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Colombia

Principales instancias de derechos humanos

El Defensor del Pueblo, bajo la Procuraduría General de la Nación, es elegido por la Cámara de Representantes de una terna presentada por el presidente para servir durante un período de cuatro años que se cruzan con los de dos presidentes. Su oficina tiene la obligación constitucional de asegurar la promoción y el ejercicio de los derechos humanos. Además de suministrar defensores para los indigentes, las 34 oficinas regionales de la Defensoría sirvieron de canal para las quejas sobre violaciones de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo en Bogotá sirve como sede principal nacional del Sistema de alertas temprana, diseñado para alertar a las fuerzas de seguridad pública sobre posibles violaciones de los derechos humanos, sobre todo de masacres a gran escala. La oficina, con ayuda internacional, ofreció capacitación a sus defensores regionales y realizó programas de educación sobre derechos humanos. A pesar de los logros obtenidos por la Defensoría, la restricción en los recursos significó que la oficina no contaba ni con los recursos ni con el personal necesarios, restringiendo su habilidad para verificar efectivamente las violaciones de los derechos humanos o prevenir que éstas ocurrieran.

El Programa Presidencial de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el cual opera bajo la autoridad del vicepresidente, coordina las políticas nacionales de derechos humanos y las acciones tomadas por las entidades gubernamentales para fomentar o proteger los derechos humanos. Es el interlocutor primario del Estado con las ONG nacionales e internacionales y con los gobiernos extranjeros en temas relacionados con los derechos humanos. El programa publica la revista "Observatorio de Derechos Humanos", que suministra análisis sobre los principales temas de los derechos humanos y la situación de los derechos humanos en diferentes regiones del país.

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes autorizaron legalmente a los comités de derechos humanos. Los comités sirven como foros para la discusión de temas relacionados con los derechos humanos, pero carecen de la autoridad para redactar una legislación. Por lo tanto, carecen de prestigio y han añadido poca sustancia al debate nacional de los derechos humanos.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) supervisa todos los programas de protección y bienestar infantiles y también financia programas no gubernamentales a favor de los menores de edad.

Un comité asesor gubernamental compuesto por funcionarios de la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y Justicia, el DAS, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Programa Presidencial de los Derechos Humanos y DIH y la Interpol, se reúne cada dos meses para discutir el tema sobre la trata de personas. El Comité prepara campañas informativas, impulsa el intercambio de información entre las diversas entidades gubernamentales, y promueve una cooperación más estrecha entre el Estado y la Interpol.

Más de 60.000 ONG de derechos humanos y la sociedad civil se han registrado en el país, aunque la mayoría sólo existe en papel. Entre las ONG nacionales de derechos humanos más destacadas están la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, las cuales enfocan la defensa de los derechos humanos a través del análisis legal y el análisis de casos individuales; el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el cual maneja la base de datos de violación de derechos humanos más grande y de mayor influencia; el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), el cual proporciona apoyo y asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y trabaja para organizar a la sociedad civil, para defender los derechos humanos y para fomentar una resolución pacífica del conflicto armado en el país; el Comité para la Solidaridad de los Prisioneros Políticos (CSPP), el cual se enfoca en los derechos y el tratamiento de los detenidos por delitos políticos, en particular la subversión izquierdista; la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), la voz principal del país que exige justicia para los desaparecidos; la Consultoría para los Derechos Humanos y los Desplazamientos (CODHES) la cual aboga por las políticas diseñadas para evitar el desplazamiento y defendió los derechos de los desplazados; la Asociación para el Fomento de la Alternativa Social (MINGA), la cual busca fomentar el respeto de los derechos humanos a través de la educación, la investigación, el cabildeo y la ayuda legal; la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, que sirve de foro para que las ONG nacionales e internacionales traten temas claves en la agenda por la paz y alternativas pacíficas al conflicto armado; y la Fundación País Libre, la cual ofrece a las víctimas del secuestro y a sus familias la asistencia sicológica, legal y de relaciones públicas, y puja ante el Gobierno a favor de mejores esfuerzos contra el secuestro. El grupo Verdad Colombia es una asociación relativamente nueva conformada por pequeñas ONG de derechos humanos que, por lo general, respalda las políticas de seguridad y antiterrorismo del Estado.

