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Igualdad de género y
habilitación de la mujer
En los últimos diez años, muchos países han adoptado nuevas
leyes o han enmendado la legislación a fin de promover la
igualdad de género, eliminar todas las formas de discriminación
basada en el sexo y prevenir la violencia por motivos de
género y habían intensificado las medidas punitivas contra
quienes infligen esa violencia.
Entre los países que adoptaron legislación para proscribir
la discriminación por motivos de género figuran Malta,
Mauricio (su legislación garantiza igualdad de derechos para
las mujeres, independientemente de que estén o no embarazadas
y de que sean solteras o casadas) y México. Colombia y
Eslovenia promulgaron leyes para promover la igualdad de
oportunidades de las mujeres y de los hombres y un decreto
en Costa Rica requiere mejorar las condiciones de vida y las
oportunidades de las mujeres pobres.
Djibouti promulgó legislación sobre una estrategia nacional
para mejorar la situación de las mujeres en el desarrollo
y un plan nacional de acción en que se estipula que todas las
políticas y leyes deben ser evaluadas sobre la base de sus
efectos sobre la integración de las cuestiones de género en el
desarrollo. La ley también detalla actividades gubernamentales
para promover la salud reproductiva y la educación en igualdad
de condiciones para las mujeres, así como mejorar la participación
de la mujer en la adopción de decisiones (en el ámbito
público y en la familia) y en el desarrollo económico. La República
de Corea aprobó una ley por la que establece la Comisión sobre
igualdad de género, encargada de las políticas de género.
Varias constituciones, recientemente redactadas o
enmendadas, contienen firmes disposiciones sobre igualdad de género. Por ejemplo, la Constitución de Bahrein (2002),
al mismo tiempo que declara que el derecho islámico es la
fuente principal de la legislación, afirma la igualdad entre
mujeres y hombres en la política y en las esferas económica,
social y cultural. La Constitución de Cuba (2002) afirma que
los cónyuges tienen igualdad de derechos y de obligaciones.
En la Constitución dictada después de la independencia de
Timor-Leste se afirma la igualdad de derechos de mujeres y
hombres en el matrimonio y la familia y en la vida social,
económica y política.
La Constitución de Rwanda (2003) también garantiza la
igualdad de derechos de los cónyuges en el matrimonio y el
divorcio, proscribe la discriminación por motivos de sexo y
establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el
Consejo Nacional de la Mujer. También garantiza el derecho
de mujeres y hombres a votar y a presentar sus candidaturas
para cargos políticos, estipula igual remuneración por igual
trabajo y establece el derecho a la educación. En 2002, Togo
enmendó su Constitución para garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres, ante la ley y en las relaciones laborales.
Polonia ha establecido un cargo plenipotenciario para
la igualdad de la mujer, ubicado en la Oficina del Primer
Ministro, y encargado de analizar la condición jurídica y
social de la mujer y promover la equidad mediante leyes
y políticas (6).
En 2000, un Decreto presidencial en Azerbaiyán estipuló
que el Gobierno debe garantizar que las mujeres y los hombres
estén igualmente representados en la administración del
Estado y tengan igualdad de oportunidades, en virtud de las
reformas en curso. Asimismo, se impartieron instrucciones a
las instituciones gubernamentales para que en cada oficina de
distrito contrate a un coordinador en cuestiones de género (7).
VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO. Otra prioridad
en la acción legislativa de muchos gobiernos es abordar la
violencia doméstica y sexual contra la mujer(8). En Bangladesh,
nuevas leyes configuran como delito la violencia contra la
mujer y nuevos códigos de conducta abordan el acoso sexual
en el lugar de trabajo. Bélgica, el Perú y Yugoslavia han
enmendado sus leyes para definir el acoso sexual y configurarlo
como delito por el cual las víctimas pueden entablar
acciones judiciales y solicitar indemnización.
