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México

Principales instancias de derechos humanos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, perteneciente al Estado mexicano. Su principal objetivo es la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo es la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano. Se encarga de recibir quejas de presuntas violaciones a Derechos Humanos; conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de Derechos Humanos; formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; conocer y decidir en última instancia las inconformidades que presenten respecto de las Recomendaciones y acuerdos de los Organismos de Derechos Humanos de las Entidades Federativas; conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los Organismos Estatales de Derechos Humanos; procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado; impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el país; proponer a las diversas autoridades del país, de acuerdo a su competencia, que promuevan cambios o modificaciones de disposiciones legislativas, reglamentarias, así como de prácticas administrativas para una mejor protección de los Derechos Humanos; formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de Derechos Humanos; proponer al Ejecutivo Federal la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos; promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional; elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de Derechos Humanos; supervisar el respeto a los Derechos Humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país.

Al interior de la Procuraduría General de la República (PGR), la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad es un área imparcial y transparente, capaz de proteger y defender los derechos fundamentales de las personas en aquellos casos de presuntas violaciones o violaciones a los derechos humanos, atribuidas a servidores públicos de la PGR.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es un organismo público autónomo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión. El INMUJERES trabaja para crear y desarrollar una cultura de igualdad y equidad libre de violencia y discriminación, capaz de propiciar el desarrollo integral de todas las mujeres mexicanas y permitir a hombres y mujeres ejercer plenamente todos sus derechos. Promueve y fomenta las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. En agosto de 2001, el Instituto Nacional de las Mujeres llevó a cabo los Foros Nacionales de Consulta para integrar el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, PROEQUIDAD, instrumento rector del gobierno federal en materia de género, que sintetiza un largo proceso de toma de conciencia de la igualdad que existe entre hombres y mujeres y que es producto del acuerdo entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.

El PROEQUIDAD contempla 9 objetivos fundamentales: incorporar la perspectiva de género como eje conductor de los planes, programas, proyectos y mecanismos de trabajo en la administración pública federal; impulsar un marco jurídico nacional eficiente y acorde con los compromisos internacionales en materia de derechos para las mujeres y las niñas, a través del cual se promoverá y garantizará el pleno disfrute de estas normas fundamentales de las mujeres y la niñez; fomentar la igualdad de oportunidades económicas entre hombres y mujeres a través de la promoción de medidas programáticas de carácter afirmativo desde una perspectiva de género; promover el desarrollo de procesos y políticas públicas sensibles a las diferencias entre hombres y mujeres que condicionan la pobreza; fomentar en todos los espacios de nuestra sociedad una educación para la vida que promueva el aprecio por la diversidad, la tolerancia y el respeto a las diferencias de género de las personas, así como garantizar, con igualdad y equidad, en todos los niveles, tipos y modalidades educativas, atención específica a las niñas y las mujeres, para lograr ampliar su participación y desempeño en todos los campos de la actividad humana, con un sentido de justicia, al margen de prejuicios y discriminaciones; eliminar las desigualdades que impiden a las mujeres alcanzar una salud integral; prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; garantizar a las mujeres el acceso y la plena participación en las estructuras de poder y la toma de decisiones, en igualdad de condiciones que los hombres; fomentar una imagen de las mujeres equilibrada, respetuosa de las diferencias y sin estereotipos en los ámbitos culturales, deportivos y en los medios de comunicación.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se identifica con la serie de instituciones que por ley deben apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad, especialmente de aquellas que presentan mayor riesgos de desintegración, violencia o de presentar alguna situación adversa y no tener capacidad para enfrentarla. El DIF Nacional es un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Es el promotor de la asistencia social y la promoción de la interrelación sistemática de las acciones por lo que es el rector del campo de la asistencia social y coordinador del Sistema compuesto por los órganos estatales y municipales. Es el responsable de la atención de menores en situación de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos de maltrato, de menores infractores, de alcohólicos, de los fármaco dependientes y de los individuos en condición de vagancia, de mujeres en período de gestación o lactancia, de ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o desamparo, de los inválidos con problemas de diferentes órganos o sistemas, los indigentes, de personas que por su ignorancia requieran servicios asistenciales, de las víctimas de la comisión de delitos en estado de abandono, de los familiares que han sido abandonados y dependan económicamente de aquellos que se encuentran detenidos por causas penales, de los habitantes del medio rural o urbano que estén marginados y de las personas afectadas por desastres.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es un órgano que ha venido a sustituir al antiguo Instituto Nacional Indigenista, cuyas políticas, reglamentos y modelo institucional resultaban obsoletos después de 54 años de su creación, para atender las necesidades de los pueblos indígenas, que hoy constituyen alrededor de un diez por ciento de la población total de México. La Comisión tiene como objetivo orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de México, atendiendo a lo establecido en el Artículo Segundo de la Constitución.

