RESUMEN
La privación de sus
derechos de procreación causa muerte o perjuicios a millones
de mujeres e impide el adelanto hacia la igualdad y el desarrollo
NACIONES UNIDAS, Nueva York — Las lagunas
y deficiencias en los servicios de salud de la reproducción,
sumadas a la discriminación y la violencia generalizadas contra
las mujeres, constituyen una masiva violación de sus derechos
humanos. La privación de los derechos sexuales y de procreación
— incluida la libertad de opción con respecto al embarazo
y el alumbramiento — causa cada año millones de defuncio-nes
y muchos más casos de enfermedad y discapacidad. Casi todos
los afectados son mujeres y la vasta mayoría de ellas se encuentran
en países en desarrollo.
Esas violaciones de
los derechos humanos y las acciones para ponerles fin son
el tema del informe Estado de la Población Mundial 1997
preparado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP), publicado el 28 de mayo. El informe, cuyo tema es
"El derecho a optar: Derechos de procreación y salud
de la reproducción", resume los acuerdos internacionales
que definen los derechos sexuales y de procreación, presenta
pruebas sobre los adelantos y los tropiezos en cuanto a conseguir
y proteger esos derechos y examina los efectos de privar de
ellos a millones de mujeres y hombres.
En el informe se destaca que, para posibilitar que los individuos
disfruten de sus derechos sexuales y de procreación, es necesario
que haya igualdad de género y que aumenten las inversiones
en educación y atención primaria de la salud. Las recomendaciones
concretas se refieren a mejorar la disponibilidad y la calidad
de la información y los servicios, a fin de satisfacer una
amplia gama de necesidades de salud sexual y de la reproducción.
En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
(CIPD), celebrada en 1994, 180 países convinieron en que antes
del año 2015 debería ponerse a disposición de todos servicios
de buena calidad de salud de la reproducción e información
al respecto. En el informe del FNUAP se pasa revista a los
considerables adelantos logrados por muchos países en cuanto
a llevar a la práctica las recomendaciones de la Conferencia
y se presentan indicadores estadísticos relativos a la situación
actual.
"La comunidad internacional ha convenido reiteradamente
en que la salud de la reproducción es un derecho, tanto para
las mujeres como para los hombres" dijo la Dra. Nafis
Sadik, Directora Ejecutiva del FNUAP. "El reto ahora
es que este derecho se convierta en realidad para cada individuo".
En la CIPD se estimó que hacia el año 2000, la prestación
de mejores servicios de salud de la reproducción en todo el
mundo costará 17.000 millones de dólares anuales: menos de
lo que actualmente se gasta en todo el mundo en armamentos
durante una semana. Pero si bien a partir de 1994, muchos
gobiernos han ido aumentando los recursos asignados a programas
de población, el importe de los gastos anuales en todo el
mundo aún está muy por debajo de la mitad de la meta de 17.000
millones de dólares.
Sobre la base de los tratados de derechos humanos, en la
CIPD se reconoció un conjunto básico de derechos sexuales
y de procreación: el derecho a la salud sexual y de la reproducción
a lo largo de todo el ciclo vital; la libre determinación
en materia de procreación, incluido los derechos a contraer
matrimonio voluntariamente y a disponer de la información
y los medios para determinar el número y el espaciamiento
de los propios hijos, y el momento de tenerlos; la igualdad
y equidad para hombres y mujeres en todas las esferas de la
vida; y la seguridad sexual y de procreación, incluida la
protección contra la violencia y la coacción sexuales.
En el informe Estado de la Población Mundial 1997
se documentan los efectos de privar a la gente de sus derechos
sexuales y de procreación:
- Cada año, 585.000 mujeres — una cada minuto —
pierden la vida por causas relacionadas con el embarazo
y casi todas ellas están en países en desarrollo. Cantidades
muy superiores de mujeres quedan discapacitadas a raíz del
parto. Gran parte de este sufrimiento y de estas pérdidas
de vidas podría evitarse si se introdujeran mejoras de costo
relativamente bajo en los sistemas de atención de la salud.
- Cada año, se pierden unas 200.000 vidas de madres a consecuencia
de la falta de servicios anticonceptivos o las deficiencias
de éstos.
- Hay entre 120 y 150 millones de mujeres que desean limitar
o espaciar sus embarazos pero siguen careciendo de los medios
de hacerlo eficazmente. En total, 350 millones de parejas
carecen de información acerca de una gama de servicios anticonceptivos,
y de acceso a éstos.
- Al menos 75 millones de embarazos por año (de un total
de aproximadamente 175 millones) son no deseados; como resultado,
hay 45 millones de abortos, de los cuales 20 millones se
realizan en malas condiciones.
