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Bolivia

Principales instancias de derechos humanos

Distintas organizaciones nacionales e internacionales especializadas en derechos humanos trabajan sin restricción gubernamental, investigando y publicando los resultados de sus investigaciones sobre casos relacionados con los derechos humanos. Sin embargo, las ONG y el Defensor del Pueblo han denunciado que en ocasiones las fuerzas de seguridad y los ministerios del gobierno se niegan a cooperar con las investigaciones realizadas por las ONG o el Defensor del Pueblo. Por otra parte, las fuerzas de seguridad han presentado evidencia de que grupos radicales utilizan algunas ONG como una fachada para encubrir actividades subversivas. Por ejemplo, Francisco “Pacho” Cortés, sospechoso de pertenecer al ELN de Colombia, pretendía ser un trabajador en favor de los derechos humanos.

El Defensor del Pueblo es un cargo de cinco años establecido por la Constitución. El Congreso elige al Defensor del Pueblo, que está encargado de supervisar la defensa, promoción y expansión de los derechos humanos, específicamente en defensa de los ciudadanos frente a los abusos por parte del gobierno. Individuos pertenecientes a comunidades indígenas presentaron la mayoría de las denuncias recibidas por el Defensor del Pueblo.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso investiga presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos en el año 2003 incluyendo aquellos ocurridos en el Chapare y aquellos relacionados con los acontecimientos del 12 y 13 de febrero y de la guerra del gas en septiembre y octubre.

El Viceministerio de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Sostenible tiene la responsabilidad de asegurar los derechos legales de las mujeres. Los grupos líderes a favor de los derechos de la mujer incluyeron a Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, que se enfoca en las mujeres indígenas de las áreas rurales y el CIDEM.

Hay siete Defensorías de la Niñez y la Adolescencia para proteger los derechos e intereses de los niños.

Plan Nacional de Derechos Humanos

Existe una Estrategia Nacional de Derechos Humanos (ENDH) respaldada por Decreto Supremo de mayo de 2004:

Historial de presentación de informes a los órganos de tratados

Tratado Entrada en vigor Revisión de informe más reciente Informes pendientes

CESCR

12-11-82

6, 7-05-08

 

CCPR

12-11-82

25-03-97

3°, 4°

CERD

22-10-70

4-08-03

17°, 18°

CEDAW

08-07-90

15-01-08

 

CAT

11-05-99

3, 4-05-01, 10-05-01

3°, 4°

CRC

25-07-90

25-09-98

2°, 3°, 4°

 

 

Recomendaciones de los Comits por reas Programticas

 

[A continuación se presenta una selección de las recomendaciones relativas a los temas que conciernen el mandato de UNFPA, incluidas en las observaciones finales por parte de los Órganos de Tratados a los informes presentados por el país. Es posible que una misma recomendación corresponda a más de uno de los criterios de clasificación. Las recomendaciones que se presentan corresponden a la revisión más reciente en cada caso, y es posible que no siempre reflejen la realidad actual.]

 

Población y Desarrollo

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 40° período de sesiones (14 de enero a 1º de febrero de 2008). El Comité examinó los informes periódicos segundo, tercero y cuarto de Bolivia (CEDAW/C/BOL/2 a 4) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité exhorta al Estado Parte a que refuerce sin demora su actual sistema de recopilación de datos en todos los ámbitos tratados en la Convención, para poder evaluar con exactitud la situación real de la mujer y realizar un seguimiento adecuado de la evolución de las tendencias. El Comité insta al Estado Parte a que evalúe, utilizando indicadores cuantificables, el impacto de las medidas adoptadas y los progresos realizados en la consecución de la igualdad de facto entre la mujer y el hombre. Alienta al Estado Parte a que utilice esos datos e indicadores en la formulación de leyes, políticas y programas para la aplicación efectiva de la Convención. El Comité solicita que el Estado Parte, en su próximo informe, incluya esos datos, desglosados por zonas urbanas y rurales y por origen étnico, e indique las consecuencias de las medidas adoptadas y los resultados conseguidos con respecto a la realización práctica de la igualdad de facto de la mujer y el hombre.

Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,  8° período de sesiones (14 - 25 de abril de 2008). El Comité examinó el informe inicial de Bolivia (CMW/C/BOL/1) y aprobó las observaciones finales siguientes.

  • El Comité alienta al Estado Parte a crear una base de datos adecuada, que cubra todos los aspectos de la Convención y que incluya datos sistemáticos, tan desglosados como sea posible, con miras a adoptar una política efectiva sobre la migración y a aplicar las disposiciones de la Convención. En los casos en que no se disponga de información precisa, por ejemplo con respecto a los trabajadores migratorios en situación irregular, el Comité agradecería recibir datos basados en estudios o estimaciones.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 63º período de sesiones (4 a 22 de agosto de 2003). El Comité examinó los informes periódicos 14º a 16º de Bolivia (CERD/C/409/Add.3), y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité recomienda que el Estado Parte proporcione en su próximo informe periódico información adicional y más especifica sobre la superficie de tierra que se ha retirado de la producción de coca, las alternativas de cultivo o aprovechamiento de esa tierra, la superficie de tierra que sigue destinándose a la producción de coca, el número de personas afectadas y su origen étnico, así como el efecto que tienen las políticas del Estado Parte en sus niveles de vida.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 25° período de sesiones, (23 de abril al 11 de mayo de 2001) El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el informe inicial de Bolivia (E/1990/5/Add.44) y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

  • El Comité recomienda al Estado Parte que adopte y aplique programas para aumentar las oportunidades de formación técnica y profesional y las oportunidades de trabajo y reducir el desempleo.

Salud Sexual y Reproductiva

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 40° período de sesiones (14 de enero a 1º de febrero de 2008). El Comité examinó los informes periódicos segundo, tercero y cuarto de Bolivia (CEDAW/C/BOL/2 a 4) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité exhorta al Estado Parte a tomar las medidas necesarias para resolver la situación de impasse en que se encuentra la Ley 1810 [ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos] y promulgarla lo antes posible. Asimismo, el Comité insta al Gobierno a que fortalezca la ejecución de programas y políticas de planificación familiar y de salud reproductiva encaminadas a brindar un acceso efectivo a las mujeres y a las adolescentes, especialmente en el medio rural, a la información sobre la atención y los servicios de salud, en particular en materia de salud reproductiva y métodos anticonceptivos asequibles, de acuerdo con la recomendación general 24 del Comité sobre el acceso a la atención de salud y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Comité recomienda asimismo que el Estado Parte intensifique sus esfuerzos por incorporar la educación sexual en función de la edad en los planes de estudios y organice campañas de información para impedir los embarazos entre las adolescentes.
  • El Comité exhorta al Estado Parte a que vele por la promulgación y plena aplicación de la legislación relativa a la trata, tráfico y explotación sexual de personas, así como de los planes de acción nacionales y demás medidas de lucha contra todas las formas de trata y explotación sexual de las mujeres. El Comité alienta al Estado Parte a que impulse, en la medida de lo posible, acuerdos regionales sobre este problema en el área del Mercado Común del Sur. Recomienda, además, que el Estado Parte ataque la causa fundamental de la trata y explotación sexual intensificando sus esfuerzos por mejorar la situación económica de las mujeres, para eliminar así su vulnerabilidad ante la explotación y los tratantes, y adopte medidas para la rehabilitación e integración social de las mujeres y las niñas víctimas de la trata y explotación sexual, así como medidas punitivas efectivas a los responsables de estos crímenes.
  • El Comité recomienda al Estado Parte que integre una perspectiva de género en su política nacional de salud, en consonancia con la recomendación general 24 y mejore el acceso a los servicios de salud para los grupos más vulnerables de mujeres, especialmente las de zonas rurales y las indígenas.
  • El Comité exhorta al Estado Parte a que actúe sin dilación y adopte medidas eficaces para resolver el problema de la elevada tasa de mortalidad materna garantizando la atención médica adecuada durante el embarazo, parto y posparto y asegurando el acceso a las instalaciones de atención de salud y a la asistencia médica prestada por personal capacitado en todas las zonas del país, en particular en las zonas rurales. El Comité insta al Estado Parte a que proceda a la reglamentación de las disposiciones legales vigentes, relativas al derecho al aborto terapéutico de las mujeres bolivianas. Asimismo, el Comité insta al Estado Parte a que permita que las mujeres accedan a servicios de calidad para la atención de las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo de cara a reducir las tasas de mortalidad materna.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 40º período de sesiones (28 de abril al 16 de mayo de 2008). El Comité examinó el segundo informe periódico de Bolivia (E/C.12/BOL/2) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité alienta al Estado parte a que tome las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas para afrontar el problema de la mortalidad de las mujeres a causa de los abortos clandestinos. Le recomienda al Estado parte que en los programas escolares los temas de educación sexual y de métodos de planificación familiar sean abordados abiertamente, de tal manera que contribuyan a prevenir los embarazos precoces y la transmisión de enfermedades sexuales. El Estado parte debe también continuar con sus esfuerzos para disminuir la mortalidad materna. Para este fin, el Comité recomienda al Estado parte considerar la pronta promulgación de la Ley Marco 810 sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y considerar la no derogación del artículo 266 del Código Penal.
  • El Comité recomienda que la atención médica gratuita proporcionada por el Sistema Universal Materno Infantil se amplíe con la finalidad de abarcar a todos los niños hasta los cinco años de edad y a sus madres, en particular a las familias indígenas.