 

Plan Nacional de Derechos Humanos

El Programa Nacional de Derechos Humanos fue presentado por el Presidente de la República a fines de 2004. El mismo se basó en un diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos en México realizado por Naciones Unidas en 2003. Este programa tiene como objetivo conjuntar los esfuerzos de los tres poderes de la Unión, de los distintos niveles de gobierno, así como de los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

 

Historial de presentación de informes a los órganos de tratados

Tratado Entrada en vigor Revisión de informe más reciente Informes pendientes
CESCR 23-06-81 9, 10-05-06  
CCPR 23-06-81 16-07-99, 22, 23-07-99
CERD 2-03-75 20, 21-02-06  
CEDAW 03-09-81 6-08-02 6°, 7°
CAT 26-06-87 30-04-97
CRC 21-10-90 23-05-2006  

 

 

Recomendaciones de los Comités por Áreas Programáticas

 

[A continuación se presenta una selección de las recomendaciones relativas a los temas que conciernen el mandato de UNFPA, incluidas en las observaciones finales por parte de los Órganos de Tratados a los informes presentados por el país. Es posible que una misma recomendación corresponda a más de uno de los criterios de clasificación. Las recomendaciones que se presentan corresponden a la revisión más reciente en cada caso, y es posible que no siempre reflejen la realidad actual.]

 

Población y Desarrollo

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 68º período de sesiones (20 de febrero al 10 de marzo de 2006). El Comité examinó los informes periódicos 12 al 15 de México que se presentaron refundidos en un solo documento (CERD/C/473/Add.1), y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité recomienda al Estado parte que proporcione información sobre las comunidades afro - descendientes que numéricamente son pequeñas y más vulnerables y por ello deben contar con todas las garantías de protección que la Convención establece.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 36º período de sesiones (1º a 19 de mayo de 2006). El Comité examinó el cuarto informe periódico de México (E/C.12/4/Add.16) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité recomienda al Estado Parte que asegure la plena integración de los derechos económicos, sociales y culturales en sus estrategias de desarrollo social y de reducción de la pobreza, atendiendo especialmente a las necesidades de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, y que asigne fondos suficientes para poner en práctica esas estrategias. A ese respecto, el Comité remite al Estado Parte a la declaración del Comité titulada "La pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" (E/C.12/2001/10).
  • El Comité recomienda asimismo al Estado Parte que elabore y afine los indicadores y las referencias, desglosados por sexo, edad, población urbana y rural, sector social y origen étnico, para supervisar los progresos cumplidos en la lucha contra la pobreza, y que le comunique tales progresos en su próximo informe.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 36º período de sesiones (7 a 25 de agosto de 2006). El Comité examinó el sexto informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/6)

  • El Comité pide al Estado Parte que haga un análisis más completo y use los datos disponibles para determinar tendencias a lo largo del tiempo y los resultados y el efecto de los programas, planes y políticas a todos los niveles, y que asegure que en su próximo informe periódico se incluyan datos desglosados por estados, zonas rurales y urbanas y grupos indígenas, así como su análisis.

Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, Quinto período de sesiones (30 de octubre a 3 de noviembre de 2006). El Comité examinó el informe inicial de México (CMW/C/MEX/1) y aprobó las observaciones finales siguientes.