- Como resultado de los abortos en malas condiciones, cada
año pierden la vida 70.000 mujeres y hay cantidades desconocidas
de mujeres que padecen infecciones y otros trastornos de
salud. Muchos abortos en malas condiciones podrían evitarse
si se dispusiera libremente de medios anticonceptivos seguros
y eficaces.
- El año pasado, 3,1 millones de personas se contagiaron
con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante
del SIDA; en 1996, 1,5 millón de personas perdieron la vida
por causas relacionadas con el VIH/SIDA; y hay 22,6 millones
de personas que están viviendo con el VIH/SIDA.
- Cada año, hay un millón de defunciones a causa de infecciones
del aparato reproductor, incluidas las enfermedades de transmisión
sexual distintas del VIH/SIDA. Más de la mitad de los 333
millones de nuevos contagios con enfermedades de transmisión
sexual se producen entre adolescentes.
- Hay 120 millones de mujeres que han sido objeto de algún
tipo de mutilación genital femenina; cada año, hay otros
dos millones de mujeres que corren el riesgo de sumarse
a ellas.
- La frecuencia de la violación y otras formas de violencia
sexual está aumentando en forma galopante, aun cuando muchos
casos de violación no se denuncian debido al estigma y el
trauma asociados y a la falta de un trato acogedor por parte
de los sistemas jurídicos.
- Al menos 60 millones de niñas que podría haberse esperado
que vivieran, han "desaparecido" de diversas poblaciones,
como resultado del descuido o de los abortos selectivos
por sexo.
- Cada año, dos millones de niñas de entre 5 y 15 años de
edad son incorporadas al mercado de las relaciones sexuales
comerciales.
En el informe del FNUAP se destaca que los derechos sexuales
y de procreación son fundamentales para la potenciación femenina
y la igualdad de género y también revisten importancia crítica
para la vida económica y social de las comunidades, los países
y el mundo.
Las necesidades mundiales y nacionales coinciden con los
derechos y los intereses personales. Si se les da la oportunidad
de optar, la mayoría de las mujeres preferirían tener menor
cantidad de hijos que la generación de sus progenitores. Al
velar por que las mujeres y sus compañeros tengan derecho
a optar, se fomentará la tendencia mundial hacia familias
más pequeñas y se ayudará a los países a lograr un equilibrio
entre sus poblaciones y sus recursos. Las acciones de desarrollo
realizadas con éxito, a su vez, redundarán en mejor salud
sexual y de la reproducción para mayor cantidad de personas.
El marco jurídico de los derechos
sexuales y de procreación
Los derechos sexuales y de procreación están ínsitos
en los derechos humanos establecidos desde hace mucho tiempo:
a la vida y la supervivencia; a la libertad y la seguridad
personal; a la igualdad de trato; a la educación; a la información;
al desarrollo; y al más alto nivel posible de salud. En el
informe Estado de la Población Mundial se destacan las garantías
pertinentes consagradas en la Carta de las Naciones Unidas,
la Declaración Universal de Derechos Humanos, los dos pactos
internacionales de derechos humanos (uno relativo a los derechos
civiles y políticos y el otro, a los derechos económicos,
sociales y culturales), la Convención sobre los Derechos del
Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer.
En esos instrumentos internacionales se prohíbe a los Estados
injerirse en las libertades individuales y se los compromete
a promover activamente el ejercicio de los derechos. En consecuencia,
en los mecanismos de las Naciones Unidas para observar el
grado de cumplimiento con los tratados de derechos humanos
se ofrece un poderoso apoyo a las acciones jurídicas, políticas
y sociales cuyo propósito es velar por los derechos sexuales
y de procreación y por la salud sexual y de la reproducción.
Los acuerdos logrados en la CIPD y en la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995, también protegen
la salud sexual y de la reproducción. Esos documentos relativos
a consensos internacionales, si bien no son jurídicamente
vinculantes, pueden influir sobre la legislación y las políticas
de los países y ayudar a los órganos encargados de la vigilancia
del cumplimiento de los tratados de derechos humanos a fijar
normas y formular recomendaciones. En la Plataforma de Acción
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, por ejemplo,
se exhorta a los gobiernos a proteger el derecho de la mujer
"a tener control sobre las cuestiones relativas a su
sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir
libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a
la coacción, la discriminación y la violencia".
Va en aumento el número de países que están incorporando
los derechos sexuales y de procreación en sus constituciones,
sus códigos jurídicos y sus procedimientos institucionales.