Bélgica, España, Portugal, la República Dominicana y el
Uruguay, entre otros países, han promulgado leyes que hacen
más severas las penalidades en casos de violencia por motivos
de género. En el Brasil, una ley dictada en 2003 estableció
una línea telefónica nacional gratuita de emergencia, atendida
por personal especialmente capacitado, a la que pueden
acudir las mujeres para denunciar el abuso doméstico.
También hubo cambios jurídicos en lo concerniente a la
trata de seres humanos. Muchos países aprobaron leyes para combatir la trata de mujeres y niñas y muchos ratificaron los
tratados internacionales(9) al respecto. En su Código Laboral
(2002), la República Democrática del Congo proscribió la
trata de niños.
Si bien los gobiernos, en su mayoría, afirman que reconocen
la importancia de promover la equidad de género y la
habilitación de la mujer, muchos tropiezan con dificultades
para colaborar directamente con las mujeres en el plano de
la comunidad. En consecuencia, varias ONG de mujeres están
aplicando esos programas en diversos países, entre ellos
Jamaica, Malasia y Mozambique. Con frecuencia, las ONG
logran mayor eficacia en la atención de las víctimas de violencia
por motivos de género, dado que se las percibe como
más compasivas y más dignas de confianza.
Asimismo, las ONG están capacitando a agentes de policía,
jueces y otros funcionarios en la manera de tratar a las
víctimas de la violencia por motivos de género cuando éstas
solicitan ayuda. En Etiopía, por ejemplo, la Asociación de
Abogadas está combatiendo la violencia doméstica y el
abuso sexual. El Consejo Nacional Etíope sobre Prácticas
Tradicionales y otras ONG están colaborando activamente
para erradicar las prácticas tradicionales nocivas, como el
corte genital femenino. En Filipinas, varias ONG han establecido
centros de crisis donde las mujeres pueden acudir
cuando son víctimas de violencia doméstica.
En Jamaica, varias ONG, entre ellas la Association of
Women’s Organizations in Jamaica, Fathers’ Incorporated y Bureau
of Women’s Affairs colaboraron entre 1999 y 2002 para profundizar
la conciencia pública sobre la violencia por motivos de
género. Trataron de estimular una mayor cobertura del tema
en los medios de difusión y educar a los agentes de policía,
los funcionarios del Poder Judicial y los profesionales de la
salud y de las cuestiones jurídicas acerca de la importancia
de responder enérgicamente a la violencia contra la mujer
y de establecer sistemas de apoyo a las víctimas.
DERECHOS REPRODUCTIVOS. Durante el pasado decenio,
las ONG de muchos países han participado cada vez más en la
vigilancia de los derechos reproductivos y han utilizado crecientemente
los procedimientos de presentación de informes
relativos a los instrumentos internacionales de derechos
humanos que sus gobiernos han ratificado. Muchas ONG
presentan “informes paralelos” para complementar los
presentados por el respectivo gobierno y asisten a sesiones
del pertinente comité de vigilancia cuando se examina el
informe de su país.
En algunos países, entre ellos la India, Indonesia,
Malasia y Nigeria, las comisiones de derechos humanos
puedan desempeñar un importante papel en cuanto a velar
por que se respeten los derechos reproductivos y que existan
posibilidades de resarcimiento en caso de infracción. Otros países tienen defensores públicos (ombudsmen) u otros mecanismos
a disposición de los grupos de la sociedad civil.
INVOLUCRAMIENTO DE LOS HOMBRES. Se reconoce que
las ONG suelen ser más eficaces que los organismos gubernamentales
en cuanto a alentar a los hombres a asumir
responsabilidad por su comportamiento sexual y reproductivo
y su papel en la sociedad y la familia. En Camboya, por
ejemplo, la ONG Men against Violence against Women participó
activamente con ONG de mujeres y otras en una campaña
contra la violencia por motivos de género, que duró 16 días.
En Filipinas, varias ONG promueven activamente el
apoyo masculino a la habilitación y los derechos de la mujer
en lo concerniente a la salud reproductiva. Y el Centro de la
Mujer de la Jamaica Foundation asesora a los jóvenes padres y
capacita a jóvenes que educan a otros jóvenes, por conducto
de su programa Young Men at Risk.
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