  • El Comité recomienda que el Estado parte considere adoptar las necesarias medidas legislativas con miras a retirar su reserva al párrafo 4 del articulo 22 de la Convención a fin de garantizar el derecho de los interesados a exponer las razones que les asisten para oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a la autoridad competente. También recomienda que el Estado Parte:
    a) Garantice que los trabajadores migratorios y sus familiares sólo sean expulsados del territorio del Estado Parte, en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente conforme a la ley;
    b) Comunique la decisión de expulsión a los trabajadores migratorios y sus familiares en un idioma que puedan entender e indique los motivos de la decisión, salvo en circunstancias excepcionales justificadas por razones de seguridad nacional;
    c) Garantice el derecho a reclamar una indemnización conforme a la ley cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revocada.
  • El Comité recomienda que el Estado parte oriente sus esfuerzos a la creación de una ley de migración que corresponda a la nueva realidad migratoria del país y se ajuste a lo dispuesto por la Convención y otros instrumentos internacionales aplicables. Esta ley deberá eliminar - inter alia – como delito penado con privación de libertad la entrada irregular de una persona en su territorio.
  • El Comité alienta al Estado Parte a:
    a) Intensificar sus esfuerzos para asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se encuentren dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la Convención sin distinción alguna, de conformidad con el artículo 7;
    b) Intensificar sus esfuerzos promoviendo campañas para sensibilizar a los funcionarios públicos que trabajan en el área migratoria, especialmente a nivel local, así como al público en general contra la discriminación de los migrantes y combatir su estigmatización y marginalización social, incluyendo en estas acciones a los medios de comunicación.
  • El Comité recomienda que el Estado Parte:
    a) Siga tomando medidas para mejorar las condiciones de detención en las estaciones migratorias de conformidad con los estándares internacionales y solucionar el problema del hacinamiento;
    b) No utilice para el aseguramiento de migrantes locales destinados a la detención preventiva y/o a la privación de libertad de personas en conflicto con la ley;
    c) Investigue las denuncias de malos tratos y tratos crueles y degradantes cometidos por funcionarios públicos en las estaciones migratorias y sancione a los responsables;
    d) Informe sin demora a las autoridades consulares o diplomáticas del Estado de origen cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado o detenido, si este lo solicita;
    e) Asegure que los migrantes permanezcan privados de la libertad durante el menor tiempo posible.
  • El Comité recomienda que el Estado Parte continúe e intensifique sus esfuerzos para abordar urgentemente el problema de los malos tratos y otros actos de violencia contra trabajadores migratorios y sus familiares independientemente de quién los cometa.
    En particular, el Comité insta al Estado parte que garantice la investigación de dichos actos y que los responsables sean procesados y sancionados.

 

Salud Sexual y Reproductiva

Comité de Derechos Humanos, 66° período de sesiones (12 al 30 de julio 1999) El Comité examinó el cuarto informe periódico de México (CCPR/C/123/Add.1) y aprobó las observaciones siguientes.

  • El Comité está preocupado por las informaciones de que las mujeres mexicanas que buscan empleo en las empresas extranjeras en las fronteras de México ("maquiladoras") sean sometidas a pruebas de embarazo y deban responder a preguntas personales indiscretas, y de que se hayan suministrado a algunas empleadas drogas anticonceptivas. Asimismo le preocupa que estas alegaciones no hayan sido objeto de investigaciones serias. Deben tomarse medidas para investigar todas estas alegaciones con el fin de asegurar que las mujeres cuyos derechos a la igualdad y al respeto a la vida privada han sido violados de esta manera, tengan acceso a recursos y para prevenir que tales violaciones vuelvan a producirse.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 36º período de sesiones (1º a 19 de mayo de 2006). El Comité examinó el cuarto informe periódico de México (E/C.12/4/Add.16) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité pide al Estado Parte que comunique en su segundo informe periódico información estadística sobre el número de víctimas de la trata, desglosada por año, sexo, edad y origen nacional o étnico, así como el de los autores, las condenas, los tipos de sanciones impuestas y la asistencia prestada a las víctimas.
  • El Comité recomienda al Estado Parte que asegure y supervise el pleno acceso de las mujeres víctimas de violación al aborto legal, que aplique el Programa de Arranque Parejo en la Vida en todos sus Estados, vele por que todos tengan plenamente acceso, especialmente las niñas y las jóvenes, a la educación y los servicios de salud reproductiva, sobre todo en las zonas rurales y las comunidades indígenas, y asigne recursos suficientes con ese fin.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 36º período de sesiones (7 a 25 de agosto de 2006). El Comité examinó el sexto informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/6)

  • El Comité insta al Estado Parte a que amplíe la cobertura de los servicios de salud, en particular la atención de la salud reproductiva y los servicios de planificación de la familia, y a que trate de eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres tengan acceso a esos servicios. Además, el Comité recomienda que se promueva e imparta ampliamente la educación sexual entre hombres y mujeres y adolescentes de ambos sexos. El Comité pide al Estado Parte que armonice la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal. Insta al Estado Parte a aplicar una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a servicios de aborto seguros en las circunstancias previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia, medidas de concienciación sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de la mujer, dirigidas en particular al personal sanitario y también al público en general.

Comité de los Derechos del Niño, 42º período de sesiones (15 de mayo al 2 de junio de 2006). El Comité examinó el tercer informe periódico de México (CRC/C/125/Add.7) y aprobó lassiguientes observaciones finales.