Muchas estrategias nacionales de población y desarrollo se
están centrando ahora en satisfacer las necesidades de los
individuos en materia de salud de la reproducción, en lugar
de procurar una reducción de la fecundidad.
Derechos a la salud sexual y de
la reproducción
En la mayoría de las sociedades, la condición social
y las oportunidades económicas de la mujer quedan determinadas
en gran medida por sus funciones de reproducción que, al mismo
tiempo, han sido valoradas excesivamente y deficientemente
apoyadas. Al posibilitar que las mujeres controlen el momento
de quedar embarazadas y la frecuencia de los embarazos, se
ha posibilitado analizar las funciones de reproducción desde
la perspectiva de los derechos. En el mundo en desarrollo,
casi un 60% de las parejas utilizan anticonceptivos modernos,
en comparación con un 15% hace 30 años.
Si bien el derecho a la salud es reconocido casi universalmente,
las mujeres soportan una carga pesada y, en gran medida evitable,
de enfermedades en relación con la procreación y la sexualidad:
La malnutrición y la anemia, causadas por la pobreza
y agravadas por la desigualdad de cuestiones de género, contribuyen
a muchos de los problemas del embarazo y el parto y desempeñan
un papel en muchas defunciones relacionadas con la maternidad.
Las complicaciones del embarazo: obstrucciones del
parto, hemorragias e infecciones en el postparto, podrían
reducirse sustancialmente mediante exámenes prenatales, una
más amplia disponibilidad de parteras diplomadas y una rápida
remisión a establecimientos que ofrezcan atención obstétrica
de emergencia. Muchas vidas podrían salvarse si mayor cantidad
de mujeres pudieran evitar el embarazo en la adolescencia
o después de los 35 años, o demasiado pronto después de haber
alumbrado otro niño.
Las enfermedades de transmisión sexual afectan desproporcionadamente
a las mujeres, en particular a las jóvenes. La susceptibilidad
biológica de las mujeres a las enfermedades de transmisión
sexual queda agravada por las realidades sociales; las mujeres
jóvenes, en especial, tal vez se vean obligadas a tener relaciones
sexuales o tengan escaso poder para negociar el uso de condones
(preservativos) con compañeros sexuales de mayor edad. Las
adolescentes que tienen actividad sexual son especialmente
vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual, pero
la mayoría de ellas saben muy poco acerca de dichas enfermedades.
La pandemia del VIH/SIDA sigue destruyendo familias
y comunidades en África y en otros lugares, y se está propagando
rápidamente en gran parte de Asia y en los países de la ex
Unión Soviética. Un 42% de los adultos infectados son mujeres,
y la proporción va en aumento; los casos de contagio más recientes
se han producido entre los 15 y 24 años de edad. La preocupación
de los hombres acerca del contagio con el VIH ha redundado
en un aumento de la explotación sexual de las niñas.
El aborto en malas condiciones es un riesgo de salud
pública de grandes proporciones. En América Latina, uno de
cada cinco abortos clandestinos causa complicaciones y requiere
una hospitalización ulterior. Muchas mujeres que recurren
al aborto, habrían utilizado anticonceptivos si hubieran tenido
la opción.
La mutilación genital femenina tiene horrendos efectos
a corto y largo plazo sobre la salud de niñas y mujeres; con
frecuencia, se realiza en condiciones antihigiénicas. La comunidad
internacional ha expresado su reprobación con respecto a esa
práctica; no obstante, ésta continúa en unos 28 países. Varias
organizaciones no gubernamentales están esforzándose por conseguir
que se elimine la mutilación genital femenina y están demostrando
que es posible cambiar las prácticas tradicionales sin afectar
los valores sociales.
Servicios de salud de la reproducción
El derecho a la salud y el derecho a determinar
el número y el espaciamiento de los propios hijos entrañan
el derecho a disponer de servicios de salud de la reproducción
que respeten y promuevan los derechos de los clientes, respondan
a sus necesidades y deseos y faciliten la opción individual
y el consentimiento con conocimiento de causa. Pese a los
considerables adelantos logrados en los dos últimos decenios,
en la mayoría de los países estos derechos están lejos de
haberse materializado en la práctica.
El crecimiento demográfico y los programas de "ajuste
estructural" han reducido la asignación de recursos per
cápita a la atención primaria de la salud, con lo cual ha
disminuido la disponibilidad de servicios de buena calidad
y la esperanza de vida, en particular en el África al sur
del Sahara. Las reformas en materia de salud pública —
a fin de proporcionar diversos servicios bajo un mismo techo,
destacar la importancia de la capacitación y aprovechar al
máximo el personal y los limitados fondos disponibles —
recién han comenzado, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales.