Las ONG nacionales de derechos humanos han tenido una influencia que excede al número de miembros o sus recursos. Al compartir información entre ellas y diseminarla entre las organizaciones internacionales de derechos humanos y los medios de comunicación, han elevado el perfil del país en cuanto a los derechos humanos y contribuido a que el país reciba más atención internacional.

Algunas ONG, como la Organización Femenina Popular de la Mujer en Barrancabermeja (Santander), y el Camino de la Mujer por la Paz en Medellín (Antioquia), trabajan en temas relacionados con la mujer, sobre todo las iniciativas por la paz.

 

Historial de presentación de informes a los órganos de tratados

Tratado Entrada en vigor Revisión de informe más reciente Informes pendientes
CESCR 03-01-76 14-11-01, 29-11-01
CCPR 23-03-76 15, 16-03-04, 25-03-04
CERD 02-10-81 17, 18-08-99, 20-08-99 10°, 11°
CEDAW 18-02-82 15-01-07, 02-02-07  
CAT 07-01-88  
CRC 27-02-91 26-05-06  

 

Recomendaciones de los Comits por reas Programticas

[A continuación se presenta una selección de las recomendaciones relativas a los temas que conciernen el mandato de UNFPA, incluidas en las observaciones finales por parte de los Órganos de Tratados a los informes presentados por el país. Es posible que una misma recomendación corresponda a más de uno de los criterios de clasificación. Las recomendaciones que se presentan corresponden a la revisión más reciente en cada caso, y es posible que no siempre reflejen la realidad actual.]

 

Población y Desarrollo

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 55º período de sesiones (2 al 27 de agosto de 1999). El Comité examinó los informes periódicos octavo y noveno de Colombia (CERD/C/332/Add.1) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • Reconociendo que muchos afrocolombianos viven en condiciones de extrema pobreza en zonas de tugurios urbanos, el Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas para solucionar la segregación racial de facto en las zonas urbanas. El Comité solicita también que en el próximo informe periódico se proporcione información adicional sobre las condiciones de vivienda en las zonas urbanas y sobre las leyes que puedan aplicarse a los casos de discriminación en el sector de la vivienda.
  • El Comité recomienda que el Estado parte aplique medidas afirmativas y efectivas para lograr que aumenten las oportunidades de empleo para las minorías y las comunidades indígenas, tanto en los sectores público como privado, y para mejorar la situación social, política, económica y educacional de las comunidades históricamente marginadas.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 27º período de sesiones (12 al 30 de noviembre de 2001). El Comité examinó el cuarto informe periódico de Colombia (E/C.12/4/Add.6) y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

  • El Comité recomienda encarecidamente que, en todos los aspectos de las negociaciones del Estado Parte con las instituciones financieras internacionales, se tengan en cuenta las obligaciones contraídas en virtud del Pacto para asegurar que el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular por parte de los grupos más desvalidos y marginados, no sufra menoscabo.
  • El Comité insta al Estado Parte a buscar los medios apropiados para reducir las inequidades sociales y a incrementar sus esfuerzos para poner fin a la lucha armada por medio de la negociación política, que es la única forma de garantizar con efectividad los derechos económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos.
  • El Comité insta al Estado Parte a tomar las medidas pertinentes para incrementar los subsidios a la vivienda, especialmente en las provincias más pobres. También recomienda la adopción de un sistema de financiamiento de viviendas de interés social para garantizar el acceso a los grupos más pobres a una vivienda adecuada.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 20º período de sesiones
(19 de enero a 5 de febrero de 1999). El Comité examinó el cuarto informe periódico de Colombia (CEDAW/C/COL/4) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité recomienda que, de manera sistemática, se desglosen por sexo las estadísticas y se incluyan en el próximo informe periódico, y que se tomen medidas que garanticen una mayor inserción de la mujer en la adopción de decisiones.

