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Venezuela

Principales instancias de derechos humanos

La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, vigilancia y defensa de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas. La función de promoción descansa en la presentación de propuestas legislativas para la protección progresiva de los derechos humanos, y el diseño, promoción y ejecución de políticas de difusión, capacitación y formación, dirigidas a la ciudadanía. La función de vigilancia se instrumenta a través de la recepción y procesamiento de quejas y denuncias a instancia de parte, así como investigando de oficio las situaciones que puedan menoscabar los derechos humanos, y mediante la supervisión de los órganos públicos. La función de defensa de los derechos humanos se materializa a través del procesamiento y resolución de quejas y denuncias presentadas a instancia del interesado o impulsadas de oficio por la Defensoría del Pueblo. En su rol de Magistratura de la Persuasión, para defender los derechos vulnerados, la institución efectúa sugerencias, recomendaciones, advertencias, opiniones, dictámenes e informes en los cuales señala la necesidad de que se modifiquen las conductas consideradas como inconstitucionales, irregulares, discriminatorias y arbitrarias.

El Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) tiene carácter de Instituto Autónomo, dotado de personalidad jurídica, con patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional. Está adscrito, a los fines presupuestarios y administrativos, al Ministerio de Salud y Desarrollo Social y es el órgano permanente de definición, supervisión y evaluación de las políticas y asuntos relacionados con la condición y situación de la mujer. Tiene por finalidad: planificar, coordinar y ejecutar las políticas dirigidas a la mujer; intervenir en la formulación de políticas públicas que afecten a la mujer en los campos de interés para éstas, tales como los de salud, educación, formación, capacitación, empleo, ingreso y seguridad social; garantizar la prestación de los servicios necesarios en materia jurídica, socioeconómica, sociocultural, sociopolíticas y sociodoméstica, en los términos contemplados en la ley. Otra de las tareas encomendadas al INAMUJER es conocer sobre situaciones de discriminación de la mujer y formular recomendaciones administrativas o normativas a los órganos competentes del poder público y del sector privado; elaborar proyectos de ley y reglamentos que sean necesarios para la promoción de la igualdad y derecho de la mujer y para la igualdad efectiva de oportunidades por parte de ésta.

El Banco de Desarrollo de la Mujer (BANMUJER) es una institución micro-financiera pública creada por decreto del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, el 8 de marzo del 2001, Día Internacional de la Mujer, y aprobada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) en septiembre del mismo año. Busca impulsar, junto con otras instituciones del Estado, la distribución cada vez más equitativa del ingreso nacional, democratizar el capital y combatir la pobreza en Venezuela generando el autoempleo y la autogestión productiva, de manera de aumentar el ingreso familiar tanto en el área rural como en la urbana, dentro del contexto de una economía popular y solidaria. Su misión es garantizar un desarrollo humano integral y sostenible sobre principios de corresponsabilidad Estado-sociedad, solidaridad, disciplina laboral, equidad de géneros, justicia social y compromiso.

 

Historial de presentación de informes a los órganos de tratados

Tratados Entrada en vigor Revisión de informe más reciente Informes pendientes
CESCR 10-08-78 24, 25-04-01 8-05-01
CCPR 10-08-78 19, 20-03-01 2-04-01
CERD 04-01-69 2, 3-08-05 19°
CEDAW 01-06-83 26-01-06  
CAT 28-08-91 18, 19-11-02, 21-11-02
CRC 13-10-90 21-09-99, 8-10-99 2°, 3°

 

Recomendaciones de los Comités por Áreas Programáticas

[A continuación se presenta una selección de las recomendaciones relativas a los temas que conciernen el mandato de UNFPA, incluidas en las observaciones finales por parte de los Órganos de Tratados a los informes presentados por el país. Es posible que una misma recomendación corresponda a más de uno de los criterios de clasificación. Las recomendaciones que se presentan corresponden a la revisión más reciente en cada caso, y es posible que no siempre reflejen la realidad actual.]

