Retos de desarrollo

Desde 1999, el Ecuador ha venido atravesando por una de las peores crisis económicas de su historia. El país ha experimentado un proceso de dolarización, privatización y descentralización. La continua erosión de la economía ha afectado la capacidad del país para gobernarse. La alta tasa de renovación de altos funcionarios en los ministerios clave, como los de salud pública, educación y bienestar social, ha redundado en mayores problemas.

Se han profundizado las disparidades económicas entre ricos y pobres, y han aumentado los niveles de pobreza. En 2005, aproximadamente la mitad de toda la población del país estaba tratando de sobrevivir con dos dólares diarios y un 20% de esa población estaba sobreviviendo con un dólar diario, o menos. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), una quinta parte de todos los ecuatorianos están malnutridos. En 2002, la Evaluación Común para el País (CCA) efectuada por las Naciones Unidas llegó a la conclusión de que la falta de equidad, inclusive la exclusión de sectores de la población que no reciben los beneficios del desarrollo socioeconómico, particularmente los jóvenes, las mujeres y las minorías indígenas quechua, figuraban entre las causas profundas de la pobreza.

El gasto anual per cápita del Ecuador en programa de bienestar social es de sólo 158 dólares, en comparación con el promedio regional, de 540 dólares por persona. En 2004, el monto necesario para la devolución de la deuda externa aumentó y llegó al 52% del presupuesto nacional, lo cual causó nuevas reducciones en los servicios sociales, particularmente los de salud y educación. Pese a la precaria situación de su economía, el Ecuador está categorizado como país de ingresos medianos y ocupa el lugar número 100 entre 177 países en función del Índice de Desarrollo Humano (IDH), del PNUD (2004), [véase también el Informe sobre Desarrollo Humano del Ecuador, 2001].

En un esfuerzo por reducir las disparidades económicas, el Gobierno está concentrando sus acciones en la reducción de la pobreza y la descentralización administrativa, desde el nivel central hasta niveles provinciales y locales. Se considera que aumentar la capacidad de las municipalidades en materia de buena administración pública es la clave para mejorar los servicios de salud, inclusive los de salud reproductiva y sexual, ampliar las oportunidades educacionales y promover la equidad entre hombres y mujeres. El UNFPA y otros organismos de las Naciones Unidas aliados apoyan decididamente la delegación de la autoridad política y el fortalecimiento de la gobernabilidad local, como medio de satisfacer más eficazmente las necesidades de la población.