  • El Comité recomienda que el Estado Parte preste especial atención a la salud de los adolescentes, teniendo en cuenta la Observación general Nº 4 (2003) del Comité sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño. En particular, el Comité recomienda que el Estado Parte:
    a) Mejore la educación de los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, especialmente en las escuelas, con miras a reducir la incidencia de los embarazos y de las enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes y proporcione a las adolescentes embarazadas la asistencia necesaria y acceso a la atención y la educación sanitarias;
    b) Refuerce los programas para hacer frente a problemas de salud mental, como el suicidio de niños y adolescentes;
    c) Procure la cooperación técnica de la OMS y el UNICEF.
  • El Comité recomienda que, teniendo en cuenta la Observación general Nº 3 (2003) del Comité sobre el VIH/SIDA y los derechos del niño y las directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derecho humanos, el Estado Parte:
    a) Redoble sus esfuerzos para luchar contra el VIH/SIDA, en particular mediante campañas de sensibilización;
    b) Prevenga la discriminación contra los niños infectados o afectados por el VIH/SIDA;
    c) Garantice el acceso a servicios de apoyo psicológico confidenciales, que tengan en cuenta las necesidades de los niños y para los que no se precise el consentimiento de los padres, a los niños que los necesiten;
    d) Prosiga y redoble sus esfuerzos para prevenir la transmisión del VIH/SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual de madre a hijo;
    e) Garantice el libre acceso al tratamiento antirretroviral;
    f) Elabore programas para proteger y ayudar a los huérfanos a causa del VIH/SIDA y a otros niños vulnerables;
    g) Procure, a esos efectos, la asistencia internacional del ONUSIDA, el UNFPA y el UNICEF, entre otras organizaciones.
  • El Comité insta al Estado Parte a que vele por que los proyectos legislativos que se están examinando tanto en el Senado como en el Congreso en relación con la trata y la explotación sexual ofrezcan una protección eficaz a los niños víctimas y niños en riesgo. El Comité también recomienda que el Estado Parte:
    a) Realice un estudio amplio para determinar las causas, naturaleza y magnitud de la trata de niños practicada con diversas finalidades, en particular la explotación sexual comercial;
    b) Enmiende el Código Penal a fin de tipificar como delitos penales la explotación, la trata y el secuestro de niños;
    c) Adopte medidas más enérgicas y enfoques multidisciplinarios y multisectoriales para prevenir y combatir la trata de niños y la explotación sexual de niños y adolescentes;
    d) Organice campañas de sensibilización, dirigidas en particular a los padres y niños;
    e) Vele por que los niños víctimas de la trata y los que han sido sometidos a explotación sexual y económica sean tratados como víctimas y se enjuicie a los autores;
    f) Aplique programas apropiados para prestar asistencia y reintegrar a los niños víctimas de explotación sexual y/o de trata, de conformidad con lo dispuesto en la Declaración y Programa de Acción y en el Compromiso Mundial, aprobados en los Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños en 1996 y 2001;

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 68º período de sesiones (20 de febrero al 10 de marzo de 2006). El Comité examinó los informes periódicos 12 al 15 de México que se presentaron refundidos en un solo documento (CERD/C/473/Add.1), y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité exhorta al Estado Parte a que adopte todas las medidas necesarias para poner fin a la práctica de esterilizaciones forzadas, a que investigue de manera imparcial y a que se procese y se castigue a los autores y ejecutores de las prácticas de esterilizaciones forzadas. El Estado Parte debe velar también por que las víctimas dispongan de recursos justos y eficaces, incluso para obtener indemnización.

 

Promoción de la Igualdad de Género

Comité de Derechos Humanos, 66° período de sesiones (12 al 30 de julio 1999) El Comité examinó el cuarto informe periódico de México (CCPR/C/123/Add.1) y aprobó las observaciones siguientes.