 

Población y Desarrollo

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 67º período de sesiones (1- 19 de Agosto de 2005) El Comité examinó los informes periódicos 14º a 18º de la Republica Bolivariana de Venezuela (CERD/C/476/Add.4) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité alienta al Estado Parte a intensificar sus esfuerzos para mejorar la situación en cuanto a los derechos económicos y sociales de los afrodescendientes y de los indígenas, tales como el derecho a la vivienda, a los servicios de salud y saneamiento, al trabajo y a una nutrición adecuada, con el fin de combatir la discriminación racial y eliminar las desigualdades estructurales.
  • El Comité invita al Estado Parte a considerar la posibilidad de ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
  • El Comité recomienda que el Estado Parte incluya en su próximo informe periódico datos estadísticos desagregados sobre los afrodescendientes, que permitan evaluar su situación con mayor exactitud.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 25° período de sesiones (23 de abril al 11 de mayo 2001) El Comité examinó el segundo informe periódico de Venezuela (E/1990/6/Add.19) y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

  • El Comité alienta al Estado Parte a proceder a aprobar la ley orgánica de la defensoría del pueblo y a incitar a los servicios del defensor del pueblo a prestar una atención constante a la promoción y la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en relación con las comunidades indígenas.
  • El Comité exhorta al Estado Parte a que pida asistencia técnica internacional para llevar a cabo su programa gubernamental de lucha contra la pobreza.
  • El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico suministre información detallada sobre el funcionamiento del sistema de seguridad social, la privatización del sistema de asistencia sanitaria y la integración de los grupos vulnerables, entre ellos los indígenas, en el sistema de salud.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 34° período de sesiones
(16 de enero a 3 de febrero de 2006). El Comité examinó los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de la República Bolivariana de Venezuela (CEDAW/C/VEN/4-6) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe, aporte datos y análisis estadísticos, desglosados por sexo, sobre las repercusiones de sus programas y políticas sobre hombres y mujeres, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y sobre los grupos indígenas y de ascendencia africana.

Comité de los Derechos del Niño, 46º período de sesiones (17 de septiembre al 5 de octubre de 2007). El Comité examinó el segundo informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela (CRC/C/VEN/2) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité recomienda al Estado Parte que mantenga e intensifique sus esfuerzos para elaborar un sistema integral de recopilación de datos sobre la aplicación de la Convención. Esos datos deberían abarcar todos los derechos de todos los menores de 18 años. También deberían estar desglosados por sexo, edad, grupo étnico, niños indígenas e hijos de afrodescendientes, así como por grupos de niños necesitados de protección especial, como los detenidos, los que requieren asistencia de salud mental, los discapacitados, los niños de la calle, los niños que trabajan y los refugiados. El Comité alienta al Estado Parte a que promueva su cooperación con el UNICEF y otros organismos a este respecto.

 

Salud Sexual y Reproductiva

Comité de Derechos Humanos, 71° período de sesiones (19 de marzo al 6 de abril 2001) El Comité examinó el tercer informe periódico de Venezuela (CCPR/C/VEN/98/3 y adición) y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

  • El Estado Parte tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida (artículo 6) de las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo, entre otras medidas enmendando la ley para establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto no terapéutico. El Estado Parte debe proteger el carácter confidencial de la información médica.

    Al Comité le preocupa la subsistencia de una disposición legal que exime de pena al autor de una violación si contrae matrimonio con la víctima. El Estado Parte debe proceder a la inmediata abolición de dicha legislación, la cual es incompatible con los artículos 3, 7, 23, 26, 2 3) y 24 del Pacto, particularmente teniendo en consideración la temprana edad en que las niñas pueden contraer matrimonio.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 34° período de sesiones
(16 de enero a 3 de febrero de 2006). El Comité examinó los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de la República Bolivariana de Venezuela (CEDAW/C/VEN/4-6) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité insta al Estado Parte a tomar todas las medidas que correspondan,
    entre ellas aprobar y ejecutar un plan global para reprimir la explotación
    de la prostitución de las mujeres, entre otras cosas, reforzando las medidas de
    prevención, desalentando la demanda en materia de prostitución y adoptando
    medidas para rehabilitar a las víctimas de la explotación. El Comité pide al
    Estado Parte que incluya en su próximo informe periódico una evaluación amplia basada en estudios adecuados acerca de las causas y el alcance de la prostitución, así como sobre la trata de mujeres y niñas. Dicha información debería desglosarse por edad y por zonas geográficas e incluir detalles acerca de los resultados alcanzados.
  • El Comité recomienda que el Estado Parte preste especial atención a la
    ejecución efectiva del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y su
    vigilancia. El Estado Parte debería dar mayor prioridad a la prestación de servicios de planificación familiar, incluida la información sobre los anticonceptivos y a su disponibilidad y fácil obtención en todas las regiones del país, así como a servicios de educación sexual dirigidos a los jóvenes de ambos sexos.
    El Comité insta al Estado Parte a garantizar el acceso efectivo de las mujeres a
    dicha información y a los servicios de salud sexual y reproductiva, en particular
    a las jóvenes, a las mujeres de zonas rurales y a las mujeres indígenas y de ascendencia africana. El Comité pide al Estado Parte que realice una encuesta
    sobre las razones de las elevadas tasas de muertes causadas por los abortos y
    que adopte medidas, entre ellas medidas legislativas y de política pública, dirigidas a reducir y eliminar los riesgos conexos. Además, invita al Estado Parte a incorporar en su próximo informe periódico información y datos detallados sobre la incidencia, las causas y las consecuencias del aborto, así como los efectos de las medidas tomadas, desglosados por grupos de edad.

