Cuatro resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobadas entre 1999 y 2003 afirmaron la importancia de proteger a los niños y los adolescentes durante los conflictos e inmediatamente después. También exhortaron a incluir tal protección en los procesos de paz, señalaron las necesidades y vulnerabilidades propias de las niñas y condenaron la violencia sexual durante las operaciones de mantenimiento de la paz(16).

Se ha comprobado que el marco jurídico internacional para proteger a las mujeres y los niños durante los conflictos es inadecuado para esa tarea, especialmente en lo concerniente a los 25 millones de personas internamente desplazadas que hay en el mundo. Son en su mayoría mujeres y niños, a menudo pertenecientes a minorías indígenas y étnicas(17). Las personas desplazadas, obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos o desastres naturales, son vulnerables a la pobreza, la enfermedad, la violencia y la "desaparición", y también pueden ser perseguidos por grupos armados durante su huida. Sus condiciones de vida pueden poner a prueba los límites de lo que un ser humano puede soportar: tal vez tengan que subsistir privados de alimentos, agua, saneamiento, albergue, privacidad o acceso a servicios de educación y salud. Por no tener tierras que cultivar ni opciones de empleo y por haber sido confiscados sus bienes, las personas internamente desplazadas corren el riesgo de abismarse rápidamente en la pobreza absoluta. En los campamentos de personas desplazadas, pueden ser blanco de ataques. Los niños y los adolescentes pueden ser reclutados como soldados u obligados a la esclavitud sexual. Con frecuencia, se desatienden las necesidades de los ancianos o los impedidos(18).

Las personas internamente desplazadas, que constituyen más de dos terceras partes de todos los grupos que quedan desarraigados a causa de las crisis, carecen de protecciones jurídicas internacionales similares a las otorgadas a las refugiadas que han traspuesto una frontera nacional(19). Dado que están sujetos a la soberanía y jurisdicción nacionales, se considera que las tribulaciones de las personas internamente desplazadas son asunto interno del país y esto limita las posibilidades de intervención por la comunidad internacional.

Esta cuestión ha ido recibiendo gradualmente mayor atención por parte de la comunidad internacional. En 1992, el Secretario General de las Naciones Unidas designó a su primer Representante sobre los derechos humanos de los desplazados internos(20) y en 1998, la Comisión de Derechos Humanos adoptó principios rectores, que establecen normas para la protección de los derechos de las poblaciones desplazadas (21). El informe presentado por el Representante en 2005 a la Comisión destacó que las mujeres y las niñas sufren a raíz del desplazamiento "una carga desproporcionada" y destacó que son vulnerables a la violación y la violencia doméstica. Las leyes y prácticas discriminatorias relativas a la herencia dificultan que las mujeres reivindiquen las tierras y bienes de sus esposos fallecidos cuando son repatriadas (22). Otro obstáculo de grandes proporciones es la dificultad en obtener empleo. El Secretario General de las Naciones Unidas, en su importante informe Un concepto más amplio de la libertad, exhortó a los gobiernos a adoptar los principios rectores e intensificar sus acciones para satisfacer las necesidades de las personas internamente desplazadas. Dijo: "Si las autoridades nacionales se ven imposibilitadas o no están dispuestas a proteger a sus ciudadanos, entonces la responsabilidad se transfiere a la comunidad internacional, la cual debe utilizar medios diplomáticos, humanitarios y de otra índole para contribuir a proteger los derechos humanos y el bienestar de las poblaciones civiles"(23).

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