Promoción de la Igualdad de Género

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 40º período de sesiones (28 de abril al 16 de mayo de 2008). El Comité examinó el segundo informe periódico de Bolivia (E/C.12/BOL/2) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité pide al Estado parte que vele por la igualdad de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, en particular tomando medidas eficaces y dotando de recursos económicos para luchar contra la discriminación en la educación de las niñas y adolescentes, en el acceso al empleo, igualdad de condiciones de trabajo entre el hombre y la mujer incluyendo la igualdad de salarios, el acceso a la vivienda y a la tenencia de las tierras. El Comité recomienda al Estado parte que integre un enfoque transversal de género a todas sus políticas públicas.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 40° período de sesiones (14 de enero a 1º de febrero de 2008). El Comité examinó los informes periódicos segundo, tercero y cuarto de Bolivia (CEDAW/C/BOL/2 a 4) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité urge al Estado Parte a que tome las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad de género. El Comité insta al Estado Parte a que agilice los trámites de revisión de la compatibilidad de dichas leyes con la Convención, derogue sin demora todas las leyes que discriminan contra la mujer, en particular las disposiciones discriminatorias de su legislación penal y civil, y asegure la aplicación de las leyes contra la discriminación de las mujeres.
  • El Comité solicita al Estado Parte que asegure la estabilidad institucional de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y los dote de facultades de adopción de decisiones y recursos financieros y humanos suficientes, tanto en la esfera de la administración central como regional y municipal, para promover y coordinar eficazmente la aplicación de una estrategia sustantiva de incorporación de una perspectiva de género para la aplicación de la Convención en todos los ámbitos de políticas y en todos los niveles del Gobierno. El Comité alienta al Estado Parte a que formule, adopte y aplique un plan de acción nacional integral y amplio a fin de lograr la igualdad de género y el adelanto de la mujer.
  • El Comité insta al Estado Parte a que procure que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza incorporen una perspectiva de género y aborden explícitamente el carácter estructural de las diferentes dimensiones de la pobreza que afrontan las mujeres, en particular las que viven en el medio rural, las mujeres indígenas, las mujeres adultas mayores y las mujeres con discapacidad. Recomienda al Estado Parte que intensifique sus esfuerzos para ejecutar programas educativos eficaces en todo el país, particularmente en las esferas de la alfabetización funcional, las profesiones y la capacitación para la generación de ingresos, incluido el suministro de planes de microfinanciación, como medio de atenuar la pobreza, y adopte medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra, a la vivienda, a la atención sanitaria y a los servicios sociales básicos.
  • El Comité recomienda que se adopten políticas dinámicas y efectivas para aumentar la participación de la mujer a todos los niveles de la vida profesional y pública, incluso adoptando medidas especiales de carácter temporal, y que se sancione debidamente el incumplimiento de las disposiciones existentes orientadas a establecer un porcentaje mínimo y máximo de cada sexo y que se establezcan otros medios eficaces y dinámicos de apoyar su cumplimiento. El Comité insta al Estado Parte a que apruebe lo antes posible el proyecto de ley contra el acoso político con el fin de combatir y erradicar este tipo de violencia y asegurar que las mujeres que sean víctimas de acoso político tengan acceso a medios de protección y recursos eficaces, que los autores de tales actos sean enjuiciados y castigados de forma apropiada y que las mujeres sean efectivamente protegidas contra las represalias.
  • El Comité urge al Estado Parte a que adopte todas las medidas necesarias, incluidas medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4, de la Convención y la recomendación general 25 del Comité relativa a medidas especiales de carácter temporal, a fin de reducir la tasa de analfabetismo y deserción escolar de las niñas, en especial en las zonas rurales e indígenas, y proporcionar educación, tanto en forma oficial como no oficial y en los idiomas pertinentes, a las mujeres y niñas.
  • El Comité recomienda la adopción de una política de empleo sensible a la perspectiva de género destinada a las mujeres del sector no estructurado, especialmente las que trabajan en la agricultura y las trabajadoras del hogar. El Comité recomienda además la recopilación sistemática de datos estadísticos desglosados por sexo, edad, zonas rurales y urbanas y origen étnico respecto a la mujer en los sectores estructurado y no estructurado de la economía.
  • El Comité exhorta al Estado Parte a que asegure la formulación adecuada y la aplicación y el cumplimiento efectivo de la legislación vigente en materia de lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia doméstica y la violencia sexual, y dé mayor prioridad a la concepción y aplicación de una estrategia integral para combatir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, de conformidad con la recomendación general 19, a fin de prevenir la violencia, castigar a quienes la perpetren y prestar servicios de asistencia y protección a las víctimas. Esa estrategia debería incluir también medidas de concienciación y sensibilización, en particular de los funcionarios de justicia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales, así como de los maestros, el personal de los servicios de salud, los trabajadores sociales y los medios de comunicación. El Comité alienta al Estado Parte a que, en su próximo informe periódico, incluya datos estadísticos pormenorizados sobre la incidencia de la violencia doméstica, así como información sobre las medidas adoptadas para combatir el problema, los progresos realizados y los obstáculos que subsisten.