Comité de los Derechos del Niño, 46º período de sesiones (17 de septiembre al 5 de octubre de 2007). El Comité examinó el segundo informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela (CRC/C/VEN/2) y aprobó las siguientes observaciones finales.


  • El Comité recomienda al Estado Parte que siga fortaleciendo sus programas de sensibilización en materia de relaciones sexuales destinados a familias y adolescentes, y que vele por que se cumpla la Resolución 1762 del Ministerio de Educación (1996), donde se establece que las adolescentes embarazadas tendrán derecho a proseguir sus estudios en todas las escuelas del país; el Estado Parte debe hacer todo lo posible para fortalecer las políticas y los programas encaminados a evitar que muchachas adolescentes sufran consecuencias perjudiciales y/o fallezcan a raíz de un aborto peligroso.

  • El Comité recomienda al Estado Parte que vele por que se corrijan la discriminación y otros tratos inadmisibles a los niños que viven con el VIH/SIDA, y que preste servicios médicos adecuados a las mujeres embarazadas a fin de prevenir la transmisión de madres a hijos.

  • El Comité recomienda al Estado Parte que establezca mecanismos para facilitar la aplicación y la supervisión de los planes y programas del Gobierno y las ONG relativos a la trata, la explotación sexual y la venta de niños. El Comité invita al Estado Parte a incluir amplia información sobre estas cuestiones y los efectos del Plan de Acción en su próximo informe relativo al Protocolo Facultativo.

Promoción de la Igualdad de Género

Comité de Derechos Humanos, 71° período de sesiones (19 de marzo al 6 de abril 2001) El Comité examinó el tercer informe periódico de Venezuela (CCPR/C/VEN/98/3 y adición) y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

  • El Comité está preocupado por el nivel de violencia que existe contra las mujeres, incluyendo los muchos casos denunciados de secuestro y asesinato que no han conducido a arrestos o procesamiento de los culpables. Está también preocupado por las numerosas alegaciones de violación o tortura perpetradas por las fuerzas de seguridad a las mujeres detenidas, que éstas no se atreven a denunciar. El Estado Parte debe tomar medidas eficaces para garantizar la seguridad de las mujeres, asegurar que no se ejerza ninguna presión sobre las mismas para disuadirlas de denunciar tales violaciones y asegurar que todas las alegaciones de abusos sean investigadas y que los autores de estos actos sean llevados a la justicia.
  • Al Comité le preocupa la insuficiente participación de la mujer, entre otros sectores, en la vida política y en el poder judicial. El Estado Parte debe tomar las medidas pertinentes para mejorar la participación de las mujeres, si es preciso mediante la adopción de programas de medidas positivas.
  • El Comité urge al Estado Parte a enmendar todas aquellas leyes en las que persistan disposiciones que discriminan a la mujer, entre otras, las referentes al adulterio y al impedimento para contraer matrimonio antes de 10 meses desde la disolución de un matrimonio anterior.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 25° período de sesiones (23 de abril al 11 de mayo 2001) El Comité examinó el segundo informe periódico de Venezuela (E/1990/6/Add.19) y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

