UNFPAState of World Population 2002
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Estado de la
Población Mundial 1997


EL DERECHO A OPTAR:
Derechos de procreación
y salud de la reproducción



RESUMEN

La privación de sus derechos de procreación causa muerte o perjuicios a millones de mujeres e impide el adelanto hacia la igualdad y el desarrollo

NACIONES UNIDAS, Nueva York — Las lagunas y deficiencias en los servicios de salud de la reproducción, sumadas a la discriminación y la violencia generalizadas contra las mujeres, constituyen una masiva violación de sus derechos humanos. La privación de los derechos sexuales y de procreación — incluida la libertad de opción con respecto al embarazo y el alumbramiento — causa cada año millones de defuncio-nes y muchos más casos de enfermedad y discapacidad. Casi todos los afectados son mujeres y la vasta mayoría de ellas se encuentran en países en desarrollo.

Esas violaciones de los derechos humanos y las acciones para ponerles fin son el tema del informe Estado de la Población Mundial 1997 preparado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), publicado el 28 de mayo. El informe, cuyo tema es "El derecho a optar: Derechos de procreación y salud de la reproducción", resume los acuerdos internacionales que definen los derechos sexuales y de procreación, presenta pruebas sobre los adelantos y los tropiezos en cuanto a conseguir y proteger esos derechos y examina los efectos de privar de ellos a millones de mujeres y hombres.

En el informe se destaca que, para posibilitar que los individuos disfruten de sus derechos sexuales y de procreación, es necesario que haya igualdad de género y que aumenten las inversiones en educación y atención primaria de la salud. Las recomendaciones concretas se refieren a mejorar la disponibilidad y la calidad de la información y los servicios, a fin de satisfacer una amplia gama de necesidades de salud sexual y de la reproducción.

En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en 1994, 180 países convinieron en que antes del año 2015 debería ponerse a disposición de todos servicios de buena calidad de salud de la reproducción e información al respecto. En el informe del FNUAP se pasa revista a los considerables adelantos logrados por muchos países en cuanto a llevar a la práctica las recomendaciones de la Conferencia y se presentan indicadores estadísticos relativos a la situación actual.

"La comunidad internacional ha convenido reiteradamente en que la salud de la reproducción es un derecho, tanto para las mujeres como para los hombres" dijo la Dra. Nafis Sadik, Directora Ejecutiva del FNUAP. "El reto ahora es que este derecho se convierta en realidad para cada individuo".

En la CIPD se estimó que hacia el año 2000, la prestación de mejores servicios de salud de la reproducción en todo el mundo costará 17.000 millones de dólares anuales: menos de lo que actualmente se gasta en todo el mundo en armamentos durante una semana. Pero si bien a partir de 1994, muchos gobiernos han ido aumentando los recursos asignados a programas de población, el importe de los gastos anuales en todo el mundo aún está muy por debajo de la mitad de la meta de 17.000 millones de dólares.

Sobre la base de los tratados de derechos humanos, en la CIPD se reconoció un conjunto básico de derechos sexuales y de procreación: el derecho a la salud sexual y de la reproducción a lo largo de todo el ciclo vital; la libre determinación en materia de procreación, incluido los derechos a contraer matrimonio voluntariamente y a disponer de la información y los medios para determinar el número y el espaciamiento de los propios hijos, y el momento de tenerlos; la igualdad y equidad para hombres y mujeres en todas las esferas de la vida; y la seguridad sexual y de procreación, incluida la protección contra la violencia y la coacción sexuales.

En el informe Estado de la Población Mundial 1997 se documentan los efectos de privar a la gente de sus derechos sexuales y de procreación:

  • Cada año, 585.000 mujeres — una cada minuto — pierden la vida por causas relacionadas con el embarazo y casi todas ellas están en países en desarrollo. Cantidades muy superiores de mujeres quedan discapacitadas a raíz del parto. Gran parte de este sufrimiento y de estas pérdidas de vidas podría evitarse si se introdujeran mejoras de costo relativamente bajo en los sistemas de atención de la salud.

  • Cada año, se pierden unas 200.000 vidas de madres a consecuencia de la falta de servicios anticonceptivos o las deficiencias de éstos.

  • Hay entre 120 y 150 millones de mujeres que desean limitar o espaciar sus embarazos pero siguen careciendo de los medios de hacerlo eficazmente. En total, 350 millones de parejas carecen de información acerca de una gama de servicios anticonceptivos, y de acceso a éstos.

  • Al menos 75 millones de embarazos por año (de un total de aproximadamente 175 millones) son no deseados; como resultado, hay 45 millones de abortos, de los cuales 20 millones se realizan en malas condiciones.

  • Como resultado de los abortos en malas condiciones, cada año pierden la vida 70.000 mujeres y hay cantidades desconocidas de mujeres que padecen infecciones y otros trastornos de salud. Muchos abortos en malas condiciones podrían evitarse si se dispusiera libremente de medios anticonceptivos seguros y eficaces.

  • El año pasado, 3,1 millones de personas se contagiaron con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del SIDA; en 1996, 1,5 millón de personas perdieron la vida por causas relacionadas con el VIH/SIDA; y hay 22,6 millones de personas que están viviendo con el VIH/SIDA.

  • Cada año, hay un millón de defunciones a causa de infecciones del aparato reproductor, incluidas las enfermedades de transmisión sexual distintas del VIH/SIDA. Más de la mitad de los 333 millones de nuevos contagios con enfermedades de transmisión sexual se producen entre adolescentes.

  • Hay 120 millones de mujeres que han sido objeto de algún tipo de mutilación genital femenina; cada año, hay otros dos millones de mujeres que corren el riesgo de sumarse a ellas.

  • La frecuencia de la violación y otras formas de violencia sexual está aumentando en forma galopante, aun cuando muchos casos de violación no se denuncian debido al estigma y el trauma asociados y a la falta de un trato acogedor por parte de los sistemas jurídicos.

  • Al menos 60 millones de niñas que podría haberse esperado que vivieran, han "desaparecido" de diversas poblaciones, como resultado del descuido o de los abortos selectivos por sexo.

  • Cada año, dos millones de niñas de entre 5 y 15 años de edad son incorporadas al mercado de las relaciones sexuales comerciales.

En el informe del FNUAP se destaca que los derechos sexuales y de procreación son fundamentales para la potenciación femenina y la igualdad de género y también revisten importancia crítica para la vida económica y social de las comunidades, los países y el mundo.

Las necesidades mundiales y nacionales coinciden con los derechos y los intereses personales. Si se les da la oportunidad de optar, la mayoría de las mujeres preferirían tener menor cantidad de hijos que la generación de sus progenitores. Al velar por que las mujeres y sus compañeros tengan derecho a optar, se fomentará la tendencia mundial hacia familias más pequeñas y se ayudará a los países a lograr un equilibrio entre sus poblaciones y sus recursos. Las acciones de desarrollo realizadas con éxito, a su vez, redundarán en mejor salud sexual y de la reproducción para mayor cantidad de personas.

El marco jurídico de los derechos sexuales y de procreación
Los derechos sexuales y de procreación están ínsitos en los derechos humanos establecidos desde hace mucho tiempo: a la vida y la supervivencia; a la libertad y la seguridad personal; a la igualdad de trato; a la educación; a la información; al desarrollo; y al más alto nivel posible de salud. En el informe Estado de la Población Mundial se destacan las garantías pertinentes consagradas en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los dos pactos internacionales de derechos humanos (uno relativo a los derechos civiles y políticos y el otro, a los derechos económicos, sociales y culturales), la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

En esos instrumentos internacionales se prohíbe a los Estados injerirse en las libertades individuales y se los compromete a promover activamente el ejercicio de los derechos. En consecuencia, en los mecanismos de las Naciones Unidas para observar el grado de cumplimiento con los tratados de derechos humanos se ofrece un poderoso apoyo a las acciones jurídicas, políticas y sociales cuyo propósito es velar por los derechos sexuales y de procreación y por la salud sexual y de la reproducción.

Los acuerdos logrados en la CIPD y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995, también protegen la salud sexual y de la reproducción. Esos documentos relativos a consensos internacionales, si bien no son jurídicamente vinculantes, pueden influir sobre la legislación y las políticas de los países y ayudar a los órganos encargados de la vigilancia del cumplimiento de los tratados de derechos humanos a fijar normas y formular recomendaciones. En la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, por ejemplo, se exhorta a los gobiernos a proteger el derecho de la mujer "a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coacción, la discriminación y la violencia".

Va en aumento el número de países que están incorporando los derechos sexuales y de procreación en sus constituciones, sus códigos jurídicos y sus procedimientos institucionales. Muchas estrategias nacionales de población y desarrollo se están centrando ahora en satisfacer las necesidades de los individuos en materia de salud de la reproducción, en lugar de procurar una reducción de la fecundidad.