Salud Sexual y Reproductiva

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 27º período de sesiones (12 al 30 de noviembre de 2001). El Comité examinó el cuarto informe periódico de Colombia (E/C.12/4/Add.6) y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

  • El Comité solicita al Estado Parte que en su próximo informe periódico provea información detallada basada en indicadores comparativos sobre el problema del aborto en Colombia, y las medidas legislativas u otras, incluyendo la revisión de la legislación existente en la materia, que se han adoptado para proteger a las mujeres de incurrir en prácticas de aborto clandestino e inseguro. El Comité recomienda al Estado Parte implementar vigorosamente su Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 37° período de sesiones (15 de enero a 2 febrero de 2007). El Comité examinó los informes periódicos quinto y sexto combinados de Colombia (CEDAW/C/COL/5-6) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos para combatir la trata de mujeres y niñas en todas sus formas, y le pide que evalúe plenamente el alcance de dicha trata, incluida la que tiene lugar dentro del país, y que compile y analice datos e información de manera sistemática con el propósito de hallar formas más eficaces de prevenir ese fenómeno. Asimismo, recomienda al Estado Parte que refuerce las campañas nacionales de concienciación sobre los riesgos y las consecuencias de participar en actividades de tráfico de drogas, centrándose sobre todo en las mujeres y las niñas en situación de riesgo, incluidas las que viven en zonas rurales, y que amplié las oportunidades económicas para esas mujeres y niñas. Insta al Estado Parte a que adopte medidas para lograr la recuperación de las mujeres y las niñas víctimas de la trata, así como para prestarles apoyo y hacer posible su reinserción social. Alienta al Estado Parte a que intensifique el adiestramiento de los oficiales encargados de imponer la ley, la migración y el control de fronteras, y fortalezca la cooperación regional e internacional, en particular con los países de destino, para combatir eficazmente las operaciones de tráfico y trata. Insta al Estado Parte a que examine y supervise el efecto de las medidas adoptadas y a que, en su próximo informe periódico, exponga los resultados alcanzados. El Comité también pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico presente datos y análisis estadísticos de la explotación de la prostitución, así como de la eficacia de las medidas adoptadas para eliminar ese problema.

    El Comité alienta al Estado Parte a proseguir sus esfuerzos para aumentar el acceso de la mujer a los servicios médicos, en particular los de atención de la salud sexual y reproductiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención y la recomendación general 24 del Comité sobre la mujer y la salud. Pide al Estado Parte que refuerce las medidas dirigidas a prevenir los embarazos no deseados, entre otras cosas, aumentando los conocimientos y la información acerca de diferentes métodos anticonceptivos y servicios de planificación familiar que existen para las mujeres y las niñas, así como el acceso a ellos, y adopte medidas para evitar que las mujeres recurran a procedimientos médicos de riesgo, como el aborto ilegal, debido a la falta de servicios adecuados de planificación familiar y anticoncepción o a su inaccesibilidad. El Comité recomienda que el Estado Parte preste atención prioritaria a la situación de las adolescentes y las mujeres rurales e indígenas, incluidas las de ascendencia africana, y proporcione educación sexual apropiada, con atención particular a la prevención de los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual, incluso como parte del programa regular de estudios. Insta al Estado Parte a que garantice que las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal puedan acceder a ese tipo de servicios, entre otras cosas, aclarando las responsabilidades del personal de salud pública. Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para garantizar que el marco normativo y las directrices vigentes que rigen el acceso a servicios de calidad para la interrupción del embarazo de forma legal y para el tratamiento de las complicaciones derivadas de los abortos ilícitos y practicados en condiciones de riesgo se apliquen en la práctica, y que los profesionales médicos y sanitarios reciban suficiente capacitación e información sobre sus obligaciones, a fin de reducir las tasas de mortalidad materna.