  • El Comité invita al Estado Parte a suministrar en su próximo informe periódico estadísticas actualizadas sobre la situación de la mujer en Venezuela, en particular sobre el fenómeno de la violencia doméstica, así como sobre la medida en que se aplica la recientemente aprobada Ley contra la violencia doméstica. El Comité exhorta al Estado Parte a que tome medidas más eficaces para combatir la violencia doméstica contra las mujeres y los niños.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 34° período de sesiones
(16 de enero a 3 de febrero de 2006). El Comité examinó los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de la República Bolivariana de Venezuela (CEDAW/C/VEN/4-6) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité recomienda que, en sus políticas y programas, el Estado Parte
    distinga claramente entre las políticas y programas sociales y económicos generales, que también benefician a las mujeres, y las medidas especiales de carácter temporal mencionadas en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, necesarias para acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer en diversas esferas, como explica el Comité en la recomendación general No. 25. Asimismo, alienta al Estado Parte a que intensifique la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres.
  • El Comité insta al Estado Parte a que establezca mecanismos de supervisión
    eficaces mediante la participación interinstitucional a todos los niveles, con
    miras a evaluar de manera sistemática la aplicación de las políticas y los programas nacionales para promover la igualdad entre los géneros y sus repercusiones sobre la condición de la mujer en todas las regiones, y a que refuerce la interacción con las organizaciones no gubernamentales en este proceso. El Comité invita al Estado Parte a que basándose en esas evaluaciones, adopte medidas correctivas en los casos que sea necesario. El Comité recomienda al Estado Parte que prepare, apruebe y aplique a escala nacional un plan de acción integral y coordinado para lograr la incorporación de la perspectiva de género a todos los niveles y en todas las esferas.
  • El Comité insta al Estado Parte a que intensifique sus esfuerzos para
    corregir las actitudes estereotipadas acerca de las funciones y responsabilidades que incumben a hombres y mujeres, actitudes que perpetúan la discriminación directa e indirecta contra las mujeres y las niñas. Esos esfuerzos deberían incluir la adopción de medidas educativas a todos los niveles desde una edad temprana y campañas de concienciación dirigidas tanto a mujeres como a hombres, concebidas, siempre que sea posible, con la participación de los medios de comunicación y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, que trataran los estereotipos acerca de las funciones de la mujer y del hombre a fin de combatir la discriminación contra la mujer, en particular contra las mujeres indígenas y de ascendencia africana.
  • El Comité insta al Estado Parte a que adopte en forma inmediata disposiciones
    efectivas a fin de eliminar todo obstáculo con que puedan tropezar las mujeres víctimas de la violencia al solicitar que se dicten medidas cautelares contra los autores de actos de violencia, y de asegurarse de que las mujeres puedan seguir recurriendo fácilmente a dichas medidas. El Comité subraya la
    necesidad de que el Estado Parte dé alta prioridad a la plena aplicación y evaluación de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia y a divulgarla ampliamente entre los funcionarios públicos y la sociedad en su conjunto. El Comité exhorta al Estado Parte a asegurarse de que los autores de actos de violencia contra la mujer sean enjuiciados y debidamente castigados. Asimismo, alienta al Estado Parte a facilitar a las mujeres de todas las regiones, incluidas las mujeres indígenas y las de ascendencia africana un acceso efectivo a la asistencia letrada. También exhorta al Estado Parte a asegurarse de que los funcionarios públicos, en especial la policía, el poder judicial, el personal de los servicios de salud y los trabajadores sociales, conozcan bien las disposiciones legales aplicables y estén sensibilizados con respecto a todos los tipos de violencia contra la mujer y capacitados para responder adecuadamente a ellos. El Comité insta al Estado Parte a crear un sistema centralizado para recopilar datos sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres y a incorporar dichos datos e información acerca de los efectos de las medidas adoptadas en su próximo informe periódico.
  • El Comité insta al Estado Parte a que acelere y asegure la igualdad de
    oportunidades para hombres y mujeres en el mercado de trabajo mediante, entre otras cosas, la adopción de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general No. 25. Además, pide al Estado Parte que realice un estudio global a fin de determinar si se respeta el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor y, sobre la base de esa evaluación, poner en marcha las medidas apropiadas para asegurarse de que las mujeres efectivamente reciban igual remuneración por trabajo de igual valor.

 

Recomendaciones de los Comités por Grupos de Población

[A continuación se presenta una selección de las recomendaciones relativas a grupos de población relevantes para el mandato de UNFPA, incluidas en las observaciones finales por parte de los Órganos de Tratados a los informes presentados por el país. Es posible que una misma recomendación corresponda a más de uno de los criterios de clasificación. Las recomendaciones que se presentan corresponden a la revisión más reciente en cada caso, y es posible que no siempre reflejen la realidad actual.]