  • El Comité está preocupado por el nivel de violencia que existe contra las mujeres, incluyendo los muchos casos denunciados de secuestro y asesinato que no han conducido a arrestos o procesamiento de los culpables y las numerosas alegaciones de violación o tortura perpetradas por las fuerzas de seguridad a las mujeres detenidas, que éstas no se atreven a denunciar. El Estado Parte debe tomar medidas eficaces para garantizar la seguridad de las mujeres, asegurar que no se ejerza ninguna presión sobre las mismas para disuadirlas de denunciar tales violaciones y asegurar que todas las alegaciones de abusos sean investigadas y que los autores de estos actos sean llevados a la justicia.
  • El Estado Parte debería adoptar medidas para asegurar igualdad de oportunidades para las mujeres, su plena participación en igualdad de condiciones en la vida pública y la eliminación de todas las restantes normas discriminatorias, en materia de matrimonio, divorcio y segundo o ulteriores matrimonios.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 36º período de sesiones (1º a 19 de mayo de 2006). El Comité examinó el cuarto informe periódico de México (E/C.12/4/Add.16) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité alienta al Estado Parte a considerar la adopción de disposiciones legislativas sobre la igualdad de género a nivel federal y de los Estados. Insta al Estado Parte a que vele por que todos los Estados adopten y apliquen efectivamente leyes sobre acoso sexual y por que se revoque cualquier disposición contraria al artículo 3 del Pacto en la legislación federal y de los Estados.
  • El Comité insta al Estado Parte a que modifique la Ley federal de trabajo u otras leyes, con miras a prohibir la práctica de exigir certificados de no gravidez a las mujeres como requisito para darles un empleo y a que sancione a los empleadores que no cumplen estas disposiciones.
  • El Comité exhorta al Estado Parte a que proceda a adoptar la Ley general por la que se establece un Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Código Penal Federal, el Código Civil Federal, la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y la Ley de asistencia social, así como otros proyectos de ley, con objeto de:
    a) proporcionar un asesoramiento adecuado y prestar una asistencia médica, psicológica y jurídica apropiada a las víctimas de la violencia doméstica,
    b) definir los delitos de la violencia doméstica y el incesto, así como las penas para los autores de actos de esa naturaleza, y
    c) dictar órdenes de alejamiento para los autores de esos actos, así como el pago de indemnizaciones y pensiones alimentarias a las víctimas de violencia doméstica.
  • El Comité también exhorta al Estado Parte a que se comprometa a armonizar y promulgar legislación sobre la violencia doméstica y el incesto en todos sus Estados, a aumentar la capacidad y mejorar las condiciones de sus refugios para mujeres y niños maltratados y a intensificar las campañas de concienciación, así como la formación de los magistrados, los fiscales, la policía y el personal médico sobre la índole criminal de tales actos. El Comité invita al Estado Parte a que proporcione en su próximo informe periódico información sobre los resultados de estas medidas y el número de víctimas, autores, condenas, los tipos de sanciones impuestas y la asistencia proporcionada a las víctimas.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 36º período de sesiones (7 a 25 de agosto de 2006). El Comité examinó el sexto informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/6)                    

  • El Comité insta al Estado Parte a que ponga en marcha mecanismos de coordinación y seguimiento destinados a lograr la armonización y aplicación efectivas de los programas y políticas relativos a la igualdad de género, así como la aplicación de la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres a nivel federal, estatal y municipal. El Comité recomienda que el Estado Parte vele por que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reciba los recursos financieros.
  • A la luz de su recomendación general 19, el Comité insta al Estado Parte a que adopte sin demora todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier persona, organización o empresa, así como a la violencia cometida por agentes estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. El Comité insta al Estado Parte a que acelere la aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio como delito, y a que proceda a la aprobación sin demora del proyecto de Ley general para el acceso de las mujeres a una vida sin violencia. 
  • El Comité recomienda al Estado Parte que aplique una estrategia global que incluya iniciativas de prevención en las que participen los medios de comunicación y programas de educación pública destinados a modificar las actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de la violencia contra la mujer y que la perpetúan. El Comité insta al Estado Parte a mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección. El Comité pide al Estado Parte que ponga en marcha mecanismos de seguimiento eficaces y evalúe permanentemente la repercusión de todas sus estrategias y las medidas adoptadas. Asimismo, insta al Estado Parte a que garantice que la encargada de la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres cuente con la autoridad necesaria, así como con recursos humanos y financieros suficientes, para permitirle cumplir su mandato de forma independiente e imparcial. El Comité pide al Estado Parte que se asegure de que la Fiscal Especial tenga jurisdicción en el caso de los delitos cometidos en San Salvador Atenco, a fin de garantizar que se enjuicie y se castigue a los culpables. El Comité recomienda que el Estado Parte proporcione la asistencia económica, social y psicológica necesaria a las víctimas de estos delitos.
  • El Comité insta al Estado Parte a aplicar una estrategia eficaz para incorporar las perspectivas de género en todos los planes nacionales y a estrechar los vínculos entre los planes nacionales para el desarrollo y la erradicación de la pobreza y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación contra la Mujer, a fin de asegurar la aplicación efectiva de todas las disposiciones de la Convención. El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico, incluya información sobre los efectos de las políticas macroeconómicas, incluidos los acuerdos comerciales regionales, sobre las mujeres, en particular las que viven en zonas rurales y trabajan en el sector agrícola.
  • El Comité recomienda al Estado Parte que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y económicos generales que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las mujeres en varios ámbitos, como aclaró el Comité en su recomendación general 25. Además, alienta al Estado Parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
  • El Comité insta al Estado Parte a poner el máximo empeño en combatir la trata de mujeres y niñas, en particular mediante la pronta aprobación del proyecto de ley para prevenir y sancionar la trata de personas y el establecimiento de un calendario concreto para la armonización de las leyes a nivel estatal a fin de tipificar como delito la trata de personas conforme a lo dispuesto en los instrumentos internacionales pertinentes. Insta también al Estado Parte a estudiar el fenómeno de la trata dentro del país, incluidos su alcance, causas, consecuencias y fines, y a recopilar información de manera sistemática con miras a formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización y medidas para la rehabilitación de las víctimas y su reintegración en la sociedad. Además, recomienda que el Estado Parte lleve a cabo campañas de concienciación a nivel nacional dirigidas a las mujeres y las niñas sobre los riesgos y las consecuencias de la trata y capacite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de migración y de fronteras sobre las causas, las consecuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas y las distintas formas de explotación. Insta al Estado Parte a vigilar atentamente el efecto de las medidas adoptadas y a proporcionar información sobre los resultados conseguidos en su próximo informe periódico.
  • El Comité insta al Estado Parte a tomar todas las medidas necesarias, incluida la adopción y aplicación de un amplio plan para acabar con la explotación de mujeres y niñas en la prostitución y la pornografía y la prostitución infantiles, entre otras cosas, mediante el fortalecimiento de las medidas de prevención y la adopción de medidas para desalentar la demanda de prostitución y para ayudar a las víctimas de esa explotación. El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico, incluya una evaluación amplia del alcance de la prostitución y sus causas subyacentes, con datos desglosados por edad y zonas geográficas e información sobre la repercusión de las medidas adoptadas y los resultados conseguidos.
  • El Comité recomienda al Estado Parte que fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida política y pública. Recomienda también al Estado Parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, a fin de acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior.
  • El Comité insta al Estado Parte a adecuar plenamente su legislación laboral al artículo 11 de la Convención y a acelerar la aprobación de la enmienda de la Ley Federal del Trabajo a fin de eliminar el requisito de la prueba de embarazo. Insta también al Estado Parte a potenciar la labor de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de modo que se realice un seguimiento eficaz de las condiciones de trabajo de las mujeres, se castigue a quienes violen los derechos de las mujeres en las industrias maquiladoras y se mejore el acceso a la justicia por parte de las mujeres trabajadoras. Además, recomienda al Estado Parte que en su próximo informe incluya información sobre el efecto de las medidas adoptadas y los resultados conseguidos.
  • El Comité insta al Estado Parte a asegurar que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza traten de manera explícita la naturaleza estructural y las diversas dimensiones de la pobreza y la discriminación a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales. Además, recomienda que el Estado Parte utilice medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones. El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico, proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas y su repercusión, junto con datos desglosados por zonas urbanas y rurales, estados y poblaciones indígenas. 

Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, Quinto período de sesiones (30 de octubre a 3 de noviembre de 2006). El Comité examinó el informe inicial de México (CMW/C/MEX/1) y aprobó las observaciones finales siguientes.

  • El Comité recomienda que el Estado Parte continúe tomando medidas adecuadas para proteger a las mujeres trabajadoras domésticas, inclusive el acceso a una situación migratoria regular y un involucramiento más frecuente y sistemático de las autoridades laborales en la supervisión de sus condiciones de trabajo. El Comité recomienda también que las mujeres trabajadoras migratorias del servicio doméstico puedan acceder a mecanismos de denuncia contra los empleadores y que todos los abusos, incluso los malos tratos, sean investigados y sancionados.
  • El Comité alienta al Estado Parte a que:
    a) Finalice la enmienda al Código Penal a fin de tipificar como delito penal la trata de personas;
    b) Intensifique sus esfuerzos para luchar contra el trafico ilícito de migrantes y la trata de personas, especialmente mujeres y niños, incluso adoptando medidas adecuadas para detectar los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores migratorios y sus familiares y sancionar las personas y/o grupos que dirijan esos movimientos o presten asistencia a este efecto;
    c) Investigue apropiadamente las denuncias de involucramiento de funcionarios públicos en estos crímenes y adecuadamente persiga y sancione a los responsables.