Comité de los Derechos del Niño, 42º período de sesiones (15 de mayo al 2 de junio de 2006. El Comité examinó el tercer informe periódico de Colombia (CRC/C/129/Add.6) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité recomienda al Estado Parte que:
  • c) Adopte todas las medidas posibles para mejorar el acceso a los servicios sanitarios y redoble sus esfuerzos por reducir urgentemente la mortalidad materna, infantil y de lactantes en todo el país proporcionando atención e instalaciones médicas de calidad;
    f) Mejore la sensibilización sobre la lactancia materna y preste apoyo a programas que la alienten.
  • El Comité recomienda al Estado Parte que promueva y vele por el acceso de todos los adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva, en particular mediante la educación sobre salud sexual y reproductiva en las escuelas, así como servicios confidenciales de asesoramiento y atención médica respetuosos con los jóvenes, teniendo debidamente en cuenta la Observación general Nº 4 sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención (CRC/GC/2003/4). Habida cuenta de la sentencia de la Corte Constitucional de 11 de mayo de 2006, por la que se permite el aborto en determinados casos, el Comité alienta al Estado Parte a que procure que en esos casos se disponga de instalaciones médicas seguras. Además, el Comité recomienda que, mediante una estrategia apropiada, se dediquen los recursos adecuados a medidas de sensibilización, asesoramiento y de otro tipo para evitar el suicidio de adolescentes.
  • El Comité recomienda al Estado Parte que promueva y vele por el acceso de todos los adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva, en particular mediante la educación sobre salud sexual y reproductiva en las escuelas, así como servicios confidenciales de asesoramiento y atención médica respetuosos con los jóvenes, teniendo debidamente en cuenta la Observación general Nº 4 sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención (CRC/GC/2003/4). Habida cuenta de la sentencia de la Corte Constitucional de 11 de mayo de 2006, por la que se permite el aborto en determinados casos, el Comité alienta al Estado Parte a que procure que en esos casos se disponga de instalaciones médicas seguras. Además, el Comité recomienda que, mediante una estrategia apropiada, se dediquen los recursos adecuados a medidas de sensibilización, asesoramiento y de otro tipo para evitar el suicidio de adolescentes.

Promoción de la Igualdad de Género

Comité De Derechos Humanos, 80º período de sesiones (12 de marzo al 2 de abril de 2004). El Comité examinó el quinto informe periódico de Colombia (CCPR/C/COL/2002/5 y HRI/CORE/1/Add.56) y aprobó, las siguientes observaciones finales.

  • El Estado Parte debería reforzar las medidas existentes para la protección de las mujeres contra todo tipo de violencia, en particular la violencia doméstica. Asimismo, se recomienda al Estado Parte que haga un seguimiento periódico del número de investigaciones y de inculpaciones efectuadas por estos tipos de delitos comparado con el número de denuncias recibidas. El Estado Parte también debería revisar su legislación sobre las investigaciones por violaciones sexuales con respecto al rol del consentimiento de la víctima en el proceso (arts. 3, 7 y 26).

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 27º período de sesiones (12 al 30 de noviembre de 2001). El Comité examinó el cuarto informe periódico de Colombia (E/C.12/4/Add.6) y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

  • El Comité insta al Estado Parte a tomar las medidas legislativas y financieras necesarias para asegurar la independencia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, de manera que pueda encargarse de forma efectiva de las cuestiones de género que afectan al país.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 37° período de sesiones (15 de enero a 2 febrero de 2007). El Comité examinó los informes periódicos quinto y sexto combinados de Colombia (CEDAW/C/COL/5-6) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité insta al Estado Parte a que siga intensificando sus esfuerzos para reducir y eliminar el persistente clima de violencia e inseguridad en el país a fin de crear un entorno propicio para la plena aplicación de la Convención y el disfrute por parte de la mujer de sus derechos humanos. Exhorta al Estado Parte a que adopte todas las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier persona u organización, así como la violencia cometida por agentes estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. Insta al Estado Parte a que haga frente a las causas subyacentes de la violencia contra la mujer y a que mejore el acceso de las víctimas a la justicia y los programas de protección. El Comité pide al Estado Parte que ponga en marcha mecanismos de seguimiento efectivos y evalúe periódicamente la repercusión de todas sus estrategias y medidas adoptadas para la plena aplicación de las disposiciones de la Convención.
  • El Comité insta al Estado Parte a que redoble sus esfuerzos para atender las necesidades específicas de las mujeres y los niños desplazados internos, y a que garantice su acceso en pie de igualdad a la salud, la educación, los servicios sociales, el empleo y otras oportunidades económicas, así como su seguridad y protección ante todas las formas de violencia, en particular la violencia en el hogar.
  • El Comité exhorta al Estado Parte a que supervise atentamente la capacidad de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer a fin de cumplir plenamente su responsabilidad de promover la igualdad entre los géneros y el disfrute por la mujer de sus derechos humanos. Alienta al Estado
    Parte a que fortalezca el papel de la Consejería en lo que respecta para coordinar la aplicación de la estrategia de incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores y niveles del Gobierno. El Comité recomienda en particular que el Estado Parte fortalezca la capacidad de los mecanismos nacionales para coordinar la aplicación en los departamentos y los municipios de una serie de políticas, programas y planes sectoriales dirigidos específicamente a promover la igualdad entre los géneros.
  • El Comité señala a la atención del Estado Parte el apartado a) del artículo 2 de la Convención, en el que se pide la realización práctica del principio de la igualdad del hombre y de la mujer. El Comité señala también a la atención del Estado Parte el artículo 1 de la Convención, en el que figura una definición de la discriminación contra la mujer, y su relación con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité sobre medidas especiales de carácter temporal, en la cual el Comité aclaró que dichas medidas especiales de carácter temporal son un medio necesario para acelerar el logro de la igualdad de facto entre la mujer y el hombre. Recomienda que el Estado Parte fomente el diálogo entre los representantes de las entidades públicas, las instituciones académicas y la sociedad civil a fin de asegurar que las iniciativas desplegadas por el Estado Parte para lograr el objetivo de la equidad de la mujer se encuadren en el marco general del principio de la igualdad de facto (sustantiva) entre la mujer y el hombre establecido en la Convención.
  • El Comité insta al Estado Parte a que estudie los efectos y la eficacia de sus mecanismos destinados a hacer frente a la violencia contra la mujer en el hogar. En particular, el Comité exhorta al Estado Parte a que estudie detenidamente el uso de la conciliación en los casos de violencia contra la mujer en el hogar a fin de hacer un seguimiento de los resultados a largo plazo de los casos sometidos a mediación y evaluar los efectos de la conciliación en el acceso de la mujer a la justicia y la protección de sus derechos. Exhorta al Estado Parte a que mejore, en un plazo establecido, su sistema para recopilar periódicamente datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer en el hogar, desglosados por sexo, tipo de violencia y relación de la víctima con el autor de los hechos. Alienta también al Estado Parte a que siga intensificando la coordinación entre todas las instituciones que prestan ayuda y apoyo en los casos de violencia en el hogar. El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos para lograr la participación plena y equitativa de la mujer en todas las esferas, en particular en los órganos electivos y en el poder judicial. Al respecto, pide que se sigan aplicando medidas especiales de carácter temporal para acelerar la promoción de la mujer, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, y las recomendaciones generales 23 y 25 del Comité. Es preciso adoptar medidas en particular para aumentar el número de mujeres indígenas y de ascendencia africana que participan en la vida política y pública y que ocupan puestos de adopción de decisiones en todos los ámbitos. El Comité alienta al Estado Parte a redoblar sus iniciativas para proporcionar programas de capacitación en materia de liderazgo para las mujeres, incluidas las indígenas y de ascendencia africana, con el propósito de fortalecer su papel en los puestos de dirección de la sociedad. Alienta al Estado Parte a supervisar los progresos hechos y los resultados alcanzados.
  • El Comité alienta al Estado Parte a reforzar sus actividades para ampliar el acceso de la mujer al empleo en el sector estructurado, incluso aumentando sus oportunidades de educación y capacitación. Alienta al Estado Parte a examinar los efectos de la industria maquiladora y de las labores agrícolas estacionales en la situación económica de la mujer. Asimismo, sugiere que el Estado Parte estudie el efecto de los acuerdos de libre comercio en las condiciones socioeconómicas de la mujer y examine la posibilidad de adoptar medidas compensatorias que tomen en cuenta sus derechos humanos.
  • El Comité insta al Estado Parte a garantizar que todas las políticas y los programas de desarrollo rural tengan una perspectiva de género y aborden explícitamente el carácter estructural y las diferentes dimensiones de la pobreza que enfrentan las mujeres. Recomienda al Estado Parte que redoble sus esfuerzos para aplicar programas nacionales integrales de salud y educación, entre otras cosas en materia de alfabetización funcional, desarrollo de empresas, formación especializada y microfinanciación, como formas de mitigar la pobreza. Insta también al Estado Parte a que garantice que en los esfuerzos para eliminar la vulnerabilidad de la mujer a la violencia, incluida la violencia resultante del conflicto armado, se tome en cuenta la situación de las mujeres de las zonas rurales.

Recomendaciones de los Comits por Grupos de Poblacin

[A continuación se presenta una selección de las recomendaciones relativas a grupos de población relevantes para el mandato de UNFPA, incluidas en las observaciones finales por parte de los Órganos de Tratados a los informes presentados por el país. Es posible que una misma recomendación corresponda a más de uno de los criterios de clasificación. Las recomendaciones que se presentan corresponden a la revisión más reciente en cada caso, y es posible que no siempre reflejen la realidad actual.]

Pueblos Indígenas

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 55º período de sesiones (2 al 27 de agosto de 1999). El Comité examinó los informes periódicos octavo y noveno de Colombia (CERD/C/332/Add.1) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité recomienda que el Estado parte aplique medidas afirmativas y efectivas para lograr que aumenten las oportunidades de empleo para las minorías y las comunidades indígenas, tanto en los sectores público como privado, y para mejorar la situación social, política, económica y educacional de las comunidades históricamente marginadas.

Comité De Derechos Humanos, 80º período de sesiones (12 de marzo al 2 de abril de 2004). El Comité examinó el quinto informe periódico de Colombia (CCPR/C/COL/2002/5 y HRI/CORE/1/Add.56) y aprobó, las siguientes observaciones finales.

  • El Estado Parte debería garantizar el pleno goce de los derechos consagrados en el Pacto a las personas pertenecientes a minorías, en particular con respecto a la distribución de tierras y a los recursos naturales, a través de consultas efectivas con los representantes de las comunidades indígenas.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 27º período de sesiones (12 al 30 de noviembre de 2001). El Comité examinó el cuarto informe periódico de Colombia (E/C.12/4/Add.6) y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

  • El Comité insta al Estado Parte a asegurar que las comunidades indígenas participen en la toma de decisiones que conciernen sus vidas. El Comité insta particularmente al Estado Parte a consultar y buscar el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas previo a la implementación de proyectos relacionados con al tierra y la explotación minera y maderera así como cualquier otro proyecto que les concierne, en cumplimiento de la convención No. 169 de la OIT.

Personas con Discapacidad

Comité de los Derechos del Niño, 42º período de sesiones (15 de mayo al 2 de junio de 2006. El Comité examinó el tercer informe periódico de Colombia (CRC/C/129/Add.6) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité recomienda al Estado Parte que, teniendo en cuenta las recomendaciones aprobadas por el Comité en su Día de debate general sobre la cuestión de los derechos de los niños con discapacidades (véase CRC/C/69):
    a) Vele por la aplicación de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobadas por la
    Asamblea General el 23 de diciembre de 1993;
    b) Procure que los niños con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación en la mayor medida posible;
    c) Redoble sus esfuerzos para proporcionar los recursos profesionales (por ejemplo, especialistas en discapacidad) y financieros necesarios, en especial a nivel local, y promover y ampliar los programas comunitarios de rehabilitación, como los grupos de apoyo a los padres, en particular teniendo en cuenta a los niños que hayan sido víctimas de minas terrestres.

Informes de las Visitas de los relatores especiales