Después de la CIPD, muchos programas de salud de la reproducción
han hecho mayor hincapié en la buena calidad de los servicios
ofrecidos a los clientes. Esto entraña ofrecer: una amplia
gama de servicios, incluida la opción entre distintos métodos
anticonceptivos, un asesoramiento sensible a las necesidades
del cliente, e información completa y fidedigna.
Varias barreras (oficiales y extraoficiales) impiden el acceso
a los servicios de salud de la reproducción y a la información
al respecto, en particular en lo concerniente a los adolescentes,
casados o solteros; en muchos países, los requisitos en cuanto
al consentimiento del esposo impiden en la práctica que muchas
mujeres tengan acceso a los servicios anticonceptivos.
La CIPD destacó que los programas deben respetar plenamente
el derecho a la opción bien fundamentada en materia de procreación;
cualquier forma de coacción es inaceptable. Las metas nacionales
para limitar el crecimiento demográfico son inoperantes y
pueden conducir a la adopción de prácticas coactivas.
Sexualidad en la adolescencia
Las madres adolescentes corren un riesgo de defunción
superior al promedio por causas relacionadas con la maternidad,
y sus hijos tienen niveles más altos de morbilidad y mortalidad.
El matrimonio precoz y los alumbramientos precoces también
obstaculizan las oportunidades educacionales y de empleo de
las jóvenes mujeres.
En los últimos decenios, en muchas sociedades, en particular
en países industrializados, puede haber aumentado tanto la
actividad sexual premarital de los adolescentes como la edad
media en que las muchachas contraen matrimonio. En muchos
países, el matrimonio precoz y los alumbramientos tempranos
siguen siendo la norma. Las altas tasas de embarazo, alumbramiento
y aborto en malas condiciones en la adolescencia reflejan
la falta de oportunidades educacionales y económicas.
En general, los jóvenes están muy mal informados acerca de
cómo protegerse contra los embarazos no deseados y las enfermedades
de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. A menudo, los
padres y madres se sienten incómodos al hablar con sus hijos
de cuestiones sexuales y los jóvenes obtienen información
(en gran parte incorrecta) de otros jóvenes de su misma edad.
Contrariamente al mito de que la educación sexual favorece
la promiscuidad, la experiencia indica que dicha educación
fomenta un comportamiento sexual responsable.
En todo el mundo hay un consenso cada vez más generalizado
acerca de que los adolescentes necesitan un acceso irrestricto
a la información y a servicios de salud de la reproducción
privados y confidenciales.
La opción acerca de contraer matrimonio
y formar una familia
Si bien en muchos países se están acortando las
discrepancias entre esposos y esposas en cuanto a la edad
y el nivel educacional, tales discrepancias siguen reforzando
los estereotipos de dependencia femenina. Las leyes que establecen
una edad mínima para contraer matrimonio no siempre se respetan
y, en los casos típicos sólo se aplican cuando no se cuenta
con el consentimiento de los progenitores; es frecuente que
los jóvenes carezcan de protección jurídica contra los matrimonios
forzosos. Con frecuencia, las jóvenes parejas son objeto de
fuertes presiones para comenzar a tener hijos inmediatamente
después del matrimonio y seguir teniéndolos hasta conseguir
un hijo varón.
En algunos países, es frecuente que los hijos varones estén
mejor alimentados y reciban mejor atención médica que las
hijas. A medida que las tasas de fecundidad han ido disminuyendo,
en especial en algunas partes de Asia, la preferencia por
el hijo varón ha conducido al aborto selectivo por sexo, y
esto ha redundado en que haya un anormal superávit de niños
varones, en comparación con el número de niñas, especialmente
después del primer alumbramiento.
Las encuestas ponen de manifiesto que, por lo general, los
hombres y las mujeres saben cuántos hijos quieren tener y
están cada vez más al tanto de los anticonceptivos modernos
y dónde encontrarlos. Pero los cónyuges con frecuencia no
conversan acerca de sus deseos en cuanto al tamaño de la familia
y esto limita la práctica de la planificación de la familia.
Violencia contra la mujer
En todo el mundo, la violencia contra la mujer
tal vez sea la conculcación más generalizada y, sin embargo,
menos reconocida, de los derechos humanos. La violencia son
motivos de género, sea ésta física o emocional, perpetúa el
poder y el control masculinos. Los estudios establecen que
la violencia contra la mujer se deben a la socialización masculina
y la presión por parte de otros hombres, y no a factores biológicos
o sexuales.