 

Pueblos Indígenas

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 67º período de sesiones (1- 19 de Agosto de 2005) El Comité examinó los informes periódicos 14º a 18º de la Republica Bolivariana de Venezuela (CERD/C/476/Add.4) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité alienta al Estado Parte a intensificar sus esfuerzos para mejorar la situación en cuanto a los derechos económicos y sociales de los afrodescendientes y de los indígenas, tales como el derecho a la vivienda, a los servicios de salud y saneamiento, al trabajo y a una nutrición adecuada, con el fin de combatir la discriminación racial y eliminar las desigualdades estructurales.
  • El Comité nota con preocupación que, según el informe del Estado Parte, los pueblos indígenas del Alto Orinoco y de las cuencas del Casiquiare y Guainía-Río Negro tienen problemas con los centros de explotación aurífera ilegal, en donde se ha evidenciado a niños y adolescentes indígenas sometidos a dinámicas de explotación laboral y a peores formas de trabajo infantil, a saber, servidumbre, y esclavitud, prostitución infantil, trata y venta, entre otros. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte medidas urgentes para poner fin a esta situación, y que someta información sobre la aplicación de las medidas tomadas.
  • A la luz de la Recomendación general Nº XXIII sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas para reconocer y proteger el derecho de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos. En este sentido, el Comité invita al Estado Parte a que informe sobre la solución de los casos de intereses contrapuestos en relación con tierras y recursos indígenas, en particular aquellos en que se ha desplazado a grupos indígenas de sus tierras.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 25° período de sesiones (23 de abril al 11 de mayo 2001) El Comité examinó el segundo informe periódico de Venezuela (E/1990/6/Add.19) y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

  • El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico suministre información detallada sobre la situación de los indígenas y sobre los eventuales esfuerzos del Gobierno para reconocer sus derechos económicos, sociales y culturales específicos como grupo minoritario aparte y para mejorar su situación, en particular en la Reserva Forestal de Imataca y la sierra de Perijá.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 34° período de sesiones
(16 de enero a 3 de febrero de 2006). El Comité examinó los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de la República Bolivariana de Venezuela (CEDAW/C/VEN/4-6) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité insta al Estado Parte, en particular, a que adopte medidas para
    acelerar el logro de la igualdad de facto de las mujeres indígenas y de ascendencia africana en los ámbitos de la educación, el empleo, la salud y la vida pública y política.

Comité de los Derechos del Niño, 46º período de sesiones (17 de septiembre al 5 de octubre de 2007). El Comité examinó el segundo informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela (CRC/C/VEN/2) y aprobó las siguientes observaciones finales.


  • El Comité recomienda al Estado Parte que mejore la situación de los niños indígenas, entre otras cosas:
    a) Redoblando sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida en las zonas habitadas por indígenas;
    b) Reforzando sus medidas para prevenir las enfermedades relacionadas con el estado de salud general, y en particular la malnutrición, entre los niños indígenas;
    c) Iniciando programas para reducir la vulnerabilidad sexual de las niñas indígenas;
    d) Intensificando sus esfuerzos para aplicar estrategias educativas adaptadas a los niños indígenas; y
    e) Creando espacios para la participación de los niños indígenas, solos y con niños no indígenas.

Personas con discapacidad

Comité de los Derechos del Niño, 46º período de sesiones (17 de septiembre al 5 de octubre de 2007). El Comité examinó el segundo informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela (CRC/C/VEN/2) y aprobó las siguientes observaciones finales.


  • El Comité recomienda al Estado Parte que, teniendo en cuenta la Observación general Nº 9 (2006) sobre los derechos de los niños con discapacidad (CRC/C/GC/9):
    a) Vele por que los niños con discapacidad reciban educación, y fomente la inclusión de esos niños en las escuelas ordinarias;
    b) Lleve a efecto las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobadas por la Asamblea General el 23 de diciembre de 1993;
    c) Realice un estudio a fondo sobre la prevención de las discapacidades;
    d) Redoble los esfuerzos para proporcionar los recursos profesionales (es decir, especialistas en discapacidades) y financieros necesarios, especialmente en el plano local, y para promover y ampliar los programas de rehabilitación comunitarios, como los grupos de apoyo a los padres;
    e) Firme y ratifique la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo.