La Ley de Maternidad Gratuita: Un adelanto de importancia crucial para la salud reproductiva y los derechos reproductivos
Si bien todos los individuos tienen derecho a la salud reproductiva, el ejercicio de este derecho puede ser problemático. En el Ecuador, se han constituido Comités de Usuarias para velar por que tanto las clientas como los encargados de prestar servicios comprendan los conceptos innovadores de la Ley de Maternidad Gratuita. Dichos Comités también vigilan el cumplimiento de las numerosas disposiciones de la Ley.
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En 1998, el Parlamento del Ecuador aprobó una disposición legislativa memorable, conocida como Ley de Maternidad Gratuita, que garantiza atención sin cargo de la salud de la maternidad para las embarazadas y sus recién nacidos, acceso a servicios de planificación de la familia para las mujeres en edad de procrear y atención de la salud de los niños hasta los cinco años de edad. No obstante, siete años después de su promulgación, la Ley aún no ha sido cabalmente aplicada en todas las regiones del país. En algunas provincias, incluso hay personal médico de centros de salud y hospitales que nunca oyó hablar al respecto.
“La Ley consta de unas 43 disposiciones diferentes que cubren todos los aspectos de la atención médica durante el embarazo y después del parto”, dijo Soledad Puente, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), organismo gubernamental. “La Ley se aplica a todas las mujeres en edad de procrear, entre 15 y 49 años de edad. También prevé la provisión gratuita de anticonceptivos y de asesoramiento sobre planificación de la familia, entre otros servicios”.
A fin de velar por que la Ley se aplique, el CONAMU, con la asistencia del UNFPA, ha establecido Comités de Usuarias en todo el país. Esos Comités están integrados por entre siete y diez miembros, mujeres y hombres, elegidos por sus comunidades. Su función principal es velar por la aplicación de la Ley en sus condados y asegurar que todos los establecimientos de salud pública le den cumplimiento.
“Pero hacemos más que simplemente vigilar la aplicación de la Ley”, dijo Andrea Quijije, Presidenta del Comité de Usuarias en el cantón de Sucre, Provincia de Manabi. “Adoptamos iniciativas, informamos a las mujeres de sus derechos con arreglo a la Ley y también educamos al personal médico sobre las implicaciones de la Ley en la atención de la salud reproductiva”.
El Comité de Usuarias en Sucre, al igual que los demás en todo el país, realiza otra tarea importante. “También recibimos declaraciones de mujeres que han sido tratadas incorrectamente por las autoridades médicas o no han recibido atención en el nivel apropiado”, dijo Andrea. “Una vez que hemos pasado revista a las denuncias y hemos establecido su veracidad, las entregamos a las autoridades médicas locales para que adopten medidas, según proceda”.
En algunos casos, se han adoptado medidas disciplinarias contra algunos médicos y se ha advertido a otros que sus acciones son estrechamente vigiladas por los Comités. “Hemos tenido varias quejas acerca de algunos médicos que parecen tener una historia de maltrato a las pacientes”, explicó Andrea. “Les indicamos claramente que esas conductas son inaceptables y que si quieren seguir en el ejercicio de la profesión médica en hospitales públicos deben comenzar a tratar a las mujeres y a dispensarles los servicios de la manera que estipula la Ley”.
Anteriormente, las mujeres que no recibían el trato debido y una atención correcta por parte de un médico o un hospital tenían escasos recursos jurídicos. “Ahora, gracias a la Ley de Maternidad Gratuita, tenemos el derecho jurídico no sólo de vigilar el cumplimiento de la Ley, sino también de adoptar medidas contra los establecimientos que no la cumplen”, concluyó Andrea. “Esta Ley nos ha otorgado un valioso instrumento para promover los derechos reproductivos de la mujer”.
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