Derechos a la salud sexual y de la reproducción
En la mayoría de las sociedades, la condición social y las oportunidades económicas de la mujer quedan determinadas en gran medida por sus funciones de reproducción que, al mismo tiempo, han sido valoradas excesivamente y deficientemente apoyadas. Al posibilitar que las mujeres controlen el momento de quedar embarazadas y la frecuencia de los embarazos, se ha posibilitado analizar las funciones de reproducción desde la perspectiva de los derechos. En el mundo en desarrollo, casi un 60% de las parejas utilizan anticonceptivos modernos, en comparación con un 15% hace 30 años.

Si bien el derecho a la salud es reconocido casi universalmente, las mujeres soportan una carga pesada y, en gran medida evitable, de enfermedades en relación con la procreación y la sexualidad:

La malnutrición y la anemia, causadas por la pobreza y agravadas por la desigualdad de cuestiones de género, contribuyen a muchos de los problemas del embarazo y el parto y desempeñan un papel en muchas defunciones relacionadas con la maternidad.

Las complicaciones del embarazo: obstrucciones del parto, hemorragias e infecciones en el postparto, podrían reducirse sustancialmente mediante exámenes prenatales, una más amplia disponibilidad de parteras diplomadas y una rápida remisión a establecimientos que ofrezcan atención obstétrica de emergencia. Muchas vidas podrían salvarse si mayor cantidad de mujeres pudieran evitar el embarazo en la adolescencia o después de los 35 años, o demasiado pronto después de haber alumbrado otro niño.

Las enfermedades de transmisión sexual afectan desproporcionadamente a las mujeres, en particular a las jóvenes. La susceptibilidad biológica de las mujeres a las enfermedades de transmisión sexual queda agravada por las realidades sociales; las mujeres jóvenes, en especial, tal vez se vean obligadas a tener relaciones sexuales o tengan escaso poder para negociar el uso de condones (preservativos) con compañeros sexuales de mayor edad. Las adolescentes que tienen actividad sexual son especialmente vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual, pero la mayoría de ellas saben muy poco acerca de dichas enfermedades.

La pandemia del VIH/SIDA sigue destruyendo familias y comunidades en África y en otros lugares, y se está propagando rápidamente en gran parte de Asia y en los países de la ex Unión Soviética. Un 42% de los adultos infectados son mujeres, y la proporción va en aumento; los casos de contagio más recientes se han producido entre los 15 y 24 años de edad. La preocupación de los hombres acerca del contagio con el VIH ha redundado en un aumento de la explotación sexual de las niñas.

El aborto en malas condiciones es un riesgo de salud pública de grandes proporciones. En América Latina, uno de cada cinco abortos clandestinos causa complicaciones y requiere una hospitalización ulterior. Muchas mujeres que recurren al aborto, habrían utilizado anticonceptivos si hubieran tenido la opción.

La mutilación genital femenina tiene horrendos efectos a corto y largo plazo sobre la salud de niñas y mujeres; con frecuencia, se realiza en condiciones antihigiénicas. La comunidad internacional ha expresado su reprobación con respecto a esa práctica; no obstante, ésta continúa en unos 28 países. Varias organizaciones no gubernamentales están esforzándose por conseguir que se elimine la mutilación genital femenina y están demostrando que es posible cambiar las prácticas tradicionales sin afectar los valores sociales.

Servicios de salud de la reproducción
El derecho a la salud y el derecho a determinar el número y el espaciamiento de los propios hijos entrañan el derecho a disponer de servicios de salud de la reproducción que respeten y promuevan los derechos de los clientes, respondan a sus necesidades y deseos y faciliten la opción individual y el consentimiento con conocimiento de causa. Pese a los considerables adelantos logrados en los dos últimos decenios, en la mayoría de los países estos derechos están lejos de haberse materializado en la práctica.

El crecimiento demográfico y los programas de "ajuste estructural" han reducido la asignación de recursos per cápita a la atención primaria de la salud, con lo cual ha disminuido la disponibilidad de servicios de buena calidad y la esperanza de vida, en particular en el África al sur del Sahara. Las reformas en materia de salud pública — a fin de proporcionar diversos servicios bajo un mismo techo, destacar la importancia de la capacitación y aprovechar al máximo el personal y los limitados fondos disponibles — recién han comenzado, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales.

Después de la CIPD, muchos programas de salud de la reproducción han hecho mayor hincapié en la buena calidad de los servicios ofrecidos a los clientes. Esto entraña ofrecer: una amplia gama de servicios, incluida la opción entre distintos métodos anticonceptivos, un asesoramiento sensible a las necesidades del cliente, e información completa y fidedigna.

Varias barreras (oficiales y extraoficiales) impiden el acceso a los servicios de salud de la reproducción y a la información al respecto, en particular en lo concerniente a los adolescentes, casados o solteros; en muchos países, los requisitos en cuanto al consentimiento del esposo impiden en la práctica que muchas mujeres tengan acceso a los servicios anticonceptivos.

La CIPD destacó que los programas deben respetar plenamente el derecho a la opción bien fundamentada en materia de procreación; cualquier forma de coacción es inaceptable. Las metas nacionales para limitar el crecimiento demográfico son inoperantes y pueden conducir a la adopción de prácticas coactivas.

Sexualidad en la adolescencia
Las madres adolescentes corren un riesgo de defunción superior al promedio por causas relacionadas con la maternidad, y sus hijos tienen niveles más altos de morbilidad y mortalidad. El matrimonio precoz y los alumbramientos precoces también obstaculizan las oportunidades educacionales y de empleo de las jóvenes mujeres.

En los últimos decenios, en muchas sociedades, en particular en países industrializados, puede haber aumentado tanto la actividad sexual premarital de los adolescentes como la edad media en que las muchachas contraen matrimonio. En muchos países, el matrimonio precoz y los alumbramientos tempranos siguen siendo la norma. Las altas tasas de embarazo, alumbramiento y aborto en malas condiciones en la adolescencia reflejan la falta de oportunidades educacionales y económicas.

En general, los jóvenes están muy mal informados acerca de cómo protegerse contra los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. A menudo, los padres y madres se sienten incómodos al hablar con sus hijos de cuestiones sexuales y los jóvenes obtienen información (en gran parte incorrecta) de otros jóvenes de su misma edad. Contrariamente al mito de que la educación sexual favorece la promiscuidad, la experiencia indica que dicha educación fomenta un comportamiento sexual responsable.

En todo el mundo hay un consenso cada vez más generalizado acerca de que los adolescentes necesitan un acceso irrestricto a la información y a servicios de salud de la reproducción privados y confidenciales.

La opción acerca de contraer matrimonio y formar una familia
Si bien en muchos países se están acortando las discrepancias entre esposos y esposas en cuanto a la edad y el nivel educacional, tales discrepancias siguen reforzando los estereotipos de dependencia femenina. Las leyes que establecen una edad mínima para contraer matrimonio no siempre se respetan y, en los casos típicos sólo se aplican cuando no se cuenta con el consentimiento de los progenitores; es frecuente que los jóvenes carezcan de protección jurídica contra los matrimonios forzosos. Con frecuencia, las jóvenes parejas son objeto de fuertes presiones para comenzar a tener hijos inmediatamente después del matrimonio y seguir teniéndolos hasta conseguir un hijo varón.

En algunos países, es frecuente que los hijos varones estén mejor alimentados y reciban mejor atención médica que las hijas. A medida que las tasas de fecundidad han ido disminuyendo, en especial en algunas partes de Asia, la preferencia por el hijo varón ha conducido al aborto selectivo por sexo, y esto ha redundado en que haya un anormal superávit de niños varones, en comparación con el número de niñas, especialmente después del primer alumbramiento.

Las encuestas ponen de manifiesto que, por lo general, los hombres y las mujeres saben cuántos hijos quieren tener y están cada vez más al tanto de los anticonceptivos modernos y dónde encontrarlos. Pero los cónyuges con frecuencia no conversan acerca de sus deseos en cuanto al tamaño de la familia y esto limita la práctica de la planificación de la familia.

Violencia contra la mujer
En todo el mundo, la violencia contra la mujer tal vez sea la conculcación más generalizada y, sin embargo, menos reconocida, de los derechos humanos. La violencia son motivos de género, sea ésta física o emocional, perpetúa el poder y el control masculinos. Los estudios establecen que la violencia contra la mujer se deben a la socialización masculina y la presión por parte de otros hombres, y no a factores biológicos o sexuales.

De las mujeres víctimas de violación, un 80% ya conocían a sus atacantes. De las víctimas de ataques sexuales, la mayoría son jóvenes. Las mujeres que han sido objeto de violación y ataques físicos corren numerosos riesgos de salud, entre ellos, heridas graves, enfermedades mentales, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

La violación en tiempos de guerra y en otras situaciones de emergencia sigue siendo frecuente. En la ex Yugoslavia, en Rwanda y en otros países, se ha usado sistemáticamente como instrumento de tortura o de dominación étnica.

En todo el mundo, la explotación sexual y la trata de niños afecta a decenas de millones de niños. En los países en desarrollo, a raíz de la industria del sexo, las niñas hijas de campesinos pobres son llevadas a las ciudades. En países desarrollados, muchas trabajadoras comerciales del sexo proceden de países pobres. Las trabajadoras del sexo corren particulares riesgos de contagio con enfermedades de transmisión sexual y con el VIH.

Igualdad de género e involucramiento masculino
Está claro que la potenciación social de la mujer y su seguridad económica contribuyen a la buena salud de la reproducción y dependen de ella. Pero su acceso a los servicios de salud de la reproducción queda limitado por su falta de recursos, por las restricciones a la participación social y por su limitado acceso a la información, debido al analfabetismo.

Con frecuencia, los hombres no son sensibles a las necesidades de las mujeres en materia de salud sexual y de la reproducción. Es preciso que los muchachos y los hombres aprendan a asumir responsabilidad en cuestiones de sexualidad y procreación y comprendan los riesgos que enfrentan las mujeres a raíz de prácticas tradicionales perjudiciales, iniciación sexual demasiado precoz y numerosos compañeros sexuales de ellas o de sus cónyuges. Dado que los hombres dominan los puestos de poder, tienen una función fundamental que desempeñar en cuanto a eliminar la desigualdad de género.

La educación de las niñas es un factor fundamental para mejorar la salud de la familia, reducir la mortalidad de lactantes y cambiar los comportamientos en materia de procreación. En todo el mundo, hay casi 600 millones de mujeres analfabetas, en comparación con unos 230 millones de hombres analfabetos.

Recomendaciones
En el informe Estado de la Población Mundial 1997 se exhorta a prestar mayor atención a los derechos humanos, en especial la promoción de la igualdad de género y la potenciación de la mujer. Esto requiere la introducción de reformas jurídicas, una mejor aplicación de las leyes existentes, nuevos procedimientos para documentar infracciones, educación acerca de los derechos humanos y alianzas entre las instituciones preocupadas por los derechos. Los programas internacionales de asistencia deberían asignar mayor prioridad a las metas en materia de derechos humanos.

A fin de combatir la pobreza que impide el ejercicio de los derechos sexuales y de procreación, en el informe se propugna aumentar el acceso de las mujeres al crédito y a los recursos económicos y se destaca el valor de la educación en general y de la educación concretamente sobre salud sexual y de la reproducción.

En el informe se insta a incrementar las inversiones en atención primaria de la salud, particularmente las destinadas a servicios de salud sexual y de la reproducción. Deberían reestructurarse los servicios de salud a fin de centrarse en las necesidades de salud sexual y de la reproducción de los clientes, incluidos los grupos que tienen menores servicios, utilizando nuevas directrices, nuevas normas de conducta y nuevos métodos de evaluación. Las organizaciones no gubernamentales y las entidades del sector privado deben contribuir al diseño, la implementación y la vigilancia de los programas.

Implementación del Programa de Acción de la CIPD
En una sección especial, basada en los informes presentados por las oficinas del FNUAP en los países, se describe la implementación por los países del Programa de Acción de la CIPD: modificación de las políticas de población y desarrollo y de las instituciones conexas; reformas jurídicas y constitucionales a fin de proteger los derechos de la mujer y promover la igualdad de género; y reorganización de los servicios de salud a fin de reducir la mortalidad debida a la maternidad y abordar la gama completa de cuestiones de salud de la reproducción. En el informe se señala que, si bien muchos países en desarrollo han logrado importantes adelantos, muchos otros padecen escasez de fondos y de personal capacitado.

En el Programa de Acción de la CIPD se estima que un conjunto básico de programas de población y salud de la reproducción para los países en desarrollo requerirá hacia el año 2000 aproximadamente 17.000 millones de dólares anuales y hacia 2015, 21.700 millones de dólares; de esos costos mundiales, aproximadamente las dos terceras partes deberán proceder de recursos nacionales y un tercio, de los países donantes.

Para obtener más información:
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United Nations Population Fund
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New York, NY 10017, Estados Unidos de América
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