Recomendaciones de los Comités por Grupos de Población

[A continuación se presenta una selección de las recomendaciones relativas a grupos de población relevantes para el mandato de UNFPA, incluidas en las observaciones finales por parte de los Órganos de Tratados a los informes presentados por el país. Es posible que una misma recomendación corresponda a más de uno de los criterios de clasificación. Las recomendaciones que se presentan corresponden a la revisión más reciente en cada caso, y es posible que no siempre reflejen la realidad actual.]

Pueblos Indígenas

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 40° período de sesiones (14 de enero a 1º de febrero de 2008). El Comité examinó los informes periódicos segundo, tercero y cuarto de Bolivia (CEDAW/C/BOL/2 a 4) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité insta al Estado Parte a que cree las condiciones necesarias para que las mujeres, en particular las mujeres en situación de pobreza y las mujeres rurales e indígenas, accedan a la justicia, y promueva, según proceda, el conocimiento básico de la legislación entre las mujeres y de sus derechos en los idiomas pertinentes, así como capacidad para reafirmarlos con eficacia. Además, insta al Estado Parte a que adopte medidas adicionales para difundir, en las formas que convenga, información acerca de la Convención, los procedimientos que se aplican con arreglo al Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité y ejecute programas de capacitación destinados a los fiscales, jueces y abogados en los que se traten todos los aspectos pertinentes de la Convención y el Protocolo Facultativo.
  • El Comité exhorta al Estado Parte a que tome las medidas necesarias para permitir que los hombres y las mujeres de la comunidad afroboliviana tengan acceso a todos los servicios sociales básicos, mediante su inclusión en las estadísticas nacionales, se ocupe del problema de la vulnerabilidad especial de las mujeres afrobolivianas y en su próximo informe dé cuenta de las medidas adoptadas al respecto.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 40º período de sesiones (28 de abril al 16 de mayo de 2008). El Comité examinó el segundo informe periódico de Bolivia (E/C.12/BOL/2) y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité recomienda al Estado parte que continúe con sus esfuerzos por garantizar el respeto e igualdad de todos los derechos reconocidos en el Pacto a los pueblos indígenas especialmente el derecho a la educación, a una vivienda adecuada, a la alimentación y a los servicios de salud.
  • El Comité alienta al Estado parte a continuar con sus esfuerzos encaminados a la demarcación y recuperación de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas. La Ley de Reconducción Comunitaria, el Plan Nacional de Distribución de Tierras Fiscales y el Plan Nacional de Asentamientos Humanos deberían hacerse pronto operacionales para avanzar en la titulación de las tierras indígenas.
  • El Comité recomienda al Estado parte que se dote de un régimen especial de propiedad intelectual que proteja los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo sus producciones científicas, conocimientos y medicina tradicionales. El Comité recomienda para este fin la apertura de un registro de derechos de propiedad intelectuales de los pueblos indígenas y que el Estado parte vele porque los beneficios derivados les beneficien directamente a ellos.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 63º período de sesiones (4 a 22 de agosto de 2003). El Comité examinó los informes periódicos 14º a 16º de Bolivia (CERD/C/409/Add.3), y aprobó las siguientes observaciones finales.

  • El Comité invita al Estado Parte a que aplique sistemáticamente la encomiable legislación que adoptó para reconocer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y mejorar sus condiciones de vida. A este respecto, el Comité señala a la atención del Estado Parte su Recomendación general Nº XXIII en la que, entre otras cosas, se exhorta a los Estados Partes a que reconozcan y protejan los derechos de las poblaciones indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos en que se les haya privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se hayan ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de aquellas poblaciones, que adopten medidas para que les sean devueltos las tierras y los territorios.

Comité de Derechos Humanos, 59° período de sesiones (24 de marzo al 11 de abril de 1997). El Comité examinó el segundo informe periódico de Bolivia (CCPR/C/63/Add.4 y HRI/CORE/1/Add.54) y aprobó los comentarios que figuran a continuación.

  • El Comité insta al Estado Parte a que adopte medidas eficaces para eliminar la práctica del "criadito".
  • El Comité recomienda que se adopten medidas adicionales, como las relativas a la justicia comunal, a fin de garantizar que los miembros de grupos indígenas estén protegidos contra la violencia en el país y puedan disfrutar plenamente de sus derechos en virtud del artículo 27 del Pacto, sobre todo con respecto a la preservación de su cultura, su idioma y su religión. Debería promulgarse sin demora la legislación sobre las comunidades indígenas.