De las mujeres víctimas de violación, un 80% ya conocían
a sus atacantes. De las víctimas de ataques sexuales, la mayoría
son jóvenes. Las mujeres que han sido objeto de violación
y ataques físicos corren numerosos riesgos de salud, entre
ellos, heridas graves, enfermedades mentales, enfermedades
de transmisión sexual y embarazos no deseados.
La violación en tiempos de guerra y en otras situaciones
de emergencia sigue siendo frecuente. En la ex Yugoslavia,
en Rwanda y en otros países, se ha usado sistemáticamente
como instrumento de tortura o de dominación étnica.
En todo el mundo, la explotación sexual y la trata de niños
afecta a decenas de millones de niños. En los países en desarrollo,
a raíz de la industria del sexo, las niñas hijas de campesinos
pobres son llevadas a las ciudades. En países desarrollados,
muchas trabajadoras comerciales del sexo proceden de países
pobres. Las trabajadoras del sexo corren particulares riesgos
de contagio con enfermedades de transmisión sexual y con el
VIH.
Igualdad de género e involucramiento
masculino
Está claro que la potenciación social de la mujer
y su seguridad económica contribuyen a la buena salud de la
reproducción y dependen de ella. Pero su acceso a los servicios
de salud de la reproducción queda limitado por su falta de
recursos, por las restricciones a la participación social
y por su limitado acceso a la información, debido al analfabetismo.
Con frecuencia, los hombres no son sensibles a las necesidades
de las mujeres en materia de salud sexual y de la reproducción.
Es preciso que los muchachos y los hombres aprendan a asumir
responsabilidad en cuestiones de sexualidad y procreación
y comprendan los riesgos que enfrentan las mujeres a raíz
de prácticas tradicionales perjudiciales, iniciación sexual
demasiado precoz y numerosos compañeros sexuales de ellas
o de sus cónyuges. Dado que los hombres dominan los puestos
de poder, tienen una función fundamental que desempeñar en
cuanto a eliminar la desigualdad de género.
La educación de las niñas es un factor fundamental para mejorar
la salud de la familia, reducir la mortalidad de lactantes
y cambiar los comportamientos en materia de procreación. En
todo el mundo, hay casi 600 millones de mujeres analfabetas,
en comparación con unos 230 millones de hombres analfabetos.
Recomendaciones
En el informe Estado de la Población Mundial
1997 se exhorta a prestar mayor atención a los derechos
humanos, en especial la promoción de la igualdad de género
y la potenciación de la mujer. Esto requiere la introducción
de reformas jurídicas, una mejor aplicación de las leyes existentes,
nuevos procedimientos para documentar infracciones, educación
acerca de los derechos humanos y alianzas entre las instituciones
preocupadas por los derechos. Los programas internacionales
de asistencia deberían asignar mayor prioridad a las metas
en materia de derechos humanos.
A fin de combatir la pobreza que impide el ejercicio de los
derechos sexuales y de procreación, en el informe se propugna
aumentar el acceso de las mujeres al crédito y a los recursos
económicos y se destaca el valor de la educación en general
y de la educación concretamente sobre salud sexual y de la
reproducción.
En el informe se insta a incrementar las inversiones en atención
primaria de la salud, particularmente las destinadas a servicios
de salud sexual y de la reproducción. Deberían reestructurarse
los servicios de salud a fin de centrarse en las necesidades
de salud sexual y de la reproducción de los clientes, incluidos
los grupos que tienen menores servicios, utilizando nuevas
directrices, nuevas normas de conducta y nuevos métodos de
evaluación. Las organizaciones no gubernamentales y las entidades
del sector privado deben contribuir al diseño, la implementación
y la vigilancia de los programas.
Implementación del Programa de Acción
de la CIPD
En una sección especial, basada en los informes
presentados por las oficinas del FNUAP en los países, se describe
la implementación por los países del Programa de Acción de
la CIPD: modificación de las políticas de población y desarrollo
y de las instituciones conexas; reformas jurídicas y constitucionales
a fin de proteger los derechos de la mujer y promover la igualdad
de género; y reorganización de los servicios de salud a fin
de reducir la mortalidad debida a la maternidad y abordar
la gama completa de cuestiones de salud de la reproducción.
En el informe se señala que, si bien muchos países en desarrollo
han logrado importantes adelantos, muchos otros padecen escasez
de fondos y de personal capacitado.
En el Programa de Acción de la CIPD se estima que un conjunto
básico de programas de población y salud de la reproducción
para los países en desarrollo requerirá hacia el año 2000
aproximadamente 17.000 millones de dólares anuales y hacia
2015, 21.700 millones de dólares; de esos costos mundiales,
aproximadamente las dos terceras partes deberán proceder de
recursos nacionales y un tercio, de los países donantes.
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