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Nosotros, Parlamentarios de todo el mundo, nos reunimos
en Ottawa para reafirmar nuestro compromiso en pro del Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo y asumir el compromiso de
actuar para impulsar la aplicación del Programa de
Acción y de las acciones clave indicadas en el examen
al cabo de cinco años.
Reafirmamos también nuestro compromiso
en pro del desarrollo sostenible y sus tres bases fundamentales:
crecimiento económico, progreso
social y protección del medio ambiente.
Reconocemos y aceptamos
nuestro compromiso de importancia crucial, a título tanto individual como colectivo,
en nuestro carácter de vínculo entre el pueblo
y el gobierno: como defensores de los derechos y las necesidades
del pueblo, como legisladores al formular leyes para proteger
esos derechos y como encargados de formular políticas
para movilizar los recursos y crear el ámbito propicio
necesario para responder a esas necesidades.
También reconocemos y aceptamos que la población
es un tema intersectorial que afecta todas las demás
cuestiones de desarrollo y, por ende, es indispensable tomarla
en cuenta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
en particular los encaminados a erradicar la pobreza y el
hambre, mejorar la salud materna, inclusive la lucha contra
el aborto practicado en malas condiciones y la promoción
de la salud sexual, la salud reproductiva, los derechos sexuales
y los derechos reproductivos; combatir el VIH/SIDA; proporcionar
educación primaria universal; y promover la igualdad
de género y la ampliación de los medios de
acción de la mujer.
Reconocemos, asimismo, lo siguiente:
Hay
un déficit de 34% respecto de la meta mundial
acordada para el año 2000, de 17.000 millones de dólares
con destino a programas de población y salud reproductiva:
un 24% en lo tocante a recursos nacionales y aproximadamente
un 55% en lo concerniente a recursos externos.
La mitad de los
habitantes del mundo viven con menos de dos dólares diarios; 1.200 millones de personas viven
con menos de un dólar diario; de ellas, más
de la mitad son mujeres.
La inestabilidad política impide la erradicación
de la pobreza y el desarrollo sostenible.
En todo el mundo,
hay unos 840 millones de personas desnutridas; de ellas,
millones pierden la vida cada año debido
al hambre y la desnutrición crónicas, inclusive
seis millones de niños menores de cinco años.
Según
se estima, hay actualmente unos 40 millones de refugiados
y personas internamente desplazadas, muchos
de los cuales carecen de acceso a servicios de salud reproductiva.
En
2000, 508 millones de personas vivían en países
sometidos a estrés por escasez de agua; hacia 2025,
habrá 3.000 millones de personas que vivirán
en esas condiciones.
Hay 1.000 millones de adolescentes que
han ingresado o están
por ingresar en su etapa de procreación y muchos de
ellos carecen de acceso a la educación sobre salud
reproductiva y a servicios de salud reproductiva.
Cada año, más
de 500.000 mujeres pierden la vida durante el embarazo y
el parto; otros siete millones
padecen infecciones o lesiones.
En todo el mundo, se deniega
a 350 millones de mujeres el acceso a una gama de anticonceptivos
seguros y eficaces.
Cada año, hay casi 175 millones de embarazos no deseados
o inoportunos.
Se ha hecho caso omiso de las necesidades
de millones de mujeres en materia de salud reproductiva y
planificación
de la familia, en particular, en países como el Afganistán,
donde las mujeres se han visto obligadas a soportar durante
décadas necesidades insatisfechas.
Cada año hay casi 40 millones de abortos, con frecuencia
practicados en malas condiciones. Cada año, unas 78.000
mujeres, es decir, 227 por día, pierde la vida como
resultado de interrupciones del embarazo realizadas en condiciones
deficientes.
En 2001, cinco millones de personas se
contagiaron con el VIH; de ellas, 800.000 eran niños; ese mismo año,
tres millones de personas murieron a causa del SIDA.
Hay 13,4
millones de huérfanos a causa del SIDA;
muchos de ellos han pasado a ser jefes de hogar.
La mitad
de todos los nuevos contagios con el VIH ocurren en jóvenes de 15 a 24 años de edad y las adolescentes
están en especial situación de riesgo.
Hay 40
millones de personas que viven con el VIH/SIDA; de ellas,
28,5 millones viven en África.
Cada año, hay un déficit de 2.000 millones
de condones, que son necesarios para la protección
contra el VIH/SIDA.
Hacia 2050, habrá aumentado el número de personas
de 60 y más años de edad, desde 600 millones
hasta casi 2.000 millones y la proporción de ancianos
se duplicará, desde el 10% hasta el 21% de la población;
muchos de ellos viven en la pobreza y necesitan la asistencia
oficial para servicios sociales y de salud.
Nosotros, los Parlamentarios reunidos en Ottawa, nos comprometemos
a realizar las acciones indicadas a continuación y
exhortamos a los parlamentarios de todo el mundo que se comprometan
también a realizar las mismas acciones:
- Tratar de que del 5% al 10% de los presupuestos nacionales
de desarrollo se destine a programas de población
y salud reproductiva.
- Poner empeño en llegar a la meta convenida del
0,7% del PNB con destino a la asistencia oficial para el
desarrollo (AOD) y tratar por todos los medios de movilizar
los recursos financieros calculados que, según se
convino, son necesarios para poner en práctica el
Programa de Acción de la CIPD.
- Asignar alta prioridad al acceso universal a los servicios
y productos de salud reproductiva en los marcos nacionales
de salud y reducción de la pobreza, tanto en lo
concerniente a las asignaciones presupuestarias, como a
las actividades programáticas.
- Formular y aplicar políticas y prever su financiación,
a fin de ofrecer servicios de salud sexual y salud reproductiva
a los refugiados y las personas desplazadas.
- Aprobar, difundir y aplicar leyes y políticas
que promuevan y protejan los derechos humanos de la niña
y la joven y que aseguren el acceso en condiciones de igualdad
y la plena participación de la mujer en la adopción
de decisiones a todos los niveles y que eliminen toda la
forma de violencia, coacción y discriminación
contra la mujer, inclusive las diversas variantes de las
prácticas tradicionales, culturales y religiosas
que son nocivas.
- Eliminar todas las discrepancias y desigualdades de género
en la educación, el empleo y los medios de vida
de la mujer y aprobar y aplicar medidas para educar a las
niñas, desarrollar sus aptitudes técnicas
y su aprendizaje de oficios, además de enseñarles
a leer y escribir.
- Promover la reducción de la mortalidad y la morbilidad
maternas y del aborto realizado en malas condiciones, como
prioridad de salud pública y como cuestión
de derechos reproductivos.
- Apoyar la educación en salud pública a
fin de crear conciencia de los riesgos del embarazo, del
trabajo de parto y del parto y acrecentar la comprensión
de los papeles y responsabilidades respectivos de los miembros
de la familia, incluidos los hombres, en cuanto a promover
y proteger la salud materna.
- Al formular estrategias nacionales de desarrollo y reducción
de la pobreza, asignar alta prioridad al abastecimiento
de agua, especialmente en zonas rurales, y al saneamiento
y, en particular, al aumento de la productividad hídrica,
la estabilización de la población y la estabilización
del clima.
- Mejorar el acceso de las personas que viven en la pobreza,
especialmente las mujeres, a los recursos agrícolas,
incluidos los recursos de tierra, y promover sistemas equitativos
y eficientes de distribución y un desarrollo sostenible.
- Generar la voluntad política necesaria para formular
políticas relativas al VIH/SIDA e integrarlas en
las políticas nacionales de salud reproductiva y
aplicar planes nacionales de acción; aprobar leyes
que aseguren el respeto de los derechos humanos y la dignidad
de las personas que viven con el VIH/SIDA y los huérfanos
del SIDA; y proporcionar educación y servicios para
prevenir la propagación de todas las enfermedades
de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, además
de proporcionar tratamiento para dichas enfermedades.
- Asegurar que los adolescentes, tanto dentro como fuera
de las escuelas, reciban la información necesaria,
expresada en lenguaje apropiado, así como servicios
y oportunidades de participar en la formulación
de políticas y programas que los beneficien y estén
en condiciones de efectuar opciones y adoptar decisiones
responsables y bien fundamentadas con respecto a sus necesidades
en materia de salud sexual y salud reproductiva.
- Hacer todo lo posible por lograr el acceso universal
a los servicios y productos de salud reproductiva antes
del año 2015, alentando a los gobiernos, los donantes,
las entidades de la sociedad civil y del sector privado
a que colaboren, con apoyo gubernamental, para alcanzar
esta meta.
- Crear y/o fortalecer la capacidad de los países
para recopilar, analizar y difundir datos estadísticos,
desagregados por sexo, en apoyo de la planificación
nacional del desarrollo, y proporcionar los recursos necesarios
para lograrlo.
- Promover y proteger el cabal disfrute de los derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos
de los ancianos, eliminar todas las formas de violencia
y discriminación contra ellos y facultar a las personas
de edad para que participen plena y eficazmente en la vida
económica, política y social de sus sociedades.
Nosotros, los Parlamentarios, en nuestro carácter
de defensores públicos, legisladores y autores de
políticas, prometemos realizar las acciones indicadas
y monitorear sistemática y activamente los progresos
que logremos al respecto. También prometemos informar
periódicamente con respecto a este progreso por conducto
de grupos de parlamentarios, además de reunirnos nuevamente
al cabo de dos años para evaluar los resultados logrados,
en el plano individual y en el colectivo.
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