 

Recomendaciones de los Comités por Grupos de Población

[A continuación se presenta una selección de las recomendaciones relativas a grupos de población relevantes para el mandato de UNFPA, incluidas en las observaciones finales por parte de los Órganos de Tratados a los informes presentados por el país. Es posible que una misma recomendación corresponda a más de uno de los criterios de clasificación. Las recomendaciones que se presentan corresponden a la revisión más reciente en cada caso, y es posible que no siempre reflejen la realidad actual.]

Pueblos Indígenas

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 68º período de sesiones (20 de febrero al 10 de marzo de 2006). El Comité examinó los informes periódicos 12 al 15 de México que se presentaron refundidos en un solo documento (CERD/C/473/Add.1), y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité recuerda al Estado parte el artículo 5 c) de la Convención y le recomienda que garantice en la práctica el derecho de los pueblos indígenas a participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos a cualquier nivel.
  • El Comité recuerda al Estado parte su Recomendación General 23 relativa a los derechos de los pueblos indígenas, en particular el párrafo 5, el cual exhorta al Estado parte a reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras y territorios. Asimismo, el Comité recomienda al Estado Parte que asegure la correcta aplicación del Programa de Atención a Focos Rojos que tiene por objeto resolver los conflictos cuya causa principal es la disputa por la posesión de tierras.
  • El Comité recomienda al Estado parte que ponga en práctica los principios recogidos en la reforma constitucional en materia indígena en estrecha consulta con los pueblos indígenas.

Comité de Derechos Humanos, 66° período de sesiones (12 al 30 de julio 1999) El Comité examinó el cuarto informe periódico de México (CCPR/C/123/Add.1) y aprobó las observaciones siguientes.

  • El Estado Parte debería tomar las medidas necesarias para garantizar a las comunidades indígenas el respeto a los derechos y libertades que les corresponde individualmente y como grupo, erradicar los abusos a que se les somete, respetar sus costumbres y cultura, así como sus formas tradicionales de vida permitiéndoles el disfrute de sus tierras y recursos naturales. Asimismo, se debe tomar medidas adecuadas para incrementar su participación en las instituciones del país, así como el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 36º período de sesiones (1º a 19 de mayo de 2006). El Comité examinó el cuarto informe periódico de México (E/C.12/4/Add.16) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité insta al Estado Parte a que consulte debidamente a las comunidades indígenas y locales afectadas por el proyecto de la represa hidroeléctrica La Parota u otros proyectos a gran escala en las tierras y territorios que poseen, ocupan o usan tradicionalmente, y a que procure obtener su consentimiento fundamentado previo en cualquier proceso conducente a la adopción de decisiones en relación con estos proyectos que afecten a sus derechos e intereses amparados por el Pacto, en consonancia con el Convenio de la OIT Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en Estados independientes. El Comité exhorta asimismo al Estado Parte a que reconozca los derechos de propiedad y posesión de las comunidades indígenas sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, a que garantice una indemnización apropiada y/o viviendas y tierras alternativas para el cultivo a las comunidades indígenas y de agricultores locales afectados por la construcción de la represa La Parota o por otros proyectos de construcción en el marco del Plan Puebla-Panamá, y a que proteja sus derechos económicos, sociales y culturales. A este respecto, se remite al Estado Parte a las Observaciones generales Nos. 14 y 15 sobre el derecho al más alto nivel posible de salud y el derecho al agua.
  • El Comité insta al Estado Parte a que tome medidas eficaces para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores indígenas, en particular, adoptando y/o aplicando la legislación pertinente, aplicando la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y la correspondiente legislación de los Estados, efectuando con eficacia un número mayor de inspecciones de trabajo en las comunidades indígenas y sancionando a los empleadores que violan las normas laborales mínimas.
  • El Comité insta al Estado Parte a que aumente el número de docentes en las escuelas primarias y secundarias, sobre todo en las regiones apartadas y habitadas por indígenas, así como el presupuesto para la educación, en particular la educación intercultural y bilingüe, a que refuerce y mejore los programas de escolarización para los niños indígenas y migrantes, los niños que trabajan y los niños pertenecientes a otros grupos desfavorecidos y marginados, especialmente las niñas, y a que comunique en su próximo informe los progresos realizados para lograr el acceso universal a la educación primaria y secundaria obligatoria.
  • El Comité recomienda al Estado Parte que considere la adopción de legislación que reconozca, registre y proteja la autoría colectiva de los pueblos indígenas de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural, e impida la utilización no autorizada por terceros de los productos científicos, literarios y artísticos de los pueblos indígenas, en consonancia con la Observación general Nº 17 del Comité.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Período extraordinario de sesiones (5 a 23 de agosto de 2002). El Comité examinó el quinto informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/5) y aprobó las siguiente observaciones finales.

  • El Comité insta al Estado parte a que se asigne prioridad a la mujer en su estrategia de erradicación de la pobreza, con especial atención a las mujeres de las zonas rurales e indígenas, y, en este contexto, se deberían adoptar medidas y programas específicos dirigidos a garantizar que la mujer disfrute plenamente de sus derechos en un plano de igualdad en las áreas de educación, empleo y salud, haciendo especial hincapié en el trabajo conjunto con organizaciones no gubernamentales y en la participación de dichas mujeres no sólo como beneficiarias sino también como agentes de cambio en el proceso de desarrollo.

 

Adolescentes y jóvenes

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Período extraordinario de sesiones (5 a 23 de agosto de 2002). El Comité examinó el quinto informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/5) y aprobó las siguiente observaciones finales.

  • El Comité recomienda que el Estado parte examine la situación de la población adolescente con prioridad y lo exhorta a adoptar medidas para que se garantice el acceso a servicios de salud reproductiva y sexual y se preste atención a las necesidades de información de los adolescentes, incluso mediante la aplicación de programas y políticas conducentes a incrementar los conocimientos sobre los diferentes medios anticonceptivos y su disponibilidad, en el entendimiento de que la planificación de la familia es responsabilidad de ambos integrantes de la pareja. Además, insta al Estado parte a que se fomente la educación sexual de los adolescentes, prestando especial atención a la prevención y a la lucha contra el VIH/SIDA.

Comité de los Derechos del Niño, 42º período de sesiones (15 de mayo al 2 de junio de 2006). El Comité examinó el tercer informe periódico de México (CRC/C/125/Add.7) y aprobó lassiguientes observaciones finales.

  • El Comité recomienda que el Estado Parte tome las medidas necesarias para asegurar que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia tenga un mayor papel en la formulación de las políticas públicas a fin de cumplir las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de una forma integral, por ejemplo la de asignarle funciones oficiales y un presupuesto mediante legislación apropiada, y que la sociedad civil esté representada entre los miembros del Consejo.

Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, Quinto período de sesiones (30 de octubre a 3 de noviembre de 2006). El Comité examinó el informe inicial de México (CMW/C/MEX/1) y aprobó las observaciones finales siguientes.

  • El Comité recomienda al Estado Parte que preste particular atención a la situación de vulnerabilidad de los menores migrantes no acompañados. En particular, el Estado
    Parte deberá:
    a) Fortalecer los programas para la repatriación segura y ordenada de los menores no acompañados, tanto en la frontera sur como en la frontera norte;
    b) Proporcionar capacitación especifica sobre los derechos de los niños a los funcionarios públicos que trabajan en áreas fronterizas y que entran en contacto con menores no acompañados;
    c) Garantizar que la detención de los niños y adolescentes migrantes — acompañados o no— se lleve a cabo de conformidad con la ley y se utilice tan sólo como medida de último recurso y en el período más breve que proceda;
    d) Fortalecer la cooperación con la sociedad civil y las organizaciones internacionales, a fin de abordar el fenómeno creciente de menores no acompañados.

 

Personas con Discapacidad

Comité de los Derechos del Niño, 42º período de sesiones (15 de mayo al 2 de junio de 2006). El Comité examinó el tercer informe periódico de México (CRC/C/125/Add.7) y aprobó lassiguientes observaciones finales.

  • El Comité recomienda que el Estado Parte adopte todas las medidas necesarias con objeto de:
    a) Reunir datos e información sobre la situación de los niños con discapacidad en el Estado Parte y evaluar los efectos de las medidas adoptadas;
    b) Abordar todos los problemas relacionados con la discriminación, en particular la discriminación social y la discriminación contra los niños con discapacidad en las zonas rurales, teniendo en cuenta las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (resolución 48/96 de la
    Asamblea General;
    c) Proporcionar iguales oportunidades en materia de educación a los niños con discapacidad, en particular prestándoles el apoyo necesario y velando por que los maestros reciban capacitación para educar a esos niños en las escuelas ordinarias.

 

Informes de las visitas de los relatores especiales